La administración nacional dispuso una fuerte reasignación de partidas que impactó de lleno en la Autopista Ruta 40 Sur, uno de los proyectos viales más relevantes para la conexión entre San Juan y Mendoza. La quita de más de $2.000 millones vuelve a encender las alarmas sobre la continuidad de una obra atravesada por demoras, indefiniciones y objeciones al esquema de paralización de la infraestructura pública.

La decisión del Gobierno nacional de profundizar el ajuste sobre distintas áreas del Estado volvió a colocar a la obra pública en el centro de la discusión política y económica. Esta vez, el impacto alcanzó a la Ruta Nacional 40 Sur, particularmente al tramo Tres Esquinas, una intervención considerada estratégica para la conectividad cuyana y que desde hace meses arrastra un escenario de virtual estancamiento.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo en el Boletín Oficial, donde se estableció una redistribución presupuestaria superior a los $2,4 billones. El recorte alcanzó a múltiples áreas sensibles, entre ellas infraestructura, salud y educación, en línea con la política de reducción del gasto impulsada por el Ejecutivo nacional.

El proyecto contaba originalmente con una asignación de $24.755 millones para el ejercicio 2026 y parte de ese financiamiento provenía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que respaldaba la ejecución de la obra. Sin embargo, pese a ese sostén financiero internacional, la Nación resolvió quitarle $2.025.729.177, una decisión que profundiza las dudas sobre los tiempos de avance y sobre la viabilidad real de continuar con los trabajos en el corto plazo.

El dato adquiere además un fuerte contenido político por la cercanía temporal entre el anuncio del recorte y las declaraciones oficiales formuladas días antes. Apenas doce jornadas previas a la publicación de la medida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había expuesto ante la Cámara de Diputados un informe donde ratificaba distintos proyectos viales y describía perspectivas de continuidad para obras consideradas prioritarias, entre ellas el tramo de la Ruta 40 ahora afectado por la poda presupuestaria.

La contradicción entre el discurso oficial y las decisiones administrativas alimentó nuevas críticas de sectores políticos, empresariales y vinculados al transporte, que desde hace meses vienen advirtiendo sobre las consecuencias del freno en la infraestructura vial.

En San Juan, la Ruta 40 Sur representa mucho más que una conexión interprovincial. Se trata de un corredor determinante para el movimiento de la producción regional, el transporte de cargas y la integración logística con Mendoza. A ello se suma un aspecto especialmente sensible: la seguridad vial. Diversos sectores vienen alertando desde hace tiempo sobre el deterioro de varios tramos y la necesidad de modernizar una traza que registra un tránsito intenso y permanente.

La reducción de partidas vuelve a instalar interrogantes sobre el futuro inmediato del proyecto y refuerza la percepción de que gran parte de las obras nacionales quedaron subordinadas a la lógica de ajuste fiscal impulsada desde la Casa Rosada. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno a una infraestructura considerada esencial para el desarrollo productivo y la conectividad del oeste argentino.

El gobierno riojano volvió a escalar la histórica disputa limítrofe con San Juan y esta vez puso la mira sobre Lunahuasi, uno de los proyectos exploratorios más relevantes de la cordillera. La administración de Ricardo Quintela sostiene que parte del emprendimiento se desarrolla dentro de territorio riojano y anticipó nuevas acciones judiciales para exigir estudios ambientales, reconocimiento jurisdiccional y participación en futuras utilidades.

La tirantez política y territorial entre San Juan y La Rioja volvió a ingresar en una etapa de alta sensibilidad. El eje del nuevo conflicto es Lunahuasi, el proyecto minero de la canadiense NGEx Minerals —integrante del Grupo Lundin— que quedó bajo cuestionamiento luego de que funcionarios riojanos aseguraran que parte de sus actividades se desarrollan dentro de jurisdicción de esa provincia.

La controversia reabre una discusión histórica sobre los límites interprovinciales en la zona cordillerana y suma un nuevo episodio a los altercados derivados del crecimiento de la minería metalífera en el oeste argentino.

