La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales cuestionó el bono de $50.000 y el aumento del 2% dispuesto por la Secretaría de Políticas Universitarias sin negociación previa. Denunció una nueva avanzada contra el salario NODOCENTE y advirtió sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto salarial en el sistema universitario nacional sumó un nuevo episodio de tirantez. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) rechazó de manera categórica el aumento salarial dispuesto de forma unilateral por el Gobierno nacional y reclamó la reapertura urgente de la negociación paritaria para las y los trabajadores NODOCENTES.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias enviara un instructivo que establece, sin acuerdo previo con los gremios, un bono remunerativo no bonificable de $50.000 por única vez, a pagar desde diciembre, y un incremento del 2% en los salarios a partir de diciembre de 2025. Desde FATUN calificaron la medida como una decisión “intempestiva, autoritaria y carente de toda instancia de diálogo”.

La federación, que conduce Walter Merkis, sostuvo que la política salarial del Ejecutivo vuelve a desconocer el ámbito paritario, vulnerando no solo los derechos de los trabajadores sino también las reglas básicas del sistema democrático de negociación colectiva.

“No vamos a aceptar aumentos impuestos”

Desde la organización sindical fueron enfáticos al advertir que no convalidarán nuevas imposiciones salariales sin debate ni fundamentos económicos reales.
“No vamos a aceptar nuevamente aumentos sin paritarias y sin argumentos lógicos, cuyo único objetivo es ajustar a las y los trabajadores universitarios para seguir pagando la fiesta de la timba financiera para unos pocos”, señalaron en un duro comunicado.

Para el colectivo NODOCENTE, el deterioro del salario no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de ajuste más amplia que impacta de lleno sobre el sistema universitario público, afectando tanto las condiciones laborales como el normal funcionamiento de las instituciones.

Universidades públicas, un valor social irrenunciable

En su pronunciamiento, FATUN recordó que las Universidades Nacionales constituyen un valor estratégico e irrenunciable para la sociedad argentina, algo que —según remarcaron— quedó demostrado en las masivas Marchas Universitarias Federales realizadas en todo el país durante el último tiempo.

En ese marco, el gremio subrayó que la defensa del salario NODOCENTE forma parte de una defensa más amplia de la universidad pública, gratuita y de calidad. “La Argentina es un país democrático, con instituciones que deben ser respetadas, valoradas y financiadas”, enfatizaron, al tiempo que reiteraron la exigencia de reabrir de inmediato las paritarias.

Denuncia por violación de la Ley de Financiamiento Universitario

La federación sindical también advirtió que el Gobierno nacional está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, una norma consensuada en el Congreso que establece criterios claros para garantizar el sostenimiento del sistema.

Desde FATUN señalaron que esta conducta se inscribe en una lógica más amplia que incluye el impulso de una reforma laboral que, de aprobarse, “significaría un retroceso a épocas coloniales y de surgimiento del Estado-Nación”, con una pérdida sustancial de derechos laborales.

La retracción del consumo y el aumento de los costos operativos profundizan la crisis del sector supermercadista. Hiper Libertad avanza con despidos, reducción de su formato comercial y evalúa la venta de sucursales, mientras crece la preocupación gremial por el impacto laboral en varias provincias.

La crisis del consumo volvió a encender luces de alarma en el sector supermercadista argentino. En distintas provincias, especialmente del norte del país, crece la preocupación por la posibilidad de nuevos despidos y un ajuste más profundo en cadenas de alcance nacional, en una coyuntura económica que golpea incluso al comercio de alimentos.

El foco de mayor inquietud está puesto en Hipermercados Libertad, cuya situación se agravó durante 2025 con recortes de personal, reducción de operaciones y cambios en su formato comercial. La combinación de despidos ya concretados y versiones sobre la eventual venta de sucursales activó el estado de alerta en los sindicatos, que advierten por el riesgo que enfrentan cientos de puestos de trabajo.

La problemática de Libertad no aparece aislada. Otras firmas del rubro como Vea, Easy, y Yaguar atraviesan dificultades similares, afectadas por la caída sostenida del consumo, el incremento de los costos operativos y un escenario macroeconómico que presiona los márgenes del comercio minorista.

Despidos, hermetismo y temor sindical

Durante el último año, el ajuste en la cadena Libertad se hizo sentir con fuerza en distintas provincias. En San Juan, la empresa recortó 29 puestos de trabajo a lo largo de 2025 y sumó otros 30 despidos en el primer mes de este año, lo que encendió la alarma en el Sindicato de Empleados de Comercio.

