La empresa estatal profundiza su proceso de reorganización con el cierre de centenares de sucursales, retiros voluntarios, despidos y la incorporación de tecnología para automatizar procesos. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones sostiene que las medidas responden a una estrategia destinada a reducir la estructura de la compañía para facilitar una futura privatización, mientras el conflicto salarial suma un nuevo foco de tensión.

La reestructuración del Correo Argentino atraviesa una fase de cambios profundos en sus operaciones y en su planta de personal. Según datos difundidos por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), ya fueron clausuradas unas 300 sucursales de un programa que prevé alcanzar las 900 dependencias, al tiempo que la dotación de trabajadores descendió de 18.000 a 11.000 entre retiros voluntarios y desvinculaciones.

Para la organización sindical, el redimensionamiento de la empresa excede un criterio de eficiencia administrativa. Desde FOECYT sostienen que el Gobierno nacional impulsa un proceso de reducción progresiva de la estructura con el propósito de crear las condiciones para una futura privatización de la compañía y la eventual venta de sus activos inmobiliarios. «Es una política de achicamiento y vaciamiento. Quieren reducir la empresa para venderla en mejores condiciones», afirmaron.

El ajuste impacta con mayor intensidad en el interior del país. Provincias como San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero son las más afectadas por estos cierres, que dejan a pueblos enteros desconectados de la red federal de entregas. y concentran buena parte de los cierres, aunque la reducción de la red se extiende a numerosas localidades donde la oficina postal constituye el único vínculo permanente con servicios estatales y financieros.

La clausura de sedes no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino que afecta directamente a los ciudadanos que residen en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. En Villa Manzano, provincia de Neuquén, el cierre definitivo de la sede generó el repudio del intendente local, Daniel Hernández, quien cuestionó la falta de comunicación institucional y destacó los esfuerzos municipales por mantenerla abierta.

En muchos de esos pueblos no existen delegaciones bancarias ni dependencias, por lo que la desaparición del correo amplía las dificultades de acceso para miles de habitantes.

El sindicato también denuncia una profunda distorsión en la estructura administrativa. Según el representante gremial de FOECYT Alberto Cejas, la conducción incorporó más de un centenar de funcionarios políticos con remuneraciones significativamente superiores a las del resto del personal, una situación que —afirma— altera los indicadores salariales de la empresa. De acuerdo con el gremio, la mayoría de los trabajadores percibe ingresos de entre 700.000 y 900.000 pesos mensuales.

La disputa salarial constituye otro frente abierto. La conducción del Correo ofreció una recomposición del 6,6%, propuesta rechazada por FOECYT por considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo. La organización reclama una actualización inicial del 15% y exigió la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias, al advertir que la pérdida de ingresos compromete las condiciones de vida de los empleados.

En este aspecto al ajuste de personal, la empresa incorporó 240 equipos robotizados e inteligencia artificial para automatizar la clasificación de envíos, una decisión que para el gremio forma parte del mismo proceso de transformación. Mientras la conducción presenta esa modernización como una mejora operativa, la representación sindical interpreta que incrementa el atractivo de la compañía para una eventual transferencia al capital privado al reducir futuras necesidades de inversión.

El alcance de las medidas también comenzó a trasladarse al plano político. En la Legislatura bonaerense fueron presentadas iniciativas de repudio al cierre de sucursales, cuyos impulsores sostienen que la reducción de la red postal desconoce las particularidades del interior del país y debilita un servicio considerado esencial para numerosas comunidades.

Con miles de trabajadores menos, centenares de oficinas cerradas, un conflicto paritario sin resolución y una reorganización que modifica el funcionamiento histórico de la empresa, el futuro del Correo Argentino se convirtió en uno de los puntos más sensibles del proceso de redefinición del sector público impulsado por el Gobierno nacional. Mientras el Ejecutivo defiende la reducción de costos y la modernización de la compañía, los sindicatos advierten que detrás de ese rediseño se perfila un cambio estructural que podría desembocar en la privatización de una de las empresas estatales con mayor presencia territorial del país.

La administración sanjuanina pondrá en marcha durante la segunda quincena de julio dos proyectos que marcarán el ritmo de la inversión pública en materia vial durante 2026. Sin asistencia financiera de la Nación, el Ejecutivo provincial asumirá con fondos propios la recuperación integral de la avenida de Circunvalación y la reconfiguración de uno de los accesos más conflictivos al Gran San Juan, en la intersección de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que las licitaciones ya fueron adjudicadas y que las empresas comenzaron las tareas preparatorias para el despliegue de equipos. Según precisó, el inicio efectivo de los trabajos está previsto entre el 15 y el 20 de julio, una vez finalizada la etapa de organización logística.

