El personal técnico y profesional del Instituto Nacional de Vitivinicultura rechazó la Resolución 37/2025, que elimina la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), y advirtió que la medida expone al sector a riesgos operativos, comerciales y reputacionales. Para los trabajadores, el fin del CIU rompe con un mecanismo histórico de trazabilidad y abre la puerta a fraudes, sanciones y pérdida de competitividad internacional.

La Resolución 37/2025, parte del paquete desregulatorio impulsado por el Gobierno nacional, desató uno de los conflictos más tensos dentro del Instituto Nacional de Vitivinicultura en los últimos años. Técnicos, profesionales y trabajadores del organismo publicaron un comunicado en el que calificaron la norma como “inviable” y alertaron que no contempla las consecuencias legales, operativas ni técnicas para la actividad vitivinícola.

Según el comunicado, la disposición “no refleja las necesidades ni la estructura del sector” y, aplicada tal como está, pone en riesgo la trazabilidad, la transparencia comercial y la reputación del vino argentino en los mercados globales.

El CIU, una herramienta histórica e irremplazable

El eje del conflicto está en la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) como requisito obligatorio. Para el personal del INV, no se trata de un formulario administrativo sino de la pieza central que sostuvo durante décadas la trazabilidad desde el ingreso de la uva hasta el vino final.

El comunicado destaca tres funciones esenciales del CIU:

Trazabilidad documental y fiscal completa, asegurando que los volúmenes declarados coincidan con los efectivamente procesados.

Prevención de adulteraciones, desvíos y triangulaciones, históricamente detectadas gracias a controles intermedios.

Transparencia ante los mercados internacionales, que exigen sistemas de trazabilidad unívoca como condición para habilitar exportaciones.

Eliminar su obligatoriedad deja al sector —según los trabajadores— ante un escenario de “fragilidad regulatoria”, con mayor dificultad de fiscalización y un desbalance competitivo entre actores que cumplen controles estrictos y otros que podrían operar sin ellos.

Tres razones por las que la medida sería técnicamente inviable

1. Riesgo de incumplimientos documentales

Al suprimir controles previos, las verificaciones pasan a realizarse después de la comercialización. Esto incrementa la probabilidad de errores formales y expone a bodegas y establecimientos a multas, clausuras o pérdida de certificaciones, incluso cuando no exista intención de incumplimiento.

2. Mayor margen para fraudes y adulteraciones

Sin el CIU como instancia intermedia de control, la detección de irregularidades queda relegada a etapas finales del proceso, donde ya es más difícil identificar desvíos. Para el INV, esto deja a la Argentina vulnerable a crisis reputacionales en un mercado donde la autenticidad es un valor clave.

3. Pérdida de competitividad internacional

Los principales mercados de exportación —especialmente los de mayor valor agregado— exigen sistemas de trazabilidad robustos y auditables. Si se debilita el mecanismo nacional, la vitivinicultura argentina podría enfrentarse a restricciones comerciales, a nuevas barreras no arancelarias y a mayores costos de certificación externa.

La Cámara Minera de San Juan respaldó la intención del Gobierno nacional de revisar o “aclarar” la Ley de Glaciares, en una postura que reabre la tensión entre inversión minera y preservación ambiental. Aunque el sector habla de necesidad de seguridad jurídica, especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar uno de los marcos de protección hídrica más importantes del país.

Iván Grgic, presidente de la entidad, celebró que el tema forme parte de las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que la falta de precisión del articulado afecta no sólo a la minería, sino también a otras actividades contempladas por la ley. Desde el sector aseguran que la normativa actual genera “incertidumbre” y trabas para proyectos estratégicos.

Sin embargo, el respaldo empresarial se da en un contexto donde organizaciones ambientales, académicos y especialistas en gestión del agua vienen advirtiendo que una flexibilización del marco legal podría poner en riesgo ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas donde el retroceso de glaciares es acelerado y la presión extractivista creciente.

