Organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles y políticas protagonizaron una masiva movilización en San Juan en el marco del Día Internacional de la Mujer. La marcha partió desde la Plaza 25 de Mayo y culminó frente a la Legislatura provincial, donde se reafirmaron reclamos por igualdad de derechos, reconocimiento laboral y el fin de las violencias de género.

Las calles del microcentro sanjuanino volvieron a convertirse en escenario de una expresión colectiva de reclamo y visibilización. En el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres participaron de la tradicional movilización del 8M, una jornada que combinó reivindicación política, memoria y demandas sociales.

La concentración comenzó a las 18 frente a la Catedral, en la Plaza 25 de Mayo, punto histórico de encuentro para las manifestaciones en la provincia. Desde allí, columnas integradas por organizaciones feministas, sociales, sindicales y agrupaciones políticas comenzaron a avanzar por el centro de la ciudad acompañadas por bombos, redoblantes y consignas que marcaron el ritmo de la marcha.

La movilización recorrió distintas arterias céntricas hasta llegar a la intersección de avenida Libertador y General Acha y tuvo su cierre frente a la Legislatura provincial, donde se realizaron intervenciones colectivas y discursos vinculados a la agenda de derechos de las mujeres.

Diversidad de sectores y fuerte presencia organizativa

La convocatoria reunió a una amplia diversidad de sectores sociales. Entre las organizaciones presentes se encontraban Adicus, Sadop, Mujeres Universitarias, la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Conadu, Sidunsj, DAIA, Profesionales de Apoyo a la Inclusión Educativa, Brigadas Educativas, APDH, ATE, Asijemin, Unión Judicial, el Sindicato Luz y Fuerza, el SEC San Juan y SOIV, entre otros.

También participaron movimientos sociales y agrupaciones políticas como el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, la CTA, la CGT San Juan y la UTEP, además de espacios como La Cámpora, Patria Grande, el Partido Comunista, el Frente Grande, el PTP-PCR y sectores vinculados al Partido Justicialista.

La movilización contó además con la presencia de referentes políticas de la provincia. Entre ellas estuvieron la senadora Celeste Giménez, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez, la dirigente del PTP Edith Liquitay, la diputada provincial Fernanda Paredes y la legisladora Graciela Seva. Todas coincidieron en destacar la importancia de sostener estos espacios de participación y reflexión colectiva.

Consignas que reflejan demandas históricas

A lo largo del recorrido, las manifestantes exhibieron pancartas y carteles con consignas que sintetizan los reclamos históricos del movimiento de mujeres. Frases como “No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, “Niñas con libros, no con maridos”, “Mamá, hoy voy a gritar lo que te hicieron callar” o “No queremos flores, queremos derechos” reflejaron tanto denuncias como aspiraciones de transformación social.

Entre los principales reclamos se reiteraron la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, mejores condiciones laborales, salarios dignos y mayor protección frente a las distintas formas de violencia de género.

La presencia de mujeres de distintas edades —desde adultas mayores hasta niñas que marcharon junto a sus familias— evidenció además el carácter transversal de una causa que atraviesa generaciones.

Un reclamo que busca mantenerse en agenda

La jornada transcurrió sin incidentes y dejó una imagen contundente: una multitud ocupando el espacio público para reafirmar una agenda de derechos que continúa vigente. Si bien el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, en San Juan la movilización se trasladó este año al lunes con el objetivo de facilitar la participación de distintos sectores sociales.

La marcha volvió así a colocar en el centro del debate cuestiones vinculadas con la igualdad de género, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y la necesidad de profundizar políticas que combatan las violencias.

Una movilización que renueva el compromiso

Más allá de su carácter conmemorativo, el 8M en San Juan volvió a funcionar como una instancia de expresión colectiva y de reafirmación política. Las consignas, las intervenciones y la masiva presencia en las calles dejaron en claro que el movimiento de mujeres mantiene una fuerte capacidad de convocatoria y continúa reclamando transformaciones estructurales.

La jornada cerró frente a la Legislatura provincial con un mensaje que se repite cada año pero que conserva plena vigencia: la lucha por la igualdad y por una vida libre de violencias sigue siendo una demanda central en la agenda social.

La Confederación General del Trabajo presentó un amparo judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso. Dirigentes sindicales sostienen que la norma vulnera principios constitucionales y tratados internacionales, mientras advierten sobre su impacto en el empleo, los salarios y la estructura productiva del país.

