El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el Gobierno Nacional incurre en un incumplimiento inédito al suspender la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada por el Congreso. Gremios, universidades y la FUA avanzan con acciones judiciales y no descartan un plan de lucha nacional si el Ejecutivo no rectifica su postura.

El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno Nacional suma un nuevo capítulo de tensión institucional. Luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a su sanción formal, los gremios docentes y el sistema universitario decidieron acudir a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular de ADICUS, calificó la decisión del Gobierno como una “burla institucional”. “El Congreso obliga al Ejecutivo a sancionar la ley, y el Gobierno la suspende en el mismo acto. Es algo sin precedentes en democracia”, expresó.

Barcelona explicó que el frente sindical universitario, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las autoridades académicas, impulsará una presentación judicial conjunta. “Vamos a acompañar la demanda para que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir la ley y garantice los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades”, señaló.

En este sentido, los gremios reclamarán la reapertura de las paritarias y la recomposición salarial de docentes e investigadores, cuyos ingresos se encuentran fuertemente deteriorados. “El Ejecutivo tiene la obligación de convocar a paritarias y no lo hace. Además de incumplir la ley, desconoce los derechos laborales básicos del sector universitario”, sostuvo el dirigente.

Barcelona adelantó que el frente sindical se reunirá en plenario nacional durante los próximos días para definir un plan de acción con medidas de fuerza escalonadas, que acompañará el reclamo judicial. “Si la Justicia no actúa rápidamente y el Ejecutivo sigue incumpliendo, el conflicto universitario se va a profundizar”, advirtió.

El referente sindical también remarcó que esta actitud del Gobierno “rompe los consensos institucionales” y afecta directamente a la calidad del sistema universitario. “Es inaudito que un presidente se niegue a cumplir una ley. Lo mismo ocurre con la ley de emergencia pediátrica y la de discapacidad. El Gobierno dice que suspende las normas hasta definir el presupuesto, pero está gobernando con el presupuesto prorrogado de 2022. Es una contradicción absoluta”, enfatizó.

La falta de financiamiento, añadió, golpea de lleno en el día a día de las universidades nacionales. “Hoy se está trabajando con lo mínimo: pagar luz, agua y gas. Pero los programas de investigación, los proyectos de campo, los incentivos docentes y las tareas de extensión están siendo recortados o suspendidos. Muchos docentes se van, y cuesta cubrir los cargos vacantes”, detalló.

El congelamiento de fondos también afecta al CONICET y a los colegios preuniversitarios, donde se resienten las becas y los programas de estímulo. Para Barcelona, el objetivo del ajuste es claro: “Este desfinanciamiento ataca la autonomía universitaria y busca disciplinar a las instituciones”.

En ese marco, el dirigente de ADICUS subrayó la importancia del rol ciudadano en defensa del sistema público de educación superior. “El Gobierno busca ganar tiempo hasta que cambie la composición del Congreso. Por eso llamamos a la sociedad a sostener la universidad pública, porque está en juego un modelo de país”, concluyó.

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan enfrenta una situación sin precedentes. En apenas dos semanas, 180 trabajadores se acercaron a la sede gremial tras recibir telegramas de despido, un promedio de 20 por día hábil. La secretaria general, Mirna Moral, alertó por el aumento de los casos de maltrato laboral, hostigamiento y retiros voluntarios forzados. La crisis del consumo, que acumula nueve meses de caída en todo el país, golpea con fuerza a la provincia.

“Estamos recibiendo un promedio de 20 trabajadores por día que vienen al sindicato con telegramas de despido o consultas por liquidaciones”, señaló Moral. La dirigente advirtió que esa cifra representa apenas una parte de la realidad: “Hay muchos que no se acercan, especialmente quienes están en negro o con contratos informales. Los atendemos igual, pero sabemos que hay casos que ni siquiera se registran”.

La magnitud del fenómeno llevó al sindicato a abrir una mesa de diálogo con empresarios grandes y pequeños del rubro, que también manifiestan preocupación por la abrupta caída de las ventas. “Los comercios están al límite, y eso se traduce en reducción de personal, suspensiones o retiros ‘voluntarios’ que en realidad son despidos encubiertos”, describió Moral.

Empresarios en alerta y ventas en caída

La crisis también fue confirmada por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, cuyo presidente, Hermes Rodríguez, presentó un balance negativo del último fin de semana largo, coincidente con el Día de la Madre. “Las ventas fueron similares en cantidad a las del año pasado, pero con una marcada baja en el valor de los regalos”, indicó.

El ticket promedio fue de 33.500 pesos, lo que implica una caída significativa en términos reales. Los rubros más elegidos —indumentaria, calzado, decoración, gastronomía y cuidado personal— mostraron un comportamiento conservador por parte del consumidor. “La gente cuidó el bolsillo, compró lo justo y buscó ofertas”, resumieron desde la entidad.

Los comercios, sobre todo los de escala mediana, operan con márgenes mínimos y ventas planchadas, una situación que ya empieza a reflejarse en suspensiones y despidos.

Un fenómeno nacional: el consumo en retroceso

La situación local no es aislada. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron 17,8% interanual en septiembre de 2025, acumulando nueve meses consecutivos de contracción. La tendencia recesiva golpea con más fuerza a los rubros de alimentos y bebidas (-22%), indumentaria (-19%) y calzado (-15%).

Aunque el INDEC informó una inflación interanual del 43,5% en mayo, la mejora en los índices de precios no se tradujo en una recuperación del consumo. Los salarios reales permanecen rezagados y el poder adquisitivo de las familias continúa en retroceso.

Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la UBA reveló que las ventas en supermercados mayoristas se redujeron un 22% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que en los comercios minoristas la baja fue del 8%.

A su vez, la consultora Scentia registró que el 83% de los hogares argentinos redujo o eliminó compras habituales, y casi la mitad considera que su capacidad de consumo está “mucho peor” que el año pasado. Este deterioro sostenido explica, en parte, la ola de cierres y despidos que atraviesa el sector comercial en todo el país.

Impacto social y desprotección laboral

En San Juan, la retracción del consumo se combina con una estructura laboral frágil. Una proporción significativa de los trabajadores del comercio se desempeña bajo contratos precarios o fuera de convenio, lo que agrava las consecuencias de los despidos. “Hay empleados que se quedan sin trabajo y no tienen cobertura, ni indemnización, ni obra social”, advirtió Moral.

El sindicato sostiene que las políticas de ajuste y la caída del consumo generan un círculo vicioso: menos ventas implican menos empleo, y menos empleo implica aún menos consumo. A eso se suma la falta de asistencia específica para las pymes comerciales, que concentran la mayoría de los puestos del sector en la provincia.

“Estamos ante una crisis inédita. El comercio está agotado, el salario no alcanza y el consumidor desapareció. Es una situación que no se soluciona con parches”, sintetizó la titular del SEC.

La situación de los Empleados de Comercio de San Juan sintetiza el impacto humano de la recesión que atraviesa la Argentina. La pérdida de puestos de trabajo, los retiros forzados y la caída del consumo no son hechos aislados, sino los síntomas de un modelo económico que combina ajuste, contracción y pérdida de poder adquisitivo.

Mientras los empresarios piden alivio impositivo y los sindicatos reclaman una urgente reactivación, el mercado interno se vacía y el empleo formal se erosiona día a día. Si la tendencia continúa, San Juan —como tantas otras provincias— podría convertirse en el espejo de una crisis social y económica que todavía no alcanzó su piso.

El proceso de venta de Carrefour en la Argentina encendió las alarmas en el sindicalismo. Con al menos cuatro grupos empresarios interesados en la operación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) exige una reunión urgente con la compañía para garantizar los 24.000 puestos de trabajo y la preservación de los convenios colectivos. La incertidumbre crece entre los empleados y las filiales locales ya activan mecanismos de diálogo para evitar conflictos.

El posible cambio de manos de Carrefour Argentina, una de las mayores cadenas de supermercados del país, generó una inmediata reacción en el ámbito sindical. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, busca establecer contacto directo con la conducción de la empresa para conocer los alcances del proceso de venta y exigir garantías sobre la continuidad laboral de los 24.000 trabajadores que dependen de la compañía.

Fuentes de la FAECYS confirmaron que se realizaron reuniones internas en las últimas horas para definir una estrategia común frente a un escenario de incertidumbre creciente. El objetivo es claro: asegurar la estabilidad del empleo y evitar cualquier intento de flexibilización laboral que pueda derivarse del cambio de control.

“La prioridad es preservar cada puesto de trabajo y asegurar la continuidad de los convenios colectivos vigentes, sin importar quién resulte adjudicatario de la compra”, señalaron desde el gremio.

Según trascendió, el grupo francés Carrefour avanza en negociaciones con al menos cuatro potenciales compradores: Chango Más, Coto, Cencosud y un cuarto oferente cuyo nombre aún no fue revelado. Directivos de la empresa mantuvieron en las últimas semanas reuniones en París con representantes de una firma argentina, aunque sin brindar información oficial sobre el estado de las tratativas. Esa falta de claridad alimentó la preocupación sindical y encendió las alertas en las filiales regionales.

Reclamos por transparencia y preservación de derechos

La FAECYS pidió formalmente que la operación se realice con pleno respeto de los derechos adquiridos y que se mantenga el cumplimiento de los convenios colectivos. “Los trabajadores no pueden ser variables de ajuste en una negociación empresarial”, remarcaron fuentes cercanas al gremio.

La falta de información oficial sobre los términos de la operación generó inquietud también entre las seccionales del interior. En Mar del Plata, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), conducido por Guillermo Bianchi, presentó una nota formal a la dirección local de Carrefour, invocando el acuerdo internacional firmado entre Carrefour Argentina y UNI Global Union.

Ese documento, en su punto 3.1, resalta la importancia del diálogo social y la protección de los derechos laborales, principios que ahora los gremios reclaman como marco indispensable del proceso de venta.

“Es fundamental conservar cada uno de los puestos de trabajo y las condiciones alcanzadas. Son más de 240 familias que han contribuido al crecimiento de la empresa en nuestra ciudad”, expresó el SECZA en un comunicado público.

La conducción marplatense también instó a evitar decisiones unilaterales que puedan afectar las fuentes de empleo, y advirtió que, sin información clara, el malestar podría derivar en medidas de fuerza en las próximas semanas.

Un proceso que tensiona el mapa laboral del retail

La eventual venta de Carrefour no solo afecta a sus empleados directos, sino que podría reconfigurar el mapa del sector supermercadista argentino, concentrando aún más la actividad en pocas manos.
La competencia por el control de la cadena se da en un contexto de consumo deprimido, caída del poder adquisitivo y cierre de locales minoristas, lo que incrementa la presión sobre los trabajadores.

Analistas del sector advierten que, detrás del proceso de venta, hay factores estructurales: márgenes cada vez más ajustados, aumento de costos logísticos y una lenta recuperación del consumo masivo.
En ese escenario, la negociación sindical adquiere un carácter estratégico, no solo por los empleos directos sino por su impacto en las condiciones laborales del comercio en general.