La estructura del Estado nacional perdió 75.260 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei, según los registros publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La dotación conjunta de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades estatales descendió de 341.465 empleados en diciembre de 2023 a 266.205 en septiembre de 2025, una contracción superior al 22%.

El recorte no se detuvo durante el último mes relevado. En septiembre se contabilizaron 2.199 trabajadores menos que en agosto, una baja mensual del 0,8%. Frente al mismo mes de 2024, la reducción alcanzó los 17.176 puestos, equivalente al 6,1%.

Dentro de la Administración Pública Nacional se registró una baja en todos sus sectores: el personal de los organismos centralizados cayó de 37.955 a 37.200, el de los descentralizados pasó de 109.025 a 108.726, y en las entidades desconcentradas la nómina disminuyó de 21.123 a 21.037 trabajadores.

La disminución más pronunciada correspondió a los otros entes, que pasaron de 13.226 empleados en agosto a 12.433 en septiembre, una merma cercana al 6%. También las empresas y sociedades del Estado redujeron sus plantillas: perdieron 148 puestos en un mes y 3.447 en la comparación interanual, con una caída del 3,8%.

El acumulado de 2025 también refleja la continuidad del ajuste. Desde diciembre último, se constató 12.559 puestos menos, mientras que la variación interanual de septiembre fue negativa en un 4,5%.

El ajuste en el empleo estatal impulsado por la Casa Rosada no se detuvo tras los primeros meses de gestión: durante 2025 continuó achicando las plantas de distintos ministerios, organismos y empresas públicas. Esta contracción de la estructura estatal —uno de los ejes del plan oficial— reconfigura el funcionamiento de las áreas de gobierno y altera las condiciones de los trabajadores.

El Gobierno de San Juan volverá a negociar los salarios docentes el próximo lunes, cuando reciba a los representantes de UDAP, UDA y AMET para discutir una actualización de los haberes de cara al cierre de 2026. La convocatoria se produce después de que se completara en octubre el último incremento previsto en el acuerdo firmado en julio.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó la reapertura del diálogo y anticipó que el Ejecutivo escuchará los planteos sindicales antes de definir los próximos pasos. Según explicó, el vínculo con las organizaciones se mantiene también mediante las mesas de trabajo pedagógicas, aunque la cuestión salarial concentrará ahora la atención de las partes.

La reunión fue anunciada para las 14 en la sede de la cartera educativa, aunque otra información difundida sobre la convocatoria consignó las 12. El horario deberá ser confirmado oficialmente.

El último entendimiento había establecido una actualización escalonada del salario neto mínimo garantizado por cargo: $882.573,78 en julio, $909.050,99 en agosto, $916.504,73 en septiembre y $943.999,87 en octubre. En ese mismo mes, el básico de un maestro de grado alcanzó los $516.529,05.

Durante el primer semestre, los acuerdos de marzo y abril habían incorporado un piso inicial de $150.000, sumas fijas y modificaciones en el nomenclador y la bonificación por radio.

También se había establecido una cláusula de actualización vinculada con la inflación y la recaudación, que permitió acumular una mejora del 23,68% hasta junio.

La reapertura de noviembre responde, además, a un compromiso asentado en las actas anteriores. Con el último tramo ya cumplido, los sindicatos buscarán discutir una recomposición que permita preservar el poder adquisitivo de los salarios durante los meses finales del año.

En simultaneo, el Gobierno confirmó la reactivación del concurso de ascenso para cargos directivos y de supervisión, una convocatoria que no se concreta desde 2016. Educación estima que más de 6.000 docentes podrían participar del proceso, que incluirá formación específica en gestión, normativa y liderazgo, además de la presentación y defensa de un proyecto institucional.

La coincidencia de ambos anuncios abre dos frentes clave para los docentes de la provincia: la negociación de los sueldos y la reactivación de los ascensos por concurso, frenados por diez años. Sin embargo, la urgencia está en la mesa paritaria, donde revisar el pacto de julio es indispensable para fijar el aumento del último tramo del año.

La participación de la CGT en la reorganización del peronismo comenzó a convertirse en un punto de fricción dentro del armado que busca reunir a sus principales referentes de cara a las elecciones de 2027. Mientras las bases sindicales y los movimientos sociales reclaman incorporarse a las conversaciones, la conducción de la central obrera enfrenta cuestionamientos por sus vínculos y negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

La mesa política peronista ya tuvo dos encuentros de relevancia: el primero, el 11 de agosto en el Hotel Emperador, y el segundo, el 23 de octubre en la Casa de La Pampa. De las reuniones participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto con gobernadores, legisladores y referentes del peronismo federal. La agenda incluyó la discusión sobre las PASO, el Presupuesto 2027 y la búsqueda de coincidencias parlamentarias.

La ausencia de representantes de la CGT generó malestar en la conducción sindical. El reclamo fue abordado en una reunión celebrada en el Sindicato del Seguro, con la participación de los integrantes del triunvirato y dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Sin embargo, la discusión excede la integración formal de la central obrera. Según consignó el medio que publicó originalmente la información, dentro del peronismo consideran que los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes sindicales con funcionarios libertarios condicionan su incorporación a una construcción política que busca confrontar electoralmente con Milei.

Los acuerdos con la Casa Rosada, bajo cuestionamiento

Uno de los principales focos de las críticas apunta a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, por su interlocución frecuente con Karina Milei. Referentes peronistas cuestionan que ese vínculo no haya conseguido respuestas suficientes frente a la fuerte pérdida de puestos de trabajo en la construcción desde el inicio de la actual gestión nacional.

También aparecen objeciones sobre el posicionamiento de Lingeri ante la privatización de AySA y sus relaciones con empresarios vinculados al negocio del agua. Se trata de señalamientos formulados por dirigentes y fuentes empresariales citadas en la publicación original, no de conclusiones acreditadas sobre responsabilidades individuales.

En este debate se inscribe también el nexo entre el Ejecutivo y las obras sociales sindicales. La cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones, mantiene canales de negociación con los representantes gremiales respecto de la sustentabilidad financiera y operativa de dichas instituciones. Quienes cuestionan a la cúpula de la CGT sostienen que la permanencia de estos espacios de diálogo obstaculiza la construcción de una estrategia política compartida con las facciones más críticas del oficialismo.

Una disputa por la representación del movimiento obrero

Con el fin de incidir en el debate, las organizaciones sociales buscan el respaldo de las autoridades de las bancadas peronistas en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez, para impulsar un frente común con sectores trabajadores y populares.

La discusión remite al lugar histórico del sindicalismo dentro del peronismo. La CGT reclama ser reconocida como una representación central del movimiento, pero su conducción debe afrontar cuestionamientos internos y externos por el alcance de su diálogo con la administración libertaria.

El reordenamiento partidario hacia 2027 plantea una discusión que supera el reparto de cargos y candidaturas. Lo que realmente está en juego es el lugar que ocupará el movimiento obrero, el margen de independencia que mantendrá respecto al Gobierno y su poder de veto o propuesta en el programa político. La viabilidad de incorporar a la CGT quedará supeditada a la resolución de la contradicción existente entre las demandas de representatividad sindical y los compromisos previos de su conducción con el Poder Ejecutivo.