La disputa por el nuevo marco laboral ingresó en una etapa decisiva. Tras la aprobación parlamentaria de la reforma impulsada por el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió trasladar el conflicto al ámbito judicial con la presentación de un amparo que busca suspender la vigencia de varios artículos de la norma. La iniciativa sindical apunta a que la Justicia declare la inconstitucionalidad de aspectos centrales de la ley, que —según sostienen— afectan pilares fundamentales del derecho laboral argentino.

La movilización frente a los tribunales federales marcó el inicio de esta estrategia. El objetivo fue acompañar la presentación formal del recurso judicial y visibilizar el rechazo del movimiento obrero a una legislación que consideran perjudicial para los trabajadores.

“El lunes pasado marchamos a los tribunales para cumplir con lo que habíamos prometido: pedir que la Justicia analice la constitucionalidad de esta reforma”, explicó el dirigente del sector de estaciones de servicio Víctor Menéndez en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según sostuvo, la ley aprobada en el Congreso contiene disposiciones que impactan directamente en el núcleo de la Ley de Contrato de Trabajo y en derechos adquiridos durante décadas de negociación colectiva.

Cuestionamientos a la aprobación parlamentaria

Desde el sindicalismo también cuestionan el proceso político que permitió sancionar la norma. Menéndez calificó el trámite legislativo como “bochornoso” y señaló que la iniciativa avanzó gracias a acuerdos entre el Gobierno nacional y algunos gobernadores, que habrían respaldado el proyecto en ambas cámaras del Congreso.

“El proyecto terminó aprobado con una mayoría que se fue construyendo a partir de compromisos políticos. Hubo artículos que generaron fuertes discusiones y aun así se impuso la voluntad oficial”, afirmó el dirigente.

Para los gremios, el contenido de la reforma refleja intereses empresariales más que una política destinada a mejorar la calidad del empleo. “Es una ley diseñada para aliviar costos a determinados sectores económicos. No está pensada para proteger a los trabajadores ni para generar empleo genuino”, sostuvo.

Un debate que trasciende lo local

El planteo sindical no se limita al ámbito constitucional argentino. Los gremios también advierten que algunos puntos de la reforma podrían entrar en conflicto con convenios internacionales suscriptos por el país, en particular aquellos vinculados a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Hay tratados internacionales firmados por Argentina que protegen derechos básicos del trabajador. Esta reforma pasa por encima de varios de esos principios”, señaló Menéndez, quien expresó su expectativa de que los tribunales analicen el tema con detenimiento.

Aun así, desde el movimiento obrero no descartan la posibilidad de discutir modificaciones a la legislación laboral en el futuro, aunque bajo condiciones diferentes. “No tenemos temor a debatir una modernización de las leyes laborales. Lo que planteamos es que esa discusión debe darse entre todas las partes: trabajadores, empresarios y Estado. No puede surgir de un texto redactado por estudios jurídicos ligados a grandes grupos económicos”, subrayó.

Paritarias en un escenario incierto

Mientras la reforma se judicializa, el frente sindical mantiene abierta otra agenda urgente: la negociación salarial. En el sector de estaciones de servicio, las cámaras empresarias y los representantes gremiales prevén retomar las conversaciones durante marzo para cerrar la paritaria correspondiente a 2025 y comenzar a delinear la del período 2026.

La discusión se dará en un contexto complejo, marcado por la evolución de la inflación y por la incertidumbre que atraviesa el mercado energético. Menéndez señaló que el precio del combustible y la situación internacional también influyen en la dinámica del sector.

“El combustible es un insumo clave para el funcionamiento de la economía. Transporte, taxis, remises y muchos trabajadores dependen directamente de él para sostener su actividad diaria”, explicó. En ese sentido, advirtió que cualquier alteración en los precios o en la cadena de abastecimiento repercute de manera directa en la actividad y en las negociaciones salariales.

Críticas al rumbo económico

Durante la entrevista, el dirigente sindical también se refirió al discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Su evaluación fue abiertamente crítica.

“Fue un discurso que dejó más preguntas que respuestas. No hubo anuncios concretos para la producción ni para el trabajo”, afirmó. Según su visión, la estrategia económica del Gobierno no contempla medidas que impulsen el desarrollo industrial o la generación de empleo.