“Necesitamos saber qué va a pasar para darle tranquilidad a los trabajadores”, expresó Mirna Moral, secretaria general del SEC, quien además cuestionó el hermetismo de la empresa frente a los reclamos gremiales. “Desde Libertad no dicen nada, y eso es lo que más preocupa. En su momento se habló de que los dueños querían quedarse con la parte inmobiliaria y alquilar los locales”, señaló la dirigente.

El impacto fue aún más profundo en Misiones, donde la sucursal local pasó de contar con 200 empleados a apenas 60, dejando de operar como hipermercado para reconvertirse en un formato comercial más reducido. Según explicó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, la empresa busca “ajustar la cantidad de personal como una especie de salvataje, porque dicen que los números les dan en rojo”.

Venta de sucursales e incertidumbre

A este escenario se suma la versión de una posible venta de sucursales, que habría despertado el interés de un grupo financiero vinculado a La Anónima. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, la falta de información por parte de la empresa alimenta la incertidumbre sobre el futuro de la cadena y refuerza el temor de que el ajuste continúe y se extienda a otras provincias.

Los gremios advierten que el sector supermercadista atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, con márgenes cada vez más ajustados y un consumo que no logra recuperarse. En ese marco, reclaman respuestas urgentes y garantías concretas para preservar las fuentes laborales y evitar una nueva ola de despidos en un rubro clave para el empleo formal.

La situación que atraviesa Hiper Libertad sintetiza una problemática más amplia que afecta al comercio argentino. La caída del consumo, el encarecimiento de los costos y la incertidumbre económica empujan a las grandes cadenas a redefinir su estructura, muchas veces a costa del empleo. Sin señales claras de reactivación, el riesgo de nuevos despidos en el sector supermercadista se mantiene latente y amenaza con profundizar el impacto social de la crisis en distintas regiones del país.

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y sin avances en la negociación con EANA, el gremio de los controladores aéreos confirmó la reactivación de medidas de fuerza desde febrero. Denuncian incumplimientos, falta de diálogo y advierten sobre posibles afectaciones en la programación de vuelos.

El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) volvió a escalar luego de que expirara la prórroga de la conciliación obligatoria sin que se alcanzara un acuerdo entre las partes. La falta de respuestas concretas por parte de la empresa estatal reavivó un enfrentamiento que permanece abierto desde agosto y que involucra a un área estratégica para el funcionamiento del transporte aéreo.

A través de un comunicado oficial, el sindicato informó que el Plenario Nacional de delegadas y delegados —con participación de congresales y representantes de base— resolvió ratificar la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero. Si bien las modalidades y el alcance de las protestas serán anunciados oportunamente, el gremio advirtió que podrían tener impacto directo en la operatoria de los vuelos.

Incumplimientos y desgaste del diálogo

Desde ATEPSA señalaron que, durante el período de conciliación, EANA no cumplió con los compromisos asumidos ni presentó propuestas que permitieran destrabar el conflicto. Esa situación, sostienen, profundizó el malestar entre los trabajadores y evidenció una falta de voluntad real para avanzar hacia una solución.

Durante el plenario, se evaluó el estado actual del conflicto y se analizaron las acciones a seguir frente a lo que el gremio calificó como una “desidia persistente” por parte de la empresa. En ese marco, remarcaron que las medidas de fuerza no constituyen un objetivo en sí mismo, sino la consecuencia directa de los incumplimientos patronales y de la ausencia de respuestas efectivas.

Advertencia al Gobierno y llamado a las nuevas autoridades

Pese a la firmeza de la decisión, el sindicato reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de una salida negociada. Sin embargo, dejó en claro que no convalidará nuevas dilaciones ni acuerdos que luego no se traduzcan en hechos concretos.

Asimismo, ATEPSA hizo un llamado explícito a las nuevas autoridades del área de Transporte para que asuman los compromisos pendientes de la gestión saliente y convoquen a un ámbito de negociación “certero y concreto”, capaz de brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como al sistema aerocomercial.

Un escenario de tensión con impacto potencial

Con la ratificación del estado de lucha, el conflicto vuelve a instalar un clima de incertidumbre en el sector aéreo, en un contexto de alta sensibilidad para la conectividad y el turismo. Si no se producen avances en las próximas semanas, febrero podría comenzar con medidas que alteren la programación de vuelos y afecten a miles de pasajeros.

La reactivación del plan de lucha expone, una vez más, las dificultades para encauzar conflictos laborales en áreas críticas del Estado y deja abierta una señal de alerta sobre la necesidad de una intervención política que evite mayores consecuencias en el funcionamiento del sistema de navegación aérea.