El capítulo tributario de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo encendió la alarma en las provincias. Los cambios en Ganancias y la eliminación de impuestos internos amenazan con recortar recursos coparticipables clave, en un marco de finanzas provinciales ya tensionadas y una distribución desigual de beneficios fiscales.

La reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en las próximas semanas abrió un nuevo y delicado frente de conflicto político. Esta vez, el foco no está puesto en los sindicatos ni en el Congreso, sino en las provincias, que advierten que el proyecto incluye modificaciones tributarias con impacto directo sobre la coparticipación federal y denuncian una transferencia de costos hacia los distritos subnacionales.

El núcleo de la preocupación reside en los cambios propuestos al impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la masa coparticipable. Según el proyecto de “modernización laboral”, se plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda. Para los gobernadores, estas medidas implican una caída automática de recursos sin ningún mecanismo de compensación.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas modificaciones alcanzaría el 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones anuales. De ese total, $1,12 billones impactarían de manera directa en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que verían reducidos sus ingresos coparticipables.

Impacto desigual y beneficios concentrados

La pérdida de recursos no sería homogénea. La provincia de Buenos Aires aparece como la más afectada, con un recorte estimado en $238.558 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza. En todos los casos, se trata de distritos con estructuras fiscales frágiles y fuertes compromisos en materia de educación, salud y asistencia social.

Desde el Gobierno, la defensa oficial se apoya en el argumento de que la baja de Ganancias busca mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión privada. Sin embargo, en las provincias cuestionan con dureza el reparto de costos y beneficios. El senador Jorge Capitanich fue uno de los más explícitos al calificar la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta” que favorece a un grupo reducido de grandes empresas.

Los números refuerzan esa crítica: el tramo más alto del impuesto a las Ganancias, que concentra el 76% de la recaudación, alcanza apenas a 1.856 sociedades, alrededor del 1% del total. La reducción de alícuotas, sostienen los detractores del proyecto, beneficia a ese universo acotado mientras traslada el ajuste al conjunto de las provincias.

Impuestos internos y otro golpe a la coparticipación

A los cambios en Ganancias se suma la eliminación de impuestos internos que gravan rubros como seguros, telefonía celular, artículos suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo y aeronaves. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión tendría un costo fiscal cercano a los 334 millones de dólares anuales, aunque Capitanich eleva esa cifra a 548 millones.

Se trata, además, de tributos coparticipables desde 1996, por lo que su eliminación representa otro recorte directo a las finanzas provinciales. La preocupación se agrava si se considera que, en paralelo, el Estado nacional continúa trasladando responsabilidades a los distritos —como en el caso de la educación— sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas.

El malestar provincial se potencia por las asimetrías en la distribución de transferencias automáticas. Un informe de Politikon Chaco revela que las provincias alineadas con el oficialismo registraron incrementos superiores al 200%, mientras que los distritos más críticos del Gobierno no alcanzaron el 50%, profundizando las tensiones políticas y fiscales.

Con el dictamen ya firmado, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se preparan para una ronda de negociaciones que promete ser intensa. El objetivo oficial es llevar el proyecto al recinto en la segunda semana de febrero, aunque el desenlace permanece abierto.

El interrogante central no es solo si la reforma laboral logrará los votos necesarios, sino si el Gobierno estará dispuesto a revisar su capítulo tributario para evitar una ruptura más profunda con las provincias. En un contexto de ajuste fiscal, recursos escasos y creciente desigualdad territorial, la discusión expone una rigidez estructural: quién paga el costo de las reformas y quién se queda con sus beneficios.

Mientras el Gobierno nacional presenta al petróleo y la minería como pilares del crecimiento, en las provincias energéticas se profundiza la pérdida de empleo, la caída del ingreso y la fragilidad del entramado productivo. El ajuste se territorializa y desnuda una nueva brecha federal.

