El Gobierno nacional, bajo la conducción del ministro Federico Sturzenegger, estaría planeando un profundo reordenamiento de la Secretaría de Trabajo, que podría llevar a un desguace total de la misma. La medida genera angustia y temor entre los trabajadores y podría afectar a cientos de puestos de empleo.

La Secretaría de Trabajo, sería uno de los próximos objetivos de la política de ajuste y reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. Según fuentes cercanas a la Secretaría, un equipo de trabajo liderado por Sturzenegger habría realizado un estudio exhaustivo de la estructura y funcionamiento del área, con el objetivo de reducirla a la mínima expresión.

Entre las medidas que se barajan se encuentran el desvío de funciones a otros organismos y el corrimiento de oficinas clave a la órbita del ministerio de Economía. Por ejemplo, el sector de memoria y balances podría reconvertirse en una sección de la Administración de Recursos y Control Administrativo (ARCA), mientras que el área de negociaciones colectivas podría quedar bajo el poder del ministerio de Economía, encabezado por Luis «Toto» Caputo.

La posible reestructuración de la Secretaría de Trabajo genera mucha preocupación entre los trabajadores y podría afectar a cientos de puestos de empleo. La medida se enmarca en la política de ajuste y reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, que ha generado alerta y temor en distintos sectores.

Nuevos estudios del mercado laboral revelan un deterioro cualitativo en el trabajo formal e informal, con un aumento en las horas trabajadas y el pluriempleo. La desocupación promedio supera el 7%, con una pérdida de 105 mil puestos de empleo en el último año, afectando principalmente a la construcción, la industria y los empleos públicos.

La situación laboral en Argentina se vuelve cada vez más precaria, según informes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la consultora EMPIRIA. El trabajo no registrado crece, con ingresos por debajo de las escalas salariales acordadas entre los gremios y las cámaras empresarias. Solo algunos sectores, como la minería, la energía y la actividad financiera, muestran cierta estabilidad, aunque no necesariamente se caracterizan por tener alta contratación de fuerza laboral.

En contraste, la mayoría de las áreas productivas experimentan un retroceso en la contratación de mano de obra. La construcción y la industria son las más afectadas, con una importante disminución en la cantidad de puestos de trabajo. Los empleos públicos también se ven afectados, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores.

La pérdida de poder adquisitivo es uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores en relación de dependencia. La caída del salario real se traduce en una disminución significativa en su capacidad de compra, lo que genera insatisfacción y descontento. La precarización laboral se convierte en un círculo vicioso, donde los trabajadores se ven obligados a trabajar más horas o buscar múltiples empleos para mantener su nivel de vida.

En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.

El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.

Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.

Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.

El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.