Docentes y nodocentes de las universidades nacionales lanzaron una nueva etapa de paros y protestas en todo el país. Reclaman recomposición salarial, reapertura de paritarias y la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un presente de marcada pérdida del poder adquisitivo.

El sistema universitario público atraviesa una semana de alta conflictividad, con medidas de fuerza que se replican en distintas casas de estudio del país. Las federaciones docentes y nodocentes resolvieron profundizar el plan de lucha frente a lo que consideran un deterioro sostenido de los salarios y una insuficiente respuesta del Gobierno nacional.

El punto de partida de esta nueva etapa de protestas es el paro nacional convocado para este 31 de marzo por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea al personal nodocente. La medida se inscribe en un cronograma más amplio que incluye movilizaciones, clases públicas y acciones de visibilización.

En simultaneo, las principales federaciones docentes —FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA y FAGDUT—, agrupadas en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, avanzan con esquemas de protesta escalonados y no descartan la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria, en línea con experiencias recientes de alto impacto político.

Deterioro salarial: una pérdida acumulada que tensiona al sistema

El eje estructural de la problemática radica en la pérdida de poder adquisitivo. De acuerdo con estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios del sector registraron una caída real cercana al 32%, producto de incrementos nominales por debajo de la inflación acumulada.

Este retroceso equivale, en términos reales, a más de siete salarios mensuales perdidos en el período analizado. Para los gremios, se trata de uno de los deterioros más significativos en décadas, con impacto directo sobre la estabilidad económica de docentes y trabajadores nodocentes.

Las organizaciones sindicales cuestionan, además, la modalidad de actualización salarial aplicada por el Gobierno, basada en incrementos unilaterales y sin convocatoria regular a paritarias, lo que —sostienen— debilita los mecanismos institucionales de negociación colectiva.

Paritarias y financiamiento: los ejes del reclamo

En este sentido, los sindicatos plantean dos demandas centrales: la reapertura inmediata de la negociación paritaria y la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo salarial apunta no solo a recomponer ingresos frente a la inflación, sino también a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Al tiempo que, la exigencia de financiamiento busca garantizar recursos estables para el funcionamiento de las universidades, en un escenario de restricciones presupuestarias.

Según advierten los gremios, la falta de aplicación integral de la ley votada por el Congreso compromete el sostenimiento de actividades académicas, científicas y de extensión, especialmente en universidades del interior del país.

Impacto en el funcionamiento universitario

El conflicto trasciende el plano salarial y comienza a proyectarse sobre el funcionamiento cotidiano del sistema. Las medidas de fuerza afectan el dictado de clases, la realización de exámenes y el desarrollo de proyectos de investigación.

A su vez, el deterioro de los ingresos incide en la retención de recursos humanos calificados. Desde los gremios alertan sobre un escenario de creciente dificultad para sostener planteles docentes y técnicos, lo que podría derivar en una pérdida de calidad educativa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció el 31 de marzo como fecha final para presentar la Libreta de la AUH. El trámite permite cobrar el 20% retenido durante 2024, condicionado al cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó la etapa final de un proceso clave para millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH): la presentación de la Libreta que habilita el cobro del porcentaje retenido a lo largo del año anterior. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ratificó que el 31 de marzo vence la prórroga otorgada para completar este requisito administrativo.

El mecanismo no es nuevo, pero su impacto resulta significativo en la economía cotidiana de los hogares alcanzados. Cada mes, el Estado abona el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante hasta que se verifique el cumplimiento de determinadas condicionalidades: controles sanitarios, calendario de vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes. La acreditación de estos requisitos, mediante la Libreta, es lo que permite liberar ese saldo acumulado.

En esta oportunidad, el trámite adquiere mayor relevancia en un contexto de ingresos ajustados, donde cada ingreso adicional resulta determinante para sostener el consumo básico. De allí que el organismo haya reforzado la difusión del procedimiento y recomendado no postergar su realización.

El proceso se canaliza de manera prioritaria a través de la plataforma digital “mi ANSES”, tanto en su versión web como en la aplicación móvil. Desde allí, los titulares deben verificar los datos de sus hijos, generar el formulario correspondiente y completar las certificaciones requeridas en establecimientos educativos y centros de salud. Una vez firmado, el documento debe ser digitalizado —respetando condiciones técnicas específicas— y cargado nuevamente en el sistema.

El circuito concluye con la confirmación electrónica por parte del organismo, instancia que valida la presentación y habilita el pago del monto retenido. En paralelo, se mantiene la alternativa presencial: quienes no puedan acceder a medios digitales pueden acercarse sin turno previo a las oficinas de ANSES o a los operativos territoriales desplegados en distintos puntos del país.

Más allá de su carácter administrativo, la Libreta AUH funciona como una herramienta de seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia. Su exigencia articula la transferencia de ingresos con el cumplimiento de derechos básicos, consolidando un esquema que busca incentivar la escolarización y el acceso a la salud. Sin embargo, en la práctica, también expone las dificultades de acceso que enfrentan algunos sectores para completar el trámite en tiempo y forma, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

La administración provincial informó que los haberes de marzo estarán disponibles el martes 31, con una suba del 5%. Además, confirmó el pago de un bono no remunerativo de $120.000 para mediados de abril.

El Gobierno de San Juan oficializó el cronograma de pagos para los trabajadores de la Administración Pública, estableciendo que los sueldos correspondientes a marzo de 2026 serán acreditados el próximo martes 31 en las cuentas bancarias de los agentes estatales. La confirmación fue realizada por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, que además detalló los componentes de la liquidación.

En esta oportunidad, los haberes incluirán un incremento del 5%, en línea con la política de actualización salarial definida para el sector público. La suba forma parte de un esquema de recomposición que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores estatales.

A su vez, el Ejecutivo anunció el pago de un bono extraordinario de $120.000, que se abonará el 15 de abril. Según se precisó, la suma tendrá carácter no remunerativo y no bonificable, y alcanzará a la totalidad de los empleados públicos, incluyendo tanto a planta permanente como a trabajadores contratados.

Desde la cartera económica también recordaron que los cajeros automáticos estarán habilitados durante las 24 horas desde el momento de la acreditación, lo que permitirá a los beneficiarios disponer de sus salarios sin restricciones horarias. En este sentido, se mantiene vigente la posibilidad de extracción de efectivo mediante tarjeta de débito en comercios adheridos —como supermercados y estaciones de servicio— a través del sistema Visa Extra Cash, ampliando las alternativas de acceso al dinero.

La definición del cronograma salarial y la incorporación de un bono extraordinario configuran una señal de contención en un contexto económico desafiante. Con aumentos moderados y refuerzos puntuales, la administración sanjuanina busca sostener el poder adquisitivo de los estatales, mientras mantiene previsibilidad en el esquema de pagos.