La pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre sobre la economía y las dificultades para conseguir empleo concentran las principales preocupaciones de los argentinos, según una encuesta nacional de la consultora Zentrix. El relevamiento, realizado en octubre, también registró un rechazo mayoritario a la gestión de Javier Milei: el 55,5% desaprueba su desempeño, mientras que el 36,2% lo respalda.

La inquietud por el rumbo económico encabeza las respuestas, con el 48,2%. Le siguen los ingresos y salarios, mencionados por el 46,2%, y el desempleo, con el 44,6%. La corrupción ocupa el cuarto lugar, con el 42,9%, mientras que las tarifas de los servicios públicos aparecen en el quinto puesto, con el 28,8%.

La distribución de las respuestas revela el peso de las dificultades materiales en la percepción social: cuatro de las cinco principales preocupaciones están vinculadas directamente con la economía. Además, seis de las diez más mencionadas corresponden a cuestiones relacionadas con los ingresos, el trabajo y el costo de vida.

Un dato significativo es que la inflación quedó por debajo de otras inquietudes. Aunque los precios mantienen una variación mensual cercana al 2%, el aumento del costo de vida ya no aparece como la principal preocupación para la mayoría de los consultados. En cambio, los salarios, el endeudamiento familiar y la posibilidad de perder el empleo ocupan un lugar más relevante.

En cuanto a la evaluación presidencial, la desaprobación alcanza el 55,5%, frente a una aprobación del 36,2%. La diferencia es de 19,3 puntos porcentuales. Si bien el respaldo a Milei registró su tercera suba mensual consecutiva —pasó del 31,4% en julio al 36,2% en octubre—, todavía permanece por debajo del rechazo.

La valoración personal del mandatario ofrece cifras similares, aunque con una brecha más amplia: el 58% manifestó una imagen negativa, mientras que el 35,9% expresó una opinión favorable. La distancia entre ambas posiciones llega a 22,1 puntos.

El estudio se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026 mediante una encuesta online de alcance nacional, con 1.278 participantes de las 24 jurisdicciones. La muestra fue ponderada según región, edad y sexo.

Los resultados reflejan una demanda social fuertemente asociada con el poder de compra y la estabilidad laboral. A casi tres años del inicio de la gestión libertaria, la evolución de los salarios, el empleo y los ingresos familiares aparece como un factor central para medir la percepción ciudadana sobre el rumbo económico y el desempeño del Gobierno.

Los hogares argentinos comenzaron noviembre con nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Los cuadros tarifarios establecen una suba del 3,57% para la luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,17% para el gas natural en todo el país, aunque la aplicación de descuentos mantiene diferencias importantes entre los usuarios.

El ajuste eléctrico no alcanza directamente a las provincias, donde los valores son determinados por los respectivos entes reguladores. En el AMBA, el incremento podría representar hasta $1.700 adicionales en las facturas, aunque las estimaciones de la Secretaría de Energía ubican el impacto promedio en torno de los $1.150 para tres de cada cuatro usuarios.

La actualización mensual de la electricidad responde a una fórmula que contempla la evolución de los precios mayoristas (IPIM) y del índice de precios al consumidor (IPC). Desde la Secretaría de Energía atribuyeron el aumento de noviembre al encarecimiento de los costos mayoristas, asociado —según explicaron— a los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En materia de subsidios, el Gobierno resolvió mantener en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable, pese a que el cronograma original contemplaba una reducción a 150 kWh entre septiembre y noviembre. Para los hogares incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), continúa una bonificación general del 50%, más un descuento extraordinario del 25%. En conjunto, el beneficio alcanza al 75% del valor de la energía comprendida en el consumo subsidiado.

Para el gas natural también se prorrogó el esquema de descuentos. La bonificación general del 50%, que debía dejar de aplicarse según el cronograma inicial, se mantiene durante noviembre y se suma a un beneficio extraordinario del 24,25%. De esta manera, los usuarios que reúnen las condiciones del programa conservan una reducción total del 74,25%.

