Una resolución de la Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría. La medida obliga a la empresa a presentar estudios ambientales en territorio riojano y genera incertidumbre sobre uno de los desarrollos extractivos más relevantes del país.

Una decisión judicial adoptada en La Rioja alteró el curso de uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la región cuyana. La jueza María Greta Decker ordenó la paralización por 30 días de las tareas vinculadas al proyecto Josemaría, a partir de una presentación impulsada por el gobierno riojano.

La resolución alcanza a la firma operadora Vicuña S.A. y establece como condición indispensable la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental que contemple las implicancias del emprendimiento sobre territorio de la provincia vecina. Sin ese requisito aprobado, no podrán retomarse las actividades.

El fallo se apoya en el principio preventivo y se instrumentó mediante una medida autosatisfactiva, una herramienta jurídica que permite actuar con rapidez frente a la posibilidad de daños ambientales. Desde la administración riojana argumentaron que la empresa no cumplió con requerimientos previos vinculados al uso de infraestructura local, especialmente el corredor vial que conecta con el yacimiento.

El secretario de Ambiente de esa provincia, Santiago Azulay, sostuvo que los efectos del proyecto exceden los límites geográficos y podrían impactar en comunidades como Guandacol y Villa Unión. Entre los puntos señalados figuran el tránsito intensivo de vehículos pesados, la dispersión de partículas y la contaminación sonora.

La medida judicial también dispuso restricciones sobre el camino de Guandacol, principal vía logística hacia el emprendimiento, actualmente bajo control policial. Esta limitación genera un cuello de botella operativo que afecta la planificación de obras y el movimiento de equipos.

Un proyecto estratégico bajo presión

El desarrollo de Josemaría forma parte del denominado distrito Vicuña, un conglomerado minero de escala internacional que incluye también el yacimiento Filo del Sol. Ubicado en San Juan, el proyecto prevé inversiones millonarias y una proyección productiva significativa en cobre, oro y plata durante varias décadas.

Para San Juan, la paralización representa un contratiempo relevante en términos económicos y de generación de empleo, dado el peso estratégico que la actividad minera tiene en su matriz productiva. A su vez, la decisión introduce un elemento de complejidad institucional al involucrar competencias ambientales de distintas jurisdicciones.

Desde La Rioja no descartan avanzar hacia instancias judiciales superiores en caso de incumplimiento, lo que podría derivar en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La suspensión dispuesta por la Justicia riojana reconfigura el futuro inmediato de un proyecto central para la minería argentina. Más allá del plazo fijado, el episodio instala un debate de fondo sobre la coordinación interprovincial en materia ambiental y la necesidad de reglas claras para emprendimientos de gran escala. El desenlace de este proceso no solo definirá el avance de Josemaría, sino que también sentará precedentes sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental en el país.

Docentes y no docentes universitarios cumplen una nueva semana de paro en todo el país. Denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y una pérdida sostenida del poder adquisitivo, mientras el Gobierno impulsa un esquema alternativo rechazado por las universidades.

El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Desde este lunes y hasta el sábado, docentes de todo el país llevan adelante una nueva medida de fuerza convocada por la CONADU Histórica y respaldada por la AGD-UBA, en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El eje del conflicto radica en la ausencia de actualización salarial prevista en la normativa, sancionada por el Congreso y aún sin ejecución tras más de cinco meses. Los gremios sostienen que, desde diciembre de 2023, los ingresos del sector perdieron cerca de un tercio de su valor real, lo que motivó el pedido de una recomposición del 50% para recuperar el poder adquisitivo.

Frente a este reclamo, el Ejecutivo dispuso incrementos del 6,7% distribuidos en tres tramos durante el primer trimestre del año. Para los representantes sindicales, la propuesta no solo resulta insuficiente, sino que además quedó por debajo de la evolución de los precios, lo que profundizó el deterioro de los salarios. “El aumento fue tan bajo que muchos docentes ni siquiera lo percibieron”, advirtieron desde las organizaciones.