El punto central: la disputa por el alcance normativo

Para la CMSJ, el foco del debate está en definir con exactitud el alcance de la ley: qué se protege, cómo se clasifican los ambientes periglaciares y qué nivel de intervención se permite en zonas sensibles. El sector insiste en que la actualización debe resolverse “sin demoras” para consolidar la seguridad jurídica “necesaria” para proyectos a largo plazo, especialmente los vinculados al cobre y al litio.

Grgic destacó además el rol de la Provincia de San Juan en el proceso. Según el dirigente, es el gobierno provincial el que está llevando los planteos técnicos a la Nación. Pero críticos advierten que esta estrategia —impulsada por una provincia históricamente vinculada al desarrollo minero— puede sesgar el debate hacia los intereses del sector, relegando la protección del ambiente y el recurso hídrico.

Decretos, leyes y competencias: dónde se juega la pulseada

La discusión incluye dos caminos posibles: una nueva ley aprobada por el Congreso o un decreto reglamentario que modifique la interpretación de la norma vigente. El Gobernador de San Juan sugirió que ambas son opciones viables, aunque desde la industria empujan especialmente la idea de una ley “aclaratoria”.

En caso de avanzarse con una nueva norma, la CMSJ plantea tres ejes:

Reafirmar la competencia provincial para definir áreas protegidas.

Revisar con detalle las áreas periglaciares y glaciares de escombros, figuras clave para el resguardo de reservas hídricas.

Precisar el criterio de significancia hídrica, un punto que el sector considera ambiguo.

Pero justamente esos son los puntos donde especialistas ambientales alertan sobre posibles retrocesos. Las áreas periglaciares y los glaciares de escombros son fundamentales para la regulación del agua en zonas áridas; limitar su protección, incluso bajo el argumento de mayor precisión técnica, abriría la puerta a intervenciones industriales en zonas hoy resguardadas.

Un sector alineado, pero con críticas en aumento

La postura de la CMSJ coincide con la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lo que refleja un consenso interno del sector para avanzar en cambios. Pero también queda en evidencia un creciente contrapunto: mientras empresarios piden “claridad jurídica”, organizaciones socioambientales interpretan la revisión como un intento de relajar las restricciones ambientales en beneficio de grandes empresas.

En paralelo, la sociedad civil y especialistas en recursos hídricos sostienen que la ley actual —a pesar de sus imperfecciones— constituye uno de los marcos más avanzados de protección de glaciares y ambientes asociados en América Latina, y advierten que abrir su articulado en el actual contexto político puede terminar favoreciendo intereses económicos por encima del resguardo ecosistémico.

El respaldo de la Cámara Minera de San Juan a la revisión de la Ley de Glaciares evidencia una ofensiva coordinada del sector para modificar un marco legal que consideran restrictivo. El Gobierno nacional recoge el guante y abre la puerta a una discusión profunda, pero el riesgo es claro: que en nombre de la seguridad jurídica se avance en un debilitamiento de la protección de las reservas hídricas en uno de los territorios más sensibles del país.

La disputa recién comienza y será una de las más relevantes del nuevo ciclo político: en ella se juega no sólo el futuro de las inversiones mineras, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y preservación ambiental en una región clave para el abastecimiento de agua en tiempos de crisis climática.

La red de supermercados atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con una caída abrupta del consumo que en algunos distritos supera el 30% interanual y presiona a las empresas a reducir estructuras de forma acelerada. El grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy— lidera un ajuste de alcance nacional, con más de 200 despidos desde febrero y un mapa de cierres que crece semana a semana. Sobre ese escenario, la posible salida de Carrefour de la Argentina amplifica la incertidumbre: 24.000 trabajadores dependen del resultado de una negociación todavía sin garantías laborales.

En Tucumán, la baja de persianas de tres sucursales de Vea dejó 55 familias sin ingresos. En Mendoza, el cierre de Vea Guaymallén afectó a 14 trabajadores. En el conurbano, las clausuras en Castelar, Moreno y San Pedro elevaron la cifra a cerca de 110 cesantías en apenas dos meses. A esto se suma el cierre del Easy de La Tablada —55 puestos menos— y la alarma que circula en grupos internos sobre posibles ajustes en Necochea, Hurlingham y La Plata, aunque la empresa intenta transmitir calma y desmentir cierres inminentes.