Menéndez también advirtió sobre los efectos de la apertura comercial en algunos sectores productivos locales. “Hay industrias que no pueden competir con el ingreso de productos importados, especialmente provenientes de Asia. Si no se cuida la producción nacional, el impacto sobre el empleo puede ser muy fuerte”, señaló.

En ese sentido, el dirigente cuestionó las cifras oficiales que señalan mejoras en el salario real o en el nivel de actividad. “La realidad cotidiana muestra otra cosa: empresas que cierran, puestos de trabajo que se pierden y sectores productivos que atraviesan dificultades”, sostuvo.

La controversia en torno a la reforma laboral refleja una disputa más amplia sobre el modelo económico y social que atraviesa el país. Para el Gobierno, la nueva legislación representa una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo y reducir costos empresariales. Para buena parte del sindicalismo, en cambio, constituye un retroceso que debilita derechos consolidados y profundiza la desigualdad en las relaciones laborales.

La decisión de la CGT de recurrir a la Justicia abre un nuevo capítulo en ese conflicto. El desenlace dependerá ahora de los tribunales, que deberán evaluar si la reforma respeta los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

Mientras tanto, el debate continúa en múltiples frentes: en las calles, en las paritarias y en el propio sistema político. Allí se definirá no solo el destino de una ley, sino también el rumbo de las relaciones laborales en los próximos años.

El Gobierno nacional cerró este viernes un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que prevé incrementos salariales escalonados entre enero y mayo de 2026 y el pago de un bono extraordinario de $40.000. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta al considerar que los aumentos quedan por debajo del costo de vida y consolidan la pérdida del poder adquisitivo del sector.

El Gobierno nacional selló este viernes 6 de marzo un nuevo entendimiento salarial con el gremio UPCN en el marco de la paritaria de la Administración Pública Nacional. El convenio establece incrementos mensuales consecutivos desde enero hasta mayo de 2026, con el objetivo de actualizar los ingresos de los trabajadores estatales en un contexto económico todavía marcado por la tensión inflacionaria.

La propuesta oficial contempla aumentos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, lo que configura un esquema de actualización gradual para el cierre del período paritario vigente.

Además, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $40.000, previsto para el mes de junio, como complemento excepcional para los trabajadores del sector público nacional.

Dentro del entendimiento también se estableció la renovación del adicional por presentismo desde enero, con actualización mensual en línea con los incrementos salariales, así como una modificación en la Unidad Retributiva (UR) correspondiente al suplemento por Función Ejecutiva, que pasará a contar con un valor unificado.

ATE rechazó la propuesta y denunció pérdida salarial

Mientras UPCN avaló la propuesta y firmó el acuerdo en la mesa paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado decidió rechazar la oferta oficial, al considerar que los aumentos resultan insuficientes frente a la evolución del costo de vida.

Desde el gremio señalaron que, si bien durante la negociación lograron garantizar el pago retroactivo del presentismo, los porcentajes acordados no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

“El aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente también cuestionó el monto del bono extraordinario previsto para mitad de año. “Ofrecer un bono de $40.000 es una actitud miserable por parte del Gobierno. No alcanza ni para pagar una factura de gas”, sostuvo.

El debate de fondo: salarios e inflación

La discusión salarial en el sector público vuelve a poner en el centro del debate la relación entre los incrementos paritarios y la evolución de los precios.

Desde ATE sostienen que, durante la actual gestión, los trabajadores estatales habrían acumulado una pérdida superior al 45,3% del poder adquisitivo, producto de negociaciones salariales que —según el sindicato— se ubican sistemáticamente por debajo de la inflación.

“El intento de implementar la reforma laboral y las negociaciones salariales con tope en el sector público prueban que lejos de pagar el ajuste la casta, lo estamos pagando los trabajadores con la degradación de nuestras condiciones de vida”, advirtió Aguiar.

Un cierre paritario bajo tensión

El acuerdo corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, cuyo período paritario se extiende entre junio de 2025 y mayo de 2026. Con los incrementos pactados, el año cerraría con un aumento salarial acumulado del 21%.

Sin embargo, desde ATE remarcan que la inflación ya alcanza 19,5% con el dato de enero, lo que plantea el riesgo de que los salarios vuelvan a quedar rezagados frente al costo de vida en los meses restantes del período,

Como ocurrió en negociaciones anteriores, el rechazo de uno de los sindicatos no impidió la convalidación del acuerdo, ya que la firma de UPCN fue suficiente para oficializar la paritaria en la mesa de negociación.