Los salarios del empleo privado registrado exhibieron en marzo una marcada dispersión territorial. Impulsadas por la actividad hidrocarburífera y extractiva, las provincias patagónicas volvieron a concentrar las remuneraciones más elevadas del país, mientras gran parte del norte argentino permaneció en los últimos puestos del ranking. Aunque el promedio nacional superó los $2,2 millones, apenas tres jurisdicciones lograron mejorar el poder adquisitivo respecto del año anterior.

El mercado laboral argentino continúa mostrando una estructura profundamente desigual, donde el lugar de residencia y la matriz productiva de cada provincia condicionan de manera determinante el nivel de ingresos de los trabajadores registrados.

Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, a partir de estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, confirma que las economías vinculadas a la explotación de recursos energéticos y mineros mantienen una ventaja salarial ampliamente superior al resto del país.

Durante marzo, el salario bruto promedio nacional del sector privado registrado alcanzó los $2.207.129. Sin embargo, esa referencia esconde diferencias de enorme magnitud entre jurisdicciones.

Neuquén volvió a ocupar el primer lugar con una remuneración promedio de $3.808.627, seguida muy de cerca por Santa Cruz, con $3.768.615. Ambas fueron las únicas provincias que superaron el umbral de los $3 millones mensuales. El podio se completó con Chubut, cuyos trabajadores registrados percibieron en promedio $2.958.750.

Detrás se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.722.942, y Tierra del Fuego, con $2.715.173, consolidando nuevamente el predominio de la Patagonia y del principal centro financiero del país en la franja de mayores remuneraciones.

En un segundo escalón aparecen Río Negro ($2.132.808), el Gran Buenos Aires ($2.085.471) y el resto de la provincia de Buenos Aires ($2.053.172). Más abajo se posicionan Santa Fe ($1.978.080), Catamarca ($1.826.270), La Pampa ($1.801.357) y San Juan ($1.798.580), que quedó apenas por debajo de la barrera de los $1,8 millones. El lote intermedio se completa con Salta ($1.786.369), Jujuy ($1.780.179), San Luis ($1.767.492), Córdoba ($1.749.108), Entre Ríos ($1.640.337) y Mendoza ($1.628.096).

Entre las remuneraciones más reducidas aparecen Formosa ($1.525.717), Chaco ($1.448.454), Corrientes ($1.437.891), Misiones ($1.410.385), Tucumán ($1.391.999), Santiago del Estero ($1.353.059) y La Rioja ($1.308.235), que cerró el ranking nacional.

La comparación refleja la magnitud de las disparidades existentes: el salario promedio registrado de Neuquén prácticamente triplica al observado en La Rioja, una diferencia que evidencia el peso que tienen la estructura productiva, la especialización económica y la composición sectorial del empleo sobre los niveles de remuneración.

Poder adquisitivo: pocas provincias lograron avanzar

El estudio también aporta una lectura menos favorable al analizar la evolución real de los ingresos, es decir, descontando el efecto de la inflación.
Durante el primer trimestre del año, el salario promedio registró una caída real interanual de 0,9% a nivel nacional, confirmando que la recuperación nominal todavía no alcanza para consolidar una mejora generalizada del poder de compra.

En ese sentido, únicamente Catamarca, con un incremento real del 5%, San Juan, con una mejora del 0,8%, y Formosa, con un 0,3%, consiguieron cerrar el período con variaciones positivas.

El resto de las jurisdicciones exhibió retrocesos de distinta intensidad. La mayoría registró bajas inferiores al 4% real, mientras que Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut fueron las provincias con las pérdidas más pronunciadas.

Energía, minería y finanzas continúan marcando la diferencia

La distribución de los salarios también responde al perfil productivo de cada economía regional.

Las actividades vinculadas con la explotación de minas y canteras, el sector de electricidad, gas y agua y la intermediación financiera volvieron a encabezar el ranking de remuneraciones promedio, impulsadas por elevados niveles de productividad, mayor calificación laboral y convenios colectivos con escalas superiores.

No obstante, el informe advierte que estos sectores concentran una participación relativamente reducida dentro del empleo privado total de cada provincia, por lo que su elevada remuneración no alcanza para modificar la estructura general del mercado laboral.

En el extremo opuesto se ubicaron la enseñanza, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, junto con hoteles y restaurantes, actividades que continúan registrando los ingresos promedio más bajos del empleo formal privado.

La radiografía salarial confirma así una constante de la economía argentina: la recuperación de los ingresos continúa siendo heterogénea y profundamente condicionada por la localización geográfica y el perfil productivo de cada región. Mientras las provincias impulsadas por la energía y los recursos naturales sostienen remuneraciones significativamente superiores al promedio nacional, amplias zonas del país mantienen salarios considerablemente más bajos, consolidando una brecha territorial que sigue siendo uno de los rasgos más persistentes del mercado laboral argentino.

La organización sindical alcanzó nuevos beneficios salariales con la empresa Cerro Negro que incorpora un adicional del 4% por presentismo para el personal de yacimiento durante 2026, preserva el Premio ASIJEMIN equivalente al 3% de la remuneración anual y establece un régimen de asistencia con criterios objetivos y resguardo de las licencias previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21.

La negociación colectiva continúa consolidándose como uno de los principales instrumentos para mejorar las condiciones laborales en la minería argentina, un sector estratégico por su aporte a las exportaciones, la generación de empleo calificado y las inversiones productivas.

