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Se estima que 1.800.000 trabajadorxs fueron beneficiados por los ATP

Más del 70% de las empresas que se anotaron en la cuarta etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron beneficiadas con algunos de los instrumentos disponibles, por lo que 1,8 millón de trabajadores que cumplen tareas en 200.000 firmas podrán acceder al pago de salarios subsidiados por parte del Estado. La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont anunció que el Gobierno evalúa incluir en el programa ATP, a partir de septiembre, «un crédito a tasa cero que se articule con la creación de empleo» de las empresas para impulsar la recuperación económica.

Del Pont dijo que el salario complementario del ATP «sirvió enormemente para amortiguar la caída de empleo» y entendió que «se está dando una recuperación que tiene que ir acompañada de una demanda laboral», en este caso mediante un mecanismo que «va a ser definido para la semana que viene».

La titular de la AFIP reseñó que en el encuentro del gabinete económico se hizo un abordaje de lo que ha sido el último ATP y expresó la conformidad del Gobierno por poder asistir a un nivel de trabajadores mayor al anterior, al ampliar el universo de empresas contempladas por incluir a todas aquellas cuya facturación haya aumentado hasta un 30%.

Por su parte la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que «el impacto de la pandemia es innegable pero se desplegó una enorme cantidad de políticas específicas para sostener el empleo», y según cifras preliminares, destacó que el ATP 4 permitió asistir al mayor porcentaje de empresas.

El ATP 4, que incorpora la modalidad del crédito a tasa subsidiada, comenzó a pagarse la semana pasada. «Más del 70% de las empresas que se anotaron en el Programa ATP 4 han sido incorporadas» afirmó la funcionaria al señalar que «se van a desplegar todas las políticas necesarias para seguir acompañando la producción y el empleo».

De esta manera se alcanzó a un universo de 1,4 millones de empleados que van a acceder al salario complementario a través de 135.000 empresas y otros 400.000 trabajadores de unas 65.000 empresas cuyos salarios serán asistidos a través de un crédito subsidiado a la empresa empleadora.

El 60% de esas sociedades accedió a un préstamo a tasa cero, ya que se evidenció que su facturación tuvo una variación positiva de entre 0 y 10%; mientras que el resto accedió a un tasa del 7,5% si su ingreso subió entre 10% y 20% o a tasa del 15% si superó entre un 20% y un 30% en relación interanual.

El conjunto del beneficio implicará un desembolso de $ 27.000 millones destinados a pagar salarios complementarios y otros $ 7.000 millones a través de las distintas escalas crediticias, cifras que representan una baja respecto a las anteriores rondas de la ATP, lo cual se explica en buena medida por la recuperación de actividad.

Así se destacó durante la reunión del Gabinete Económico que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó en Casa Rosada, donde se analizó la posibilidad de sumar al ATP créditos subsidiados a tasa cero para aquellas empresa que generen puestos de trabajo a partir de septiembre.

Del encuentro formaron parte los titulares del ministerio de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; Marco del Pont; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; y Todesca Bosco.

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Orrego llevó a la Casa Rosada el reclamo por la reactivación de la Ruta 40 Sur

El gobernador se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para avanzar en una salida financiera para el tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, paralizado entre Tres Esquinas y Cochagual. La provincia también cuenta con un préstamo de US$160 millones de la CAF para modernizar otros sectores del corredor, pero aún debe resolver cómo continuar los trabajos pendientes.

El gobernador Marcelo Orrego llevó a la Casa Rosada el reclamo por la reactivación del tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, durante una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro apuntó a destrabar el financiamiento de una obra paralizada por la interrupción de los desembolsos nacionales y la falta de pago a las empresas contratistas.

La intervención pendiente comprende unos 27 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento. Su continuidad es una de las prioridades del Gobierno sanjuanino por la importancia del corredor para la conexión con Mendoza y el transporte de la producción local.

Antes de viajar a Buenos Aires, el mandatario sanjuanino había anticipado que insistiría ante las autoridades nacionales para encontrar una alternativa financiera y avanzar también en las gestiones con Vialidad Nacional. Durante una actividad en el departamento Rawson, el gobernador remarcó que la obra no podía quedar relegada y defendió la necesidad de mantener las negociaciones con la administración central.

“A mí no se me cae ni un anillo”, afirmó al justificar sus gestiones en defensa de los intereses provinciales.

