Un estudio encargado por OSSE y certificado por Bureau Veritas concluyó que las tuberías instaladas no cumplen con los estándares para transporte de agua potable. La investigación ya está en manos de la Fiscalía y podría derivar en responsabilidades penales y en un millonario perjuicio económico.

La obra del Acueducto Gran Tulum, concebida como la solución estructural para garantizar el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población de San Juan, quedó envuelta en un escándalo técnico, político y judicial tras la difusión de un informe que cuestiona la calidad de sus materiales centrales.

El estudio fue encargado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) a la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, una firma internacional especializada en auditorías y control de calidad. Las conclusiones son contundentes: las cañerías instaladas por la empresa Krah “aplican para desagües pluviales y cloacales”, lo que las vuelve inadecuadas para el transporte de agua destinada al consumo humano.

El informe advierte, además, que estos tubos no están diseñados para soportar presión —condición esencial en sistemas de agua potable— y que podrían liberar partículas potencialmente tóxicas, lo que introduce un riesgo sanitario de magnitud. En términos técnicos, se trata de materiales que no cumplen con las normativas exigidas para redes de agua potable, lo que compromete la integridad de toda la obra.

La magnitud del problema es proporcional a la envergadura del proyecto. El Acueducto Gran Tulum fue impulsado como una infraestructura estratégica para abastecer a una población proyectada cercana al millón de habitantes. Su financiamiento se estructuró a partir de un crédito internacional de 100 millones de dólares, que la provincia ya comenzó a amortizar.

Derivaciones judiciales y responsabilidades en la mira

El caso ya tiene impacto en el plano judicial. La investigación está en manos del Ministerio Público Fiscal, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, que apunta a presuntas irregularidades en la licitación, posible malversación de fondos y deficiencias en los controles de calidad.

La causa es llevada adelante por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya cuentan con más de un centenar de cajas de documentación remitidas por OSSE. A esto se suman inspecciones oculares en distintos tramos del acueducto —incluyendo el ramal que conecta el dique Punta Negra con la planta potabilizadora de Marquesado— para verificar tanto la calidad como la correcta instalación de las tuberías.

En consecuencia, el Estado provincial decidió constituirse como querellante, lo que refuerza la dimensión institucional del conflicto. No se descartan nuevas medidas, como pedidos de información a empresas privadas involucradas e incluso allanamientos.

Una licitación bajo cuestionamiento

Las cañerías fueron provistas por la empresa alemana Krah, adjudicataria de dos licitaciones clave entre 2015 y 2017, durante las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. En total, el Estado desembolsó más de 1.300 millones de pesos por estos materiales.

Desde el inicio del proceso licitatorio existieron advertencias. Una empresa competidora, General Plastics, había cuestionado el carácter “experimental” de las tuberías ofrecidas por Krah, así como el hecho de que la oferta económica superaba el presupuesto oficial.

El apoderado de la firma era Gustavo Monti —primo del entonces gobernador—, un dato que ahora vuelve a cobrar relevancia en el marco de la investigación judicial.

Impacto económico y futuro incierto

El escenario que se abre es crítico. Si un segundo estudio independiente, encargado al INTI, confirma las conclusiones del informe de Interacción, la provincia podría verse obligada a retirar las cañerías instaladas. Esto implicaría no sólo la paralización total de la obra, sino también un impacto económico severo: continuar pagando el crédito internacional sin contar con una infraestructura operativa.

A ello se suma la incertidumbre sobre el financiamiento futuro, ya que no existen actualmente recursos asignados para una eventual reposición completa del sistema.

El informe técnico sobre el Acueducto Gran Tulum no sólo pone en duda la calidad de una obra pública emblemática, sino que expone posibles fallas estructurales en los mecanismos de control estatal. Entre riesgos sanitarios, perjuicios económicos y responsabilidades políticas en evaluación, el caso se perfila como uno de los mayores escándalos de infraestructura reciente en la provincia.

