En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.

En medio del debate político y legislativo por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que el sistema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a declarar la invalidez de una ley, lo que podría paralizar su aplicación durante meses o incluso años, hasta que el máximo tribunal unifique criterios.

La eventual aprobación de la reforma laboral que el Gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias abre un escenario de alta incertidumbre jurídica. Así lo dejó en claro el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al advertir que los cambios propuestos podrían quedar atrapados en una extensa maraña de litigios judiciales antes de alcanzar una definición definitiva.

En declaraciones a Perfil, Rosatti recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es de carácter difuso, lo que implica que cualquier juez, en cualquier punto del país, está habilitado a declarar la inconstitucionalidad de una norma. “El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, explicó el magistrado, subrayando que ese mecanismo, si bien garantiza independencia judicial, también introduce demoras estructurales en la aplicación de reformas profundas.

Según detalló, una ley puede quedar suspendida en la práctica a partir de fallos contradictorios emitidos por distintos juzgados, hasta que la Corte Suprema logre unificar criterio mediante una sentencia definitiva. “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, advirtió.

El titular del máximo tribunal aportó un antecedente concreto que refuerza su advertencia: parte del régimen laboral incluido en la Ley Bases ya fue declarado inconstitucional por un juez laboral, sin que hasta el momento exista una resolución final de la Corte. Ese episodio, señaló Rosatti, ilustra con claridad cómo una reforma puede quedar en suspenso durante largos períodos, aun cuando cuente con respaldo legislativo.

En ese contexto, el magistrado fue enfático al remarcar que el sistema vigente no impide que los jueces se aparten de la doctrina del máximo tribunal. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, sostuvo, dejando en evidencia uno de los nudos centrales del debate institucional.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula legal que obligue a todos los tribunales a acatar automáticamente los fallos de la Corte Suprema, Rosatti adoptó una postura cautelosa. Reconoció que el Parlamento tiene la potestad de avanzar en ese sentido, pero advirtió que una norma de ese tipo sería inevitablemente cuestionada y terminaría, nuevamente, bajo análisis del propio máximo tribunal. “La Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó.

El presidente de la Corte también puso el foco en el impacto práctico del actual esquema judicial. Reveló que alrededor del 60% de las causas que resuelve el tribunal provienen del propio Estado, que insiste en cuestionar decisiones ya consolidadas, especialmente en materia previsional. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”, expresó, con una crítica implícita al funcionamiento repetitivo y desgastante del sistema.

Las declaraciones de Horacio Rosatti introducen una variable clave en el debate sobre la reforma laboral: más allá de la voluntad política y del resultado legislativo, el futuro de la iniciativa podría definirse en los tribunales y no en el Congreso. El sistema de control difuso, pilar histórico del derecho constitucional argentino, aparece así como una garantía de equilibrio institucional, pero también como un factor que puede convertir reformas estructurales en procesos largos, fragmentados y judicialmente inciertos.

En ese escenario, la advertencia del presidente de la Corte trasciende lo ideológico y plantea un dilema funcional de fondo: cómo compatibilizar la necesidad de cambios profundos con un esquema judicial que, por diseño, puede demorar durante años la aplicación efectiva de las leyes.

El nuevo integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, analizó los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que los cambios propuestos afectan salarios, financiamiento sindical y negociación colectiva. Según sostuvo, el proyecto avanza hacia un modelo de relaciones individuales que deja al trabajador en una posición de mayor vulnerabilidad frente al empleador.

La reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Congreso sigue generando un fuerte rechazo en el movimiento sindical. En ese marco, el secretario general del Sindicato del Seguro y flamante cotitular de la CGT, Jorge Sola, planteó una advertencia directa: los cambios propuestos no solo modifican reglas administrativas, sino que alteran principios estructurales del derecho del trabajo y del sistema de representación gremial.

“Este proyecto ataca principios básicos de protección y deja al trabajador mucho más indefenso”, afirmó Sola, al analizar el impacto que la iniciativa tendría sobre la negociación colectiva, los salarios y el rol histórico de los sindicatos como contrapeso del poder empresarial.

Uno de los ejes centrales del debate es la cuestión de la cuota sindical y el mecanismo de afiliación. En ese punto, Sola buscó aclarar conceptos que —según señaló— suelen ser distorsionados en la discusión pública. Recordó que la afiliación gremial es una opción constitucional del trabajador y que el descuento de la cuota solo se realiza cuando existe una manifestación expresa de voluntad. “Si el trabajador no firma su ficha de afiliación, no se le descuenta nada. No es un aporte automático ni uniforme”, subrayó.

Actualmente, las empresas cumplen el rol de agentes de retención de esa cuota, que financia la actividad sindical, desde la negociación paritaria hasta los servicios sociales y de asistencia. Sola diferenció este mecanismo de las contribuciones solidarias acordadas en algunas paritarias, aclarando que no se aplican en todos los gremios ni de manera generalizada. “Son figuras distintas y hay que entenderlas como tales”, remarcó.

Análisis: el trasfondo del financiamiento y la negociación colectiva

Según explicó el dirigente, la cuota sindical suele representar entre el 1% y el 2% del salario, y permite sostener no solo la representación gremial, sino también una red de prestaciones que, en muchos casos, alcanza incluso a trabajadores no afiliados: turismo social, subsidios escolares, cobertura de salud y beneficios sociales.

En ese punto, Sola cuestionó el uso del concepto de free rider —frecuente en los argumentos oficiales— para justificar la eliminación o restricción de las contribuciones. “Se plantea que hay quienes pagan y quienes reciben los mismos beneficios sin aportar, pero ese razonamiento no refleja la diversidad de situaciones reales ni el funcionamiento del sistema sindical argentino”, sostuvo.

Uno de los cambios más sensibles del proyecto es que las empresas “podrán” retener las cuotas sindicales, en lugar de hacerlo de manera obligatoria cuando existe afiliación. Para Sola, esa modificación introduce una desregulación que afecta la previsibilidad financiera de los gremios. “La empresa queda liberada a decidir si retiene o no, siempre con aval del trabajador. Eso altera el sistema solidario y debilita la estructura de financiamiento sindical”, advirtió.

Desde su mirada, la reforma rompe con dos pilares del derecho laboral: el principio protector y la progresividad de los derechos. En lugar de fortalecer la negociación colectiva, el proyecto promueve acuerdos individuales entre trabajador y empleador. “Se fomenta una relación mano a mano que, en un contexto de desigualdad, siempre deja al trabajador en desventaja”, afirmó.

Sola también alertó sobre la intención de fortalecer sindicatos por empresa en detrimento de los sindicatos por actividad, un esquema que, según señaló, fragmenta la representación y debilita el poder de negociación. “Es una lógica que va a la baja del reconocimiento del trabajo y del rol colectivo de los laburantes”, sintetizó.

Para el dirigente de la CGT, la reforma laboral no puede analizarse solo como un conjunto de cambios técnicos. Detrás del proyecto —advirtió— existe una redefinición profunda del modelo de relaciones laborales en la Argentina. “No se trata únicamente de salarios o aportes, sino de qué tipo de protección va a tener el trabajador y qué lugar van a ocupar los sindicatos en la defensa de esos derechos”, concluyó.