La cadena ChangoMás inició una nueva ola de despidos que ya impactó en varias provincias y podría extenderse a todo el país. El plan de ajuste, en un entorno de fuerte retracción del consumo, se suma a otras señales de crisis en el sector supermercadista, donde varias empresas reducen estructuras, cierran locales o avanzan con recortes de personal.

La reciente decisión de la cadena ChangoMás de avanzar con despidos en distintas sucursales del país reactivó las alertas dentro del sector mercantil, en un clima marcado por la caída sostenida del consumo y el creciente deterioro del empleo en el comercio minorista.

El episodio más reciente se produjo en San Juan, donde 11 trabajadores fueron notificados de su desvinculación a última hora del viernes pasado. Según relataron empleados afectados a medios locales, las cesantías forman parte de un nuevo plan de reestructuración de personal impulsado por la compañía.

La empresa pertenece a Dorinka, controlada por el empresario Francisco de Narváez, quien adquirió en 2020 la operación local de Walmart con la promesa de impulsar un ambicioso plan de inversión. Sin embargo, a cinco años de aquella operación, el escenario parece haber cambiado drásticamente.

Un ajuste que podría extenderse a todo el país

Las desvinculaciones registradas en San Juan no constituyen un hecho aislado. Situaciones similares se detectaron en La Pampa, donde también fueron afectados trabajadores y algunos cargos jerárquicos. En ambos casos, los gremios mercantiles comenzaron a intervenir para verificar las condiciones en las que se realizaron los despidos y el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

Desde el ámbito sindical sostienen que la reestructuración podría ampliarse rápidamente. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 200 despidos en todo el país, mientras que otras fuentes elevan el número a cerca de 300 cesantías, lo que configuraría uno de los ajustes laborales más significativos en la cadena desde 2024.

“La información que manejamos es que el recorte alcanzará a sucursales de todo el país. Es una medida muy dura, similar a la que se aplicó el año pasado”, señaló un dirigente mercantil que sigue de cerca el conflicto.

De acuerdo con las primeras evaluaciones gremiales, en muchos casos los trabajadores desvinculados pertenecen a las líneas de caja o a puestos con menor antigüedad, un perfil que suele ser el primero en ser afectado cuando las empresas deciden reducir estructuras.

Antecedentes recientes y promesas incumplidas

El nuevo plan de ajuste revive un antecedente cercano. En mayo de 2024, la empresa había despedido al menos a 152 empleados en ocho sucursales del país, una medida que en aquel momento generó protestas y conflictos sindicales.

La compañía justificó aquella decisión en la caída de las ventas y el contexto económico general, argumentos que vuelven a aparecer ahora como fundamento de la nueva reducción de personal.

Actualmente, ChangoMás cuenta con 93 sucursales en Argentina y alrededor de 8.600 trabajadores, lo que dimensiona el impacto potencial de un proceso de achicamiento que podría alterar el funcionamiento de varios locales.

Según advierten desde el sector sindical, en algunos casos el recorte de personal podría derivar incluso en cierres de sucursales o en operaciones con plantillas mínimas, una estrategia cada vez más frecuente en el rubro para sostener la rentabilidad en escenarios de baja demanda.

Retiros voluntarios y advertencias sindicales

Tras los despidos iniciales, la empresa comenzó además a ofrecer retiros voluntarios a empleados con más de diez años de antigüedad, una modalidad que el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan observa con cautela.

La información fue confirmada por Mirna Moral, secretaria general del gremio, quien advirtió que los ofrecimientos suelen ubicarse por debajo de la indemnización que correspondería por ley.

“Cuando un trabajador firma un retiro voluntario pierde automáticamente el subsidio por desempleo. También queda sin cobertura de obra social para su familia y, en el caso de los mayores de 40 años, pierde la extensión automática del beneficio durante seis meses”, explicó la dirigente gremial.

Según Moral, desde el sindicato se asesora a cada trabajador antes de tomar una decisión para que evalúe con precisión las implicancias legales y económicas de aceptar estas propuestas.

Un sector que enfrenta dificultades estructurales

El caso de ChangoMás no es el único que muestra conflictos dentro del sector supermercadista. Otras cadenas también atraviesan dificultades operativas y financieras, en un mercado cada vez más condicionado por la retracción del consumo.

Uno de los ejemplos más visibles es La Anónima, empresa con fuerte presencia en la Patagonia. La firma reconoció ante autoridades laborales una caída cercana al 25% en sus ventas, lo que la llevó a reducir personal en los últimos años.

Su gerente general, Nicolás Braun, fue explícito al describir el escenario que enfrentan las grandes cadenas.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Trabajar en la formalidad en Argentina se volvió extremadamente difícil”, sostuvo en una reciente entrevista periodística.

