El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, cuestionó la retención de servicios de la UTA y afirmó que la Provincia no fue notificada previamente. Anticipó sanciones económicas a las empresas cuyos servicios hayan sido afectados y ordenó controlar la restitución de los recorridos habituales.

Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas”, afirmó el funcionario, al precisar que la eventual penalización recaerá sobre las compañías responsables de la prestación.

Las inspecciones realizadas durante las primeras horas permitieron constatar, según informó Molina, que la mayoría de las unidades permaneció en los galpones, mientras que solo se registró la circulación ocasional de colectivos en algunas líneas. La interrupción afectó tanto recorridos urbanos como interurbanos y complicó el traslado de pasajeros hacia sus lugares de trabajo y establecimientos educativos.

El sindicato promovió la acción gremial debido al retraso en la liquidación del ajuste salarial reclamado por el personal. Ante lo que consideran un incumplimiento de los compromisos de pago por parte de las patronales, los conductores iniciaron un cese temporal de tareas hasta que se oficialice una solución.

La Provincia, sin embargo, separó el reclamo salarial de las obligaciones vinculadas con la prestación del transporte público. Molina sostuvo que el Gobierno auditará el cumplimiento de los recorridos y verificará la restitución progresiva de los diagramas habituales.

El funcionario también reconoció el malestar generado entre los usuarios por la interrupción del servicio. “La gente con toda razón está molesta, fue una medida intempestiva sin comunicación oficial”, precisó.

Miles de usuarios quedaron afectados este miércoles en San Juan por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que comenzó durante la madrugada en reclamo por la demora en el pago de un aumento salarial acordado para los trabajadores del transporte.

La protesta alcanza a servicios urbanos e interurbanos y se instrumenta mediante retenciones en distintos momentos de la jornada. Por ese motivo, la circulación de colectivos no quedó suspendida de manera permanente, aunque la salida de unidades se vio interrumpida en diferentes empresas y franjas horarias.

La demanda está concentrada en la acreditación del incremento salarial que los trabajadores consideran ya acordado. Los choferes sostienen que fueron informados en reiteradas oportunidades sobre fechas de pago que finalmente no se cumplieron.

En la empresa El Triunfo, uno de los delegados de la UTA, expresó el malestar de los conductores y cuestionó la modalidad con la que, según afirmó, se vienen cancelando los compromisos salariales. “Ya van muchas veces que nos vienen y nos dicen ‘sí, salgamos y ya le vamos a pagar’, y te la pagan en dos o tres cuotas”, señaló.

La falta de una respuesta concreta llevó a los trabajadores a resolver la interrupción del servicio hasta obtener certezas sobre la cancelación del incremento. En algunos casos, las unidades directamente no fueron retiradas de las bases durante las primeras horas del día.

El gremio aguardaba una convocatoria que permitiera reunir a representantes de las empresas y autoridades para encontrar una salida. Hasta el momento, los trabajadores aseguraban no haber recibido una propuesta formal que permitiera levantar las retenciones.

La UTA dejó abierta la posibilidad de prolongar la protesta si el pago reclamado no se concreta. La continuidad del servicio, por lo tanto, quedó atada a la evolución de las negociaciones y a la acreditación efectiva de las sumas adeudadas.

La Resolución 1042/26 establece plazos de 30, 45 y 60 días para que Naturgy San Juan y Decsa releven instalaciones vulnerables, revisen la capacidad de respuesta de la red y presenten obras o inversiones correctivas cuando corresponda. La medida busca anticipar los efectos de crecidas, aluviones, inundaciones, lluvias intensas y deshielo.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ordenó a Naturgy San Juan y Decsa revisar sus redes y definir medidas concretas para responder ante aluviones, crecidas, inundaciones y lluvias intensas durante el verano 2026-2027. La disposición obliga a las dos distribuidoras a identificar previamente los puntos vulnerables y establecer cómo actuarían si un fenómeno meteorológico afecta instalaciones o interrumpe los caminos de acceso.

La exigencia quedó formalizada mediante la Resolución N° 1042/26, que establece distintos plazos según el estudio requerido. El primer paso será la presentación, dentro de 30 días corridos, de un Programa de Preparación para la Temporada Estival que deberá localizar instalaciones y áreas geográficas críticas y detallar los recursos disponibles para atender contingencias.

El relevamiento no se limitará al estado de los equipos. Las compañías deberán evaluar también qué ocurriría si una crecida o un aluvión deja intransitables los accesos a estaciones transformadoras, líneas u otros componentes esenciales. El esquema deberá contemplar monitoreo, sistemas de alerta, vías alternativas de ingreso, personal, vehículos y materiales necesarios para restablecer el servicio.

En simultaneo, el EPRE fijó 45 días para presentar un informe actualizado sobre operación y mantenimiento. A los 60 días deberán completarse los estudios de contingencia, confiabilidad y resiliencia exigidos por el organismo regulador.

Uno de los puntos centrales será el análisis de contingencia “N-1”, que permite determinar qué capacidad conserva el sistema cuando uno de sus componentes principales queda fuera de servicio. El objetivo es establecer si una falla en una línea o transformador puede ser absorbida por el resto de la red sin provocar una interrupción de mayor alcance.

La evaluación abarcará las redes de subtransmisión de 132 kV y 33 kV, además de la red primaria de 13,2 kV. Si los estudios detectan falta de capacidad, deficiencias de mantenimiento o instalaciones cuya falla pueda comprometer el suministro, las distribuidoras deberán presentar soluciones específicas.

En esos casos, no alcanzará con informar la existencia del problema. Naturgy y Decsa tendrán que definir obras o inversiones, responsables, costos estimados y cronogramas de ejecución, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el EPRE.

La decisión se produce mientras San Juan se prepara para un ciclo hídrico que podría incrementar de manera significativa el caudal de los ríos durante el deshielo. Una estimación elaborada por la Universidad Nacional de San Juan ubicó el escurrimiento previsto para el río San Juan en torno de 1.653 hectómetros cúbicos, más del doble de los 753 hm³ registrados en el período anterior. El pronóstico oficial definitivo todavía debe ser establecido por la Provincia.

A la mayor disponibilidad de agua se suma la influencia de El Niño, que puede favorecer condiciones de mayor inestabilidad atmosférica y episodios de precipitaciones intensas. Para una provincia atravesada por cauces aluvionales y con infraestructura eléctrica vinculada a zonas rurales y de montaña, esos factores agregan exigencias sobre la capacidad de respuesta de las distribuidoras.

El requerimiento del EPRE busca, precisamente, trasladar parte de esa preparación desde la emergencia hacia la prevención. La finalidad es que, antes de la temporada de mayores riesgos, las empresas conozcan dónde están los puntos más expuestos, qué recursos necesitan y qué alternativas tienen para mantener o recuperar el suministro.

Con esta resolución, el organismo regulador también introduce una exigencia de mayor previsibilidad sobre la operación de la red: una contingencia climática no debería convertirse en una falla generalizada por la ausencia de alternativas previamente evaluadas. Los informes y cronogramas que deberán presentar las distribuidoras permitirán determinar si existen instalaciones que requieren obras antes del período de mayor deshielo y precipitaciones.