Las principales cadenas de supermercados del país decidieron no abonar el aumento salarial correspondiente al mes de abril, pactado con el sindicato de Comercio, afectando a unos 120 mil trabajadores. La medida se da en el marco de las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo para contener los aumentos de precios.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y otras entidades del sector mercantil decidieron no aplicar el aumento salarial del 1,9% más una suma fija no remunerativa, acordado con el sindicato de Comercio, argumentando que el Gobierno no homologó el acuerdo paritario. La medida afecta a unos 120 mil trabajadores que no percibieron el incremento salarial.

El convenio, firmado entre el gremio y las cámaras CAC, CAME y Udeca, contemplaba un aumento escalonado del 5,4% en tres meses y tres sumas fijas para compensar la inflación del primer trimestre. Sin embargo, los supermercados desestimaron la cláusula que comprometía a las empresas a abonar los incrementos aún sin homologación oficial y liquidaron los sueldos sin las subas acordadas.

La decisión de los supermercados agudiza la tensión entre el Gobierno y la CGT, que ya protagonizó un paro general en abril. La medida también pone presión sobre el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, quien sostenía un vínculo dialoguista con la administración Milei.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un Paro Nacional con movilizaciones en todo el país para el jueves 22 de mayo, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y tensión con el Gobierno nacional. La medida busca reclamar la reapertura de paritarias, rechazar la fusión de organismos estatales y exigir el giro de fondos a las provincias.

Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, «la paritaria de la Administración Pública se convirtió en un fraude». La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales supera el 40% en los últimos 16 meses.

La movilización en la Capital Federal se realizará en el Ministerio de Economía, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 250. La ATE busca reclamar la reapertura de paritarias y rechazar la fusión de organismos estatales, que considera un intento de «saquear» y «eliminar todas las funciones de control y fiscalización que tiene el Estado».

Además, la ATE realizará un plenario conjunto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para debatir el nuevo acuerdo con el FMI y los condicionamientos que impone a la Argentina. Según Aguiar, «el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es más ajuste para los jubilados y menos derechos para los trabajadores».

La medida de fuerza convocada por el gremio estatal refleja una escalada de tirantez entre el Gobierno nacional y los trabajadores. La pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuesta a las demandas salariales han generado un clima de descontento y frustración entre los asalariados.

El Gobierno nacional, bajo la conducción del ministro Federico Sturzenegger, estaría planeando un profundo reordenamiento de la Secretaría de Trabajo, que podría llevar a un desguace total de la misma. La medida genera angustia y temor entre los trabajadores y podría afectar a cientos de puestos de empleo.

La Secretaría de Trabajo, sería uno de los próximos objetivos de la política de ajuste y reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. Según fuentes cercanas a la Secretaría, un equipo de trabajo liderado por Sturzenegger habría realizado un estudio exhaustivo de la estructura y funcionamiento del área, con el objetivo de reducirla a la mínima expresión.

Entre las medidas que se barajan se encuentran el desvío de funciones a otros organismos y el corrimiento de oficinas clave a la órbita del ministerio de Economía. Por ejemplo, el sector de memoria y balances podría reconvertirse en una sección de la Administración de Recursos y Control Administrativo (ARCA), mientras que el área de negociaciones colectivas podría quedar bajo el poder del ministerio de Economía, encabezado por Luis «Toto» Caputo.

La posible reestructuración de la Secretaría de Trabajo genera mucha preocupación entre los trabajadores y podría afectar a cientos de puestos de empleo. La medida se enmarca en la política de ajuste y reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, que ha generado alerta y temor en distintos sectores.