El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio de San Juan analizó la reciente negociación salarial del sector, cuestionó el deterioro del poder adquisitivo, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y se pronunció sobre la interna de la CGT Regional San Juan, cuya normalización está prevista para el 25 de agosto.

La negociación salarial volvió a ocupar el centro de la agenda de los trabajadores de estaciones de servicio. En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general del gremio, Víctor Menéndez, confirmó la firma de un nuevo acuerdo paritario de carácter bimestral y sostuvo que la estrategia sindical apunta a impedir que la inflación continúe erosionando los ingresos de los trabajadores.

El dirigente explicó que el convenio, rubricado el 24 de julio, contempla una actualización del 3% para julio y otro incremento cercano al 2% para agosto. Reconoció que esos porcentajes no alcanzan para recomponer todo el deterioro acumulado, aunque consideró imprescindible mantener negociaciones frecuentes para evitar un mayor atraso salarial.

«Sabemos que no es la solución definitiva, pero no podemos permitir que el salario quede completamente desactualizado», sostuvo, al remarcar que la dinámica inflacionaria obliga a revisar permanentemente las remuneraciones.

Menéndez vinculó esa necesidad con el constante traslado de los aumentos de combustibles al resto de los precios de la economía. A su entender, cada incremento en los costos del transporte termina repercutiendo en los alimentos, los servicios y el consumo cotidiano, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

En ese marco también manifestó preocupación por la volatilidad cambiaria y advirtió que las expectativas sobre el dólar suelen acelerar las remarcaciones antes incluso de que se produzcan modificaciones concretas en la economía, perjudicando principalmente a los trabajadores y consumidores.

Reforma laboral y caída de los aportes

Durante la entrevista, el dirigente sindical aseguró que el mercado laboral atraviesa uno de sus momentos más complejos por la pérdida acumulada del salario real y el avance de modalidades de contratación que, según afirmó, reducen derechos laborales.
Indicó que la caída del poder adquisitivo también influye directamente sobre el financiamiento de las obras sociales sindicales debido a la merma de los aportes.

Además, sostuvo que las recientes modificaciones laborales favorecen la aparición de contratos más precarios y generan incentivos para reemplazar trabajadores con mayor antigüedad por nuevas incorporaciones de menor costo para las empresas.

Frente a ese panorama, reclamó una acción coordinada de todas las organizaciones gremiales y apuntó que la CGT debe desempeñar un papel central en la defensa del empleo formal y de las condiciones laborales.

Críticas a la política exterior

Menéndez analizó la política exterior del Gobierno a raíz de la crisis con Brasil.
Consideró inapropiada la actitud del presidente Javier Milei durante su visita al país vecino y alertó que ese tipo de episodios puede afectar la relación con el principal socio comercial de Argentina.

El gremialista sostuvo que históricamente el país mantuvo vínculos diplomáticos basados en el respeto institucional y expresó su preocupación por el impacto que este tipo de enfrentamientos podría tener sobre la imagen internacional argentina.

La elección de la CGT San Juan

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el proceso de normalización de la CGT Regional San Juan, cuya elección de autoridades está prevista para el próximo 25 de agosto.
Menéndez confirmó que los preparativos avanzan junto con la conducción nacional de la central obrera y destacó el trabajo que viene desarrollando la Secretaría del Interior para garantizar el proceso institucional.

En ese contexto defendió la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la regional y aseguró que la mayoría de los sindicatos ya expresó su respaldo a esa candidatura.

Respecto de los gremios que impulsan una conducción más amplia o incluso un triunvirato, el dirigente afirmó que todas las posiciones pueden debatirse dentro de los órganos de la central obrera, aunque remarcó que la conducción encabezada por Cabello ya cuenta con un amplio consenso.

«La CGT siempre tuvo las puertas abiertas para todos los gremios. Las diferencias deben discutirse adentro de la organización, porque lo más importante es preservar la unidad del movimiento obrero», sostuvo.

Asimismo, reveló que decidió ceder el cargo que actualmente ocupa dentro de la conducción para facilitar acuerdos y favorecer una lista de unidad.

Expectativa por la presencia de la conducción nacional

Menéndez adelantó además que para la normalización de la CGT San Juan se espera la presencia de integrantes de la conducción nacional, entre ellos Héctor Daer, Cristian Jerónimo y, posiblemente, Jorge Sola.

Según explicó, además de participar del proceso institucional, los dirigentes nacionales mantendrán reuniones con representantes sindicales y cámaras empresarias para analizar la realidad económica y laboral de la provincia, en el marco de una recorrida que la conducción de la CGT realiza por distintas regiones del país.

Un llamado a preservar la unidad

A lo largo de la entrevista, Menéndez insistió en que el escenario económico obliga a fortalecer la representación sindical y a priorizar los consensos internos por encima de las diferencias.

El dirigente consideró que la defensa del salario, la protección del empleo y el fortalecimiento institucional de las organizaciones gremiales serán los principales desafíos de los próximos meses. En ese camino, sostuvo, la unidad de la CGT será un elemento determinante para afrontar las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo sin resignar derechos laborales.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la misa oficial celebrada en la Catedral San Juan Bautista para recordar a las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. La ceremonia reunió a familiares, autoridades provinciales, representantes de las fuerzas de seguridad y vecinos en una jornada marcada por el recogimiento y la memoria.