A estas dificultades se suma otro problema financiero relevante: la morosidad de su tarjeta de crédito propia, que pasó de 2.000 millones a 17.000 millones de pesos, multiplicándose por siete en un corto período.

Un mapa comercial en transformación

La problemática no se limitan a dos compañías. En distintas regiones del país, cadenas como Vea, Easy, Libertad o Yaguar también comenzaron a revisar sus estructuras.

La empresa chilena Cencosud, propietaria de Vea y Easy en Argentina, avanzó en los últimos meses con el cierre de varias sucursales en diferentes provincias, además de aplicar recortes de personal en distintas plazas del interior.

En consecuencia, otros supermercados optan por operar con dotaciones mínimas, reducir superficies de venta o concentrarse en formatos comerciales más pequeños, estrategias que buscan sostener la actividad en un ámbito de menor circulación de clientes.

Incluso en San Juan ya se perciben señales de esta reconfiguración. Días atrás dejó de funcionar el tradicional patio de comidas de un hipermercado Vea, una decisión que implicó la pérdida de alrededor de 20 puestos de trabajo directos.

El nuevo ajuste en ChangoMás vuelve a exponer la fragilidad laboral que atraviesa el sector del comercio en un escenario económico marcado por la contracción del consumo. Entre despidos, retiros voluntarios y reestructuraciones empresariales, el mapa supermercadista argentino parece ingresar en una etapa de redefinición profunda.

Para los gremios, el desafío inmediato consiste en garantizar el respeto de los derechos laborales y evitar que los costos de la crisis recaigan exclusivamente sobre los trabajadores.

Para las empresas, en cambio, la prioridad pasa por sostener la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo y con márgenes cada vez más estrechos.

En ese delicado equilibrio entre actividad económica y protección del empleo se juega hoy una parte central del futuro del comercio minorista en la Argentina. Mientras el consumo no recupere dinamismo, todo indica que la tensión entre empresas y trabajadores seguirá ocupando un lugar central en la agenda del sector.

A través de una resolución oficial, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 1,5% para febrero y otro porcentaje igual para marzo en las remuneraciones del personal de casas particulares. La medida incluye además el pago de un bono extraordinario que oscilará entre $8.000 y $20.000 según la carga horaria, en un intento por sostener el poder adquisitivo de un sector históricamente vulnerable a la inflación.

La normativa fija un aumento del 1,5% a partir de febrero, que se aplicará sobre las remuneraciones mínimas vigentes en enero de 2026. A este ajuste se sumará un nuevo incremento del mismo porcentaje en marzo, calculado sobre la base de los valores ya actualizados del mes anterior.

El esquema fue confirmado por Sara Gatti, presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo tripartito que reúne a representantes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Desde ese ámbito se definió la necesidad de introducir una actualización que, si bien moderada, permita acompañar el deterioro del ingreso real frente a la dinámica inflacionaria.

Bonos para complementar la recomposición

Además de la suba porcentual, el acuerdo contempla el pago de bonos extraordinarios, que serán abonados junto a los salarios correspondientes a febrero y marzo. El monto variará según la carga horaria semanal, con el objetivo de contemplar la heterogeneidad de un sector caracterizado por una amplia diversidad de modalidades laborales.

El esquema quedó establecido de la siguiente manera:

$20.000 para quienes trabajen 16 horas semanales o más.
$11.500 para jornadas de entre 12 y 15 horas semanales.
$8.000 para quienes cumplan menos de 12 horas semanales.

Este beneficio fue acordado durante la sesión plenaria realizada el 24 de febrero en el seno de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, instancia en la que participaron representantes sindicales, delegados de empleadores y funcionarios del Gobierno.

Nuevos valores salariales

Con la actualización correspondiente a febrero, los salarios mínimos mensuales del sector se ubicaron en un rango que oscila entre $448.000 y $547.000, según la categoría laboral y la modalidad de trabajo.

Para marzo, con la aplicación del nuevo incremento del 1,5%, las remuneraciones volverán a ajustarse. En el caso del personal dedicado a tareas generales, la hora trabajada pasará a abonarse $3.348,33 con retiro y $3.599,87 sin retiro.

Las categorías superiores también reflejarán esta actualización. Por ejemplo, el personal que se desempeña como supervisor o supervisora podrá alcanzar remuneraciones mensuales que rondarán los $556.024,77 en la modalidad sin retiro, consolidando el techo salarial del sector.

Un sector clave y aún vulnerable

El trabajo en casas particulares constituye uno de los segmentos más amplios del empleo registrado en la economía doméstica, aunque también convive con elevados niveles de informalidad. En ese marco, cada negociación salarial adquiere una relevancia particular, ya que impacta directamente en los ingresos de miles de hogares.