La renovación de Circunvalación abarcará los 16 kilómetros de los anillos interno y externo, por donde circulan diariamente cerca de 40.000 vehículos. La calzada evidencia un marcado desgaste provocado por años de uso intensivo, una situación que motivó un plan de recuperación destinado a restablecer las condiciones de seguridad, mejorar la fluidez del tránsito y prolongar la vida útil de uno de los corredores más importantes de la red urbana.

El plazo de ejecución fue establecido entre 6 y 7 meses. Para reducir las complicaciones sobre la movilidad cotidiana, la mayor parte de las tareas se desarrollará durante la noche, mientras que las labores que deban realizarse en horario diurno serán coordinadas para minimizar las restricciones a la vía rápida.

La decisión de financiar completamente el proyecto con recursos provinciales adquiere especial relevancia en un presente de retracción de la inversión nacional en obra pública. La ausencia de aportes del Gobierno central obligó a la Provincia a reformular el esquema financiero para garantizar la continuidad de un emprendimiento considerado prioritario por su impacto sobre la conectividad y la seguridad vial.

El programa también contempla la construcción de una rotonda de aproximadamente 120 metros de diámetro en el cruce de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, un punto que concentra un elevado número de accidentes y constituye uno de los principales ingresos hacia el núcleo urbano desde los departamentos del este.

La nueva configuración reemplazará el sistema actual de circulación con el propósito de ordenar los flujos vehiculares, disminuir los riesgos de colisión y optimizar el desplazamiento tanto del tránsito liviano como del transporte pesado. El diseño incorpora espacios verdes y prevé las dimensiones necesarias para acompañar el creciente movimiento logístico asociado al corredor bioceánico.

La utilización de tarjetas de crédito cayó del 50% al 30% de las operaciones comerciales en pocos meses, mientras crecen las transferencias, los códigos QR y las billeteras virtuales. Comerciantes atribuyen el fenómeno al agotamiento de los límites de financiación, la decisión de muchas familias de reducir su endeudamiento y una persistente retracción del consumo.

El comercio sanjuanino registra una transformación acelerada en los hábitos de pago de los consumidores, impulsada por las restricciones financieras de los hogares y la expansión de las plataformas digitales. Lo que hasta hace pocos meses era el principal instrumento de financiación para las compras cotidianas comenzó a perder protagonismo frente a mecanismos electrónicos que ofrecen mayor flexibilidad y disponibilidad inmediata.

De acuerdo con datos de la Cámara de Comerciantes Unidos, las tarjetas de crédito, que representaban cerca del 50% de las operaciones, hoy concentran apenas el 30%. En contraste, entre el 40% y el 50% de las transacciones ya se concretan mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales, códigos QR y tarjetas de débito, consolidando un cambio estructural en las preferencias de los consumidores.

El presidente de la entidad, Marcelo Quiroga, explicó que uno de los principales factores detrás de esta modificación es el escaso margen de financiación disponible. Muchos usuarios alcanzaron el límite de sus tarjetas después de utilizarlas para afrontar no solo la compra de bienes durables, sino también gastos esenciales como alimentos, lo que provoca un aumento de operaciones rechazadas por falta de crédito.

A esta limitación económica se suma la iniciativa de los usuarios para sanear sus finanzas y disminuir sus compromisos de pago. La prioridad, sostienen desde el sector, pasó a ser cancelar obligaciones pendientes antes que asumir nuevos compromisos, en un presnete donde la administración del ingreso familiar adquirió un peso determinante.

Las billeteras virtuales también ganan espacio por las alternativas de financiación que incorporan dentro de sus plataformas. La posibilidad de acceder a créditos o facilidades de pago con requisitos simplificados comienza a disputar el lugar que históricamente ocupaban las tarjetas bancarias, acelerando la digitalización de las operaciones comerciales.

El cambio en los medios de pago coincide con un contexto de debilidad del mercado interno. Durante junio, las ventas minoristas en San Juan retrocedieron un 2,94% interanual, mientras que el 43,2% de los comercios pyme informó una disminución en su facturación. Los mayores retrocesos se registraron en neumáticos y repuestos, indumentaria, artículos deportivos, relojería y joyería, además de alimentos y bebidas.

El relevamiento también confirma el predominio de los pagos electrónicos: el 50% de las operaciones se realizó mediante transferencias, QR y débito; el 30% con tarjeta de crédito, y apenas el 20% en efectivo.

Para los comerciantes, la evolución de estos indicadores expone un cambio que excede la incorporación de nuevas tecnologías. La pérdida del poder adquisitivo, el incremento de alquileres, tarifas, impuestos, combustibles y otros costos operativos continúa condicionando tanto la capacidad de compra de las familias como la rentabilidad de los negocios. En ese marco, el consumo se concentra cada vez más en bienes esenciales y obliga al comercio a adaptarse a una nueva dinámica de financiamiento y de pago, marcada por una menor dependencia del crédito bancario tradicional.