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Se estima que 1.800.000 trabajadorxs fueron beneficiados por los ATP

Más del 70% de las empresas que se anotaron en la cuarta etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron beneficiadas con algunos de los instrumentos disponibles, por lo que 1,8 millón de trabajadores que cumplen tareas en 200.000 firmas podrán acceder al pago de salarios subsidiados por parte del Estado. La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont anunció que el Gobierno evalúa incluir en el programa ATP, a partir de septiembre, «un crédito a tasa cero que se articule con la creación de empleo» de las empresas para impulsar la recuperación económica.

Del Pont dijo que el salario complementario del ATP «sirvió enormemente para amortiguar la caída de empleo» y entendió que «se está dando una recuperación que tiene que ir acompañada de una demanda laboral», en este caso mediante un mecanismo que «va a ser definido para la semana que viene».

La titular de la AFIP reseñó que en el encuentro del gabinete económico se hizo un abordaje de lo que ha sido el último ATP y expresó la conformidad del Gobierno por poder asistir a un nivel de trabajadores mayor al anterior, al ampliar el universo de empresas contempladas por incluir a todas aquellas cuya facturación haya aumentado hasta un 30%.

Por su parte la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que «el impacto de la pandemia es innegable pero se desplegó una enorme cantidad de políticas específicas para sostener el empleo», y según cifras preliminares, destacó que el ATP 4 permitió asistir al mayor porcentaje de empresas.

El ATP 4, que incorpora la modalidad del crédito a tasa subsidiada, comenzó a pagarse la semana pasada. «Más del 70% de las empresas que se anotaron en el Programa ATP 4 han sido incorporadas» afirmó la funcionaria al señalar que «se van a desplegar todas las políticas necesarias para seguir acompañando la producción y el empleo».

De esta manera se alcanzó a un universo de 1,4 millones de empleados que van a acceder al salario complementario a través de 135.000 empresas y otros 400.000 trabajadores de unas 65.000 empresas cuyos salarios serán asistidos a través de un crédito subsidiado a la empresa empleadora.

El 60% de esas sociedades accedió a un préstamo a tasa cero, ya que se evidenció que su facturación tuvo una variación positiva de entre 0 y 10%; mientras que el resto accedió a un tasa del 7,5% si su ingreso subió entre 10% y 20% o a tasa del 15% si superó entre un 20% y un 30% en relación interanual.

El conjunto del beneficio implicará un desembolso de $ 27.000 millones destinados a pagar salarios complementarios y otros $ 7.000 millones a través de las distintas escalas crediticias, cifras que representan una baja respecto a las anteriores rondas de la ATP, lo cual se explica en buena medida por la recuperación de actividad.

Así se destacó durante la reunión del Gabinete Económico que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó en Casa Rosada, donde se analizó la posibilidad de sumar al ATP créditos subsidiados a tasa cero para aquellas empresa que generen puestos de trabajo a partir de septiembre.

Del encuentro formaron parte los titulares del ministerio de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; Marco del Pont; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; y Todesca Bosco.

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La crisis salarial en la TV Pública escala con medidas gremiales y fuerte malestar interno

Los sindicatos con representación en la TV Pública resolvieron iniciar paros sorpresivos de una hora por turno desde este viernes, en rechazo al congelamiento salarial y al deterioro de las condiciones laborales. Los gremios alertan que el ajuste compromete el funcionamiento operativo de la señal estatal y pone en riesgo futuras coberturas especiales.

La conflictividad gremial dentro de los medios públicos sumó un nuevo episodio de tirantez luego de que los trabajadores de la TV Pública aprobaran un esquema de medidas de fuerza escalonadas para exigir recomposición salarial y denunciar el deterioro creciente de la estructura operativa de la emisora estatal.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una asamblea conjunta realizada en la sede del canal, sobre avenida Figueroa Alcorta, donde confluyeron delegados y afiliados del SATSAID, SiPreBA, y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública.

El frente sindical resolvió avanzar con paros sorpresivos de una hora por turno a partir de este viernes 22 de mayo y repetir la modalidad durante las jornadas del 26, 27, 28 y 29 de mayo. La metodología apunta a afectar la programación habitual de manera parcial pero sostenida, buscando incrementar la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente las transmisiones.

Detrás de las medidas aparece un malestar acumulado que atraviesa a las distintas áreas técnicas, periodísticas y administrativas del canal. Los gremios denuncian que el congelamiento salarial pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores y profundizó un escenario de precarización interna que ya impacta sobre la dinámica cotidiana de producción.

Además del reclamo salarial, las organizaciones sindicales advirtieron sobre las consecuencias operativas que podría generar la continuidad del ajuste en los medios públicos. Según plantearon, la pérdida de personal especializado, el deterioro técnico y la falta de recomposición de ingresos comienzan a comprometer la capacidad de sostener coberturas de gran magnitud.

En ese cuadro, los representantes gremiales deslizaron una advertencia directa sobre las futuras transmisiones vinculadas al próximo Mundial de fútbol. Consideran que, de persistir la falta de acuerdos, la señal estatal podría enfrentar serias dificultades para garantizar una cobertura normal de eventos especiales y producciones de alta complejidad técnica.

El conflicto expone además una disputa más amplia sobre el futuro de los medios públicos dentro de la gestión de Javier Milei. Desde la llegada del oficialismo libertario al poder, trabajadores y sindicatos vienen denunciando recortes presupuestarios, paralización de inversiones y una política orientada al achicamiento de las estructuras estatales de comunicación.

Mientras continúan las negociaciones informales, el clima interno en la emisora permanece atravesado por una gran incertidumbre. Los gremios aseguran que mantendrán las protestas hasta obtener una propuesta concreta de recomposición salarial y garantías sobre la continuidad operativa de la señal pública.

