La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentarán una batería de medidas gremiales que incluirá un paro nacional y acciones en todo el país. Reclaman la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.

Los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciarán el próximo 3 de agosto un conjunto de medidas de fuerza que se extenderá durante todo el mes, en respuesta a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento que, según denuncian, afecta al sistema educativo argentino.

La presentación se realizará a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, con la participación de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, encabezada por Sergio Romero, y miembros del Consejo Directivo Nacional.

Las organizaciones adelantaron que el cronograma incluirá un paro nacional docente y distintas acciones de visibilización en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo, señalaron, es exponer la crítica realidad que atraviesa la educación pública y reclamar respuestas concretas del Gobierno nacional frente a la pérdida salarial y la falta de negociación colectiva.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de convocatorias por parte de las secretarías de Educación y de Trabajo de la Nación para reactivar la Paritaria Nacional Docente. Desde la CEA, conducida por Fabián Felman, recordaron que el último encuentro se realizó en abril y sostuvieron que el salario docente permanece congelado en 500.000 pesos desde febrero de 2025, una cifra que consideran completamente desactualizada frente al incremento sostenido del costo de vida.

Durante la última reunión del Consejo Directivo de la CEA, los dirigentes analizaron la evolución del conflicto y resolvieron coordinar una respuesta conjunta con los restantes sindicatos docentes de la CGT. Felman confirmó que la decisión busca fortalecer una postura común para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y una mayor inversión destinada a sostener el funcionamiento del sistema educativo.

El conflicto también suma otros actores sindicales. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, alineada con la CTA, convocó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el inicio de agosto estará marcado por una fuerte convergencia de reclamos impulsados por las principales organizaciones docentes del país. La coincidencia de las medidas anticipa un comienzo de mes con alto impacto en el dictado de clases y vuelve a colocar la política educativa y salarial en el centro de la agenda gremial nacional.

Un relevamiento del Mapa del Estado actualizado a abril de 2026 reveló que la participación femenina en los cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional descendió del 39% al 22% en cuatro años. El retroceso se concentra en secretarías y subsecretarías y coincide con la reestructuración del Gabinete nacional y la eliminación del Ministerio de las Mujeres.

La representación de las mujeres en los niveles más altos de la Administración Pública Nacional registró una marcada caída durante la gestión del presidente Javier Milei. De acuerdo con un relevamiento elaborado sobre el Mapa del Estado actualizado a abril de 2026, la participación femenina en ministerios, secretarías y subsecretarías pasó del 39% en 2022 al 22% en la actualidad, una disminución de 17 puntos porcentuales que vuelve a poner en debate las dificultades de acceso de las mujeres a los espacios de decisión.

El estudio analizó 194 cargos jerárquicos distribuidos entre la Jefatura de Gabinete, nueve ministerios, 50 secretarías y 134 subsecretarías. De los 177 puestos actualmente cubiertos, 138 corresponden a hombres y apenas 39 a mujeres, lo que significa que cerca de ocho de cada diez cargos políticos están en manos masculinas.

La participación femenina en la conducción ministerial también es reducida. Solo dos carteras nacionales son encabezadas por mujeres: Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, y Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva. En contraste, el Ministerio de Defensa no cuenta con mujeres en su estructura jerárquica, mientras que en las áreas de Justicia y Seguridad la representación femenina apenas alcanza el 13%.

La mayor pérdida de participación se produjo en los niveles intermedios de conducción. En las secretarías, la presencia de mujeres descendió del 37% registrado en 2022 al 15% en 2026. En las subsecretarías, la reducción fue del 42% al 25%. En los ministerios, en cambio, la variación fue menor y pasó del 21% al 20%.

El informe vincula esta evolución con la reorganización impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023, que redujo la estructura ministerial y eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, organismo creado durante la administración anterior con el propósito de impulsar políticas de igualdad y promover una mayor participación femenina en la gestión pública.

