Con 36 votos a favor y 31 en contra, el Senado aprobó una prórroga de cinco años para el camarista laboral Víctor Pesino, quien ya alcanzó la edad jubilatoria. El magistrado fue protagonista de resoluciones de alto impacto al rechazar la cautelar de la CGT contra la reforma laboral e intervenir la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), decisiones que profundizaron las críticas de la oposición y del movimiento sindical.

El Senado de la Nación aprobó la continuidad por cinco años del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien a los 75 años debía cesar en sus funciones salvo autorización de la Cámara alta, tal como prevé la Constitución Nacional. La iniciativa reunió 36 votos favorables y 31 negativos gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y bloques provinciales aliados.

La decisión adquiere especial relevancia por el papel que Pesino desempeñó en algunos de los expedientes laborales más sensibles para el Gobierno de Javier Milei. En abril de este año integró la mayoría que rechazó la medida cautelar promovida por la CGT contra la Ley de Modernización Laboral, permitiendo que la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo quedara plenamente vigente mientras continúa el tratamiento judicial de fondo.

El magistrado también firmó la resolución que dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán, junto con el resto de la conducción nacional, una determinación que generó una fuerte reacción del sindicalismo y abrió un complejo conflicto institucional dentro de uno de los gremios industriales más importantes del país.

Desde la oposición y diversos sectores sindicales interpretaron la extensión de su mandato como una señal política hacia un juez cuyas resoluciones beneficiaron las principales iniciativas del Gobierno en materia laboral. El oficialismo, en cambio, defendió el procedimiento como una facultad constitucional del Senado para autorizar la permanencia de magistrados que alcanzan el límite de edad.

La votación también alcanzó a otros integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, entre ellos Sergio Luis Méndez y Julio César Grisolía. Este último había sido objetado por legisladores opositores, aunque finalmente también obtuvo el respaldo necesario para continuar en funciones.

El debate coincidió con otros movimientos en el Poder Judicial impulsados por la Casa Rosada, entre ellos el tratamiento de pliegos para cubrir vacantes en la Cámara Federal porteña y el veto presidencial a la postulación de la jueza María Verónica Michelli para integrar un tribunal oral federal, decisiones que alimentan la discusión sobre la relación entre el Gobierno y la Justicia.

La continuidad de Pesino se produce, además, mientras distintos tribunales analizan nuevos planteos vinculados con la reforma laboral. En ese marco, recientes resoluciones judiciales y administrativas mantuvieron vigente el aporte solidario previsto en el Convenio Colectivo de Comercio y volvieron a colocar en el centro del debate aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral, especialmente aquellos vinculados con el financiamiento sindical y la vigencia de los convenios colectivos.

Con este respaldo del Senado, Pesino permanecerá en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta completar un nuevo período de cinco años, en un contexto donde las decisiones judiciales continúan siendo determinantes para el futuro de la reforma laboral y de la relación entre el Gobierno, la Justicia y el movimiento obrero organizado.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del programa Volver al Trabajo, tras el fallo judicial que levantó la cautelar que garantizaba su continuidad, derivó en la conformación de un amplio frente de protesta integrado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA. El cronograma contempla movilizaciones, cortes de rutas, una Marcha Federal y nuevas acciones coordinadas en todo el país para rechazar una medida que, según las organizaciones, profundizará la crisis social y económica de los sectores de menores ingresos.

La suspensión definitiva del programa Volver al Trabajo abrió uno de los conflictos sociales más relevantes de las últimas semanas y aceleró la convergencia entre organizaciones sociales y el movimiento sindical. La UTEP, la CGT y las dos Centrales de Trabajadores acordaron una agenda común de movilizaciones que se extenderá durante los próximos meses y que buscará instalar el impacto económico del retiro de una asistencia que alcanzaba a cientos de miles de personas en todo el país.

La primera convocatoria será el 22 de julio, cuando las organizaciones acompañen la tradicional protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El calendario continuará el 7 de agosto con la histórica peregrinación de San Cayetano, que este año volverá a convertirse en una manifestación de fuerte contenido político bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», una bandera histórica de los movimientos populares desde la crisis social de comienzos de siglo.

Los dirigentes adelantaron que la protesta no se limitará a concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá cortes de rutas y movilizaciones en distintas provincias, especialmente en el norte argentino, donde el ingreso de $78.000 mensuales que otorgaba el programa representaba una parte significativa del presupuesto de miles de hogares y contribuía a sostener el consumo en pequeños comercios y economías regionales.

El detonante de la nueva escalada fue la resolución de la Cámara Federal integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes revocaron la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos hasta la resolución definitiva de la causa. Para los magistrados, mantener las transferencias implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que habilitó al Poder Ejecutivo a avanzar con la desactivación del programa y su reemplazo por un esquema de capacitación laboral basado en vouchers.

Desde la UTEP rechazaron con dureza la resolución judicial y confirmaron que presentarán una apelación ante instancias superiores. La organización sostiene que la interrupción del beneficio agravará las condiciones de vulnerabilidad de miles de trabajadores de la economía popular y reducirá significativamente la circulación de recursos en barrios con elevados índices de informalidad laboral.

