El cierre de cada año habilita un ejercicio inevitable: mirar hacia atrás, evaluar lo recorrido y proyectar lo que viene. Para el movimiento sindical, ese balance adquiere una densidad particular cuando el contexto económico y social se vuelve adverso. Así lo expresó Víctor Menéndez, referente gremial de los trabajadores de estaciones de servicio, playas, lavaderos, gomerías y actividades afines de Cuyo, al analizar un 2025 que definió sin rodeos como “difícil y muy complicado”.

La caracterización no es retórica. Menéndez inscribió el año que termina en un escenario de deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde la recomposición salarial quedó sistemáticamente rezagada frente al aumento del costo de vida. “Los salarios han ido por la escalera y los precios por el ascensor”, sintetizó, al tiempo que enumeró los rubros que más golpearon a los trabajadores: alimentos, tarifas y bienes de consumo básico. Un fenómeno que, según remarcó, no solo afectó a la clase trabajadora activa, sino también a jubilados, sectores pasivos, pymes e industrias.

En ese marco, uno de los focos de mayor preocupación durante el año fue el avance del autoservicio en estaciones de combustible, una modalidad que, advirtió, responde a una lógica de reducción de costos empresariales donde “el eslabón más fino siempre termina siendo el trabajador”. Aunque en San Juan su implementación avanzó de manera más lenta que en otros puntos del país, el dirigente reconoció que generó temor e incertidumbre en el personal.

Frente a ese escenario, destacó el rol de la negociación preventiva con las cámaras empresarias y la búsqueda de alternativas para evitar despidos masivos. “Fuimos anticipándonos, dialogando, y logramos que los compañeros pudieran ser reubicados dentro de las mismas estaciones, en nuevos servicios, sin perder su pertenencia gremial”, explicó. Una estrategia defensiva que, aclaró, no elimina el riesgo a futuro, pero sí permite llegar “preparados y atentos” a los cambios que puedan profundizarse.

Más allá de la coyuntura laboral, Menéndez subrayó el esfuerzo institucional sostenido por el gremio en un escenario de recursos escasos y costos elevados. A contramano del parate económico, enumeró una serie de obras y servicios concretados con fondos propios, sin endeudamiento bancario, como la inauguración de una nueva sede en Villa Mercedes, San Luis, con infraestructura integral para los afiliados. “Hacer obras en tiempos difíciles, administrando bien la institución, es un motivo de orgullo”, afirmó.

La proyección para 2026 incluye nuevos desafíos, entre ellos la construcción de una sede en Media Agua, orientada a fortalecer la presencia gremial en el sur sanjuanino, así como la continuidad de políticas sociales, educativas y recreativas: entrega de útiles escolares, apoyo a estudiantes desde nivel inicial hasta secundario, viajes recreativos y campeonatos deportivos regionales y provinciales.

El plano político-sindical ocupa un lugar central en su análisis. Menéndez fue categórico al referirse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento se prevé para los primeros meses de 2026. Si bien aclaró que el sindicalismo no se opone a una modernización de los convenios colectivos, advirtió que cualquier actualización debe surgir del diálogo y no implicar la pérdida de derechos históricos. “No estamos dispuestos a entregar conquistas que costaron décadas de lucha”, sentenció.

En ese sentido, cuestionó el enfoque de la reforma, a la que definió como redactada “por y para las grandes corporaciones”, y puso en duda su capacidad para generar empleo genuino. Como argumento, recordó que el mayor crecimiento del trabajo registrado en Argentina se produjo entre 2007 y 2015, incluso con herramientas como la doble indemnización vigentes. “El trabajo no se crea flexibilizando derechos, sino poniendo al país a producir”, sostuvo.

El dirigente también vinculó la discusión laboral con el debate presupuestario 2026, al advertir que el ajuste sobre áreas sensibles como salud, educación y seguridad profundiza la desigualdad y debilita el entramado social. “Achicar el Estado a costa de los que menos tienen es una película que ya vimos”, alertó, haciendo comparaciones con experiencias anteriores.