La provincia de San Juan volvió a reunirse en señal de duelo para honrar a las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. En la Iglesia Catedral San Juan Bautista se celebró este lunes una misa oficial organizada por el Gobierno provincial y la Policía de San Juan, de la que participaron el gobernador Marcelo Orrego, familiares de los fallecidos, integrantes de las fuerzas de seguridad, autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de distintas instituciones.

El oficio religioso fue presidido por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, quien elevó una oración por el eterno descanso de quienes perdieron la vida durante el siniestro y dedicó un mensaje de consuelo a sus seres queridos. El oficio estuvo atravesado por un profundo clima de respeto y reflexión, con una nutrida participación de la comunidad.

Durante la celebración, el mandatario provincial compartió el homenaje junto a los familiares de las víctimas y a los compañeros de trabajo de los funcionarios fallecidos, en una muestra de respaldo institucional frente a una de las tragedias que más conmovieron a San Juan en los últimos años.

El accidente, registrado en la zona de Ischigualasto, departamento Valle Fértil, provocó la muerte de siete personas que integraban una misión oficial. Entre ellas se encontraban el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe del Departamento Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia, además del piloto Matías Valenzuela y los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

La Eucaristía constituyó uno de los principales actos institucionales organizados tras la tragedia y se sumó a las distintas expresiones de duelo que tuvieron lugar en la provincia durante los últimos días. La presencia de autoridades, efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos reflejó el reconocimiento público hacia quienes desempeñaban funciones esenciales vinculadas con la protección de la comunidad.

Con esta ceremonia, el Gobierno de San Juan renovó su acompañamiento a las familias de las víctimas y reafirmó el reconocimiento al compromiso y la vocación de servicio de quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones públicas, en un homenaje que quedará entre los más significativos de la historia institucional reciente de la provincia.

La huelga convocada por CTERA coincidió con el paro de la docencia universitaria y afectó el dictado de clases en todos los niveles educativos. Mientras los sindicatos reclaman una recomposición salarial, la restitución del FONID y mayor financiamiento para la educación pública, el Gobierno desplegó controles para verificar el cumplimiento de la prestación mínima prevista por la legislación vigente.

La educación pública atraviesa este lunes una de las jornadas de mayor conflictividad del año. El paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se desarrolla en simultáneo con la medida de fuerza de la docencia universitaria, lo que dejó sin actividad normal a establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y superior en distintas provincias.

La protesta refleja un conflicto que excede la discusión salarial. Las organizaciones sindicales sostienen que el sistema educativo enfrenta un progresivo deterioro producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la insuficiencia de recursos destinados al funcionamiento de escuelas y universidades.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición de los salarios, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores partidas para infraestructura escolar, comedores, programas socioeducativos y becas estudiantiles.

Desde CTERA advirtieron que la crisis también compromete el futuro de la profesión docente. La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, alertó que la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales desalientan el ingreso de nuevos profesionales al sistema, poniendo en riesgo el recambio generacional de maestros y profesores.

La conducción sindical cuestionó además la ausencia de una instancia de negociación nacional que permita discutir no solo cuestiones salariales, sino también políticas educativas comunes para todas las jurisdicciones. Actualmente, el salario mínimo docente fijado por el Gobierno nacional se ubica en 500.000 pesos para un cargo testigo sin antigüedad, cifra que los gremios consideran insuficiente frente al costo de vida.

Mientras los sindicatos profundizan sus reclamos, el Gobierno nacional endureció su respuesta. El Ministerio de Capital Humano dispuso operativos de fiscalización en establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de la prestación mínima prevista por la normativa que regula a la educación como servicio esencial.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello anticipó que los controles se realizarán mediante inspecciones muestrales y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos respecto de la cobertura mínima del servicio, podrán iniciarse los procedimientos administrativos y las sanciones contempladas por la legislación vigente.

En la misma línea, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y sostuvo que el derecho de huelga debe ejercerse respetando la obligación de garantizar al menos el 75% del servicio educativo. Según explicó, la reglamentación vigente busca compatibilizar el derecho constitucional de los trabajadores a adoptar medidas de fuerza con el derecho de niños, adolescentes y jóvenes a recibir educación.

La protesta también sumó el respaldo de los gremios docentes que integran la CGT. La Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) ratificaron su adhesión y anticiparon que en los próximos días presentarán un plan de lucha propio para sostener los reclamos del sector.

En el ámbito universitario, la medida de fuerza volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de las casas de altos estudios. Las federaciones docentes, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), insisten en la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten que la pérdida salarial y las restricciones presupuestarias comprometen el normal funcionamiento de las instituciones.

El conflicto se desencadena tras un primer semestre signado con paros de 24, 48 y 72 horas, semanas de huelga, clases públicas, movilizaciones y una multitudinaria Marcha Federal Universitaria. Lejos de encontrar una instancia de acercamiento, el inicio del segundo cuatrimestre muestra que las diferencias entre el Gobierno y las organizaciones sindicales permanecen abiertas.