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Se estima que 1.800.000 trabajadorxs fueron beneficiados por los ATP

Más del 70% de las empresas que se anotaron en la cuarta etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron beneficiadas con algunos de los instrumentos disponibles, por lo que 1,8 millón de trabajadores que cumplen tareas en 200.000 firmas podrán acceder al pago de salarios subsidiados por parte del Estado. La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont anunció que el Gobierno evalúa incluir en el programa ATP, a partir de septiembre, «un crédito a tasa cero que se articule con la creación de empleo» de las empresas para impulsar la recuperación económica.

Del Pont dijo que el salario complementario del ATP «sirvió enormemente para amortiguar la caída de empleo» y entendió que «se está dando una recuperación que tiene que ir acompañada de una demanda laboral», en este caso mediante un mecanismo que «va a ser definido para la semana que viene».

La titular de la AFIP reseñó que en el encuentro del gabinete económico se hizo un abordaje de lo que ha sido el último ATP y expresó la conformidad del Gobierno por poder asistir a un nivel de trabajadores mayor al anterior, al ampliar el universo de empresas contempladas por incluir a todas aquellas cuya facturación haya aumentado hasta un 30%.

Por su parte la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que «el impacto de la pandemia es innegable pero se desplegó una enorme cantidad de políticas específicas para sostener el empleo», y según cifras preliminares, destacó que el ATP 4 permitió asistir al mayor porcentaje de empresas.

El ATP 4, que incorpora la modalidad del crédito a tasa subsidiada, comenzó a pagarse la semana pasada. «Más del 70% de las empresas que se anotaron en el Programa ATP 4 han sido incorporadas» afirmó la funcionaria al señalar que «se van a desplegar todas las políticas necesarias para seguir acompañando la producción y el empleo».

De esta manera se alcanzó a un universo de 1,4 millones de empleados que van a acceder al salario complementario a través de 135.000 empresas y otros 400.000 trabajadores de unas 65.000 empresas cuyos salarios serán asistidos a través de un crédito subsidiado a la empresa empleadora.

El 60% de esas sociedades accedió a un préstamo a tasa cero, ya que se evidenció que su facturación tuvo una variación positiva de entre 0 y 10%; mientras que el resto accedió a un tasa del 7,5% si su ingreso subió entre 10% y 20% o a tasa del 15% si superó entre un 20% y un 30% en relación interanual.

El conjunto del beneficio implicará un desembolso de $ 27.000 millones destinados a pagar salarios complementarios y otros $ 7.000 millones a través de las distintas escalas crediticias, cifras que representan una baja respecto a las anteriores rondas de la ATP, lo cual se explica en buena medida por la recuperación de actividad.

Así se destacó durante la reunión del Gabinete Económico que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó en Casa Rosada, donde se analizó la posibilidad de sumar al ATP créditos subsidiados a tasa cero para aquellas empresa que generen puestos de trabajo a partir de septiembre.

Del encuentro formaron parte los titulares del ministerio de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; Marco del Pont; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; y Todesca Bosco.

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Conflicto sindical en ascenso: Marchas, paros y la resistencia al ajuste

Las próximas dos semanas se perfilan como un período de alta conflictividad social en Argentina, con una serie de protestas sindicales que ponen en jaque la estabilidad del gobierno de Javier Milei. Desde la conmemoración del 24 de marzo hasta el tercer paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores gremiales intensifican su presión contra las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.

El 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la CGT se movilizó con una fuerte presencia de su dirigencia. Si bien esta fecha tiene un significado histórico vinculado a los derechos humanos, la protesta adquirió un tinte marcadamente político y sindical. Desde ese punto de partida, la central obrera estructuró un cronograma de manifestaciones que culminará con un nuevo paro general el 10 de abril.

El detonante inmediato de esta escalada de protestas fue la represión ejercida contra jubilados y manifestantes en las últimas semanas, además del intento gubernamental de imponer límites a las negociaciones paritarias. El descontento sindical se profundizó ante la negativa del gobierno de habilitar “paritarias libres”, un reclamo central de los sindicatos en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.

En este escenario, la CGT busca fortalecer su base territorial mediante un plenario de regionales, liderado por Abel Furlán, secretario del Interior. La intención es que la protesta tenga un alcance federal y sume el respaldo de las distintas seccionales del país. En paralelo, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP confirmaron su adhesión a la movilización del 9 de abril y al paro general del 10.