Ana Castellani, investigadora del CONICET y ex secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación entre 2019 y 2023, sostuvo que durante el gobierno anterior el crecimiento de la representación femenina respondió a una directiva presidencial que promovía la paridad en los cargos directivos. En contraste, afirmó que la actual administración dejó de considerar las brechas de género como una prioridad institucional y desmanteló el entramado normativo orientado a reducir esas desigualdades.

El relevamiento también examinó la composición general de la Administración Pública Nacional, integrada por 358.974 agentes. Allí la distribución resulta menos desigual: el 61% corresponde a varones y el 39% a mujeres. Sin embargo, esa proporción se modifica a medida que aumenta la jerarquía de los cargos, consolidando un fenómeno que distintos estudios identifican como «techo de cristal», es decir, las barreras que dificultan el acceso femenino a las posiciones de mayor poder dentro del Estado.

Los datos muestran además fuertes diferencias entre organismos. Solo ocho de las 87 dependencias relevadas registran una participación femenina superior al 60%, mientras que en las fuerzas de seguridad y defensa —como el Ejército, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina— los hombres representan más del 70% del personal. El informe vuelve a colocar en la agenda el debate sobre la equidad de género en la administración pública y los criterios utilizados para la designación de funcionarios en los máximos niveles de conducción.

El Ministerio de Economía confirmó la incorporación del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El emprendimiento, que integrará los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, prevé una inversión cercana a los US$9.700 millones, exportaciones por US$2.600 millones anuales y la generación de 31.700 empleos directos e indirectos.

El Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que habilita el acceso a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por la Ley de Bases para uno de los mayores desarrollos cupríferos del país. La iniciativa, impulsada por las compañías BHP y Lundin Mining en San Juan, contempla una inversión total de US$9.737 millones destinada a la explotación de cobre, oro y plata.

La medida fue oficializada este jueves por el Ministerio de Economía y quedó plasmada en la Resolución 1154/2026, que incorporó el emprendimiento al Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La cartera que conduce Luis Caputo sostuvo que la propuesta reúne los requisitos de estabilidad, previsibilidad y magnitud establecidos por el régimen.

El proyecto comprende el desarrollo conjunto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, además de la exploración de otras concesiones mineras vinculadas. La iniciativa incluye la construcción de minas a cielo abierto, una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua, caminos de acceso, campamentos e infraestructura de apoyo necesaria para la operación.

Según la documentación presentada por Vicuña Argentina S.A., de la inversión total prevista, US$9.024 millones serán considerados activos computables dentro del RIGI. El cronograma fue dividido en dos etapas: la primera se extenderá desde el 8 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la segunda abarcará el período comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.

Durante la fase inicial se computarán inversiones por US$1.128 millones y, en la segunda, otros US$7.895 millones. La empresa, además, deberá acreditar inversiones por al menos US$2.009 millones dentro de los dos primeros años posteriores a la notificación de la resolución, superando el umbral mínimo exigido por la normativa. El plazo para cumplir esa condición vencerá el 31 de diciembre de 2028.

El Gobierno estima que, una vez en producción, Vicuña permitirá exportaciones cercanas a los US$2.600 millones anuales y generará alrededor de 31.700 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, consolidando a San Juan como uno de los principales polos cupríferos de América Latina.

La adhesión al RIGI también habilita la importación de bienes de capital y equipamiento tecnológico con franquicias aduaneras, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá asignar una identificación tributaria específica al vehículo del proyecto para aplicar los incentivos previstos por el régimen.

Por su parte, el Banco Central implementará los beneficios cambiarios contemplados para las grandes inversiones, incluidos los vinculados con la disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones. Durante el proceso de evaluación, la autoridad monetaria informó que no encontró objeciones en materia cambiaria, mientras que la Secretaría de Minería será la encargada de supervisar el cumplimiento del cronograma de inversiones y de las obligaciones asumidas por la empresa.

La aprobación de Vicuña representa uno de los pasos más relevantes para la minería argentina desde la creación del RIGI y fortalece la posición de San Juan como destino de inversiones de gran escala, ante el empuje de la transición energética y el avance tecnológico, el cobre cobra un valor estratégico sin precedentes.