El mercado laboral argentino cerró el segundo trimestre con un aumento de la desocupación y un nuevo avance de la informalidad. Según los datos publicados por el INDEC, la tasa de desempleo llegó al 7,9%, dos décimas por encima del trimestre anterior y 0,3 puntos más que en igual período de 2025.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevó 31 aglomerados urbanos y registró alrededor de 1,16 millones de desocupados dentro de esa muestra. Proyectado al conjunto del país, el dato representa aproximadamente 1,73 millones de personas sin trabajo. Al mismo tiempo, la tasa de actividad alcanzó el 48,9% y la de empleo se ubicó en 45%.

El mapa territorial mostró diferencias marcadas. La región Pampeana presentó la mayor tasa de desocupación, con 9,7%, mientras que Gran Rosario encabezó el registro entre los aglomerados relevados, con 11,5%. Le siguieron Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9%.

También quedaron por encima del promedio nacional Bahía Blanca-Cerri, con 9,7%; Gran La Plata, con 8,7%; Gran Santa Fe, con 8,6%; y San Nicolás-Villa Constitución, con 8,4%. En el otro extremo, el Noroeste registró una tasa regional de 4,3%, mientras Cuyo llegó al 5,9%.

Una brecha marcada entre las grandes ciudades

El tamaño de los centros urbanos también aparece asociado a diferencias en el desempleo. Los aglomerados de 500.000 habitantes o más registraron una tasa de 8,3%, frente al 6% de aquellos con menor población.

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, el promedio fue de 8,2%, aunque con una diferencia considerable entre sus dos jurisdicciones: los partidos del Gran Buenos Aires alcanzaron el 8,8%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró 5,6%.

En Cuyo, donde se encuentra San Juan, la tasa regional fue de 5,9%. Gran Mendoza llegó al 8,1%, mientras Gran San Juan registró 3,2%, de acuerdo con la información difundida a partir de los datos de la EPH.

La informalidad alcanzó al 45% de los ocupados

El otro dato relevante del informe aparece en la calidad de los puestos de trabajo. La informalidad laboral alcanzó el 45% durante el segundo trimestre, con un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto de igual período de 2025.

La evolución desde fines de 2023 muestra además una modificación en la composición del empleo: mientras la ocupación no registrada incorporó 780.600 personas, el empleo registrado perdió 631.300 puestos en ese período. En términos relativos, la ocupación registrada acumuló una reducción cercana al 4,7%, según el análisis de los datos oficiales.

Entre los trabajadores informales también ganó participación el cuentapropismo. En el segundo trimestre, los trabajadores por cuenta propia representaron el 37,6% de los informales, frente al 34,3% un año antes, de acuerdo con el procesamiento de los datos de la EPH.

El informe deja así dos indicadores que avanzaron simultáneamente: una mayor proporción de personas que buscan empleo sin conseguirlo y un crecimiento del empleo no registrado entre quienes sí tienen una ocupación. La combinación de ambos datos permite observar no sólo la cantidad de puestos disponibles, sino también la composición y las condiciones de nuevas contrataciones que se generan en las distintas regiones del país.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una decisión de primera instancia y ordenó al Ministerio de Capital Humano emitir en cinco días una certificación provisoria de las autoridades elegidas el 29 de diciembre de 2025. La medida cautelar también consideró el impacto de la demora sobre trámites sindicales y acuerdos paritarios.

La disputa por la conducción nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) sumó una definición judicial que obliga al Gobierno a avanzar con el reconocimiento administrativo de las autoridades surgidas de las elecciones de diciembre. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitir en un plazo de cinco días una certificación provisoria.

Los comicios se realizaron el 29 de diciembre de 2025, luego de una extensa disputa interna y de anteriores actuaciones judiciales vinculadas al proceso electoral. La Lista Celeste “17 de Octubre”, encabezada por Luis Barrionuevo, fue proclamada por la Junta Electoral Central con 121.334 votos positivos. Al día siguiente, el 30 de diciembre, se inició ante la autoridad laboral el trámite para obtener la certificación de las autoridades, pero no hubo respuesta administrativa durante los meses posteriores.

El planteo llegó nuevamente a los tribunales mediante una acción de amparo promovida por Barrionuevo. La Cámara revocó ahora el rechazo de primera instancia y consideró que estaban reunidos los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular ante las consecuencias que la falta de certificación estaba produciendo sobre el funcionamiento de la organización sindical.

