Los hogares argentinos comenzaron noviembre con nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Los cuadros tarifarios establecen una suba del 3,57% para la luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,17% para el gas natural en todo el país, aunque la aplicación de descuentos mantiene diferencias importantes entre los usuarios.

El ajuste eléctrico no alcanza directamente a las provincias, donde los valores son determinados por los respectivos entes reguladores. En el AMBA, el incremento podría representar hasta $1.700 adicionales en las facturas, aunque las estimaciones de la Secretaría de Energía ubican el impacto promedio en torno de los $1.150 para tres de cada cuatro usuarios.

La actualización mensual de la electricidad responde a una fórmula que contempla la evolución de los precios mayoristas (IPIM) y del índice de precios al consumidor (IPC). Desde la Secretaría de Energía atribuyeron el aumento de noviembre al encarecimiento de los costos mayoristas, asociado —según explicaron— a los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En materia de subsidios, el Gobierno resolvió mantener en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable, pese a que el cronograma original contemplaba una reducción a 150 kWh entre septiembre y noviembre. Para los hogares incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), continúa una bonificación general del 50%, más un descuento extraordinario del 25%. En conjunto, el beneficio alcanza al 75% del valor de la energía comprendida en el consumo subsidiado.

Para el gas natural también se prorrogó el esquema de descuentos. La bonificación general del 50%, que debía dejar de aplicarse según el cronograma inicial, se mantiene durante noviembre y se suma a un beneficio extraordinario del 24,25%. De esta manera, los usuarios que reúnen las condiciones del programa conservan una reducción total del 74,25%.

Los incrementos se incorporan así a las facturas de noviembre, con un impacto que dependerá de la jurisdicción, el consumo y la condición de cada hogar dentro del régimen de asistencia. La continuidad de las bonificaciones atenúa el costo para los beneficiarios, aunque no modifica el ajuste de los valores tarifarios de referencia.

Los cambios alcanzan a siete líneas y buscan optimizar las frecuencias, los tiempos de viaje y la conexión de los barrios con escuelas, hospitales y otros servicios. El Ministerio de Gobierno informó que implementará modificaciones en los recorridos de siete líneas del transporte público provincial, las cuales tendrán lugar a partir este lunes 2 de noviembre. La medida apunta a mejorar la movilidad de las personas usuarias y optimizar la operación de las empresas prestatarias.

Los nuevos trazados, comunicados por la Dirección de Coordinación de RedTulum, surgen de un análisis técnico de la cobertura del sistema, que incluyó relevamientos territoriales, reuniones con empresas de transporte y el estudio de reclamos enviados por los usuarios a través de los canales oficiales.

Las modificaciones tendrán un período de prueba de 60 días. Durante ese tiempo se evaluará su impacto para determinar los resultados de los cambios y la respuesta a las necesidades de movilidad de la población.

Cómo se definieron los nuevos recorridos

El equipo técnico de RedTulum estudió la conexión de distintos sectores con establecimientos educativos, instituciones y servicios esenciales. Para ello, tomó como referencia las secciones catastrales y los principales destinos de cada zona.

Entre los puntos considerados se encuentran hospitales, municipios, áreas comerciales y el microcentro. También se analizaron los barrios de cada departamento, teniendo en cuenta su ubicación y la cercanía con clínicas, plazas, escuelas, centros comerciales, cementerios e iglesias.

En Capital y sus alrededores, el trabajo incluyó un estudio de los perfiles de las calles para identificar las vías más adecuadas para la circulación de las líneas y mejorar el desplazamiento de las unidades.

Qué líneas modificarán sus recorridos

Los cambios comprenden siete servicios, con modificaciones parciales en distintos sectores de sus trazados habituales:

Línea 206: circulará por calle Del Carril, José Dolores, General Acha y El Cano. Luego continuará por su recorrido habitual hacia el centro y realizará el mismo esquema en sentido de regreso. Línea 204: incorporará el paso por Hipólito Irigoyen, Doctor Ortega, Magallanes, Boulevard Sarmiento y Mendoza, para retomar posteriormente su recorrido habitual.