La confirmación —o refutación— de estos hallazgos por parte del INTI será determinante para definir si se trata de una falla técnica grave o de un caso de negligencia con consecuencias institucionales profundas. Mientras tanto, la obra permanece bajo una sombra de incertidumbre que compromete tanto su viabilidad como la confianza pública.

La Universidad Nacional de San Juan avanzó en el proceso licitatorio para completar la Escuela de Música, tras la publicación de la preadjudicación. Con financiamiento propio y en medio de impugnaciones ya resueltas, la obra entra en una etapa administrativa determinante antes de su ejecución.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso sustancial en el proceso para finalizar la Escuela de Música, una obra largamente postergada que forma parte de la infraestructura académica estratégica de la institución. La reciente publicación de la preadjudicación en el Boletín Oficial marca el ingreso a una instancia decisiva, aunque todavía sujeta a los tiempos y formalidades que exige el marco legal vigente.

El secretario Administrativo Financiero, Ricardo Coca, precisó que el procedimiento transita ahora una etapa de revisión formal. “Se abre un período de cinco días para que las empresas oferentes puedan presentar impugnaciones”, explicó, en referencia a un mecanismo contemplado por la normativa para garantizar la transparencia del proceso.

La licitación, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 1.864 millones de pesos y será financiada íntegramente con recursos propios de la universidad, convocó a cinco empresas. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de algunos conflictos: durante la evaluación técnica, tres de las ofertas fueron descartadas tras detectarse deudas con el Estado nacional, lo que redujo la competencia y reconfiguró el escenario de adjudicación.

Un proceso atravesado por controversias

La comisión evaluadora recomendó la preadjudicación a la firma Galvarini & Asociados, cuya propuesta resultó la más conveniente en términos económicos. No obstante, la decisión generó cuestionamientos por parte de otras empresas participantes, que objetaron aspectos del procedimiento y denunciaron supuestas irregularidades, incluyendo la figura de “precio vil”.

Las impugnaciones, sin embargo, no prosperaron. La Dirección General de Asuntos Legales de la UNSJ desestimó los planteos al constatar el incumplimiento de un requisito formal clave: el depósito de una garantía equivalente al 3% del monto impugnado. Este punto, lejos de ser menor, resultó determinante para sostener la validez administrativa del proceso y despejar el camino hacia la adjudicación definitiva.

Con ese respaldo jurídico, el rectorado avanzó en la consolidación del procedimiento, reforzando la idea de que, más allá de las disputas empresariales, la licitación se ajustó a los parámetros legales establecidos.

Tiempos administrativos y horizonte de ejecución

A pesar de este avance, desde la universidad insisten en que la obra aún no tiene fecha concreta de finalización. Coca subrayó que la preadjudicación no habilita el inicio de los trabajos, ya que primero debe completarse la adjudicación formal y la firma del contrato. Recién entonces comenzarán a correr los plazos de ejecución.

El cronograma preliminar, no obstante, proyecta que la obra podría extenderse hasta los primeros meses de 2027,  una perspectiva que revela tanto la magnitud del proyecto como la complejidad de su desarrollo.

Una obra con estándares técnicos de alta exigencia

El proyecto contempla la finalización integral del edificio bajo criterios contemporáneos de calidad constructiva, seguridad y funcionalidad. Entre las intervenciones previstas se incluyen refuerzos estructurales y fundaciones adaptadas a las características del suelo, además de sistemas constructivos en seco con especial atención al aislamiento acústico, un aspecto central para una institución de formación musical.

Asimismo, se incorporarán carpinterías con doble vidriado hermético, dispositivos de seguridad como barrales antipánico, nuevas instalaciones eléctricas de bajo consumo y un ascensor sin sala de máquinas. El diseño también prevé sistemas integrales de prevención contra incendios, en línea con las normativas vigentes.

En cuanto a las terminaciones, el edificio combinará pisos de madera maciza con superficies de hormigón alisado de alta resistencia, además de un cartel institucional en acero inoxidable con iluminación LED, elementos que aportan identidad y jerarquía al espacio.