Desde la empresa señalaron que, hasta el momento, no fueron notificadas formalmente sobre ninguna presentación judicial orientada a frenar el emprendimiento. No obstante, reconocieron sorpresa por el anuncio público realizado desde La Rioja y remarcaron que mantienen una relación institucional “excelente” con las autoridades de esa provincia.

“Tenemos una excelente relación con las autoridades de La Rioja, por eso nos sorprende que hayan anunciado que van a hacer una presentación judicial”, indicaron fuentes vinculadas al proyecto.

En ese punto, dejaron trascender que aguardarán una eventual notificación oficial antes de avanzar con definiciones legales o administrativas, aunque ratificaron predisposición para continuar el diálogo político y técnico con la administración riojana.

Quien elevó el tono del reclamo fue el ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, que en declaraciones a Canal 13 San Juan aseguró que Lunahuasi se encuentra dentro de territorio riojano y confirmó que ya comenzaron las notificaciones formales.

“Estamos empezando a notificarlos igual que a Vicuña”, afirmó el funcionario, en referencia al antecedente judicial reciente que involucró a otro de los grandes proyectos mineros de la región.

Pérez sostuvo que el planteo riojano no se limita a una discusión cartográfica sino que involucra aspectos ambientales, jurisdiccionales y económicos. Según explicó, la principal preocupación gira alrededor de la ausencia de estudios de impacto ambiental presentados ante organismos de La Rioja para emprendimientos que —según su interpretación— generan efectos directos sobre territorio provincial.

“Es por el impacto ambiental en la zona limítrofe, no está presentado el impacto. Todas las mineras instaladas en San Juan están pisando el límite con La Rioja; en realidad están adentro del territorio nuestro”, expresó.

Las declaraciones reflejan además un cambio político profundo en la postura histórica riojana frente a la minería. Durante años, La Rioja mantuvo fuertes resistencias institucionales y sociales hacia el desarrollo de proyectos metalíferos a gran escala. Ahora, en cambio, la administración provincial busca consolidarse como actor dentro del mapa minero nacional y reclama participación sobre emprendimientos que considera vinculados a su territorio.

El ministro riojano incluso afirmó que muchas compañías extranjeras eligieron establecerse formalmente bajo jurisdicción sanjuanina debido a las restricciones políticas que durante años existieron en La Rioja respecto de la actividad extractiva.

“Como La Rioja siempre tuvo problemas con la actividad, las canadienses se instalaron en teoría en San Juan, pero están adentro del territorio riojano”, sostuvo.

En este aspecto, Pérez planteó avanzar hacia un esquema de administración compartida entre ambas provincias, tomando como referencia el modelo de cooperación que mantienen Salta y Catamarca en torno al desarrollo del litio.

“Estamos planteando un área común como tiene Salta y Catamarca. Vamos a tener que tener un área común de servicios, de minerales y de explotación”, explicó.

Pérez expresó también que Lunahuasi utiliza sectores asociados a ese glaciar y sostuvo que esa área corresponde territorialmente a La Rioja.

“Lunahuasi utiliza el glaciar El Potro. Y El Potro es de La Rioja. Si te ponés a hilar fino, el emprendimiento está en La Rioja”, afirmó.

La advertencia no quedó sólo en el plano discursivo. El funcionario adelantó que, si las empresas no presentan informes ambientales y no avanzan acuerdos jurisdiccionales, la provincia podría volver a recurrir a la Justicia para intentar frenar actividades.

La nueva ofensiva riojana aparece apenas semanas después del conflicto judicial vinculado al proyecto Vicuña. El pasado 16 de abril, la jueza riojana María Greta Decker ordenó la suspensión por 30 días de actividades relacionadas con ese emprendimiento hasta tanto se presentaran estudios ambientales ante autoridades provinciales de La Rioja.

La resolución generó fuerte repercusión en San Juan debido al peso estratégico que tienen las inversiones mineras en la economía provincial y al impacto que cualquier conflicto judicial puede producir sobre la llegada de capitales internacionales.

En sus declaraciones, Pérez también mencionó el proyecto Filo del Sol, aunque reconoció que en ese caso la localización aparece más claramente vinculada a territorio sanjuanino. Aun así, insistió en que existen infraestructuras y caminos utilizados por las compañías que atraviesan áreas riojanas.

