Con la designación de María Gabriela Fernández en la Subsecretaría de Medios Públicos, el Gobierno acelera la reestructuración del sistema estatal de comunicación, anticipando nuevos recortes, retiros voluntarios y una redefinición profunda del rol del Estado en materia informativa.

La política de ajuste del Gobierno nacional sumó esta semana un nuevo capítulo con la designación de María Gabriela Fernández como subsecretaria de Medios Públicos. El nombramiento, formalizado mediante el Decreto 7/2026, consolida una estrategia que combina reordenamiento institucional, reducción presupuestaria y un repliegue deliberado del Estado en el sistema de comunicación pública.

De perfil técnico, bajo nivel de exposición pública y formación jurídica, Fernández asume la conducción de una subsecretaría clave que concentra Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado, ex Télam. Se trata de un área neurálgica desde la cual se definen no solo políticas administrativas, sino también el alcance simbólico y democrático de los medios estatales.

La designación se produce en un contexto de reconfiguración profunda del esquema presidencial. Tras el corrimiento de Guillermo Francos y el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el área de Comunicación quedó aún más concentrada. Bajo esa órbita opera ahora Javier Lanari, mientras que la reciente disolución de la Secretaría de Prensa —hasta entonces conducida por Eduardo Serenellini— terminó de cerrar un esquema reducido, centralizado y con dependencia directa de la Presidencia.

Este rediseño institucional no es neutro. Responde a una concepción ideológica explícita del Gobierno, que desconfía del rol del Estado como garante del derecho a la información y la libertad de expresión, principios consagrados por el derecho internacional como pilares del sistema democrático. En línea con esa mirada, la administración de Javier Milei sostiene que esos derechos deben quedar librados al mercado, aun cuando ello implique desigualdad de acceso, concentración de voces y pérdida de pluralismo.

En ese marco, los medios públicos vuelven a quedar en el centro del ajuste. Según versiones difundidas por medios oficialistas, el Gobierno planea reducir aún más la planta de personal en la TV Pública y Radio Nacional, bajo el argumento de que las estructuras actuales están “sobredimensionadas” y responden a herencias de gestiones anteriores. La herramienta elegida sería un esquema de retiros voluntarios, con compensaciones diferenciadas según antigüedad y función, y una implementación gradual.

La ejecución de ese proceso quedará en manos del interventor Carlos Curci, ex vocero de la Sociedad Rural, quien reemplazó a Eduardo González. Desde el Ejecutivo insisten en aplicar criterios propios de empresas comerciales, señalando que los medios estatales “funcionan a pérdida” y presentan dotaciones superiores a las de señales privadas, una comparación que omite deliberadamente su función social, federal y cultural.

Dentro de ese plan, Paka Paka aparece como una de las señales más comprometidas: podría ser transferida a otras áreas, privatizada o directamente cerrada. En el caso de RTA, el objetivo oficial sería reducir su estructura “casi a la mitad”. La ex Télam, encargada de administrar la pauta oficial, también figura entre las dependencias alcanzadas por los recortes.

La llegada de María Gabriela Fernández no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política clara y sostenida: achicar, desarticular y resignificar el sistema de medios públicos bajo una lógica de mercado. Más que una discusión administrativa, lo que está en juego es el modelo de comunicación que el Estado argentino decide abandonar.

En tiempos de alta concentración mediática, fragmentación social y crisis de representación, el repliegue estatal en materia informativa no es una decisión inocua. Supone aceptar que el acceso a la información, la diversidad de voces y la construcción de sentido colectivo queden subordinados a la rentabilidad. El ajuste, en este caso, no solo recorta presupuestos: recorta derechos, presencia federal y pluralismo democrático.

Las intensas lluvias que afectaron la provincia provocaron severos daños en la producción de hortalizas. Desde la Sociedad de Chacareros advirtieron que la pérdida de cultivos generará un bache productivo y aumentos de hasta el 30% en frutas y verduras durante las próximas semanas.

Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en San Juan encendieron la alarma entre los productores hortícolas, que ya advierten un impacto directo en la oferta de frutas y verduras. Según estimaciones del sector, las pérdidas provocadas por el temporal derivarán en subas de precios que podrían alcanzar hasta el 30% en los mercados locales.

Desde la Sociedad de Chacareros de San Juan explicaron que los meses de verano representan una etapa crítica para la producción, debido a la recurrencia de tormentas intensas, granizo y lluvias abundantes que afectan de manera significativa el rendimiento de los cultivos. En esta oportunidad, el volumen de agua caída generó inundaciones en las chacras y daños generalizados.

El presidente de la entidad, Sergio López, señaló que el temporal afectó prácticamente a toda la provincia. “Nos ha afectado mucho y nos va a afectar a futuro porque ha llovido en todo San Juan”, afirmó. Entre los productos más perjudicados se encuentran el tomate y las verduras de hoja, como la lechuga, la acelga y la espinaca, que resultan especialmente sensibles al exceso de agua.

Según explicó el dirigente, gran parte de los cultivos recientemente sembrados o en etapas iniciales de crecimiento se perdió por completo debido a la saturación de los suelos. “Todo lo que se había sembrado o estaba chico se ha perdido por las inundaciones”, detalló.

