La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que cerca del 70% de la red vial presenta un estado entre regular y malo como consecuencia de la paralización de la obra pública. El gremio también cuestionó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional y denunció que favorece a empresas privadas con financiamiento estatal y escasas obligaciones de inversión.

El deterioro de las rutas nacionales volvió a encender las alarmas. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el desfinanciamiento del organismo y la suspensión de las tareas de conservación están acelerando el desgaste de la infraestructura vial, con consecuencias directas sobre la seguridad de millones de usuarios.

El secretario Gremial y de Prensa de la organización, Fabián Catanzaro, aseguró que el organismo atraviesa el momento más crítico desde su creación hace casi 94 años. Según precisó, alrededor del 70% de la red vial nacional se encuentra en condiciones entre regulares y malas, una realidad que atribuyó a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, incluyendo las intervenciones de mantenimiento que establece la legislación vigente.

El dirigente explicó que la falta de conservación tiene un impacto acumulativo sobre los pavimentos. De acuerdo con estimaciones técnicas de Vialidad Nacional, cada año sin mantenimiento reduce entre tres y cinco años la vida útil de una ruta, lo que acelera el deterioro y multiplica el costo de futuras reparaciones.

La organización también vinculó ese proceso con el incremento de la siniestralidad vial. Catanzaro indicó que relevamientos internos muestran un aumento cercano al 20% en los siniestros registrados desde el año pasado y afirmó que las víctimas fatales continúan en niveles preocupantes, con alrededor de 7.000 fallecidos anuales en las rutas nacionales. A su juicio, el estado de la infraestructura condiciona muchas de las maniobras que luego son atribuidas exclusivamente al error humano.

Denuncian un «apagón estadístico»

FEPEVINA cuestionó además la reducción de la información pública vinculada a la seguridad vial. Según el gremio, el proceso de ajuste que atraviesa la Agencia Nacional de Seguridad Vial también repercutió sobre la producción de estadísticas oficiales.

Catanzaro sostuvo que actualmente existe un «apagón estadístico» respecto de los siniestros y las muertes en las rutas nacionales debido al desmantelamiento de áreas técnicas encargadas de elaborar esos registros. En ese sentido, advirtió que la ausencia de datos dificulta dimensionar con precisión la evolución del problema y limita la elaboración de políticas preventivas.

Críticas al nuevo esquema de concesiones

Otro de los cuestionamientos apuntó al proceso de privatización de corredores viales impulsado por el Ejecutivo. Desde FEPEVINA señalaron que el nuevo modelo ampliará significativamente la extensión de rutas concesionadas, que pasaría de 6.500 a 9.500 kilómetros, al tiempo que se multiplicará la cantidad de estaciones de peaje, con una cabina aproximadamente cada 80 kilómetros.

El sindicato advirtió que las licitaciones se desarrollarán bajo las modificaciones incorporadas por la Ley Bases al régimen de concesiones y cuestionó el rol del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya Carta Orgánica fue modificada para financiar estos proyectos.

Según Catanzaro, las empresas adjudicatarias accederán a créditos con tasas preferenciales, períodos de gracia y la posibilidad de percibir ingresos por peajes desde el inicio de la concesión, sin ejecutar inicialmente obras de gran magnitud. Para la organización, ese esquema reproduce experiencias similares aplicadas durante la década de 1990, donde —afirman— predominó la rentabilidad de las concesionarias por encima de la inversión en infraestructura.

El impacto en San Juan

La advertencia también alcanza a provincias como San Juan, donde las rutas nacionales constituyen corredores estratégicos para la minería, la producción agrícola, el turismo y el transporte de cargas. El deterioro de estas vías no sólo incrementa los riesgos para quienes las transitan diariamente, sino que también eleva los costos logísticos y afecta la competitividad de las economías regionales.

El pronunciamiento de FEPEVINA vuelve a colocar en el centro del debate el estado de la infraestructura vial argentina y el rumbo de la política de obra pública. Mientras el Gobierno avanza con un esquema de mayor participación privada en la administración de los corredores nacionales, el gremio insiste en que la falta de mantenimiento, la reducción presupuestaria y la disminución de los controles conforman una combinación que compromete tanto la conservación del patrimonio vial como la seguridad de quienes circulan por las rutas del país.

El Sindicato Empleados de Comercio confirmó que las cadenas Vea y Átomo impulsan retiros voluntarios dirigidos principalmente a empleados de 57 y 58 años, con más de 30 años de antigüedad. El gremio advirtió que las propuestas, en algunos casos, representan entre el 60% y el 70% de la indemnización legal y recomendó analizar cada ofrecimiento antes de aceptar.

La persistente retracción del consumo comenzó a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral sanjuanino. Las principales cadenas de supermercados iniciaron un proceso de retiros voluntarios orientado a reducir sus dotaciones, una decisión que encendió la preocupación del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) por el alcance que podría adquirir esta modalidad en los próximos meses.

