Amenazan con paro a nivel nacional de colectivos y San Juan se adhiere a la medida
Hoy habrá una Reunión clave con la UTA quienes afirman que cobraron el último aumento en enero pasado.

A nivel nacional, la UTA advirtió este martes que realizará un paro nacional de choferes de micros de corta y media distancia si no llega a un acuerdo salarial con las cámaras empresarias. En San Juan dijeron que adhieren a la medida.
Según la prensa, la medida de fuerza se concretará a partir de esta medianoche si vuelven a fracasar las negociaciones entre las partes, que mantendrán hoy desde las 14 un encuentro virtual, con el monitoreo de los ministerios de Trabajo y de Transporte.
«De no mediar un acuerdo satisfactorio en la oportunidad, se concretará una medida de fuerza de alcance nacional por 48 horas de los choferes de corta distancia», dice Mario Caligari secretario de prensa del gremio.
El representante de UTA San Juan, Héctor Maldonado, indicó que «el último aumento se logró el año pasado y el incremento que faltaba de ese acuerdo, correspondiente al 18,3%, se comenzó a cobrar en enero de este año. Desde ese momento, los choferes mantenemos el mismo sueldo».
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La obra de la Ruta 40 Norte entra en una etapa decisiva con cuatro empresas en carrera
Ocho empresas participaron de la licitación, pero solo cuatro superaron la evaluación administrativa. La propuesta económica más baja fue de $87.860 millones, por encima del presupuesto oficial de $84.942 millones. El proyecto contempla cuatro carriles, colectoras, intercambiadores y nuevos puentes, con un plazo de ejecución de 30 meses.
La licitación, correspondiente al tramo que conecta Chimbas con Albardón, convocó inicialmente a ocho oferentes. Sin embargo, cuatro quedaron excluidos tras la revisión de la documentación administrativa y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos. La apertura y evaluación de las propuestas demandó más de seis horas, debido a la complejidad técnica y legal del procedimiento.
La oferta de menor valor correspondió a la unión transitoria integrada por Sigma y LLP Pietroboni, que cotizó los trabajos en $87.860 millones. Detrás se ubicó la firma sanjuanina Mapal, con una propuesta de $89.015 millones. La asociación entre Terusi y BBC presentó una cotización de $93.286 millones, mientras que Vialagro, de Buenos Aires, completó la nómina con $94.768 millones.
Entre las compañías que no avanzaron a la instancia siguiente figuran Pablo Federico e Hijos, Federico Hermanos junto con Chediak, Construcciones Ivica y A. Dumandzic, y la unión conformada por Armegom y BWT.
El presupuesto oficial fue fijado en $84.942 millones, con financiamiento proveniente del fideicomiso minero Vicuña. La diferencia entre ese cálculo y las propuestas recibidas será uno de los aspectos que deberán considerar las autoridades antes de resolver la adjudicación.
Una intervención vial para cambiar la circulación
El proyecto comprende poco más de tres kilómetros entre el Callejón Blanco y la calle Rawson, con una configuración de cuatro carriles destinada a mejorar la circulación y reducir los conflictos de tránsito en uno de los corredores de mayor importancia para el norte del área metropolitana.
La intervención incluye colectoras laterales, bicisendas e intercambiadores a distinto nivel. También prevé cuatro puentes sobre el río San Juan y distintas arterias principales, obras concebidas para ordenar los desplazamientos y facilitar la circulación del transporte pesado.
De acuerdo con las condiciones establecidas por Vialidad Provincial, el plazo de ejecución será de 30 meses. La magnitud de la inversión y la infraestructura prevista convierten a esta intervención en una pieza relevante para la conectividad entre Chimbas y Albardón, además de su incidencia en la circulación regional.
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ASIJEMIN denunció irregularidades en las elecciones de la CTA y exigió garantías democráticas
La elección de autoridades de la CTA de los Trabajadores en San Juan incorporó un nuevo pronunciamiento crítico. ASIJEMIN reclamó transparencia y garantías de imparcialidad en los comicios, luego de advertir sobre presuntas irregularidades que, a su criterio, comprometen la credibilidad del procedimiento.
La conducción nacional del sindicato de jerárquicos mineros respaldó los cuestionamientos sobre los padrones, la fiscalización, la custodia de las urnas y la distribución de los centros de votación. Además, objetó la actuación de la Junta Electoral provincial y reclamó que se examinen las anomalías señaladas.
El documento lleva las firmas del secretario general nacional, Marcelo Mena Muñoz, la Comisión Directiva y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La entidad acompañó los planteos de la Lista 26 de Julio y enumeró distintos aspectos que considera necesario esclarecer: la confección de los padrones, las condiciones para fiscalizar, el resguardo de las urnas y la ubicación de los establecimientos habilitados para votar.
También expresó reparos sobre la independencia de la Junta Electoral provincial, cuya función consiste en asegurar reglas equitativas para todas las nóminas. Para la organización, las objeciones formuladas requieren respuestas concretas que permitan despejar dudas sobre la regularidad de la elección.
«La democracia sindical no puede ser una formalidad ni quedar condicionada por intereses particulares», sostuvo ASIJEMIN, que reclamó explicaciones y una revisión de los hechos señalados.
El planteo trasciende la disputa entre agrupaciones y coloca bajo discusión las garantías institucionales que deben regir la renovación de autoridades de la central obrera sanjuanina. La legitimidad de sus representantes depende también de que los afiliados puedan sufragar en condiciones de igualdad y con reglas claras.
La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera ratificó que la transparencia y la imparcialidad son requisitos indispensables para una representación gremial legítima. Ahora, la responsabilidad de las autoridades electorales será responder a los cuestionamientos y aportar certezas sobre la validez de los comicios.
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Día del Bancario: una conquista sindical que mantiene vigente el valor del trabajo colectivo
Cada 6 de noviembre, la Argentina reconoce a los trabajadores bancarios y recuerda una conquista fundamental de su historia sindical: la firma del primer convenio colectivo de la actividad en 1950. La fecha reivindica los derechos laborales, la organización gremial y el aporte de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema financiero.
La historia está ligada a la Asociación Bancaria, fundada en 1924, que tuvo un papel decisivo en la organización de los trabajadores y en la defensa de sus reivindicaciones. Durante décadas, la acción colectiva, las negociaciones y las medidas gremiales fueron instrumentos centrales para avanzar en el reconocimiento de derechos.
Desde entonces, el Día del Bancario quedó incorporado al calendario laboral argentino como una jornada de reconocimiento a quienes cumplen funciones indispensables para el funcionamiento del sistema financiero. La atención al público, la administración de cuentas, el procesamiento de operaciones, la gestión de créditos y la asistencia a empresas y particulares forman parte de una tarea que sostiene buena parte de las transacciones económicas cotidianas.
La fecha también adquiere relevancia por los cambios que atraviesa la actividad. La digitalización de los servicios, las operaciones a través de plataformas y aplicaciones, y la transformación de los procesos financieros modificaron las formas de trabajo y plantean nuevos desafíos en materia de empleo, capacitación y derechos laborales.
Como cada año, las sucursales bancarias permanecen cerradas en todo el país, mientras continúan disponibles los canales digitales, las aplicaciones y los cajeros automáticos. La jornada permite que los trabajadores celebren su día y constituye, al mismo tiempo, una expresión del reconocimiento a su labor.
A 76 años de aquella conquista, el Día del Bancario conserva su significado original: recordar que los derechos laborales no fueron concesiones, sino resultados de la organización y la lucha colectiva. Una memoria que mantiene vigencia frente a las transformaciones del mundo del trabajo y reafirma el valor de la representación sindical.
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