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Se estima que 1.800.000 trabajadorxs fueron beneficiados por los ATP

Más del 70% de las empresas que se anotaron en la cuarta etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron beneficiadas con algunos de los instrumentos disponibles, por lo que 1,8 millón de trabajadores que cumplen tareas en 200.000 firmas podrán acceder al pago de salarios subsidiados por parte del Estado. La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont anunció que el Gobierno evalúa incluir en el programa ATP, a partir de septiembre, «un crédito a tasa cero que se articule con la creación de empleo» de las empresas para impulsar la recuperación económica.

Del Pont dijo que el salario complementario del ATP «sirvió enormemente para amortiguar la caída de empleo» y entendió que «se está dando una recuperación que tiene que ir acompañada de una demanda laboral», en este caso mediante un mecanismo que «va a ser definido para la semana que viene».

La titular de la AFIP reseñó que en el encuentro del gabinete económico se hizo un abordaje de lo que ha sido el último ATP y expresó la conformidad del Gobierno por poder asistir a un nivel de trabajadores mayor al anterior, al ampliar el universo de empresas contempladas por incluir a todas aquellas cuya facturación haya aumentado hasta un 30%.

Por su parte la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que «el impacto de la pandemia es innegable pero se desplegó una enorme cantidad de políticas específicas para sostener el empleo», y según cifras preliminares, destacó que el ATP 4 permitió asistir al mayor porcentaje de empresas.

El ATP 4, que incorpora la modalidad del crédito a tasa subsidiada, comenzó a pagarse la semana pasada. «Más del 70% de las empresas que se anotaron en el Programa ATP 4 han sido incorporadas» afirmó la funcionaria al señalar que «se van a desplegar todas las políticas necesarias para seguir acompañando la producción y el empleo».

De esta manera se alcanzó a un universo de 1,4 millones de empleados que van a acceder al salario complementario a través de 135.000 empresas y otros 400.000 trabajadores de unas 65.000 empresas cuyos salarios serán asistidos a través de un crédito subsidiado a la empresa empleadora.

El 60% de esas sociedades accedió a un préstamo a tasa cero, ya que se evidenció que su facturación tuvo una variación positiva de entre 0 y 10%; mientras que el resto accedió a un tasa del 7,5% si su ingreso subió entre 10% y 20% o a tasa del 15% si superó entre un 20% y un 30% en relación interanual.

El conjunto del beneficio implicará un desembolso de $ 27.000 millones destinados a pagar salarios complementarios y otros $ 7.000 millones a través de las distintas escalas crediticias, cifras que representan una baja respecto a las anteriores rondas de la ATP, lo cual se explica en buena medida por la recuperación de actividad.

Así se destacó durante la reunión del Gabinete Económico que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó en Casa Rosada, donde se analizó la posibilidad de sumar al ATP créditos subsidiados a tasa cero para aquellas empresa que generen puestos de trabajo a partir de septiembre.

Del encuentro formaron parte los titulares del ministerio de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; Marco del Pont; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; y Todesca Bosco.

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Estatales van a la Justicia para frenar el régimen de disponibilidad de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una acción judicial para detener el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, calificándolo como ilegal y violatorio de la estabilidad laboral.

La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca facilitar el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el régimen como «manifiestamente ilegal», incluso considerando las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo.

Aguiar destacó que solo gobiernos militares han aplicado medidas similares, afectando el derecho constitucional a la estabilidad laboral. La acción judicial será presentada de manera conjunta por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital, liderados por Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional, y Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos de ATE Capital, junto a Suyai Lutz, integrante del equipo.

El referente de la ATE subrayó la importancia de la unidad política y el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ATE, que han logrado resultados positivos en casos recientes. «La Justicia debe actuar de inmediato para proteger los derechos de los trabajadores de la planta permanente», enfatizó.

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Escándalo en la Dirección Nacional de Vialidad: Licitación millonaria para compra de neumáticos en vísperas de su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.

Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».

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Gremios docentes de la CGT denunciaron al Gobierno ante la OIT por violación de derechos sindicales

Los gremios docentes de la CGT, UDA y CEA, denunciaron al Gobierno de Javier Milei ante la OIT por la violación de los Convenios 87 de libertad sindical y 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificados por la Argentina.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), gremios adheridos a la CGT, presentaron una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La medida surge tras la entrada en vigencia del Decreto 341/2025, que según los gremios, «desmanteló el sistema de negociación colectiva a nivel nacional para el sector docente».

La Situación de los Docentes en Argentina

La paritaria docente fue «vaciada de contenido, convertida en una figura casi simbólica», con el objetivo de «desactivarla, cercenar derechos constitucionales y desentender al Estado de la inversión que por ley corresponde». Los sindicatos alertaron sobre la crítica situación salarial de los docentes, indicando que «el salario inicial docente permanece congelado en $500.000», mientras que el Estado se «aleja de la inversión educativa establecida por la legislación vigente».

La Exigencia de los Gremios

Los gremios exigieron «una convocatoria urgente a la paritaria, en un marco adecuado y de respeto a las negociaciones colectivas, para evitar que miles de docentes sigan por debajo de la línea de pobreza». La presentación ante la OIT alerta también sobre la grave preocupación de los sindicatos docentes por la regresión de los derechos laborales y la situación económica que enfrentan los educadores en el país.

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