En ese marco, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), a través de su Delegación Regional Sur, alcanzó un acuerdo con la empresa Cerro Negro que incorpora nuevos beneficios económicos, reafirma derechos convencionales y fortalece el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21.

El reajuste mantiene la vigencia del Premio ASIJEMIN, contemplado en el artículo 29 del convenio, equivalente al 3% de la remuneración anual, un reconocimiento que forma parte de la estructura de beneficios conquistados por la organización gremial para el personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad.

Como uno de los aspectos centrales de la negociación, las partes acordaron incorporar durante 2026 un adicional del 4% por presentismo destinado a los trabajadores que desarrollan tareas en yacimiento. El nuevo incentivo busca reconocer la continuidad laboral, la responsabilidad operativa y el compromiso que demanda una actividad caracterizada por elevados estándares de seguridad, productividad y especialización técnica.

El entendimiento también define un régimen anual de asistencia que fija criterios transparentes para la percepción de ambos beneficios. Los trabajadores con asistencia perfecta accederán al 100% del premio; quienes acumulen entre 1 y 9 días de ausencia percibirán el 80%; entre 10 y 20 días, el beneficio será del 50%; mientras que las inasistencias superiores a 21 días impedirán su percepción.

Uno de los puntos de mayor relevancia institucional es que la nueva regulación excluye del cómputo las ausencias justificadas por accidente de trabajo, maternidad, nacimiento, matrimonio, fallecimiento de familiares, citaciones judiciales, exámenes y reposo en sitio, preservando plenamente las licencias y garantías reconocidas por el Convenio Colectivo de Trabajo y evitando que el ejercicio de esos derechos afecte el acceso a los adicionales pactados.

Desde ASIJEMIN destacaron que el resultado refleja el valor de la negociación colectiva como herramienta para ampliar derechos y consolidar mecanismos de reconocimiento económico vinculados al desempeño laboral, en un contexto donde la discusión salarial y las condiciones de trabajo ocupan un lugar central dentro de la agenda sindical del sector minero.

El proceso fue impulsado por el cuerpo de delegados de base de Cerro Negro, integrado por César Barrera, Anselmo Valdivieso, Diego Barrientos, Daniel Machuca, Damián Bustamante, Víctor Sarmiento, Braian Torres y Leonel Quintana, junto al director regional Sur, Oscar Romillo, con el acompañamiento de la Comisión Directiva Nacional encabezada por el secretario general Marcelo Mena Muñoz.

La firma de esta concertación social reafirma una estrategia gremial orientada a fortalecer la negociación paritaria como mecanismo permanente de construcción de derechos, incorporando mejoras económicas concretas sin alterar las garantías convencionales ya vigentes y consolidando un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social dentro de una de las actividades productivas de mayor dinamismo del país.

El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional consideró que la resolución consolida el reclamo impulsado por la comunidad académica, aunque advirtió que el desafío ahora será garantizar su cumplimiento efectivo.

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un capítulo decisivo. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una resolución que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definió como un hito para el sistema público de educación superior y un respaldo institucional al reclamo sostenido durante los últimos años por universidades, docentes, nodocentes y estudiantes.

A través de un comunicado, el organismo que reúne a los rectores de las universidades nacionales sostuvo que el fallo representa «un avance institucional de enorme trascendencia» porque ratifica las decisiones adoptadas por las instancias judiciales inferiores y consolida la vigencia de los mecanismos previstos por la ley para garantizar el financiamiento de salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles.

El pronunciamiento del máximo tribunal llega después de un prolongado conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional por el sostenimiento presupuestario. Durante los últimos meses, la comunidad académica protagonizó movilizaciones masivas, cuatro Marchas Federales Universitarias y una intensa estrategia judicial y parlamentaria para exigir el cumplimiento de una norma que había sido sancionada por el Congreso y posteriormente quedó envuelta en una fuerte controversia política.

Desde el CIN destacaron que el resultado no puede interpretarse únicamente como una victoria judicial. En su mensaje, atribuyeron el desenlace al compromiso colectivo de rectoras, rectores, docentes, trabajadores nodocentes, estudiantes y al acompañamiento de amplios sectores de la sociedad, cuya participación consideraron determinante para mantener vigente el reclamo en defensa de la universidad pública.

Para las autoridades universitarias, la decisión de la Corte también fortalece el principio de autonomía institucional y reafirma que la educación superior constituye una política pública protegida por el orden constitucional. En ese sentido, remarcaron que la defensa del sistema universitario logró respaldo en los tres poderes del Estado: el Congreso, a través de la sanción de la ley; la Justicia, mediante el sostenimiento de las medidas cautelares; y la sociedad, que convirtió el financiamiento universitario en una de las principales demandas del ámbito educativo.

No obstante, el Consejo Interuniversitario advirtió que el pronunciamiento no clausura el conflicto. Si bien la resolución representa un paso de gran relevancia, sostuvo que aún resta garantizar la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las universidades nacionales conforme a los mecanismos previstos por la norma.

El organismo concluyó que el fallo marca uno de los antecedentes institucionales más significativos para la universidad pública en los últimos años, aunque insistió en que la estabilidad del sistema dependerá de que las decisiones judiciales se traduzcan en políticas presupuestarias sostenibles. Con ese objetivo, ratificó su decisión de continuar impulsando todas las acciones institucionales necesarias para consolidar un modelo de educación superior con financiamiento adecuado, previsibilidad presupuestaria y capacidad para sostener las funciones de enseñanza, investigación y extensión que desarrollan las universidades nacionales.