El balance que deja Víctor Menéndez no se limita a un repaso gremial de fin de año: funciona como una advertencia política y social. En un momento de ajuste, reformas estructurales y creciente presión sobre el trabajo, la defensa del empleo, la unidad sindical y la preservación de los derechos aparecen como ejes irrenunciables. Con un 2026 cargado de desafíos, el mensaje es claro: modernizar no puede ser sinónimo de retroceder, y el futuro del trabajo dependerá, una vez más, de la capacidad colectiva para resistir, negociar y construir alternativas en un escenario adverso.

El Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Salud. La decisión, presentada como una medida de “orden y transparencia”, se da en un momento de fuerte ajuste sobre el sector, denuncias de corrupción, una causa judicial en curso y la judicialización de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Ejecutivo nacional profundizó este martes su política de reestructuración del Estado con el anuncio de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde confirmó que el organismo dejará de existir como ente descentralizado y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

“Tal como la conocemos, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir”, afirmó Adorni, quien buscó llevar tranquilidad al aclarar que la decisión “no implica el recorte de pensiones ni de prestaciones”. Sin embargo, el anuncio se produce en un clima de creciente tirantez con el sector, luego de meses de ajustes presupuestarios y de la negativa del Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por el Presidente, una decisión hoy judicializada.

Desde el Gobierno, la eliminación de la Andis fue justificada como una medida orientada a reducir burocracia y combatir irregularidades. Adorni sostuvo que, desde su creación en 2017, el organismo “acumuló capas administrativas incompatibles con una gestión transparente”, lo que habría derivado —según enumeró— en pensiones mal otorgadas, cobros indebidos, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios no prestados.

El jefe de Gabinete aseguró que, al pasar a la órbita de Salud, las políticas de discapacidad contarán con “criterios sanitarios, trazabilidad de expedientes y auditorías permanentes”, además de una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica, con la eliminación de 16 cargos políticos. “Un sistema eficiente es condición necesaria para que los recursos lleguen a quienes los necesitan”, remarcó.

No obstante, el anuncio dejó zonas de silencio difíciles de ignorar. La Andis se encuentra atravesada por una causa judicial de alto impacto que investiga una presunta red de coimas vinculada a la compra de medicamentos y contrataciones, cuando el organismo era conducido por Diego Spagnuolo, ex funcionario y hombre de estrecha confianza del presidente Javier Milei. La investigación tomó impulso tras la filtración de audios en los que Spagnuolo describía un entramado ilegal y mencionaba a figuras del entorno presidencial, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal Franco Picardi, a partir del análisis de conversaciones, documentación y anotaciones manuscritas, determinó la existencia de una red con información privilegiada que se repartía clientes, licitaciones y negocios dentro del sistema. Pese a ello, en su exposición pública Adorni evitó toda referencia a ese expediente y centró sus acusaciones exclusivamente en supuestas irregularidades administrativas vinculadas a las pensiones.

La causa judicial continúa avanzando en Comodoro Py. En ese marco, recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita. Durante un allanamiento a su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos, cuyo origen no fue justificado. En el expediente también figuran conversaciones que refuerzan las sospechas sobre el entramado de lobby y corrupción en torno a la Andis.

En paralelo, el frente judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue abierto. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el decreto presidencial que suspendía la norma y ordenó su aplicación inmediata en todo el país, al considerar que la medida resultaba discriminatoria. El Gobierno apeló el fallo, pero la Cámara Federal de San Martín deberá resolver mientras la sentencia sigue vigente.

La eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una estrategia más amplia de reducción del Estado, atravesada por conflictos políticos, cuestionamientos sociales y causas judiciales de alto voltaje. Mientras el Gobierno promete eficiencia y transparencia, el cierre de la Andis deja abiertos interrogantes centrales: cómo se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad, qué impacto real tendrá la absorción en Salud y, sobre todo, si la reestructuración servirá para esclarecer responsabilidades o terminará diluyendo un escándalo que aún espera respuestas. En un terreno tan sensible, la forma en que se implementen estas decisiones será tan relevante como el anuncio mismo.