El escenario abre ahora un período de escasez temporaria. López anticipó que habrá un bache productivo de entre 10 y 15 días, tiempo necesario para que los terrenos se sequen y pueda retomarse la siembra. “Tenemos que esperar que los suelos drenen. Eso implica una demora de al menos dos semanas”, explicó, y agregó que las lluvias intensas afectan con mayor fuerza a los cultivos de menor porte.

En el corto plazo, los productores deberán concentrarse en la recolección y selección de las hortalizas que aún puedan ser comercializadas. “Se intenta rescatar lo que queda. Donde antes se sacaba un fardo completo de lechuga, ahora se pueden salvar 30 o 40 plantas”, indicó López. El resto de la producción, sin embargo, debe ser descartada, lo que reduce drásticamente la oferta.

Impacto en los precios

La caída en la producción ya comenzó a reflejarse en los precios y, según el sector, la tendencia se profundizará en los próximos días. Desde la Sociedad de Chacareros estiman que el aumento promedio rondará el 30%, con variaciones según el producto.

“El precio va a influir en todos los productos”, sostuvo López, quien aclaró que hasta ahora la inflación no había impactado de manera directa en las hortalizas. Por el contrario, explicó que durante 2024 los precios habían caído entre un 30% y un 40% debido a un sobrestock en el mercado. “Ahora va a pasar lo contrario: se van a levantar los precios por efecto de los temporales”, advirtió.

De hecho, algunos aumentos ya comenzaron a registrarse. “Con los aguaceros en Pocito, que es la principal zona productora de San Juan, la lechuga y la acelga ya subieron un 30%, y calculamos que podría haber otro 30% adicional en los próximos días”, finalizó.

El temporal dejó al descubierto la vulnerabilidad de la producción hortícola frente a eventos climáticos extremos y anticipa un impacto inmediato en los precios de frutas y verduras. Mientras los productores intentan recomponerse y retomar la actividad, los consumidores sanjuaninos deberán enfrentar subas que reflejan las pérdidas en el campo y la interrupción momentánea del abastecimiento.

Padres de estudiantes y docentes presentaron los primeros amparos judiciales contra el recorte del 93% a la educación técnico-profesional aprobado en el Presupuesto 2026. Denuncian que el artículo 30 vulnera leyes permanentes y pone en riesgo la formación de trabajadores calificados y el desarrollo industrial del país.

Tras la sanción del Presupuesto Nacional 2026, comenzaron a presentarse los primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnico-profesional, una de las decisiones más cuestionadas del paquete presupuestario aprobado por el Congreso. La medida, contenida en el artículo 30 de la ley, elimina el fondo obligatorio destinado a la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058, vigente desde 2005.

En las últimas horas, padres de dos estudiantes iniciaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El planteo cuestiona la legalidad del artículo aprobado y sostiene que una norma presupuestaria anual no puede modificar ni derogar derechos consagrados en leyes de carácter permanente, como las que garantizan el financiamiento específico de la educación técnica.

El amparo advierte que la eliminación del fondo afecta directamente la continuidad de políticas educativas estratégicas y vulnera el derecho a una educación de calidad, especialmente en un subsistema que cumple un rol clave en la formación de técnicos, operarios calificados y profesionales intermedios.

Las críticas no se limitan al plano judicial. Desde el ámbito educativo y productivo, el rechazo al recorte se multiplicó en las últimas semanas. Gerardo Marchesini, docente de educación técnico-profesional, alertó que la decisión impacta sobre aproximadamente 1,9 millones de estudiantes que asisten a escuelas técnicas y centros de formación profesional en todo el país.

“El artículo 30 es un golpe directo al desarrollo del país”, afirmó, al subrayar que este tipo de educación es fundamental para la calificación de la mano de obra y la competitividad industrial.

La educación técnica cumple un rol estratégico en la formación de perfiles demandados por sectores clave de la economía, como la industria manufacturera, la energía, la economía del conocimiento y la producción de valor agregado. Áreas como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios industriales tradicionales dependen en gran medida de un sistema de formación técnica robusto y con financiamiento sostenido.

De acuerdo con los denunciantes, el ajuste presupuestario implica un recorte del 93% respecto de valores equivalentes a los de 2023. La normativa derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional, lo que hoy representaría alrededor de 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2026 asignó apenas 11 mil millones, una cifra que especialistas consideran insuficiente incluso para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

El planteo judicial también sostiene que el recorte contradice otras leyes vigentes, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reconocen a la formación técnica como un pilar del desarrollo científico, tecnológico e industrial. En ese sentido, advierte que la decisión presupuestaria compromete políticas de largo plazo y debilita la planificación estratégica del país.

Mientras la Justicia comienza a analizar los primeros amparos, el debate por el recorte a la educación técnica trasciende el ámbito educativo y se instala en el corazón del modelo de desarrollo nacional. Para docentes, familias y sectores productivos, el ajuste no solo pone en jaque a las escuelas técnicas y centros de formación profesional, sino que amenaza la formación de los trabajadores calificados que la industria argentina necesita para crecer, generar empleo y competir en un escenario global cada vez más exigente.