Línea 205: modificará su trayecto por calle Manuel Quiroga, General Acha, Progreso, Putaendo y nuevamente Progreso, desde donde continuará por su recorrido habitual.

Línea 200: tendrá un recorrido modificado desde la zona de Médano de Oro hasta la plaza de Villa Krause, tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta, para luego retomar su trazado habitual.

Línea 20: circulará por calle Quiroz hacia España, Doctor Ortega, Mendoza, Sívori, Cobos, Boulevard Sarmiento, Salvador María del Carril, Progreso, Putaendo, nuevamente Progreso, Balmaceda, José Dolores, La Estación y Proyectada, para continuar por su recorrido habitual.

Línea 214: incorporará el paso por General Paz y El Tambolar, Doctor Ortega, Jorge Newberry, J. Aguilar, 25 de Mayo, Sargento Acosta, C. Pasteur y Rivadavia, desde donde retomará su recorrido habitual.

Línea 209: modificará su trayecto por doctor Ortega, Hipólito Irigoyen, Juárez Celman, 25 de Mayo Sur, J. Aguilar, Bahía Blanca, República del Líbano y San Miguel, para continuar por su recorrido habitual.

Evaluación y seguimiento del servicio

La reorganización busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la regularidad de las frecuencias y facilitar la circulación de los colectivos. También apunta a fortalecer las conexiones entre los barrios y los principales puntos de actividad de cada departamento.

El período de prueba de 60 días permitirá analizar el funcionamiento de los nuevos recorridos y considerar las necesidades de las personas usuarias para evaluar posibles ajustes.

El proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ingresó en una etapa decisiva. Un memorándum firmado el 30 de octubre por su administrador, Gonzalo Secchi, instruyó el inicio de las acciones administrativas para cerrar numerosas dependencias y establecimientos en todo el país, con fecha prevista para el cese de sus operaciones el próximo 30 de noviembre.

La disposición comprende delegaciones de coordinación y provinciales, delegaciones auxiliares, centros de atención al afiliado, auditorías regionales y centros médicos propios. En distintas dependencias, además, comenzaron a llegar notificaciones de despido dirigidas a trabajadores cuyos puestos quedarían alcanzados por la reorganización. La cantidad definitiva de cesantías todavía no fue precisada oficialmente, aunque las estimaciones difundidas anticipan un impacto de cientos de empleos.

El documento establece excepciones para determinadas sedes. Entre las delegaciones que continuarían funcionando figuran las de Tierra del Fuego, AMBA, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Mar del Plata, Puerto Belgrano y Córdoba. También se exceptúa de la clausura a la Policlínica General Actis y a la Auditoría de Facturación de Prestaciones de Buenos Aires.

La instrucción lleva la firma de Secchi, abogado, contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, quien asumió como administrador del organismo el 24 de septiembre, mediante la Resolución 671/2026 del Ministerio de Defensa, en reemplazo del coronel mayor retirado Ariel Guzmán.

La medida se inscribe en la disolución del IOSFA dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, cuya modificación fue publicada el 28 de octubre mediante el DNU 1286/2026. La reorganización contempla la creación de dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La última modificación normativa estableció que la transferencia de trabajadores a la nueva OSFA no será automática: su directorio deberá identificar los puestos necesarios y seleccionar al personal que considere indispensable. Quienes no sean incorporados quedarán sujetos a las medidas que disponga el administrador, de acuerdo con el régimen laboral aplicable.

El alcance de los cierres abre, además, interrogantes sobre la atención de los afiliados, especialmente en las localidades donde las dependencias que dejarán de operar constituyen puntos de acceso a consultas, auditorías y prestaciones médicas. Aunque el decreto establece un período de transición y contempla la continuidad de determinados tratamientos que no puedan interrumpirse, la reducción de la red territorial plantea dudas sobre cómo se garantizará la cobertura cotidiana.

Con el 30 de noviembre como fecha fijada para el cierre de las dependencias alcanzadas, la liquidación del IOSFA comienza a traducirse en consecuencias concretas para sus trabajadores y beneficiarios. La reorganización no solo definirá qué estructura institucional reemplazará a la obra social, sino también qué personal conservará sus puestos y cómo se sostendrá la atención sanitaria de quienes dependen de ella.