Sin embargo, las subas graduales acordadas reflejan también las limitaciones de un esquema paritario condicionado por la situación macroeconómica. Mientras los incrementos buscan evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo, el debate sobre la suficiencia de estas actualizaciones continúa abierto tanto entre los representantes de los trabajadores como entre especialistas en empleo y políticas sociales.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo contra artículos clave de la Ley de Modernización Laboral. El fallo del juez Enrique Lavié Pico sostuvo que no se acreditaron los requisitos de urgencia para suspender la norma, aunque la acción de amparo seguirá su trámite judicial mientras el Estado nacional deberá responder los planteos sindicales.

La primera batalla judicial en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional dejó un resultado adverso para el movimiento sindical. La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscaba suspender la aplicación de artículos centrales de la Ley de Modernización Laboral recientemente sancionada por el Congreso.

La resolución, firmada por el juez Enrique Lavié Pico, determinó que no corresponde dictar una suspensión provisoria de la norma en esta etapa del proceso, al considerar que no se acreditaron los requisitos necesarios para habilitar una medida de carácter excepcional.

Sin embargo, el magistrado aclaró que la acción de amparo continuará su curso, por lo que el debate jurídico sobre la constitucionalidad de la reforma permanece abierto.

El eje del planteo sindical

La central obrera había presentado días atrás una acción de amparo contra el Estado nacional con el objetivo de que se declare la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial.

Esos artículos incluyen el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral desde el ámbito nacional hacia la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, un punto que despertó fuertes cuestionamientos en el ámbito sindical y judicial.

Para la CGT, la reforma no sólo implica cambios en la normativa laboral sino también una reconfiguración institucional del sistema judicial del trabajo. El planteo buscaba frenar de manera inmediata la aplicación de esas disposiciones hasta que se resolviera el fondo de la cuestión.

El criterio del tribunal

En su resolución, Lavié Pico explicó que la medida solicitada por la CGT tenía carácter “innovativo”, es decir, implicaba modificar el estado de situación vigente antes de que exista un fallo definitivo. Este tipo de herramientas procesales, subrayó, deben analizarse con especial prudencia debido a su impacto potencial.

Según el magistrado, conceder la cautelar en esta instancia podría significar un anticipo de la decisión final del litigio, dado que la suspensión pedida coincidía en gran medida con el objeto principal de la demanda.

La cuestión de la urgencia

Otro de los elementos centrales del fallo se vinculó con la evaluación del denominado “peligro en la demora”, uno de los requisitos indispensables para conceder una cautelar.
El magistrado señaló que, en la instancia inicial del expediente, no se acreditó la existencia de un perjuicio irreparable que pudiera volver inútil una eventual sentencia favorable a la CGT en el futuro.

En otras palabras, el tribunal entendió que no se demostró que la aplicación inmediata de la reforma produzca un daño de tal magnitud que justifique suspender la ley antes de analizar el fondo del planteo. Ese razonamiento terminó inclinando la decisión judicial hacia el rechazo del pedido cautelar.

La causa continúa

A pesar del revés inicial, el expediente está lejos de cerrarse. En la misma resolución, el juzgado ordenó correr traslado al Estado nacional para que presente un informe dentro de un plazo de cinco días, tal como prevé la Ley de Amparo.

En esa instancia, el Gobierno deberá responder los argumentos planteados por la CGT y aportar la documentación que respalde la constitucionalidad y la implementación del nuevo esquema normativo.

Ese intercambio procesal permitirá avanzar en el análisis de fondo del caso, donde se discutirá si la reforma laboral y el convenio de transferencia de competencias judiciales se ajustan o no al marco constitucional. Mientras tanto, la legislación continuará vigente.

Un debate que excede lo judicial

El conflicto judicial se inscribe en un debate más amplio sobre el futuro del régimen laboral argentino y el funcionamiento de la Justicia del Trabajo.

Para el Gobierno de Javier Milei, la reforma forma parte de un programa de modernización normativa orientado a flexibilizar el mercado laboral y reorganizar estructuras institucionales consideradas obsoletas.

Desde el sindicalismo, en cambio, advierten que los cambios pueden debilitar garantías históricas de protección al trabajador y alterar el equilibrio institucional del fuero laboral.

La discusión, por lo tanto, no se limita a una disputa jurídica puntual, sino que refleja visiones contrapuestas sobre el rol del Estado, el funcionamiento de la Justicia y el alcance de los derechos laborales en la Argentina contemporánea.

El rechazo de la cautelar marca el primer pronunciamiento judicial en un conflicto que promete extenderse en el tiempo. Aunque la reforma laboral continuará aplicándose por ahora, la decisión no resuelve la cuestión de fondo, que seguirá bajo análisis en los tribunales.

En ese escenario, la pulseada entre el Gobierno y el movimiento sindical ingresa en una nueva etapa donde la discusión jurídica, política e institucional se entrelazan. El desenlace final no sólo definirá el destino de una reforma específica, sino también los márgenes futuros de la regulación del trabajo en el país.