El avance del proceso licitatorio para la finalización de la Escuela de Música representa mucho más que un trámite administrativo: expone las presiones propias de la obra pública en un contexto económico restrictivo, donde el financiamiento, la transparencia y la eficiencia se vuelven variables críticas.

En ese marco, la UNSJ logra sostener una iniciativa de alto valor académico con recursos propios, mientras navega las complejidades legales y empresariales que rodean a toda licitación de envergadura. El desafío, de aquí en adelante, será traducir este progreso formal en ejecución concreta, evitando nuevas dilaciones y consolidando una obra que, por su significado institucional, trasciende lo edilicio para inscribirse en el desarrollo estratégico de la educación pública.

La decisión del Directorio del Banco Central de la República Argentina, encabezado por Santiago Bausili, afecta sedes clave en todo el país. El gremio La Bancaria denuncia pérdida de capacidades operativas, riesgo laboral y debilitamiento del control financiero fuera del Área Metropolitana.

El cierre de 12 agencias regionales del Banco Central de la República Argentina abre una nueva fase en la reconfiguración del organismo monetario. La medida, que impacta de forma directa sobre 32 trabajadores, alcanza a dependencias ubicadas en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa.

Desde la conducción del Central justificaron la decisión en la transformación del sistema financiero: menor uso de efectivo, expansión de los pagos digitales y mayor bancarización. Bajo ese diagnóstico, sostienen que resulta necesario “adecuar la estructura operativa” a una nueva lógica de funcionamiento.

Sin embargo, la medida encontró una rápida respuesta del sindicato La Bancaria, que encuadró el cierre dentro de un proceso más amplio de reducción del organismo. Para el gremio, no se trata solo de una reorganización técnica, sino de un recorte que erosiona capacidades construidas durante décadas.

El núcleo del conflicto excede lo estrictamente laboral. Las agencias regionales cumplen funciones críticas: distribución de billetes y monedas, provisión de efectivo a entidades financieras, compensación interbancaria, custodia y supervisión operativa. Su desaparición plantea interrogantes concretos sobre cómo se sostendrá ese entramado en territorios alejados de los grandes centros urbanos.

El impacto resulta especialmente sensible en la Patagonia. El cierre de sedes en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande deja a la región sin presencia directa del Banco Central, lo que podría traducirse en mayores costos logísticos, demoras en la provisión de efectivo y una dependencia creciente de centros operativos distantes.

En ese sentido, emerge otro foco de tensión: la posibilidad de traslados compulsivos. Desde el gremio advierten que esa alternativa desconoce las realidades personales y familiares de los trabajadores, y reclaman garantías de estabilidad laboral en un contexto de incertidumbre creciente.

El cierre de agencias no puede leerse de forma aislada. Se inscribe en una discusión más profunda sobre el rol del Banco Central de la República Argentina dentro del esquema económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, quien ha planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de reformular —e incluso eliminar— la institución.

Aunque no existe un plan integral público que detalle esa transformación, la reducción territorial aparece como un indicio concreto de cambio de paradigma: de un Banco con presencia federal activa a una estructura más concentrada y posiblemente más dependiente de la digitalización financiera.

El interrogante de fondo es si esa transición puede sostenerse sin afectar el funcionamiento cotidiano de la economía real. En amplias regiones del país, el efectivo continúa siendo un instrumento central, especialmente en economías informales, zonas rurales o localidades con menor acceso a servicios bancarios digitales.

La decisión de cerrar agencias del Banco Central de la República Argentina abre un doble frente de conflicto: por un lado, el laboral, con 32 trabajadores en situación de vulnerabilidad; por otro, el operativo, con dudas crecientes sobre la capacidad del Estado para garantizar el control y la distribución del efectivo en todo el territorio.

En un país con fuertes asimetrías regionales, la retirada del Banco Central del interior no es solo una cuestión administrativa. Es, sobre todo, una señal política y económica que reconfigura el vínculo entre el sistema financiero y las provincias, con consecuencias que aún están por medirse.