La discusión en torno al Impuesto a las Ganancias volvió a encenderse tras la difusión de un duro documento de la Mesa Sindical, espacio que nuclea a más de sesenta sindicatos de alcance nacional. Allí, las organizaciones advirtieron que la política oficial de actualización de escalas y mínimos no imponibles se apoya en una “inflación maquillada” que termina ampliando de manera significativa el universo de trabajadores alcanzados por el tributo.

Según el pronunciamiento gremial, el “dibujo sobre la inflación real” no solo impacta sobre los sectores de menores ingresos, sino que “tiene un efecto depredador sobre los salarios superiores al promedio”, incorporando a trabajadores de ingresos medios a un impuesto que, remarcan, continúa tratando al salario como si fuera una ganancia.

El documento hace referencia a la comunicación oficial del Gobierno sobre los pisos salariales y escalas que regirán durante el primer semestre de 2026, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. De acuerdo con lo anunciado por la administración libertaria, los montos se ajustarán un 14,3% a partir de enero, porcentaje que los gremios consideran ampliamente insuficiente frente al aumento real del costo de vida.

Nuevos pisos y más trabajadores alcanzados

Con esa actualización, el piso mínimo para comenzar a pagar Ganancias será de $2.490.000 de salario de bolsillo para un trabajador soltero. En tanto, los umbrales se elevan a $2.692.700 para un soltero con un hijo, $2.896.500 para un soltero con dos hijos, $2.894.000 para un casado sin hijos, $3.232.000 para un casado con un hijo y $3.302.100 para un casado con dos hijos.

Sin embargo, la Mesa Sindical advirtió que el impacto real del impuesto no se limita a esos pisos formales. “Como en el pago del impuesto juega la famosa tablita, todo trabajador que tenga una ganancia neta acumulada superior a $2.030.000 durante el primer semestre será gravado con alícuotas que van del 9% al 35%, según su nivel de ingreso”, detallaron.

Este esquema, sostienen, provocará que más de dos millones de trabajadores y trabajadoras queden alcanzados por Ganancias, ampliando de manera sustancial la base contributiva sobre los salarios.

Salarios medios y canasta familiar

El documento también pone el foco en la creciente cercanía entre los salarios medios y el umbral de pobreza. Según los gremios, la canasta familiar alcanzó los $1.300.000 en diciembre de 2025 y continúa en ascenso, lo que achica peligrosamente la distancia entre quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas y aquellos que comienzan a tributar Ganancias.

“Es notorio que la brecha entre quienes menos ganan y los sueldos medios es cada vez más estrecha”, advierten, y subrayan que esta política fiscal profundiza la regresividad del sistema impositivo, descargando el ajuste sobre el ingreso del trabajo.

En su cierre, la Mesa Sindical sostiene que esta actualización “sigue tomando al salario como ganancia cuando, a todas luces, su poder de compra es cada vez más limitado”. Lejos de tratarse de un debate técnico, el documento plantea que la política impositiva actual consolida una “vida mínima” que impacta de manera profunda y generalizada en el conjunto de los trabajadores.

“Unirnos para mejorar nuestros salarios y cambiar la matriz impositiva es una necesidad cada vez más evidente”, concluye el texto, dejando planteado un escenario de creciente conflictividad si no se revisa el esquema tributario aplicado sobre los ingresos laborales.

El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, denunció presiones sobre los gobernadores para garantizar su aprobación y llamó a una movilización anticipada y federal para frenar una iniciativa que, según afirmó, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

El debate por la reforma laboral volvió a tensarse tras las declaraciones del exministro de Trabajo Carlos Tomada, quien lanzó una severa advertencia sobre el método político que —según sostuvo— el Gobierno nacional estaría utilizando para garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. “Estamos cada vez más cerca de tener una segunda Banelco”, afirmó, en alusión directa al escándalo de sobornos que marcó la aprobación de la reforma laboral del año 2000.

En diálogo con Futurock, Tomada sostuvo que la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei no solo carece de beneficios para los trabajadores, sino que se apoya en diagnósticos falsos sobre el mercado laboral argentino. A su entender, el debate público aún no refleja la magnitud del retroceso que implicaría la reforma y reclamó una mayor tarea de información y concientización social sobre el contenido real del proyecto.

“No hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores”, afirmó el exfuncionario, y agregó que el paquete de medidas propuesto retrotrae a la Argentina a principios del siglo XX, desandando décadas de conquistas laborales. En ese sentido, rechazó de plano el argumento oficial que vincula la flexibilización de derechos con la modernización productiva o la incorporación de tecnología.

Críticas al discurso antisindical y respaldo empresario incipiente

Tomada también cuestionó el discurso instalado desde hace décadas contra el sindicalismo y los convenios colectivos, al que definió como una construcción ideológica del neoliberalismo. “Durante años se le lavó la cabeza a la gente y hoy llegamos al absurdo de escuchar que el pan aumenta porque no se hizo la reforma laboral”, ironizó.