La crisis de ingresos que atraviesan los hogares argentinos encontró en el endeudamiento un síntoma elocuente y preocupante. Según datos oficiales y relevamientos sectoriales, la morosidad en el pago de créditos personales volvió a encender todas las alarmas y alcanzó en octubre de 2025 el 7,8% del total de préstamos al sistema bancario, el nivel más alto de los últimos veinte años.

El salto es tan abrupto como revelador: en apenas doce meses, el incumplimiento se triplicó, desde el 2,5% registrado en octubre de 2024. La cifra supera incluso los picos observados durante la pandemia, el cierre de la gestión macrista y la crisis financiera internacional de 2008–2009. El dato refleja, con crudeza, el impacto combinado de salarios rezagados, pérdida del poder adquisitivo y un consumo en caída libre.

El panorama se agrava aún más fuera del sistema bancario tradicional. En el universo del crédito no bancario —fintech, billeteras virtuales, financieras y cadenas comerciales— la mora trepa a niveles críticos. De acuerdo con el Banco Central, la irregularidad alcanzó el 20% en octubre, casi el triple que un año atrás, mientras que en el segmento fintech supera el 18% de las carteras.

Se trata de préstamos de acceso rápido, con escasos requisitos y una fuerte penetración en los sectores más vulnerables, pero con costos financieros totales que pueden rondar el 500% anual. Una combinación explosiva para familias que recurren a este tipo de financiamiento no para invertir o consumir bienes durables, sino para cubrir necesidades básicas: alimentos, servicios, alquileres o transporte.

Lejos de ser un fenómeno marginal, el crédito no bancario se consolidó como una pieza central de la economía cotidiana. En 2025, este tipo de financiamiento alcanzó niveles récord cercanos a los 12,2 billones de pesos, equivalentes al 1,3% del PBI, e involucra a más de 11 millones de deudores. Sumados los créditos bancarios y no bancarios, la deuda total de las familias representa hoy el 137% de sus ingresos promedio, cuando apenas un año atrás rondaba el 100%. Entre trabajadores informales y cuentapropistas, el ratio asciende al 143%, una señal clara de fragilidad estructural.

Los jóvenes constituyen uno de los grupos más afectados por esta dinámica. El acceso casi universal a billeteras virtuales y plataformas digitales duplicó en un año la cantidad de jóvenes endeudados, que pasó de 287.000 a 620.000. Sin embargo, el dato más alarmante es que más del 41% de ellos se encuentra en situación de mora, catorce puntos porcentuales más que en 2024.

En muchos casos, los montos adeudados son relativamente bajos —inferiores a medio salario mínimo—, pero el multiendeudamiento y las tasas usurarias convierten esas obligaciones en una trampa sin salida. La brecha entre el sistema bancario tradicional y el crédito alternativo también expone una lógica regresiva: mientras en los bancos la mora se mantiene en torno al 4,4%, gracias a tasas más bajas y mecanismos automáticos de cobro, en el circuito no bancario el atraso se dispara.

En los despachos oficiales reconocen que las familias priorizan pagarle a los bancos para no perder acceso al crédito más barato, relegando las deudas con fintech y comercios. El resultado es un crecimiento acelerado de créditos incobrables y de alto riesgo en los segmentos más desprotegidos del mercado financiero.

El endeudamiento dejó de ser un recurso excepcional para transformarse en una condición estructural de la vida cotidiana de millones de trabajadores y trabajadoras bajo el gobierno de Javier Milei. Con salarios que no alcanzan, tasas que asfixian y un mercado laboral cada vez más precarizado, el crédito funciona como un parche permanente hasta que deja de funcionar.

Los datos son contundentes: sin una recuperación real de los ingresos, una regulación estricta del crédito no bancario y políticas activas de empleo, la crisis de la deuda familiar no solo persistirá, sino que seguirá profundizando una fractura social cuyos costos serán cada vez más difíciles de revertir.