El Sindicato de Empleados de Comercio señala un “déficit operativo sostenido” como argumento empresarial para reconfigurar la red y fortalecer solo las marcas más rentables, como Jumbo y Disco. Sin embargo, para el sindicalismo mercantil la ecuación es más amplia: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del volumen vendido explican buena parte de la crisis que se despliega de norte a sur del país.

San Juan: un epicentro silencioso del ajuste

En San Juan, Cencosud ya avanzó con un cierre que generó fuerte preocupación gremial: la sucursal de Vea en Villa Krause, estratégica para la zona de Rawson, bajó sus persianas dejando a decenas de trabajadores en estado de vulnerabilidad laboral. La empresa ofreció reubicaciones parciales y negociaciones particulares, pero el impacto fue inmediato, no solo por los puestos perdidos sino por el rol del supermercado en el abastecimiento de un área densamente poblada.

En paralelo, Hipermercado Libertad abrió en la provincia un capítulo especialmente conflictivo: ofreció salidas voluntarias a 80 empleados, pero ninguna fue aceptada. El motivo es contundente: los montos ofrecidos representaban apenas el 40% de la indemnización legal, una cifra que el SEC San Juan rechazó de plano. “No existe incentivo que pueda considerarse voluntario cuando no se respeta la ley”, señalaron desde el gremio. La cadena, que estudia una transición hacia un formato de menor escala, deberá reconfigurar su propuesta si pretende avanzar sin conflicto abierto.

El panorama provincial se completa con un diagnóstico que preocupa a cámaras empresarias y sindicatos por igual: la caída del consumo golpea fuerte en los supermercados locales y en los comercios medianos, con una contracción que ya afecta a proveedores regionales de alimentos, bebidas y productos frescos. Para el SEC San Juan, el riesgo es que la combinación de recesión y reestructuración empresarial produzca “un efecto dominó” en el mercado laboral provincial.

Crisis en Misiones y el avance de los retiros voluntarios

En Posadas, Hipermercado Libertad inició un plan de retiros voluntarios que ya fue aceptado por al menos 20 trabajadores en una reestructuración que modifica su formato “hiper” hacia uno más pequeño. Misiones atraviesa un derrumbe del empleo mercantil: más de 6.800 puestos perdidos en el último año, según el gremio local. La caída de ventas genera cierres cotidianos de comercios y profundiza la fragilidad laboral en toda la cadena de consumo.

El factor Carrefour: 24.000 empleos en vilo

La posible venta de Carrefour —con ofertas de Chango Más, Coto, Cencosud y un grupo adicional— instaló un nivel de alerta sin precedentes. FAECYS exige una mesa de diálogo urgente para garantizar la continuidad de convenios, condiciones laborales y estabilidad general de los 24.000 trabajadores involucrados.

En Mar del Plata, el SECZA reiteró ante la empresa un acuerdo internacional firmado con UNI Global Unión, en el que Carrefour reconoce obligaciones de transparencia, comunicación previa y resguardo del empleo. “Son 240 familias que sostuvieron el crecimiento de la empresa por años”, expresó el gremio marplatense, que anticipa acciones coordinadas con otras delegaciones si no hay garantías concretas.

El temor en todo el país es uniforme: una operación de compra sin compromiso de absorción puede derivar en miles de despidos silenciosos encubiertos bajo reestructuraciones o cierres escalonados.

El comercio minorista atraviesa un verdadero terremoto. La combinación de recesión, caída histórica del consumo y crisis estructural del sector empuja a las principales cadenas a un ajuste profundo con consecuencias laborales directas. Cencosud avanza en cierres y despidos, Libertad reconfigura su estructura y Carrefour encara un proceso de venta que mantiene en vilo a 24.000 familias.

San Juan, lejos de ser un caso menor, se ha convertido en un punto sensible del mapa: el cierre en Villa Krause y las ofertas de retiros por debajo de la ley en Libertad revelan una fragilidad que podría extenderse si no se articulan políticas activas de protección laboral. El sindicalismo mercantil, en estado de alerta nacional, se prepara para una escalada de conflictos en un escenario donde —una vez más— los trabajadores se transforman en la principal variable de ajuste.