La Resolución 1042/26 establece plazos de 30, 45 y 60 días para que Naturgy San Juan y Decsa releven instalaciones vulnerables, revisen la capacidad de respuesta de la red y presenten obras o inversiones correctivas cuando corresponda. La medida busca anticipar los efectos de crecidas, aluviones, inundaciones, lluvias intensas y deshielo.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ordenó a Naturgy San Juan y Decsa revisar sus redes y definir medidas concretas para responder ante aluviones, crecidas, inundaciones y lluvias intensas durante el verano 2026-2027. La disposición obliga a las dos distribuidoras a identificar previamente los puntos vulnerables y establecer cómo actuarían si un fenómeno meteorológico afecta instalaciones o interrumpe los caminos de acceso.

La exigencia quedó formalizada mediante la Resolución N° 1042/26, que establece distintos plazos según el estudio requerido. El primer paso será la presentación, dentro de 30 días corridos, de un Programa de Preparación para la Temporada Estival que deberá localizar instalaciones y áreas geográficas críticas y detallar los recursos disponibles para atender contingencias.

El relevamiento no se limitará al estado de los equipos. Las compañías deberán evaluar también qué ocurriría si una crecida o un aluvión deja intransitables los accesos a estaciones transformadoras, líneas u otros componentes esenciales. El esquema deberá contemplar monitoreo, sistemas de alerta, vías alternativas de ingreso, personal, vehículos y materiales necesarios para restablecer el servicio.

En simultaneo, el EPRE fijó 45 días para presentar un informe actualizado sobre operación y mantenimiento. A los 60 días deberán completarse los estudios de contingencia, confiabilidad y resiliencia exigidos por el organismo regulador.

Uno de los puntos centrales será el análisis de contingencia “N-1”, que permite determinar qué capacidad conserva el sistema cuando uno de sus componentes principales queda fuera de servicio. El objetivo es establecer si una falla en una línea o transformador puede ser absorbida por el resto de la red sin provocar una interrupción de mayor alcance.

La evaluación abarcará las redes de subtransmisión de 132 kV y 33 kV, además de la red primaria de 13,2 kV. Si los estudios detectan falta de capacidad, deficiencias de mantenimiento o instalaciones cuya falla pueda comprometer el suministro, las distribuidoras deberán presentar soluciones específicas.

En esos casos, no alcanzará con informar la existencia del problema. Naturgy y Decsa tendrán que definir obras o inversiones, responsables, costos estimados y cronogramas de ejecución, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el EPRE.

La decisión se produce mientras San Juan se prepara para un ciclo hídrico que podría incrementar de manera significativa el caudal de los ríos durante el deshielo. Una estimación elaborada por la Universidad Nacional de San Juan ubicó el escurrimiento previsto para el río San Juan en torno de 1.653 hectómetros cúbicos, más del doble de los 753 hm³ registrados en el período anterior. El pronóstico oficial definitivo todavía debe ser establecido por la Provincia.

A la mayor disponibilidad de agua se suma la influencia de El Niño, que puede favorecer condiciones de mayor inestabilidad atmosférica y episodios de precipitaciones intensas. Para una provincia atravesada por cauces aluvionales y con infraestructura eléctrica vinculada a zonas rurales y de montaña, esos factores agregan exigencias sobre la capacidad de respuesta de las distribuidoras.

El requerimiento del EPRE busca, precisamente, trasladar parte de esa preparación desde la emergencia hacia la prevención. La finalidad es que, antes de la temporada de mayores riesgos, las empresas conozcan dónde están los puntos más expuestos, qué recursos necesitan y qué alternativas tienen para mantener o recuperar el suministro.

Con esta resolución, el organismo regulador también introduce una exigencia de mayor previsibilidad sobre la operación de la red: una contingencia climática no debería convertirse en una falla generalizada por la ausencia de alternativas previamente evaluadas. Los informes y cronogramas que deberán presentar las distribuidoras permitirán determinar si existen instalaciones que requieren obras antes del período de mayor deshielo y precipitaciones.

El Gobierno de San Juan proyecta transformar 24,5 kilómetros de la Ruta Nacional 20, entre calle Gorriti y el Acceso a Caucete, con dos calzadas separadas, colectoras, intercambiadores, nuevos puentes y mejoras para peatones y transporte público. La obra tendrá un plazo estimado de 36 meses y será financiada mediante el Bono San Juan bajo legislación de Nueva York.

El corredor de la Ruta Nacional 20 entre San Juan y Caucete será transformado en una autopista de 24,5 kilómetros, con doble calzada, cruces a distinto nivel, colectoras y un nuevo puente sobre el río San Juan. El gobernador Marcelo Orrego anunció el proyecto junto a los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

La obra se extenderá desde calle Gorriti hasta el Acceso a Caucete y tendrá un plazo previsto de 36 meses. Según explicó Orrego, el financiamiento se realizará mediante el Bono San Juan emitido bajo legislación de Nueva York, una herramienta que permitirá afrontar una de las intervenciones viales de mayor alcance previstas para la conexión con los departamentos del Este.

La nueva configuración contará con dos calzadas físicamente separadas, de 7,30 metros de ancho cada una y dos carriles por sentido, además de banquinas y un separador central. El proyecto incorpora colectoras laterales destinadas al tránsito vecinal y al acceso a propiedades, mientras la circulación principal quedará diferenciada de los movimientos urbanos.