Los incrementos se incorporan así a las facturas de noviembre, con un impacto que dependerá de la jurisdicción, el consumo y la condición de cada hogar dentro del régimen de asistencia. La continuidad de las bonificaciones atenúa el costo para los beneficiarios, aunque no modifica el ajuste de los valores tarifarios de referencia.

Los cambios alcanzan a siete líneas y buscan optimizar las frecuencias, los tiempos de viaje y la conexión de los barrios con escuelas, hospitales y otros servicios. El Ministerio de Gobierno informó que implementará modificaciones en los recorridos de siete líneas del transporte público provincial, las cuales tendrán lugar a partir este lunes 2 de noviembre. La medida apunta a mejorar la movilidad de las personas usuarias y optimizar la operación de las empresas prestatarias.

Los nuevos trazados, comunicados por la Dirección de Coordinación de RedTulum, surgen de un análisis técnico de la cobertura del sistema, que incluyó relevamientos territoriales, reuniones con empresas de transporte y el estudio de reclamos enviados por los usuarios a través de los canales oficiales.

Las modificaciones tendrán un período de prueba de 60 días. Durante ese tiempo se evaluará su impacto para determinar los resultados de los cambios y la respuesta a las necesidades de movilidad de la población.

Cómo se definieron los nuevos recorridos

El equipo técnico de RedTulum estudió la conexión de distintos sectores con establecimientos educativos, instituciones y servicios esenciales. Para ello, tomó como referencia las secciones catastrales y los principales destinos de cada zona.

Entre los puntos considerados se encuentran hospitales, municipios, áreas comerciales y el microcentro. También se analizaron los barrios de cada departamento, teniendo en cuenta su ubicación y la cercanía con clínicas, plazas, escuelas, centros comerciales, cementerios e iglesias.

En Capital y sus alrededores, el trabajo incluyó un estudio de los perfiles de las calles para identificar las vías más adecuadas para la circulación de las líneas y mejorar el desplazamiento de las unidades.

Qué líneas modificarán sus recorridos

Los cambios comprenden siete servicios, con modificaciones parciales en distintos sectores de sus trazados habituales:

Línea 206: circulará por calle Del Carril, José Dolores, General Acha y El Cano. Luego continuará por su recorrido habitual hacia el centro y realizará el mismo esquema en sentido de regreso. Línea 204: incorporará el paso por Hipólito Irigoyen, Doctor Ortega, Magallanes, Boulevard Sarmiento y Mendoza, para retomar posteriormente su recorrido habitual.

Línea 205: modificará su trayecto por calle Manuel Quiroga, General Acha, Progreso, Putaendo y nuevamente Progreso, desde donde continuará por su recorrido habitual.

Línea 200: tendrá un recorrido modificado desde la zona de Médano de Oro hasta la plaza de Villa Krause, tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta, para luego retomar su trazado habitual.

Línea 20: circulará por calle Quiroz hacia España, Doctor Ortega, Mendoza, Sívori, Cobos, Boulevard Sarmiento, Salvador María del Carril, Progreso, Putaendo, nuevamente Progreso, Balmaceda, José Dolores, La Estación y Proyectada, para continuar por su recorrido habitual.

Línea 214: incorporará el paso por General Paz y El Tambolar, Doctor Ortega, Jorge Newberry, J. Aguilar, 25 de Mayo, Sargento Acosta, C. Pasteur y Rivadavia, desde donde retomará su recorrido habitual.

Línea 209: modificará su trayecto por doctor Ortega, Hipólito Irigoyen, Juárez Celman, 25 de Mayo Sur, J. Aguilar, Bahía Blanca, República del Líbano y San Miguel, para continuar por su recorrido habitual.

Evaluación y seguimiento del servicio

La reorganización busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la regularidad de las frecuencias y facilitar la circulación de los colectivos. También apunta a fortalecer las conexiones entre los barrios y los principales puntos de actividad de cada departamento.

El período de prueba de 60 días permitirá analizar el funcionamiento de los nuevos recorridos y considerar las necesidades de las personas usuarias para evaluar posibles ajustes.