El debate económico argentino suele concentrarse en variables macroeconómicas y balances sectoriales agregados, pero deja en un segundo plano una dimensión clave: el impacto territorial del modelo productivo. En ese plano, los datos del mercado laboral en petróleo y minería revelan una paradoja inquietante. Los sectores que el gobierno de Javier Milei presenta como “motores del desarrollo” no solo no están generando empleo, sino que están destruyendo puestos de trabajo en las regiones donde históricamente funcionaron como columna vertebral de la economía local.

Según datos oficiales, el complejo de petróleo y minería cuenta hoy con unos 87.500 empleos formales, frente a los 94.600 registrados en noviembre de 2023. En poco más de un año se perdieron más de 7.000 puestos, una caída que se consolida desde mediados de 2024 y que tiene consecuencias particularmente severas en provincias altamente dependientes de estas actividades.

La situación se vuelve más evidente en territorios como Chubut y Santa Cruz, corazón de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde la actividad hidrocarburífera no solo explica el empleo directo, sino también buena parte del consumo, la recaudación y la dinámica del comercio regional. Allí, la retracción del empleo petrolero actúa como un factor de arrastre negativo sobre todo el tejido económico.

Federalismo estadístico y desigualdad real

Las estadísticas oficiales muestran tasas de desempleo relativamente bajas en estas provincias, pero los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuentan otra historia: una pérdida sostenida de empleo formal, especialmente en puestos calificados y de altos ingresos. Esta brecha entre indicadores no es casual, sino el reflejo de un proceso de degradación laboral que no siempre se traduce en desocupación abierta.

En las regiones energéticas, el ajuste adopta formas silenciosas: retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, contratos no renovados y un desplazamiento hacia la informalidad.

Para la metodología del INDEC, quien abandona la búsqueda activa de empleo deja de ser desocupado, aunque haya sido expulsado del circuito formal. Así, miles de ex trabajadores petroleros pasan a engrosar un universo de ocupaciones precarias —delivery, transporte, changas, microemprendimientos— que sostienen la subsistencia, pero no reemplazan la calidad del empleo perdido.

Este fenómeno genera un efecto particularmente regresivo en el interior del país, donde las alternativas laborales son más limitadas y la dependencia de un solo sector productivo amplifica los impactos negativos.

Salarios, consumo y economías regionales en retroceso

La pérdida de empleo petrolero no es solo una estadística laboral: es un shock económico regional. Un trabajador de yacimiento puede percibir ingresos cercanos a los 3,8 millones de pesos netos mensuales, con aportes, cobertura de salud y capacidad de crédito. Ese salario dinamiza el comercio, los servicios, la construcción y la recaudación provincial y municipal.

Cuando ese puesto desaparece, lo que lo reemplaza suele ser empleo informal o cuentapropismo de baja productividad, con ingresos 50% inferiores o más, sin estabilidad ni protección social. En términos concretos, se necesitan dos o tres trabajos precarios para igualar el ingreso que generaba un solo empleo petrolero.

Las estimaciones regionales indican que la Cuenca San Jorge perdió alrededor de 300.000 millones de pesos anuales en capacidad de consumo, una cifra que explica la caída del comercio, el cierre de pymes y el deterioro del entramado social en ciudades fuertemente ligadas a la actividad energética.

Un modelo que concentra rentas y descentraliza costos

Incluso dentro del propio sector energético, la reabsorción de trabajadores se produce bajo condiciones cada vez más desfavorables. Cambios de concesión, relicitaciones y reestructuraciones empresarias derivan en recortes salariales del 30 al 35%, reducción de beneficios y flexibilización de condiciones laborales, con el argumento de mejorar la competitividad.

Este esquema revela un problema estructural del modelo actual: las rentas y las decisiones estratégicas se concentran, mientras que los costos sociales y laborales se territorializan. Las provincias productoras asumen el impacto del ajuste sin herramientas fiscales, crediticias o de política industrial que amortigüen la caída.

En términos federales, el resultado es una profundización de las asimetrías: regiones ricas en recursos naturales, pero cada vez más pobres en empleo de calidad y capacidad de desarrollo endógeno.

