Jaime Barcelona, representante de Adicus, expresó su preocupación por el congelamiento de las negociaciones salariales en el ámbito universitario. Denunció que el gobierno impone aumentos del 1% sin discusión y anunció nuevas medidas de fuerza para el 14, 19 y 20 de mayo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, referente de Adicus, confirmó que el conflicto docente en el ámbito universitario continúa profundizándose. Sin respuestas por parte del gobierno nacional, el gremio resolvió convocar a una jornada de lucha el 14 de mayo y un paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de mayo, con suspensión total de actividades.

“La administración de Javier Milei sigue sin convocar a paritarias y pretende imponer aumentos del 1,3% y luego del 1%, sin ningún tipo de discusión. Por eso la única salida que nos dejan es la protesta organizada”, explicó Barcelona.

Retraso salarial histórico

El dirigente denunció una pérdida salarial significativa desde el inicio de la actual gestión. “En lo que va del gobierno nacional, la inflación superó el 200%, mientras que los aumentos salariales en el sector apenas alcanzaron el 120%. Es decir, los docentes universitarios perdimos más del 70% de nuestro poder adquisitivo”, sostuvo con preocupación.

Barcelona también se refirió a los trascendidos sobre la decisión oficial de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1%: “Es muy grave. Esto es parte de un ajuste profundo. La plata no alcanza, y en lugar de buscar consensos, profundizan la desigualdad con bonos y aumentos en negro. Eso no es salario real”.

El enojo crece entre los docentes, y la situación genera un clima de tensión en las universidades de todo el país. Desde Adicus, instan a mantener la unidad y continuar con las medidas para visibilizar la problemática. “Si no hay respuestas, no habrá clases. Es así de simple. Esta lucha no es sólo por salario, es por el futuro de la universidad pública”, concluyó Barcelona.

El titular de ASIJEMIN, Marcelo Mena, participó de la celebración del Día Nacional de la Minería en la mina Veladero, San Juan, acompañado por una amplia comitiva del gobierno provincial. En diálogo exclusivo con Mundo Laboral SJ, reflexionó sobre el valor de visibilizar la actividad minera, la urgencia de una ley de jubilación acorde a las condiciones laborales extremas y el rol social que debe asumir el Estado en las comunidades.

Un Día del Minero en las alturas

Marcelo Mena, referente del Sindicato de Trabajadores Jerárquicos de la Minería (ASIJEMIN), compartió su experiencia al conmemorar el Día Nacional de la Minería en un lugar emblemático: la mina Veladero, ubicada a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de San Juan. Esta celebración no fue una más. Por primera vez, una comitiva numerosa de funcionarios, entre ellos el gobernador provincial y diputados nacionales, acompañó a los trabajadores en su propio terreno.

“Fue un día significativo, no sólo por la fecha, sino porque se vivenció en carne propia lo que implica trabajar en estas condiciones extremas. La altura, el viento, el frío… Son factores que no se explican, se sienten”, relató Mena.

Para Mena, este acercamiento del poder político a los yacimientos marca un precedente importante: “Esto permite visibilizar nuestra realidad. No alcanza con discursos, hay que estar ahí, vivirlo. Ver al gobernador y a los legisladores palpar lo que se siente en lugar, es una prueba contundente de que nuestra actividad requiere un tratamiento diferenciado”.

En ese sentido, el dirigente insistió en la necesidad urgente de una ley de jubilación minera. “No es posible que un trabajador siga en actividad a los 75 años, a más de 4.000 metros de altura. Necesitamos que quienes toman decisiones comprendan, desde la vivencia, por qué exigimos condiciones acordes a nuestra realidad”, enfatizó.

Salarios, acuerdos y proyección comunitaria

Consultado sobre la situación sindical y salarial, Mena destacó los avances logrados en paritarias, convenios colectivos y estabilidad laboral. “Hemos tenido buenos acuerdos, sin conflictos, gracias al compromiso del cuerpo de delegados y de toda la estructura sindical”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que el desafío actual va más allá de lo económico: “Queremos que la minería también impulse el desarrollo local. Un yacimiento necesita alimentos, logística, planificación. El Estado debe articular para que productores locales puedan abastecer estas demandas, generando así un impacto positivo en la comunidad”.

La jornada del 7 de mayo en Veladero dejó más que una celebración: permitió estrechar vínculos entre los actores del sector, reafirmó la necesidad de políticas públicas específicas para los trabajadores mineros y abrió la puerta a un debate postergado sobre jubilación, condiciones laborales y desarrollo regional.

“Esto no es sólo minería, es vida cotidiana. Es la realidad de cientos de trabajadores que sostienen la actividad desde hace décadas. Que se los escuche, se los vea y se legisle en consecuencia, es el paso que sigue”, concluyó Marcelo Mena.

Alfredo Collado, referente de los Judiciales Nacionales en San Juan, denunció el deterioro salarial del sector y confirmó el paro nacional de 24 horas para el 9 de mayo, iniciado con un banderazo en todo el país.

En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Collado, titular de Judiciales Nacionales en San Juan, confirmó que el gremio judicial inició un nuevo plan de lucha con un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de mayo, en reclamo por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de respuestas por parte del gobierno nacional. Las protestas comenzaron el jueves a las 10:00 con banderazos en todas las unidades funcionales del país.

Salarios por debajo de la pobreza

Collado advirtió que la situación es crítica: “Desde que asumió este gobierno, perdimos un 35% del poder adquisitivo. Hay trabajadores judiciales que cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza y no llegan a fin de mes”. Además, señaló que el último aumento recibido fue de apenas un 2% frente a una inflación del 3,7%, lo que profundiza la caída del salario real.

El dirigente también explicó las dificultades particulares del sector judicial: “Muchos de los empleados son profesionales con títulos habilitantes, pero el sistema judicial les impide trabajar en otra actividad. No pueden tener otro ingreso, salvo con permisos especiales que no siempre se otorgan. Están cautivos del sistema”.

Rechazo al tope salarial del 1%

Sobre la decisión del gobierno de no homologar paritarias que superen el 1%, Collado fue contundente: “Esto muestra claramente la intención de bajar los sueldos en todo el país. Es insostenible. La inflación no se detiene, los servicios suben, el pan, la luz… cada vez se puede acceder a menos”.

Pese a las dificultades de profundizar las medidas sin afectar el servicio de justicia, Collado dejó claro que la lucha continuará: “No vamos a abandonar. Seguiremos reclamando hasta conseguir una mejora real para todos los compañeros. No se puede vivir con estos sueldos”.