Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.

El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.

El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.

El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.

El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.

La Secretaría de Transporte confirmó que el sistema volvió a operar con normalidad luego de inconvenientes provocados por una falla en servicios de telecomunicaciones ajena a SUBE. Los usuarios ya pueden acreditar cargas pendientes mediante la aplicación, Carga a Bordo o las Terminales Automáticas.

Con el servicio restablecido, quienes hayan realizado una carga y todavía no la tengan acreditada pueden completar el proceso a través de diferentes alternativas.

Una de ellas es la App SUBE, siempre que el teléfono utilizado cuente con Android 6 o una versión superior y tecnología NFC. También está disponible la opción Carga a Bordo, en las localidades donde se encuentra habilitada, que permite acreditar el saldo directamente durante el viaje.

Otra posibilidad son las Terminales Automáticas SUBE, distribuidas en distintos puntos de la red y destinadas, entre otras funciones, a validar las cargas realizadas previamente.

El inconveniente había generado dificultades particularmente en estaciones ferroviarias, donde algunos usuarios no podían completar la acreditación del saldo pese a haber efectuado correctamente la operación de carga.

Desde SUBE señalaron que el servicio ya se encuentra normalizado y agradecieron la comprensión de los pasajeros, al tiempo que expresaron sus disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.

La restitución de la operatoria permite recuperar el funcionamiento habitual de uno de los mecanismos centrales para garantizar que las cargas digitales puedan transformarse en saldo disponible para el transporte público.

El gremio suspendió las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes en 27 aeropuertos, luego de que la Secretaría de Trabajo intimara a garantizar el 75% de los servicios. Si no hay acuerdo en la audiencia laboral, el sindicato advirtió que retomará la protesta desde el lunes 7 de septiembre.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían previsto para este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país. La conducción del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, aguarda ahora una audiencia con la Secretaría de Trabajo para definir cómo se aplicarán los servicios mínimos establecidos para la actividad aeronáutica.

La decisión se produjo después de que el Gobierno nacional intimara a ATE a garantizar el 75% de la prestación durante una eventual medida de fuerza. La notificación fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que reclamó el cumplimiento del régimen vigente para los servicios considerados esenciales.

Aguiar confirmó la suspensión y sostuvo que el sindicato actuó para facilitar una instancia de negociación. “Nadie nos puede acusar de ser irrazonables”, afirmó, al señalar que ATE siempre contempló la prestación de servicios esenciales. Según el dirigente, la audiencia permitirá establecer de común acuerdo los alcances de la esencialidad y la modalidad de la protesta.

El conflicto tiene como origen los reclamos de los trabajadores de ANAC por el cumplimiento de acuerdos paritarios y mejoras en las condiciones laborales. La medida inicialmente anunciada contemplaba asambleas durante dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en los aeropuertos alcanzados.

Durante esas jornadas, ATE había previsto garantizar únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales. El gremio había advertido que eventuales demoras o cancelaciones no serían responsabilidad de los trabajadores y cuestionó al Gobierno por no haber respondido a sus demandas pese a la anticipación con que fueron comunicadas.

La intimación oficial se apoyó en las disposiciones de la denominada Ley de Modernización Laboral, que fija un piso del 75% para determinados servicios considerados esenciales durante una huelga. Entre ellos figura el transporte aéreo y la actividad aeronáutica, además de otras prestaciones vinculadas con salud, saneamiento, telecomunicaciones, recolección de residuos, servicios portuarios y seguridad.

ATE sostiene, en cambio, que el derecho de huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que históricamente garantizó prestaciones mínimas para evitar riesgos sobre la vida, la salud y la seguridad. Aguiar reclamó una audiencia urgente para acordar con las autoridades la modalidad de la protesta y cuestionó que el Gobierno invoque la esencialidad principalmente cuando los trabajadores realizan medidas de fuerza.

La tregua será, por ahora, de corto alcance. Si la audiencia no se concreta o fracasa la instancia de diálogo, ATE anunció que retomará las medidas desde el lunes 7 de septiembre, con nuevas asambleas en los aeropuertos. La negociación laboral será entonces determinante para evitar que el conflicto vuelva a impactar sobre la programación de vuelos en todo el país.