Uno de los elementos centrales de la resolución es que, según el tribunal, no se observaban decisiones que afectaran la regularidad de los comicios del 29 de diciembre. La Cámara también señaló que la autoridad administrativa tiene entre sus funciones mantener los registros correspondientes a las asociaciones sindicales y sus autoridades.

La ausencia de una certificación vigente había comenzado a generar obstáculos concretos. Entre ellos, el fallo menciona una observación vinculada con la rúbrica de libros de UTHGRA, debido a que la Comisión Directiva figuraba con mandato vencido desde el 14 de diciembre de 2025. Para la Cámara, la demora excedía una cuestión meramente formal porque comprometía el funcionamiento institucional de la entidad.

La Justicia también puso el foco en los acuerdos paritarios suscriptos y ratificados por las partes que permanecían sin homologación. En su análisis, el perjuicio derivado de la falta de reconocimiento no recaía únicamente sobre la estructura del sindicato, sino que podía proyectarse sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esas negociaciones.

El recurso pendiente y el argumento de la Cámara

La primera instancia había rechazado la cautelar porque permanecía pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra una resolución anterior de la propia Sala VI.

La Cámara adoptó una interpretación diferente. Señaló que la sola presentación de ese recurso no tenía efecto suspensivo y recordó que la resolución del 17 de diciembre de 2025 ya había sido ejecutada: las elecciones se realizaron, la Junta Electoral proclamó a las autoridades y el sindicato inició posteriormente el trámite administrativo para obtener la certificación.

En ese sentido, los camaristas consideraron que supeditar la certificación a una resolución favorable del recurso pendiente implicaría incorporar una exigencia que no correspondía para el dictado de la medida cautelar. La documentación presentada por el propio Estado ante la Justicia, además, daba cuenta de que el proceso electoral había sido reanudado y concluido.

Una medida provisoria que no resuelve la disputa de fondo

La Cámara estableció expresamente los límites de su decisión. La certificación ordenada tiene carácter provisorio, mutable y revocable y no implica una definición definitiva sobre la procedencia de la acción de amparo.

Por esa razón, si el recurso judicial todavía pendiente tuviera posteriormente un resultado que modificara el cuadro jurídico, la certificación podría quedar sin efecto. La Sala VI buscó así preservar la discusión de fondo mientras evita que la falta de reconocimiento administrativo continúe paralizando cuestiones vinculadas con la conducción del sindicato.

El gobernador de San Juan integrará la delegación que acompañará al Presidente en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La agenda incluirá encuentros con empresarios e inversores y reuniones en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara de Comercio Internacional, con especial atención en minería, energía, agroindustria, infraestructura y tecnología.

La delegación estará integrada por 12 gobernadores, entre ellos Orrego, Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Para San Juan, esta participación constituye una plataforma clave para la promoción internacional de sus proyectos productivos. La agenda se centrará en la minería, los minerales críticos y la energía, sectores estratégicos donde la provincia busca atraer inversiones para expandir su infraestructura y financiar nuevos desarrollos.

Uno de los puntos institucionales de mayor relevancia será la recepción prevista en el Palacio del Elíseo, con la presencia del presidente francés Emmanuel Macron. De este modo, una agenda inicialmente centrada en inversiones y comercio tendrá también una dimensión diplomática vinculada con la relación bilateral entre Argentina y Francia.

Para Orrego no será su primera participación en este formato. En marzo de 2026 integró la Argentina Week realizada en Nueva York, donde participó junto a autoridades nacionales, empresarios e inversores internacionales en encuentros destinados a presentar oportunidades de inversión del país. El cierre tuvo lugar en las oficinas de Microsoft en Times Square y reunió a más de 270 asistentes, según informaron los organizadores.

El acuerdo Unión Europea-Mercosur será uno de los temas centrales de la Argentina Week en París, un evento clave en un contexto donde el comercio exterior, la energía y los minerales críticos marcan la agenda bilateral. En este marco, la participación de San Juan fortalecerá la estrategia institucional del Gobierno nacional y servirá de plataforma para impulsar los proyectos locales. Para el gobernador Orrego, esta misión de tres días en la capital francesa representa una oportunidad estratégica para exponer el potencial minero, energético y productivo de la provincia ante inversores y empresas europeas.