A la vez, valoró que algunos sectores del empresariado hayan comenzado a expresar reparos frente al proyecto, en referencia a la postura reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si bien consideró que esas críticas “se quedan cortas”, señaló que representan un dato político relevante y podrían abrir el camino para que otras cámaras empresariales expongan los riesgos económicos y sociales de la iniciativa oficial.

Presión a los gobernadores y llamado a una movilización federal

Uno de los ejes centrales de la advertencia de Tomada estuvo puesto en el plano político. Según afirmó, el Gobierno estaría presionando a los gobernadores mediante condicionamientos fiscales y acuerdos discrecionales para que ordenen a sus legisladores votar a favor de la reforma.

“La extorsión forma parte del método de construcción de poder de este Gobierno”, sostuvo, y propuso reorientar las protestas hacia las provincias. “Tenemos que volver a movilizarnos, pero dejemos tranquilas a la Plaza de Mayo y la del Congreso. Hay que ir a las provincias para que los gobernadores dejen de presionar a sus legisladores a cambio de beneficios del Gobierno nacional”, planteó.

Finalmente, llamó a retomar la movilización social de manera inmediata y sostenida, con el objetivo de advertir a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma. “Tenemos que tomar la calle desde ahora para informar que esto es un retroceso del que va a costar mucho salir”, alertó.

La referencia histórica: qué fue la Ley Banelco

La mención a la “Ley Banelco” remite a la reforma laboral aprobada en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que quedó marcada por denuncias de sobornos a senadores para garantizar su sanción. El nombre surgió tras las declaraciones de Hugo Moyano, quien aseguró que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le habría dicho: “Para los senadores tengo la Banelco”.

Aquella ley amplió el período de prueba, debilitó la ultraactividad de los convenios colectivos, habilitó convenios por empresa y modificó mecanismos de negociación laboral. El escándalo político derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y marcó el principio del fin del gobierno de la Alianza. La norma fue derogada en 2004, aunque algunos de sus efectos nunca se revirtieron por completo.

El gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia tipo volvió a incrementarse en diciembre y mostró diferencias marcadas entre provincias. San Juan encabezó las subas, mientras que la Patagonia se consolidó como la región más cara del país. Sin embargo, el impacto real sobre los hogares no depende solo de los precios, sino también del nivel salarial.

Durante diciembre, completar el changuito del supermercado demandó cerca de $900.000 para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores. El dato surge del último informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica, que relevó el costo de una compra mensual estándar de alimentos y bebidas en los principales supermercados online del país.

El estudio registró un incremento promedio de entre 2,6% y 3,9% según la región, reflejando una dinámica inflacionaria que, si bien muestra cierta desaceleración a nivel nacional, continúa golpeando con distinta intensidad a las economías provinciales.

En ese contexto, San Juan se ubicó como la provincia con mayor aumento mensual, con una suba del 3,9%, seguida por Salta (3,7%), el interior de la provincia de Buenos Aires (3,5%) y Corrientes (3,3%). También se destacaron San Luis y Catamarca (3,1%), mientras que Jujuy y La Rioja mostraron incrementos del 3%. En el extremo opuesto, Formosa presentó la menor variación, con apenas 1,3%.

Para garantizar la comparación entre distritos, el relevamiento utilizó idénticas marcas y tamaños de envases, evitando distorsiones asociadas a cambios en la calidad o composición del consumo. El objetivo, según explican desde Analytica, es reflejar una compra típica de clase media bajo condiciones homogéneas.

Más allá de las variaciones mensuales, el informe vuelve a confirmar una tendencia estructural: la Patagonia continúa siendo la región más cara del país. En diciembre, Santa Cruz encabezó el ranking con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

Sin embargo, el estudio introduce una advertencia clave para el análisis económico: un changuito más barato no necesariamente implica un mayor poder adquisitivo. En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso conjunto de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —aun con precios más elevados— el esfuerzo relativo es significativamente menor, del 15,6%.

Esta aparente contradicción se explica por las fuertes diferencias salariales entre regiones. Las provincias del sur cuentan con ingresos promedio más altos, lo que amortigua el impacto del mayor costo de vida. Santa Cruz aparece como un caso emblemático: combina la canasta más cara del país con uno de los salarios privados registrados más elevados, solo superado por Neuquén.

El relevamiento de diciembre vuelve a poner en evidencia que el debate sobre el costo de vida no puede limitarse a la evolución de los precios. Las asimetrías regionales, tanto en el valor del changuito como en los niveles de ingreso, configuran realidades muy distintas para las familias argentinas.

Mientras algunas provincias enfrentan subas más moderadas pero con salarios rezagados, otras absorben precios más altos gracias a ingresos superiores. En ese delicado equilibrio entre precios, salarios y consumo cotidiano se juega, mes a mes, la verdadera dimensión del poder adquisitivo en la Argentina.