El borrador de la nueva Ley de Desarrollo Minero fija metas de incorporación laboral y adquisiciones dentro del territorio sanjuanino. También contempla incentivos fiscales, programas de capacitación y la creación de un registro específico para empresas vinculadas a la cadena minera.

La expansión de la minería metalífera volvió a instalar un debate de fondo sobre el modelo de crecimiento que busca consolidar la provincia en los próximos años. En ese marco, comenzó a discutirse un proyecto legislativo que pretende redefinir la relación entre las grandes operadoras y el entramado económico regional, con el objetivo de que la riqueza generada por los recursos naturales tenga una incidencia más visible sobre el empleo, la producción y la actividad empresaria.

El borrador de la denominada Ley de Desarrollo Minero —todavía abierto a modificaciones— propone una serie de obligaciones e incentivos destinados a incrementar la participación de trabajadores y firmas radicadas en San Juan dentro de la cadena de valor extractiva.

Uno de los capítulos centrales está vinculado con la contratación de mano de obra local. La iniciativa establece que las compañías deberán presentar planes específicos de incorporación laboral y avanzar progresivamente hasta alcanzar un piso cercano al 80% de personal con residencia efectiva en la provincia, incluyendo empleados propios y trabajadores tercerizados.

La propuesta incorpora además herramientas de formación técnica y reconversión laboral. Las compañías deberán elaborar diagnósticos periódicos sobre perfiles demandados y desarrollar programas de capacitación orientados a cubrir vacancias estratégicas para la industria. La intención oficial es que el crecimiento de la actividad deje capacidades instaladas más allá de la vida útil de cada yacimiento.

El otro gran eje del proyecto apunta al fortalecimiento del tejido empresario vinculado a la minería. El texto fija como meta que hasta un 60% de las compras de bienes y servicios sean realizadas a compañías con presencia operativa en la jurisdicción, siempre que existan condiciones competitivas de precio, disponibilidad y calidad.

Para estructurar ese esquema, el borrador crea el Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN), una base oficial destinada a identificar a las firmas habilitadas para participar dentro del sistema de preferencia productiva impulsado por el Estado.

El régimen establece criterios estrictos de admisión. Las empresas deberán acreditar actividad real dentro del territorio, domicilio legal y fiscal en la provincia y una composición societaria mayoritariamente vinculada a residentes radicados en el distrito.

La normativa también segmenta a las firmas inscriptas en distintas categorías: industriales, comerciales, prestadoras de servicios y constructoras. A su vez, incorpora un orden de prioridad que favorece primero a las empresas ubicadas en las áreas de influencia directa de los proyectos extractivos, luego a las zonas cercanas y posteriormente al resto del entramado empresario radicado en la provincia.

El esquema contempla además beneficios fiscales y herramientas de promoción económica para aquellas compañías mineras que acrediten simultáneamente altos niveles de contratación regional y compras dentro del mercado interno provincial. Entre los incentivos aparecen certificados de crédito fiscal, acceso preferencial a financiamiento y asistencia técnica.

La iniciativa suma, además, compromisos vinculados con infraestructura comunitaria, sostenibilidad ambiental y programas sociales. Las operadoras deberán presentar proyectos de inversión social orientados a educación, deporte, cultura y fortalecimiento institucional de las comunidades cercanas a los emprendimientos.

La autoridad de aplicación quedará bajo la órbita del Ministerio de Minería de San Juan, acompañado por un consejo consultivo integrado por representantes estatales, cámaras empresarias y referentes de las zonas de influencia minera.

El texto también prevé un régimen sancionatorio para los incumplimientos. Las penalidades incluyen apercibimientos, multas económicas y hasta la suspensión dentro del registro oficial para quienes no cumplan las metas comprometidas o presenten documentación irregular.

Dentro del sector reconocen que uno de los puntos más sensibles de la discusión gira alrededor de los criterios que determinarán qué compañías podrán ser consideradas efectivamente arraigadas en la provincia y cuáles quedarán fuera del esquema de beneficios.

Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto expone una discusión mucho más profunda: cómo evitar que el auge extractivo funcione como un enclave aislado y lograr que la actividad se convierta en una verdadera plataforma de desarrollo económico, industrial y laboral para toda la región.

El Consejo de la Magistratura comenzó este viernes una de las instancias más sensibles del proceso destinado a cubrir una vacante clave dentro del fuero laboral: las entrevistas personales para definir quién ocupará un lugar en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El concurso, que despertó un marcado interés dentro del ámbito jurídico, reúne a 171 postulantes entre abogados litigantes, funcionarios judiciales y especialistas en derecho laboral.

La convocatoria cobró especial relevancia por el peso institucional del cargo vacante, dejado por Guillermo Baigorrí tras su designación como Fiscal General de la Corte. La magnitud del interés quedó reflejada en el elevado número de aspirantes, lo que obligó al organismo a distribuir las evaluaciones en distintas jornadas.