“Filo del Sol está más claramente dentro de San Juan, pero los caminos utilizan caminos nuestros”, puntualizó.

El conflicto por Lunahuasi refleja mucho más que una discusión técnica sobre límites provinciales. Lo que comienza a emerger es una disputa política y económica por el control de recursos estratégicos en una región donde la minería se consolida como uno de los motores centrales de inversión y desarrollo. Mientras San Juan busca sostener su liderazgo como polo minero nacional, La Rioja intenta reposicionarse dentro del negocio extractivo y reclamar una participación que durante años quedó al margen de su agenda política. El desenlace de esta controversia podría sentar un precedente de fuerte impacto para futuros proyectos cordilleranos y para la relación entre provincias atravesadas por recursos compartidos.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos dentro de los tribunales laborales. La Justicia de Mendoza dictó una resolución inédita en la provincia al autorizar que una empresa cancelara una indemnización por despido mediante un esquema de pagos mensuales, aplicando uno de los puntos más controvertidos incorporados recientemente a la legislación laboral argentina.

La decisión fue adoptada por la Sexta Cámara del Trabajo y lleva la firma del camarista Diego Cisilotto, quien admitió el pedido formulado por una empresa de seguridad privada para abonar el capital de condena en doce cuotas consecutivas, luego de acreditar formalmente su condición de pyme.

El fallo representa el primer antecedente mendocino vinculado a la aplicación práctica de la modificación introducida en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformulado tras la sanción de la Ley 27.802. La normativa habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas a cancelar condenas judiciales laborales en hasta doce pagos mensuales, mientras que las grandes compañías pueden hacerlo en un máximo de seis cuotas.

La medida, sin embargo, permanece bajo fuerte discusión jurídica. Diversos sectores del derecho laboral cuestionan la constitucionalidad del nuevo esquema, al considerar que podría afectar el principio de protección integral del crédito alimentario que representan las indemnizaciones laborales.

La causa tuvo origen en la demanda presentada por un trabajador de seguridad privada despedido en agosto de 2023. El empleado reclamó indemnización por despido sin causa y diferencias salariales derivadas de la relación laboral mantenida con la firma demandada, que prestaba servicios en distintos establecimientos comerciales del Gran Mendoza.

Tras analizar el expediente, la Cámara declaró injustificado el despido y condenó a la empresa al pago de una indemnización actualizada de aproximadamente 9,4 millones de pesos.
Luego de conocido el veredicto, la firma solicitó acogerse al nuevo régimen previsto por la reforma laboral. Para ello presentó el certificado oficial que acreditaba su encuadramiento como pyme y acompañó el depósito correspondiente a la primera cuota del plan de pagos.

Uno de los puntos centrales del dictamen fue la interpretación realizada por el tribunal respecto del momento procesal en que puede aplicarse el beneficio. La Cámara entendió que el mecanismo sólo resulta válido mientras no se haya iniciado la etapa de ejecución forzada de la sentencia.

En este caso, el pedido fue presentado dentro del plazo fijado para cumplir voluntariamente con la condena y antes de que existieran medidas compulsivas de cobro, circunstancia que llevó al magistrado a considerar admisible la solicitud.

A partir de esa evaluación, el juez autorizó el pago fraccionado en doce cuotas mensuales consecutivas, con vencimientos programados hasta abril de 2027. El fallo también incorporó una cláusula de caducidad automática especialmente estricta: el incumplimiento de una sola cuota provocará la pérdida inmediata del beneficio y habilitará la exigibilidad total del saldo pendiente junto con los intereses correspondientes.

La resolución abre ahora un nuevo escenario dentro de la litigiosidad laboral argentina. El esquema podría comenzar a replicarse en otras jurisdicciones, particularmente entre pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades financieras y buscan mecanismos para afrontar condenas judiciales sin comprometer su continuidad operativa.

Al mismo tiempo, el antecedente promete profundizar el debate jurídico y sindical alrededor de la reforma laboral y sus efectos sobre los derechos de los trabajadores. Para sectores gremiales y especialistas en derecho laboral, el fraccionamiento de indemnizaciones modifica sustancialmente la lógica histórica de reparación inmediata prevista por el sistema laboral argentino.