La secretaria general del gremio, Mirna Moral, confirmó que las propuestas fueron impulsadas por Vea y Átomo, aunque precisó que el mayor número de ofrecimientos corresponde a la firma perteneciente al grupo Cencosud, una de las empresas con mayor presencia en la provincia.

Según explicó la dirigente, los acuerdos están dirigidos principalmente a personas de 57 y 58 años, especialmente aquellas que ya reúnen los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación. En la mayoría de los casos se trata de empleados con alrededor de tres décadas de servicio, cuyos ingresos incorporan adicionales convencionales que incrementan significativamente el costo salarial.

En Vea, las compensaciones ofrecidas representan entre el 60% y el 70% de la indemnización prevista por ley. Debido a la extensa trayectoria de muchos de los alcanzados, las cifras pueden oscilar entre 60 y 70 millones de pesos, montos que, si bien resultan elevados, no siempre compensan la pérdida de un ingreso estable hasta el momento del retiro definitivo de la vida laboral.

En Átomo, la operatoria también comenzó a implementarse, aunque con ofrecimientos de menor magnitud económica. De acuerdo con el SEC, esas condiciones despertaron escaso interés entre quienes fueron convocados a negociar su desvinculación.

Desde la organización sindical remarcaron que cada propuesta es analizada de manera individual. Antes de aceptar cualquier convenio, el gremio evalúa la realidad familiar, la cercanía de la jubilación, la existencia de personas a cargo y las posibilidades concretas de reinserción laboral, con el propósito de brindar un asesoramiento integral y evitar decisiones apresuradas.

Moral recordó que existen antecedentes de trabajadores que aceptaron este tipo de acuerdos atraídos por una importante compensación económica y, tiempo después, regresaron al sindicato tras agotar esos recursos sin haber logrado reincorporarse al mercado laboral.

La preocupación no es nueva. A fines del año pasado, el cierre de la sucursal de Vea Villa Krause dejó 16 personas alcanzadas por un proceso que concluyó con indemnizaciones abonadas en su totalidad, reubicaciones en otros establecimientos y retiros voluntarios.

Para el gremio, la expansión de este mecanismo constituye un nuevo indicador del deterioro que atraviesa el comercio minorista. La desaceleración de las ventas, el aumento de los costos operativos y la necesidad de las empresas de reorganizar sus estructuras comienzan a traducirse en cambios dentro de uno de los principales generadores de empleo privado de San Juan, un fenómeno que el movimiento sindical sigue con especial atención ante su posible profundización.

El operativo se desarrollará durante esta semana de julio en Angaco, Sarmiento, Pocito, San Martín, Zonda y Jáchal. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000, con distribución en distintos puntos de cada departamento.

El Gobierno de San Juan confirmó el cronograma semanal del programa Garrafa Hogar, que entre el 20 y el 24 de julio recorrerá seis departamentos con el propósito de garantizar el acceso al gas envasado a precios establecidos por la Provincia.

Durante el operativo se comercializarán garrafas de 10 kilos a $20.000 y de 15 kilos a $30.000. Las autoridades provinciales recordaron que todas las unidades distribuidas cuentan con las certificaciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

El recorrido comenzará este lunes 20 en Angaco, con puestos de venta en el Monolito del Barrio Campo Batalla, la Plaza del Barrio El Bosque y el Club Deportivo Social Cultural Angaco.

El martes 21 el programa se trasladará a Sarmiento, donde atenderá en Cochagual Norte, el SUM del Barrio Punta del Médano y el Centro Cultural de Media Agua. Ese mismo día también habrá un operativo especial en Pocito, de 11 a 13 horas, en el marco del programa San Juan Cerca, con atención en la Escuela Especial India Mariana.

La distribución continuará el miércoles 22 en San Martín, con puestos en el Playón Capilla de Andacollo, la Escuela Combate de San Lorenzo, en Colonia Fernández, y el Playón del Barrio Bella Vista, en Dos Acequias.

El jueves 23 será el turno de Zonda, donde las garrafas podrán adquirirse en el CIC de Zonda, la cancha de hockey del Barrio Esperanza y la Plaza del Gaucho.

Finalmente, el viernes 24, el operativo llegará a Jáchal, con cinco puntos de distribución: la Unión Vecinal San Roque, la Plazoleta del Barrio Bicentenario I, el Club Andacollo de Tamberías, la Capilla San José de Gran China y la Plaza del Barrio Pampa Vieja II.

El programa Garrafa Hogar constituye una de las principales herramientas de asistencia energética impulsadas por el Gobierno provincial durante el invierno, facilitando el acceso al gas envasado en localidades alejadas de la red de gas natural y contribuyendo a aliviar el costo del abastecimiento para miles de familias sanjuaninas.