El gobierno minimiza la protesta, pero la tensión crece

Desde el oficialismo, la estrategia apunta a restar relevancia a la movilización sindical. Mientras la CGT eleva el tono contra las políticas libertarias, el gobierno busca desactivar la protesta con llamados al diálogo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, será el encargado de convocar a dirigentes gremiales para intentar descomprimir la situación. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan cualquier tipo de acuerdo que implique restricciones a la negociación salarial.

La protesta no se limita al ámbito sindical tradicional. El sector de la salud también se encuentra en estado de alerta debido a los recortes en el Ministerio de Salud, que dejaron sin empleo a más de 1.400 trabajadores. En respuesta, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció un “abrazo simbólico” a la institución, denunciando la crisis que atraviesa el principal centro pediátrico del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió que el ajuste está provocando una alarmante fuga de profesionales, lo que pone en riesgo la calidad de la atención. Este conflicto, sumado a la precarización laboral denunciada por los trabajadores de la salud, podría derivar en nuevas medidas de fuerza a lo largo del año.

En este clima de confrontación, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar sin imponer condiciones intransigentes y de la solidez del movimiento sindical para sostener su ofensiva. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la administración Milei, sino también el rumbo de la política laboral y económica en un contexto de crisis profunda.

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UOM logra homologación de paritaria y confirma nuevas escalas salariales

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó las nuevas escalas salariales para los trabajadores de la metalmecánica, tras lograr la homologación del acuerdo salarial de enero pasado. El gremio publicó la homologación y los cuadros salariales para los metalúrgicos, que están en plena vigencia.

Según el acuerdo, las empresas deberán afrontar un aumento del 12,3% por el período noviembre-marzo en los sueldos de los trabajadores comprendidos en Rama 17 y otras del sector metalmecánico. Las subas serán escalonadas y tendrán carácter retroactivo y acumulativo.

A continuación, se detallan las nuevas escalas salariales:

  • Noviembre: 5,5% sobre salarios al 31/10/24. Valor hora ingresante: $3.196,52.
  • Diciembre: 2% sobre salarios al 30/11/24. Valor hora ingresante: $3.260,45.
  • Enero: 1,8% sobre salarios al 31/12/24. Valor hora ingresante: $3.319,14.
  • Febrero: 1,5% sobre salarios al 31/1/25. Valor hora ingresante: $3.368,93.
  • Marzo: 1% sobre salarios al 28/2/25. Valor hora ingresante: $3.402,61.

Además, se establecieron los siguientes Ingresos Mínimos Globales de Referencia (IMGR):

  • Noviembre: $767.854.
  • Diciembre: $783.211.
  • Enero: $797.309.
  • Febrero: $809.268.
  • Marzo: $817.361.

La UOM informó que estas escalas salariales rigen para el personal jornalizado y que las empresas deberán aplicarlas de manera retroactiva.

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Daer confirmó el paro del 10 de abril y denuncia presión gubernamental contra paritarias libres

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, ratificó la realización de un paro general el próximo 10 de abril, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Daer denunció que el Ejecutivo está presionando a los empresarios para evitar paritarias libres y acuerdos homologados, lo que lleva a una situación de «salarios pisados».

«Te quieren llevar a una discusión de precios libres y salarios pisados», cuestionó Daer, y agregó que «hay actividades que pueden pagar mejores salarios y no lo hacen porque el Estado no quiere». El líder sindical también denunció que, desde el último trimestre de 2024, no se discuten salarios libremente debido a decisiones gubernamentales.

La CGT convocó a este paro nacional en rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, siendo la tercera huelga general durante su gestión. Entre los principales reclamos se encuentran la exigencia de paritarias libres y acuerdos homologados, aumento a los jubilados, actualización del bono de 70.000 pesos y volver a discutir las asignaciones familiares.

La situación social se torna cada vez más tensa, con críticas al discurso de Milei en el Foro de Davos y la preocupación por la caída de las jubilaciones y el aumento de suspensiones en el sector industrial debido a la apertura de importaciones. «Se dio vuelta la macroeconomía, el país está carísimo en dólares. El problema no es el salario, el problema es acomodar los precios», concluyó Daer.

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