Uno de los cambios fundamentales se centrará en los nudos viales de mayor congestión. La traza de la Ruta 20 se elevará mediante la construcción de nuevos puentes en puntos estratégicos, como el Acceso Este, el ingreso al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y el empalme con la RP 182 hacia 9 de Julio. Adicionalmente, cada intersección contará con un diseño específico dotado de ramas y rotondas para optimizar la fluidez y distribución del tráfico.

También se construirán pasos superiores en Patricia Sanjuanina (RP 193) y calle San Isidro (RP 230). En esos lugares, la autopista mantendrá la circulación continua mientras las vías transversales conservarán su recorrido a nivel, sin conexiones directas con las calzadas principales.

En calle La Plata (RP 246) se levantará otro puente, de aproximadamente 35 metros, acompañado por dos rotondas inferiores. El extremo oeste, en calle Gorriti, quedará articulado con una intersección a nivel, mientras que el acceso a Santa Lucía, próximo a la estación de servicio YPF, mantendrá la continuidad transversal sin ingreso directo a la autopista.

La obra tendrá además una intervención de gran escala sobre el río San Juan. Está previsto construir un nuevo puente de aproximadamente 206 metros de longitud, distribuido en ocho vanos, que permitirá completar la doble calzada. La estructura incorporará una vereda peatonal lateral y convivirá con el puente existente, que continuará operativo.

En el extremo este, el Acceso a Caucete se reestructurará con una rotonda partida para mantener los cuatro carriles y organizar el tránsito de entrada, salida y giro a la ciudad.

El proyecto también contempla la movilidad cotidiana de quienes viven y trabajan a ambos lados de la ruta. Las colectoras permitirán sostener los recorridos del sistema Red Tulum, con paradas vinculadas a cruces peatonales, iluminación y espacios de detención diferenciados.

En Caucete y 9 de Julio se prevén, además, veredas y bicisendas donde las condiciones físicas y de seguridad lo permitan.

La infraestructura peatonal incluirá pasos inferiores en sectores próximos a la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir, la Escuela Dr. Luis Agote y la Capilla Santa Rosa de Lima. A esto se sumarán nuevas defensas, barreras de hormigón donde sean necesarias, señalización vertical y demarcación horizontal.

La intervención abarcará también obras hidráulicas para adecuar cunetas, alcantarillas y canales de riego, además de trabajos destinados a compatibilizar las redes de servicios y los accesos existentes. La iluminación alcanzará tanto las calzadas principales como las colectoras.

Para San Juan, la transformación de la RN20 supone intervenir uno de los corredores que concentra simultáneamente tránsito regional, transporte de cargas, circulación urbana y acceso al aeropuerto. La separación de ambos flujos y la eliminación de cruces directos sobre la calzada principal buscan reducir interferencias y mejorar los tiempos de desplazamiento.

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas en el Presupuesto. Ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y volvió a fijar un plazo de cinco días para acatar las medidas cautelares vigentes.

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cormick ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.

El punto cuestionado se encuentra en el propio decreto de promulgación. El Gobierno había establecido que la Ley 27.795 quedaba sujeta a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, una condición que en los hechos supeditaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Esa fórmula quedó ahora invalidada judicialmente.

Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no supera un control mínimo de razonabilidad. El magistrado sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo no podía introducir por decreto una nueva instancia que demorara su aplicación.

El juez consideró, además, que esa decisión funcionó en los hechos como una forma de veto no contemplada por la Constitución. También rechazó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario constituya una intromisión excepcional: señaló que forma parte de las atribuciones propias de los tribunales cuando están en juego derechos y obligaciones establecidos por una ley vigente.

La sentencia también puso bajo análisis el argumento fiscal utilizado para justificar la demora. Según la resolución, el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI nominal proyectado, de acuerdo con información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El magistrado recordó, además, que los Presupuestos de 2024 y 2025 no fueron aprobados y que durante esos ejercicios se prorrogaron partidas del Presupuesto 2023.

El nuevo pronunciamiento se suma a una cadena de decisiones judiciales que comenzó a fines de 2025. En diciembre, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar que dejó inaplicable la condición introducida por el Decreto 759/2025. La Cámara Contencioso Administrativa Federal mantuvo posteriormente esa protección y la Corte Suprema dejó firme la cautelar en junio.

A esa secuencia se agregó en septiembre una nueva intimación de Cormick al Estado nacional para que cumpliera en cinco días con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a las becas universitarias. El tribunal advirtió entonces que podía aplicar multas por cada día de demora.

Los gremios universitarios recibieron el fallo como un respaldo a sus reclamos y ratificaron la movilización nacional convocada para el jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a sindicatos docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial y un mayor financiamiento para las casas de estudios.

La resolución coloca nuevamente al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso y, al mismo tiempo, mantiene abierta la confrontación por los recursos que deberán incorporarse al sistema universitario. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y una nueva movilización ya convocada, el financiamiento de las universidades vuelve a quedar en el centro de una pulseada que ahora suma un pronunciamiento judicial sobre la validez constitucional del mecanismo utilizado por el Gobierno para postergar su aplicación.