El encuentro con Santilli coincidió con las gestiones de San Juan para articular diversas líneas de crédito y reanudar los proyectos viales pendientes. La provincia consiguió la aprobación de un préstamo de US$160 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a modernizar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40, distribuidos en dos sectores. Sin embargo, esos recursos no resuelven automáticamente la continuidad del tramo II, cuya ejecución original dependía de fondos de Nación.

Ambos proyectos difieren en un aspecto clave: el crédito internacional da luz verde a las intervenciones pautadas, mientras que el sector Tres Esquinas – Cochagual depende de una resolución estratégica que destrabe la reanudación de las tareas.

Por consiguiente, la negociación con la Jefatura de Gabinete técnico-política está orientada a canalizar la demanda provincial hacia la reactivación efectiva de la obra. De la viabilidad presupuestaria dependerá el cronograma de reanudación de las tareas en una infraestructura puntual para la logística regional y productiva de la provincia.

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Los trabajadores de Sanidad lanzan un paro el 20 de octubre en todo el país

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) anunció un paro nacional de 24 horas para el martes 20 de octubre en clínicas y sanatorios privados, tras 45 días de negociaciones paritarias sin acuerdo. La medida busca presionar a las cámaras empresariales para que acepten una recomposición de sueldos, luego del vencimiento de la escala vigente y ante la falta de avances para renovarla.

La organización que conduce Héctor Daer cuestionó la negativa de las representaciones patronales a firmar un entendimiento y advirtió que no aceptará nuevas postergaciones. Según el gremio, mientras aumentan los gastos cotidianos de los trabajadores, los incrementos salariales permanecen pendientes.

“Aumentan los servicios, los transportes y el combustible; sólo se postergan nuestros aumentos”, sostuvo FATSA al fundamentar la convocatoria. La federación también cuestionó el contraste entre la demanda de atención en los establecimientos sanitarios y los ingresos del personal, al afirmar que las clínicas están llenas mientras los bolsillos de sus trabajadores permanecen vacíos.

La protesta no es solo por los haberes. El gremio alertó sobre la falta de personal, las altas exigencias y la fuerte presión sobre los trabajadores de la salud. Sostienen que el empeoramiento de las condiciones de trabajo hace aún más grave la crisis salarial.

FATSA también rechazó que los trabajadores deban absorber las consecuencias de las negociaciones financieras entre los prestadores y los organismos que financian la atención médica. En particular, sostuvo que la administración de los contratos con el PAMI y los acuerdos con empresas de medicina prepaga y obras sociales provinciales corresponden a las partes que los gestionan, no a los empleados.

La huelga trasladará la disputa paritaria a los establecimientos privados de todo el país. Su alcance efectivo dependerá de la adhesión del personal y de las condiciones de atención que se establezcan durante la jornada, especialmente en los servicios que requieren continuidad asistencial.

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Universitarios, estatales y movimientos sociales marchan contra el DNU de Milei

La protesta frente al Congreso reunirá a organizaciones universitarias, gremios estatales, personas con discapacidad, inquilinos y movimientos sociales. ATE convocó a un paro de 24 horas y la oposición intentará abrir el debate en Diputados para derogar el decreto, ya rechazado por el Senado en 2024.

La derogación del DNU 70/23 volverá este jueves 15 de octubre al centro de la escena política, con una movilización multisectorial frente al Congreso y una sesión especial en la Cámara de Diputados. Universitarios, trabajadores estatales, organizaciones de personas con discapacidad y movimientos de la economía popular confluirán en una jornada que combinará protesta callejera, huelga y presión parlamentaria sobre el Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria cuenta con la adhesión de la CGT, las dos CTA y sus gremios, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un paro nacional de 24 horas. El reclamo reúne demandas específicas de cada organización, pero encuentra un punto de coincidencia en el rechazo al decreto de necesidad y urgencia dictado al comienzo de la actual administración.

La agenda comenzará a las 11.00 con la llegada de organizaciones del Foro Permanente de Discapacidad. Desde las 13.30 se sumarán gremios docentes, estudiantes y estatales. A las 14, Diputados tiene previsto debatir la derogación del DNU, aunque el resultado dependerá de que la oposición consiga reunir el quórum de 129 legisladores y luego los votos necesarios para avanzar.

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