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ASIJEMIN, AOMA y Santa Cruz coordinan acciones para reforzar la protección laboral en Cerro Negro


Durante una reunión con delegados y representantes gremiales, se expusieron incumplimientos y falta de respuestas de la empresa frente a reclamos vinculados a sectores estratégicos de seguridad y servicios técnicos dentro del yacimiento. En medio de crecientes reclamos por las condiciones operativas dentro del yacimiento Cerro Negro, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN), AOMA Santa Cruz y autoridades del Gobierno provincial mantuvieron una reunión clave para coordinar acciones orientadas a fortalecer la seguridad y garantizar mejores condiciones para los trabajadores mineros.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, junto al director regional Sur del gremio, Oscar Romillo, y contó con la participación de delegados de base y miembros de la Comisión Interna Gremial de Cerro Negro. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, entre ellos Javier Aravena, además de funcionarios de áreas vinculadas a Seguridad e Higiene, Transporte y Comercio.

Durante la reunión, los representantes sindicales plantearon una serie de incumplimientos y cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de la empresa frente a reiterados reclamos relacionados con sectores estratégicos de seguridad y servicios técnicos dentro de la mina. Según señalaron desde ASIJEMIN, existe preocupación por el debilitamiento de áreas sensibles para la prevención y el control operativo, situación que podría impactar directamente tanto en las condiciones laborales como en la integridad física de los trabajadores.

En ese marco, los gremios advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar situaciones de riesgo y reforzar los mecanismos de control dentro del yacimiento, en un contexto donde la seguridad minera volvió a ubicarse en el centro de las preocupaciones sindicales.

Preocupación gremial y compromiso para avanzar en soluciones
Las partes coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo conjunta que permita avanzar en soluciones concretas para mejorar los estándares de seguridad dentro de Cerro Negro y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad minera. Desde ASIJEMIN destacaron especialmente la predisposición del Gobierno de Santa Cruz y el trabajo articulado junto a AOMA para abordar los reclamos planteados por los trabajadores y avanzar en mecanismos de prevención más eficientes.

La reunión dejó en evidencia la creciente preocupación de las organizaciones sindicales por el funcionamiento de áreas consideradas críticas dentro del yacimiento y por la necesidad de que la empresa dé respuestas concretas frente a los planteos vinculados a seguridad laboral.

En ese sentido, desde el sector gremial remarcaron que la prioridad seguirá siendo resguardar la vida y la salud de los trabajadores mineros, en una actividad donde las condiciones de seguridad resultan determinantes para el normal desarrollo de las tareas diarias.

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El Gobierno busca fortalecer al campo con una baja de derechos de exportación para trigo y cebada

Durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Javier Milei confirmó una disminución de las retenciones para trigo y cebada a partir de junio y anticipó un cronograma gradual de reducción para la soja desde 2027. El Presidente además adelantó futuras rebajas tributarias para industrias estratégicas.

El presidente Javier Milei volvió a colocar al sector agropecuario en el centro de su estrategia económica y anunció una nueva reducción de derechos de exportación para parte del complejo cerealero. La medida fue comunicada durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario ratificó su intención de avanzar hacia una disminución gradual de la presión tributaria sobre las actividades productivas.

Según detalló el jefe de Estado, las retenciones aplicadas al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026. Además, confirmó que a partir de enero de 2027 comenzará una reducción progresiva en los derechos de exportación de la soja, mediante un esquema mensual que oscilará entre 0,25% y 0,5%, sujeto al comportamiento de la recaudación fiscal.

El anuncio representa una señal política hacia uno de los sectores históricamente más influyentes de la economía argentina, en un momento en que el Gobierno intenta consolidar reservas, sostener el superávit fiscal y mantener el respaldo de los complejos exportadores.

“Nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos”, sostuvo Milei durante su exposición, donde volvió a defender el rumbo económico de la administración libertaria y cuestionó las políticas tributarias aplicadas sobre el agro durante gobiernos anteriores.

El mandatario también adelantó que el Ministerio de Economía trabaja en nuevos alivios impositivos para otras ramas industriales vinculadas a la producción y la exportación. Entre ellas mencionó al sector automotriz, la petroquímica y la fabricación de maquinaria, aunque evitó precisar fechas y porcentajes concretos.

Dentro del universo agroindustrial, las medidas fueron recibidas con expectativa favorable. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina valoraron la continuidad de la reducción de retenciones y señalaron que mantendrán conversaciones con el equipo económico para evaluar el impacto operativo y comercial del nuevo esquema.

Más allá del alivio fiscal anunciado, el Gobierno apuesta a fortalecer el vínculo con el campo en un contexto donde el ingreso de divisas provenientes de exportaciones continúa siendo determinante para la estabilidad macroeconómica. En ese marco, Milei afirmó que el agro atraviesa “uno de los mejores años de su historia”, impulsado por niveles elevados de producción y una mejora en las perspectivas de exportación.

El Presidente sostuvo además que, pese a las distorsiones cambiarias y la persistencia de retenciones, el sector mantiene una capacidad de crecimiento que considera clave para la recuperación económica del país.

La decisión oficial también vuelve a reabrir el debate sobre el peso de los derechos de exportación dentro de la estructura tributaria argentina. Mientras el oficialismo los define como un gravamen transitorio que debe reducirse gradualmente, distintos sectores advierten que el equilibrio fiscal todavía depende en gran medida de esos recursos.

Con este anuncio, la administración libertaria intenta enviar una señal simultánea al mercado, al agro y al núcleo productivo exportador: sostener el ajuste sobre el gasto público mientras comienza, de manera selectiva, un proceso de reducción de impuestos sobre actividades consideradas estratégicas para el ingreso de divisas y el crecimiento económico.

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