A esta disputa salarial se suma un componente institucional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata los artículos centrales de la ley, vinculados a la actualización de haberes. El fallo cuestionó los argumentos oficiales para postergar su implementación, aunque hasta el momento no se registraron avances concretos en ese sentido.

En este sentido, el Ejecutivo presentó en el Congreso una iniciativa propia de financiamiento universitario que propone subas escalonadas del 4,1% hasta septiembre y elimina mecanismos de actualización automática por inflación. La propuesta fue rechazada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reclamó la plena vigencia de la ley aprobada.

El deterioro salarial comienza a impactar de manera directa en el funcionamiento del sistema. Según datos gremiales, cerca de 10 mil docentes dejaron sus cargos en los últimos meses, en muchos casos obligados a buscar ingresos alternativos fuera del ámbito académico. Desde el sector advierten que esta tendencia erosiona la calidad educativa y debilita la estructura universitaria.

En esta situación, los sindicatos plantean que la interrupción de actividades es la consecuencia de un problema previo. “Las clases ya estaban afectadas cuando los docentes tuvieron que salir a buscar otros trabajos para sostenerse”, remarcaron desde las organizaciones, al tiempo que impulsan la convocatoria a una nueva movilización nacional en defensa de la universidad pública.

El índice de precios registró en marzo un incremento del 3,4%, el mayor en doce meses, y acumuló diez subas consecutivas. El dato presiona las negociaciones salariales y expone las dificultades para contener la escalada de precios.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, consolidando una secuencia de diez meses consecutivos de incrementos y marcando el registro más elevado en un año. Con este resultado, el índice acumuló una suba del 9,4% en el primer trimestre y un 32,6% en la comparación interanual.

El comportamiento de los distintos componentes del índice revela una incidencia determinante de los valores regulados, que treparon un 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y regulados— se ubicó en el 3,2%, evidenciando una inercia persistente en los precios de la economía. En contraste, los rubros estacionales mostraron una variación más moderada del 1%, influida por movimientos vinculados al turismo y a los cambios de temporada.

El desglose por divisiones expone con claridad los motores de la suba. Educación encabezó los incrementos con un 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte, con un alza del 4,1%, traccionada por combustibles, tarifas y pasajes aéreos. Sin embargo, el mayor impacto sobre el índice general provino de Alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro de fuerte peso en el consumo cotidiano. Allí, las carnes y derivados registraron aumentos significativos, con subas cercanas al 6,9% solamente en el Gran Buenos Aires.

Otros sectores mostraron variaciones más contenidas, como Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), aunque sin capacidad para compensar el impulso de los rubros más activos.

El dato oficial se ubicó en línea con las proyecciones del Banco Central de la República Argentina a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que anticipaba una inflación cercana al 3%. No obstante, el resultado introduce un matiz de cautela frente a las previsiones de desaceleración gradual para los próximos meses, que proyectan una convergencia hacia niveles cercanos al 2% a partir del invierno.

Más allá de las proyecciones, el impacto inmediato se siente en el frente salarial. La cifra de marzo supera ampliamente el objetivo del 2% mensual que el Gobierno intenta establecer como referencia en las negociaciones paritarias. Este desfasaje profundiza la pérdida del poder adquisitivo y refuerza los reclamos gremiales por aumentos que acompañen la evolución real de los precios.

El efecto es particularmente visible en bienes esenciales. Productos básicos como la carne, el pan o el aceite registran valores que coaccionan sobre el ingreso disponible, mientras los ajustes en servicios regulados amplifican el impacto en los hogares. A nivel regional, además, se observan diferencias significativas, con zonas del norte del país registrando subas superiores al promedio nacional.

El dato de marzo confirma que la desaceleración inflacionaria enfrenta obstáculos que impiden una trayectoria descendente sostenida. La combinación de ajustes en precios regulados, persistencia en la inflación núcleo y presión sobre alimentos configura un cuadro que condiciona tanto la política económica como las negociaciones salariales. En este escenario, la evolución del índice de precios no sólo define el rumbo de la macroeconomía, sino también el equilibrio social, con el poder adquisitivo en el centro de la discusión.