La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, advirtió que el retiro de esos ingresos tendrá consecuencias que exceden a los beneficiarios directos. Según explicó, la disminución del poder de compra impactará sobre almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños comercios de cercanía, cuya actividad depende en gran medida del consumo cotidiano generado por estos programas de asistencia.

En la misma línea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que la coordinación alcanzada con la CGT y las dos CTA busca consolidar una respuesta sostenida frente a la política económica del Gobierno. El dirigente interpretó que la eliminación del programa forma parte de un proceso más amplio de ajuste sobre los sectores populares y planteó la necesidad de ampliar la articulación entre organizaciones sindicales y movimientos sociales.

La agenda de protesta continuará durante agosto con una movilización al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde reclamarán una actualización del Salario Social Complementario, congelado frente al deterioro del poder adquisitivo. Posteriormente, las organizaciones marcharán al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y promoverán un encuentro entre representantes sindicales, empresarios nacionales y cooperativas con motivo del Día de la Industria, en busca de consensos sobre políticas destinadas a sostener el empleo y la producción.

Aunque la CGT todavía no oficializó una nueva huelga nacional, la posibilidad continúa bajo análisis dentro de la conducción cegetista. Diversos referentes admiten que un paro general podría confluir con una Marcha Federal durante octubre si no se modifican las políticas sociales y laborales impulsadas por el Poder Ejecutivo.

La negociación paritaria de los trabajadores del Correo Argentino volvió a concluir sin resultados. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) rechazó la propuesta salarial presentada por Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), denunció que la empresa mantuvo la misma oferta que ya había sido desestimada en encuentros anteriores y decidió no suscribir el acta de la audiencia. La distancia entre las partes mantiene abierto un conflicto que amenaza con prolongarse.

La audiencia convocada para reanudar la discusión correspondiente al trimestre junio-agosto de 2026 concluyó sin avances luego de que la empresa ratificara la propuesta salarial presentada semanas atrás, considerada insuficiente por la representación sindical.

La reunión se desarrolló tras el cuarto intermedio acordado en la instancia previa, período durante el cual la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) elaboró una contrapropuesta destinada a acercar posiciones. Sin embargo, la conducción gremial sostuvo que la empresa no introdujo modificaciones en su planteo inicial, motivo por el cual resolvió retirarse de la negociación sin firmar el acta correspondiente.

La organización sindical, encabezada por Alberto Cejas, sostiene un reclamo estructurado sobre tres puntos centrales: la incorporación de la totalidad de las sumas no remunerativas al salario básico, el incremento del adicional por antigüedad hasta el 4% y una recomposición salarial del 15% para el período comprendido entre junio y agosto.

Desde el gremio señalaron que la propuesta empresaria continúa muy por debajo de la pérdida acumulada del poder adquisitivo y cuestionaron que la empresa mantuviera inalterables los porcentajes ofrecidos en la apertura de la negociación. En ese sentido, calificaron el ofrecimiento como insuficiente para responder al incremento del costo de vida y sostuvieron que aceptar esas condiciones implicaría consolidar una nueva pérdida del salario real.

La reapertura de la negociación había sido obtenida semanas atrás tras una presentación formal realizada por FOECYT ante la Secretaría de Trabajo. En aquella primera audiencia, CORASA propuso una actualización del 6,6%, oferta que fue rechazada de manera inmediata por el sindicato al considerar que no reflejaba la evolución de los precios ni permitía recuperar el deterioro acumulado de los ingresos.

El nuevo encuentro confirmó que las diferencias permanecen prácticamente inalteradas. Mientras la empresa mantiene una política de incrementos moderados, alineada con la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional para contener las negociaciones paritarias, la representación de los trabajadores reclama una recomposición que permita preservar el poder de compra y avanzar en la regularización de conceptos salariales que aún permanecen fuera del básico.

La discusión postal se inscribe en un proceso más amplio que atraviesan numerosas negociaciones colectivas durante 2026. En distintos sectores de la economía, los gremios vienen manifestando dificultades para alcanzar acuerdos debido a las diferencias entre las pretensiones sindicales y los límites salariales promovidos por el Poder Ejecutivo como parte de su estrategia de desaceleración inflacionaria.

La decisión de FOECYT de no firmar el acta constituye una señal política y gremial que busca dejar constancia del rechazo integral a la oferta empresarial y mantener abierta la posibilidad de profundizar las medidas de acción sindical si las conversaciones no registran avances en las próximas convocatorias.

Aunque no se anunciaron medidas de fuerza inmediatas, la Federación ratificó que continuará las negociaciones sin modificar los ejes de su reclamo y advirtió que no convalidará acuerdos que impliquen una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores postales. La evolución de la paritaria dependerá ahora de una eventual mejora en la propuesta de CORASA o de una nueva intervención de la autoridad laboral para intentar acercar posiciones en un conflicto que, por el momento, permanece sin horizonte de resolución.