Los gremios argentinos cierran paritarias al ritmo del 1% mensual, sumando bonos y sumas no remunerativas para sostener el salario en un contexto de inflación creciente.

La escena sindical argentina se encuentra en un momento crítico, donde los gremios están siendo forzados a aceptar una pauta salarial del 1% mensual, impuesta por el Gobierno nacional. Esta medida, que se ha convertido en un techo para los aumentos salariales, ha generado una ola de protestas y reclamos por parte de los trabajadores, quienes ven cómo su poder adquisitivo se desvanece ante la inflación descontrolada.

En julio, la mayoría de los gremios terminó de adaptarse a esta pauta salarial, pero muchos sindicatos acordaron sumas no remunerativas por única vez, bonos especiales y revisiones periódicas para evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo.

La medida responde a que el Ejecutivo no homologa acuerdos que superen ese 1%, aunque la inflación de junio fue del 1,6%, según el INDEC. 

Uno de los casos más visibles fue el del empleo público nacional. El Gobierno ofreció un incremento escalonado del 7,5% hasta noviembre, con una suba mensual de apenas entre 1,1% y 1,3%, pero con sumas fijas de $25.000 hasta agosto y $20.000 desde septiembre. UPCN aceptó la propuesta, pero ATE la rechazó. «No alcanza para cubrir ni la mitad de la inflación», denunció el gremio estatal.

En Comercio, la FAECyS selló un aumento del 6% semestral (1% por mes hasta diciembre) y una asignación mensual de $40.000 no remunerativa que en enero de 2026 pasará al básico.

Los gastronómicos de UTHGRA acordaron escalas que elevarán el básico a $819.527 en junio, más una suma no remunerativa de $24.342.

Las trabajadoras de casas particulares lograron su primer aumento desde febrero: un 3,5% sobre los sueldos de enero más un 1% adicional mensual y una suma extra, según la carga horaria.

La UOCRA y UECARA también se ajustaron al 1,1% mensual, pero con bonos que van de $40.000 a $48.000, dependiendo del rol. El acuerdo fue homologado por el Gobierno.

El transporte público también cerró nuevos números: los colectiveros del AMBA cobrarán en agosto $1.600.000 en promedio, mientras que los ferroviarios pactaron aumentos del 4,1% y 5,7%, más un bono por el Día del Ferroviario.

En sanidad, FATSA cobró un 1,5% en julio más un bono de $60.000, y cerró un nuevo aumento del 5,98% en farmacéutica. Los farmacéuticos sindicalizados en SAFyB, por su parte, pasaron a tener salarios iniciales de $2.775.000 en julio y $2.850.000 en agosto, más adicionales.

Los bancarios mantuvieron el acuerdo atado al IPC y percibirán un 1,6% de suba con salarios iniciales que rozan los $1.873.000.

La UOM y los metalúrgicos acordaron aumentos del 1% mensual más $25.000 en julio y agosto, con revisión en septiembre. SMATA cerró un aumento trimestral del 6%, más un plus de eficiencia.

En alimentación, la FTIA cerró subas del 1% entre mayo y julio, más un bono de $85.000 en tres cuotas, mientras que para la rama avícola se acordó un 3,5% adicional desde julio.

Los aceiteros de San Lorenzo todavía deben cobrar un 20% en julio, mientras que los desmotadores de algodón percibirán una mejora del 21% con nuevos salarios base de $1.309.770.

En el sector seguro, los aumentos van del 10,38% (capitalización y ahorro) al 13,67% (seguros generales y ART) entre junio y octubre. Cada rama definió escalonamientos específicos.

En telecomunicaciones, los gremios lograron una mejora del 3,15% en julio y un bono extraordinario del 1,28%. También el plástico cerró subas del 1% mensual, con bono de $45.000 en agosto.

En seguridad privada, UPSRA acordó subas del 1% en julio, 0,9% en agosto y 0,8% en septiembre, mientras que en televisión, SATSAID cerró un aumento del 10% para el trimestre julio-septiembre, y un 39,4% para las señales estatales.

Los trabajadores rurales verán mejoras del 3,9% en julio y 3,7% en agosto. En comida rápida, los aumentos serán del 1% mensual más bonos similares que luego pasarán al salario básico.

Los trabajadores de estaciones de servicio, químicos, mineros, perfumistas, marítimos, empleados de entidades deportivas, del caucho, del plástico y de la construcción también adaptaron sus acuerdos al límite oficial, pero sumaron bonos para amortiguar la caída del poder adquisitivo.

Los científicos argentinos se encuentran en estado de alerta debido a la situación crítica que atraviesa el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Investigadores, becarios y empleados del CONICET y otros organismos del sistema de ciencia y técnica anunciaron un paro de 48 horas que comenzará el próximo 6 de agosto, en protesta por el deterioro institucional y la precariedad laboral.

La medida de fuerza busca visibilizar el «deterioro en las principales instituciones del sector» y reclamar por aumento salarial, ingresos y fondos para sus proyectos. La medida se da en un contexto de atención pública generada por la reciente exploración submarina del talud de Mar del Plata, que mantuvo uno de los streamings más vistos del país.

La comunidad científica argentina exige recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo. Los becarios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) llevan «15 meses con su salario congelado por debajo de la línea de la pobreza», según denunció ATE. Similar situación atraviesan las becas postdoctorales del CONICET, que sufrieron recortes en las últimas convocatorias.

Otro punto central del reclamo es la «parálisis en la ejecución de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)», una de las principales fuentes de financiamiento para nuevas investigaciones. La exigencia gremial apunta a Daniel Salamone, titular del CONICET, Darío Génua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y Natalia Avendaño, presidenta de la Agencia I+D+i.

La jornada de huelga, que tendrá su epicentro en el Polo Científico-Tecnológico de Palermo, incluirá «cartelazos» y «ruidazos», un acto central, charlas con científicos por la tarde y una marcha con antorchas por la noche, seguida de una vigilia y acampe para continuar con una asamblea matutina el jueves.

El presidente Milei firmó los vetos a las leyes que establecían un aumento para los haberes jubilatorios y la declaración de la emergencia en discapacidad, aprobadas por amplia mayoría en el Congreso.

El presidente Javier Milei tomó una decisión controvertida al vetar las leyes que establecían un aumento del 7,2% para los haberes jubilatorios y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Esta decisión fue justificada por el presidente como un «acto de desesperación electoral» por parte de la oposición. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por muchos, que ven en esta decisión un golpe a los derechos de los jubilados y las personas con discapacidad.

La ley vetada incluía, además del aumento del 7,2%, la posibilidad de que quienes cobran la jubilación mínima perciban hasta 331.564 pesos, además de establecer la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, con financiamiento garantizado para pensiones no contributivas y actualización de los aranceles del sistema de atención.

El veto presidencial es un golpe a los derechos de los jubilados y las personas con discapacidad. Es importante que el Congreso insista en la aprobación de estas leyes para garantizar la protección de estos grupos vulnerables.