Shell, Axion y Puma incrementaron entre 2% y 5% los precios de naftas y gasoil después de que el Brent se ubicara alrededor de los US$105. YPF, que concentra cerca del 55% del mercado minorista, todavía no trasladó la suba, aunque su presidente, Horacio Marín, anticipó que la evolución del crudo y de los márgenes determinará los próximos movimientos.

La decisión puso fin, de hecho, al esquema de estabilidad que las compañías venían sosteniendo desde mayo para amortiguar la volatilidad internacional. El acuerdo había funcionado como un mecanismo de compensación frente a las variaciones del crudo y contemplaba mantener los valores mientras el petróleo se ubicara en torno o por encima de los US$80. Con el nuevo salto, las refinadoras resolvieron trasladar parte de la diferencia a los surtidores.

Los nuevos valores muestran el efecto inmediato. En nafta premium, el litro pasó a $2.523 en Axion, $2.463 en Puma y $2.508 en Shell. Para la nafta súper, los precios informados se ubicaron en $2.247, $2.213 y $2.208, respectivamente. En varias provincias, además, la premium ya supera los $2.700 por litro.

YPF, que concentra aproximadamente el 55% de las ventas minoristas, decidió mantener por ahora sus precios. La petrolera estatal sigue la evolución del mercado internacional antes de definir una eventual modificación. Horacio Marín sostuvo que la compañía continuará utilizando el mecanismo de amortiguación y que los próximos movimientos dependerán de cuánto tiempo permanezca elevado el valor del petróleo y de la evolución de sus márgenes.

La lógica había sido explicada por Marín meses atrás, cuando la compañía comenzó a aplicar el denominado buffer para evitar un traslado inmediato de la cotización internacional a los consumidores. El objetivo era compensar las variaciones del crudo mediante ajustes graduales, en lugar de trasladarlas de manera directa al precio final.

El impacto sobre la inflación dependerá de la magnitud y del momento en que se produzcan los aumentos. Por haberse concretado hacia el cierre del mes, parte de la incidencia podría distribuirse entre dos mediciones consecutivas, según estimaciones difundidas por fuentes del mercado.

A esa presión se suma un componente impositivo todavía parcialmente postergado. El Gobierno prorrogó hasta el 30 de septiembre la aplicación de parte de los incrementos pendientes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Desde el 1° de octubre comenzará a regir el remanente correspondiente a actualizaciones de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026, según el Decreto 829/2026.

La Cámara de Diputados resolvió las cuatro ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Daniela Rivas fue elegida para la Sala II de la Cámara Laboral; Ignacio Achem, para la Fiscalía de Cámara; Yanina Peri, para la Asesoría de Menores e Incapaces; y Alejandro Genest, para la Cámara de Apelación de Paz.

La decisión llegó después de las entrevistas realizadas durante septiembre por la Comisión de Justicia y Seguridad a los 12 postulantes que integraban las cuatro ternas. Los cargos habían sido incorporados al orden del día de la décima sesión ordinaria, convocada para este 24 de septiembre.

La definición de la Sala II de la Cámara Laboral quedó en manos de Daniela Rivas, quien obtuvo 20 votos. La funcionaria se desempeñaba como secretaria de esa misma sala y anteriormente había trabajado en el Juzgado de Trabajo de Primera Nominación. La vacante se produjo tras la salida de Guillermo Baigorrí, quien posteriormente asumió como fiscal General ante la Corte de Justicia.

Para la Fiscalía de Cámara, los diputados eligieron a Ignacio Achem. El funcionario integra el Ministerio Público Fiscal desde 2017 y pasó por Flagrancia y la Unidad de Investigación CAVIG. Desde febrero de 2024 se desempeña como uno de los coordinadores de la Unidad Fiscal Genérica. Antes de ingresar al Poder Judicial ejerció durante más de dos décadas como abogado litigante.

Yanina Peri fue designada como Asesora de Menores e Incapaces, con 19 votos. La funcionaria ya cumplía funciones de manera provisoria en la estructura judicial y había integrado la terna junto con María Gabriela Pintos y Ana Vanesa Reynes.

El cuarto cargo correspondió a la Cámara de Apelación de Paz Letrada, donde Alejandro Genest obtuvo 22 votos. Abogado y dirigente del Partido Bloquista, Genest cuenta con antecedentes en la Legislatura y en la administración pública, además de desempeñarse como apoderado de esa fuerza política en cuestiones vinculadas con alianzas electorales.

La vacante de la Cámara de Paz se había producido tras el fallecimiento del juez Juan Luis Romero. El tribunal interviene en las apelaciones contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz de los distintos departamentos de la provincia.

Las cuatro designaciones completan cargos relevantes dentro de la estructura judicial provincial y cierran el proceso iniciado con la conformación de las ternas por parte del Consejo de la Magistratura y las posteriores entrevistas parlamentarias. La votación dejó, además, definiciones provenientes de distintas trayectorias profesionales y, en el caso de Genest, de una candidatura impulsada por el bloquismo y acompañada en el recinto por el oficialismo.

La Defensoría del Pueblo de San Juan prepara un nuevo amparo colectivo de alcance nacional para reclamar por la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ante las demoras en los pagos, las dificultades denunciadas por familias y prestadores y los cambios que el Gobierno nacional impulsa para el sistema asistencial.

La decisión fue anticipada por la defensora Florencia Peñaloza después de su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación. La funcionaria vinculó la eventual presentación judicial con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la evolución de las partidas durante 2026 y las modificaciones incluidas en la discusión del Presupuesto 2027.

Peñaloza señaló que el 60% de los casos ingresados a la Defensoría de San Juan corresponden a cuestiones de salud y que la mayoría está vinculada con discapacidad. Recordó además que el organismo ya había acudido a la Justicia en 2025 por la suspensión de pensiones no contributivas y que posteriormente se dispuso la restitución de beneficios afectados. La propia Defensoría registra ese antecedente como parte de sus actuaciones en materia de discapacidad.

El nuevo planteo no estaría limitado a los beneficiarios. La institución busca incorporar las dificultades denunciadas por familias, profesionales, equipos técnicos e instituciones educativas, particularmente aquellas vinculadas con la continuidad de tratamientos y prestaciones. “Lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas”, sostuvo Peñaloza.

Uno de los puntos que genera preocupación es la discusión sobre el sistema de impuestos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en el mecanismo de actualización de los valores del nomenclador y de las prestaciones, cambios que fueron cuestionados por organizaciones vinculadas con discapacidad y que actualmente forman parte del debate legislativo. El Gobierno, además, comenzó a negociar modificaciones sobre algunos de los artículos cuestionados.

La discusión se produce mientras el área atraviesa una nueva etapa institucional. Alejandro Vilches renunció el 21 de septiembre a la Secretaría Nacional de Discapacidad, cargo que dejó argumentando razones personales, en momentos en que el Congreso analiza las modificaciones presupuestarias y regulatorias para 2027.

El organismo sanjuanino ya había intervenido durante 2026 ante problemas vinculados con asistencias de salud. En septiembre, por ejemplo, solicitó al PAMI y a sus prestadores garantizar guardias mínimas y mecanismos alternativos de atención durante una medida de fuerza, con especial atención sobre afiliados que requieren tratamientos permanentes, medicamentos o asistencia por discapacidad.