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Dirigido a los sectores empresarial, público, sindical, de la economía social y popular, para incrementar la participación de las mujeres y personas LGBTI+ en el mundo laboral .

El Gobierno nacional oficializó la creación del Programa Empleo y Producción «Igualar», que está dirigido a los sectores empresarial, público, sindical, de la economía social y popular, con el fin de incrementar la participación de las mujeres y personas LGBTI+ en el mundo del trabajo en condiciones de igualdad. La Resolución 220/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial lleva la firma de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y puntualiza los objetivos del programa, entre los que figuran:

– Reducir la segmentación horizontal y los problemas que atraviesan las mujeres y personas LGBTI+ para acceder y ascender en los distintos sectores de la estructura productiva.

– Disminuir la segmentación vertical en el mercado del trabajo y en las organizaciones representativas: sindicales y empresariales.

– Promover la reducción de la violencia y el acoso laboral contra las mujeres y los distintos géneros en el mundo del trabajo.

– Transversalizar en conjunto con los organismos competentes el enfoque de la igualdad de géneros en la normativa laboral vigente en el mundo del trabajo.

Para el fortalecimiento institucional a los actores del mundo del trabajo, el empleo y la producción contempla las siguientes acciones:

– Desarrollar los diagnósticos en base al diálogo social sobre los avances y vacancias sobre la perspectiva de géneros e igualdad en el mundo laboral: brechas por sector de actividad.

– Diseñar un mapa y registro de actores del mundo del trabajo comprometidos con la Igualdad.

– Implementar acuerdos estratégicos para la igualdad con los sectores de actividad definidos.

– Implementar proyectos de fortalecimiento sectorial para la igualdad en el mundo del trabajo.

– Impulsar la certificación en Igualdad, Diversidad y Cuidados en empresas, a través del diseño y la creación de la normativa correspondiente a los procesos de certificación, en coordinación con organismos públicos competentes en la materia.

– Diseñar e implementar campañas de concientización y sensibilización en desigualdad, violencia y acoso en el mundo del trabajo.

– Diseñar materiales y guías didácticas para su difusión impresa y virtual de la problemática de la desigualdad, la violencia y acoso en el mundo del trabajo.

– Elaborar e implementar los contenidos de talleres de sensibilización sobre la problemática de la desigualdad, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

– Impulsar en coordinación con los actores del mundo laboral las acciones tendientes al abordaje integral de la violencia y el acoso laboral, así como la discriminación por motivos de género, y para la promoción del buen trato y ambientes libres de violencia y discriminación.


El Programa prevé la articulación de políticas públicas para la igualdad en el mundo del trabajo mediante las siguientes acciones:

– Implementar un relevamiento continuo de políticas públicas existentes que tiendan a reducir la desigualdad en el mundo del trabajo y/o apoyen o fomenten la autonomía económica de las mujeres y personas LGBTI+ que permita contar con una base de datos actualizada como recurso de política pública.

– Impulsar e implementar acuerdos interministeriales para la articulación de políticas públicas que tiendan a reducir la desigualdad en el mundo del trabajo, así como de acciones de sensibilización y capacitación sobre la problemática de la violencia laboral y el acoso.

– Invitar y coordinar con los organismos públicos nacional, provinciales y locales las acciones necesarias para impulsar iniciativas de prevención y abordaje integral de las violencias y el acoso laboral: protocolos de convivencia y protocolos de intervención ante casos particulares que aborden la prevención y la sanción.

Respecto de la legislación y seguimiento de normativa laboral con enfoque de género, contempla como acciones:

– Desarrollar un registro de legislación existente y proyectos de ley que traten la igualdad en el mundo laboral.

– Promover las reformas, adaptaciones, o nuevas normativas en función de las vacancias detectadas que se consideren pertinentes a los fines de ajustar los marcos legales laborales vigentes para la promoción de la igualdad de géneros en el mundo del trabajo.

– Desarrollar las propuestas normativas que se desprendan de la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a la violencia y el acoso por motivos de géneros en el mundo del trabajo.

– Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de las acciones que se 

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Gran preocupación de los argentinos por el desempleo y pobreza en la era Milei

La situación económica en Argentina es cada vez más preocupante. Según la encuesta realizada por IPSO, el desempleo y la pobreza son las principales preocupaciones de los argentinos. La proporción de personas que expresa angustia por la pobreza y la desigualdad ha aumentado siete puntos en mayo, alcanzando un máximo de diez años del 46%. Esta intranquilidad está ahora empatada con el desempleo como la principal prioridad de los argentinos.

La encuesta también revela que la opinión sobre el estado de la economía en un año ha mejorado 17 puntos, pero aún así, el 67% de sus habitantes considera que la economía está en mal estado. La inflación descendió 11 puntos en la ponderación de los argentinos, mientras que la educación ha perdido importancia, descendiendo 6 puntos.

La seguridad, una preocupación creciente

La seguridad también es un llamado de atención creciente en el país. El informe revela que el crimen y la violencia se ubican como la tercera preocupación, detrás de la desigualdad y el desempleo.

La educación, una prioridad

La educación es una prioridad para los argentinos. La encuesta revela que es el país más preocupado por la educación, con un malestar que es el doble que en todo el universo de la muestra.

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La universidad pública bajo amenaza: Docentes llaman a no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre

La Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) anunció la suspensión de los exámenes y el inicio de las clases en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) debido al atraso salarial del Gobierno. La medida se suma a un plan de acción en defensa de la universidad pública y la ciencia.

La situación en las universidades nacionales es crítica. Los docentes universitarios están sufriendo un atraso salarial que ha llevado a una caída del poder adquisitivo de hasta el 100%. En este contexto Adiuc lanzó una medida de fuerza que incluye la suspensión de los exámenes y el inicio de las clases en la UNC. La decisión fue tomada tras una consulta docente universitaria que mostró que el 99,2% de los participantes se manifestaron en favor de la continuidad y profundización de las acciones en demanda de una recomposición salarial y presupuestaria para las universidades y la ciencia.

La lucha por la universidad pública

La Adiuc exige una serie de medidas para resolver la crisis en la universidad pública. Entre ellas, se encuentran la recuperación de salarios, la actualización del presupuesto universitario, el incremento de las becas estudiantiles y el presupuesto para el sistema científico. La entidad también exige el urgente tratamiento y aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La situación es especialmente difícil para los docentes universitarios, que están sufriendo un impacto significativo en sus condiciones de vida. El 90% de los docentes dijo estar siendo «muy afectado» en sus condiciones de vida por las políticas de ajuste. La Adiuc está decidida a profundizar el plan de acción en defensa de la universidad pública y la ciencia.

Con un contunde mensaje, Adiuc llama a los docentes universitarios y a la comunidad académica a sumarse a la medida de fuerza y a exigir una solución a la crisis en la universidad pública. La entidad también propone un esquema de medidas de fuerza rotativas y progresivas en cada dependencia.

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La Justicia laboral declaró inconstitucional el DNU que limitaba el derecho de huelga

La jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional del Trabajo Nº3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, que restringía el derecho de huelga en varias actividades laborales. La decisión ratifica una sentencia interlocutoria previa y refuerza la protección de los derechos laborales y el principio de división de poderes.

La sentencia de la jueza Moira Fullana es un duro golpe para el Gobierno, que había intentado limitar el derecho de huelga en varias actividades laborales a través del DNU 340/2025. La norma, que incorporaba a la Marina Mercante y actividades conexas como servicios esenciales, imponía restricciones al derecho de huelga, exigiendo servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en sectores esenciales.

La inconstitucionalidad del DNU

La jueza Fullana declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU, argumentando que el Gobierno no justificó una emergencia concreta que requiriera eludir el trámite legislativo ordinario. Además, destacó que el Congreso estaba en sesiones ordinarias al momento del dictado del DNU, lo que deslegitima su uso. La falta de control parlamentario previsto por la Ley 26.122 también fue subrayada por la jueza.

La sentencia tiene un impacto significativo en los derechos laborales, ya que refuerza la protección de la libertad sindical y el derecho de huelga. La jueza Fullana subrayó que las restricciones al derecho de huelga afectaban la libertad sindical, un pilar protegido por normas constitucionales y tratados internacionales.

En este sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el fallo como un hito en la defensa de los derechos laborales. El Gobierno, que aún no emitió un comunicado oficial, podría apelar ante la Corte Suprema, donde ya está pendiente una resolución sobre el DNU 70/23, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

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