Durante la primera etapa de entrevistas, el cuerpo tenía previsto avanzar con cerca de cuarenta exposiciones individuales, en un esquema que continuará la próxima semana para completar el análisis de antecedentes, perfiles técnicos y aptitudes profesionales de los candidatos.

Entre los nombres anotados para competir por el puesto aparece el abogado Roy Kirby, junto a otros referentes vinculados al ámbito judicial y al ejercicio profesional del derecho laboral, en una disputa que concentra atención tanto dentro de los tribunales como en sectores gremiales y empresariales atentos al futuro del fuero.

Uno de los aspectos que añadió particularidad al proceso fue la incorporación extraordinaria de Vanesa Mestre al Consejo de la Magistratura. La decisión se produjo luego de que Valeria Torres resolviera apartarse del concurso por razones de incompatibilidad, debido a que su esposo integra la nómina de candidatos. La sustitución permitió mantener la conformación plena del organismo y garantizar la continuidad administrativa del procedimiento.

La definición del futuro camarista laboral aparece en un momento de fuerte sensibilidad institucional para el mundo del trabajo y la Justicia. Las discusiones sobre reformas laborales, litigios sindicales y conflictos vinculados a despidos, convenios colectivos y relaciones de empleo volvieron a colocar al fuero laboral en el centro de las tensiones políticas y económicas del país.

En ese contexto, la cobertura de una vacante dentro de la Cámara adquiere una dimensión que excede lo estrictamente administrativo. Se trata de un cargo con capacidad de incidencia directa sobre expedientes de significativo impacto económico y social, en una etapa donde el sistema judicial laboral enfrenta una creciente exposición pública.

Las entrevistas continuarán el próximo martes, siempre sujetas a la disponibilidad de los integrantes del Consejo, que representan a distintos estamentos institucionales y deben compatibilizar sus funciones con el cronograma del concurso.

El programa impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación desarrollará nuevos operativos entre el 26 y el 29 de mayo en distintos puntos de la provincia. La iniciativa busca sostener el acceso al gas envasado en plena temporada de bajas temperaturas.

Con la llegada de las temperaturas más frías y el incremento sostenido de los costos energéticos, el Gobierno de San Juan avanzará esta semana con una nueva etapa del programa Garrafa Hogar, una herramienta orientada a garantizar el acceso al gas envasado a precios subsidiados en distintos departamentos de la provincia.

El operativo, se desarrollará entre el 26 y el 29 de mayo y alcanzará a Capital, Jáchal, Rawson, Ullum, Zonda, 25 de Mayo, Albardón, Angaco y Pocito, mediante puestos de distribución instalados en plazas, uniones vecinales, centros comunitarios y espacios barriales.

La iniciativa apunta a aliviar el impacto económico que genera el consumo energético durante el invierno, especialmente en hogares que dependen exclusivamente de garrafas para cocinar o calefaccionarse. En ese aspecto, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, confirmó que la garrafa de 10 kilos mantendrá un valor de $20.000, mientras que la de 15 kilos se comercializará a $30.000.

El cronograma comenzará el martes 26 de mayo en Capital y Jáchal. En la ciudad de San Juan, los puntos de distribución funcionarán durante la mañana en la Unión Vecinal Barrio Cabot y en el CIC Barrio Manantial. En simultaneo, el operativo se desplegará en distintas localidades jachalleras, entre ellas Villa Mercedes, Bella Vista y Barrio Pismanta I.

La continuidad del programa seguirá el miércoles 27 en Rawson, Ullum y Zonda. En Rawson, las unidades recorrerán sectores como Plaza Barrio Serranías del Sur, Cristo Pobre y la Unión Vecinal San Miguel. En Ullum, el operativo se concentrará en el Paseo de los Concejales, mientras que en Zonda se instalarán puestos en Plaza del Gaucho y el CIC Gaspar Andújar.

El jueves 28 será el turno de 25 de Mayo y Albardón, donde los vecinos podrán acceder a las garrafas subsidiadas en diferentes núcleos urbanos y zonas residenciales, incluyendo Las Casuarinas, Villa Santa Rosa y Campo Afuera.

Finalmente, el viernes 29, el programa concluirá esta etapa en Angaco y Pocito, con puntos de distribución previstos en clubes, plazas y sedes vecinales de ambos departamentos.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que Garrafa Hogar forma parte de una estrategia de asistencia destinada a sostener el abastecimiento energético en sectores vulnerables y reducir el impacto de los aumentos registrados en el mercado del gas envasado. También anticiparon que el operativo continuará extendiéndose progresivamente hasta alcanzar a los 19 departamentos sanjuaninos.