El escenario energético actual deja una advertencia que trasciende al sector. El bajo desempleo agregado no alcanza para evaluar la salud de una economía, especialmente en un país federal y desigual como la Argentina. Lo que está en juego no es solo cuántos puestos existen, sino dónde se destruyen, qué calidad tenían y qué los reemplaza.

Hoy, el petróleo y la minería ya no funcionan como anclas de desarrollo regional. Lejos del efecto derrame prometido, concentran incertidumbre, ajuste y precarización en las provincias productoras. Sin una estrategia federal que articule inversión, empleo y desarrollo territorial, el modelo energético corre el riesgo de consolidar un país con enclaves extractivos prósperos y regiones cada vez más frágiles.

Diputados nacionales presentaron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia sin intervención del Congreso. Denuncian que la norma habilita prácticas de espionaje, elimina controles democráticos y otorga a la Side facultades que vulneran garantías constitucionales.

Un grupo de legisladores nacionales presentó este lunes una acción de amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó de manera sustancial la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

La presentación fue realizada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, quienes advirtieron que el decreto configura un grave retroceso institucional al alterar el sistema de inteligencia sin debate parlamentario y habilitar un entramado de acciones que, según sostienen, carecería de controles efectivos.

“Junto a Mónica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”, expresó Ferraro a través de la red social X, donde además remarcó la gravedad del avance del Ejecutivo sobre facultades que corresponden al Congreso.

Cuestionamientos al uso del DNU

En el escrito judicial, los legisladores sostienen que no existieron ni existen razones de necesidad y urgencia que justifiquen el dictado del decreto. Subrayan que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y que una reforma de esta magnitud requiere un debate democrático profundo.

“Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, señalan, y remarcan que la modificación del sistema de inteligencia es una materia sensible que exige deliberación, equilibrio institucional y control parlamentario, principios que —afirman— fueron deliberadamente soslayados.

El amparo sostiene que el DNU viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia, así como el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al habilitar prácticas que podrían afectar derechos y libertades fundamentales.

Facultades controvertidas y alarma institucional

Entre los puntos más cuestionados del DNU 941/2025 se encuentra la habilitación a los agentes de la Side para realizar detenciones, una facultad que hasta ahora estaba expresamente prohibida por la Ley 25.520 y que corresponde exclusivamente a fuerzas policiales, siempre bajo orden judicial.

Además, el decreto establece que todas las actividades del organismo de inteligencia pasen a ser consideradas “encubiertas”, lo que, según los diputados, elimina de hecho los mecanismos de supervisión y control previstos por la legislación vigente.

Otro aspecto central es la autorización para que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas produzcan información sobre “organizaciones no estatales de interés”, una redacción amplia y ambigua que, advierten, podría derivar en tareas de espionaje interno sobre actores sociales, políticos o sindicales.

Argumentos jurídicos del amparo

En su presentación, los legisladores enfatizan que el decreto cuestionado invade materias expresamente vedadas para los DNU, como las de carácter penal o procesal penal. En particular, destacan que la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia constituye una violación directa a los límites constitucionales.

“La disposición del Poder Ejecutivo no cumple con los presupuestos para el dictado de un DNU, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna”, afirman en el escrito, al tiempo que alertan sobre el riesgo de un uso discrecional del aparato de inteligencia sin control judicial ni parlamentario.

La presentación del amparo reabre un debate de fondo sobre el alcance del poder presidencial y el uso recurrente de decretos para modificar marcos normativos sensibles. En particular, el sistema de inteligencia ha sido históricamente un área atravesada por cuestionamientos, abusos y reformas orientadas a limitar su opacidad.

La ampliación de facultades de la Side por vía de un DNU, sin control legislativo y con habilitaciones que rozan el terreno penal, despierta alarmas no solo en la oposición política, sino también en sectores especializados en derechos humanos e institucionalidad democrática.