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El hecho Sucedió en la planta Llavallol. Los despedidos denuncian “causas inventadas” y persecución gremial.

Lucas Suárez y Hugo Fiorini son trabajadores despedidos de la planta Llavallón de Lomas de Zamora de la empresa Dánica en plena pandemia y a pesar de la vigencia del decreto que prohíbe los despidos.

Los empleados relataron la situación en una carta dirigida a sus compañeros para solicitar apoyo en el reclamo de reincoporación ante las autoridades de la empresa.

El hecho tiene una particularidad: Suárez y Fiorini ya habían sido despedidos en abril pasado por no aceptar realizar horas extras. Tras la lucha colectiva los reincorporaron, y hoy están otra vez en la calle por “causas inventadas”.

En el escrito, al que tuvo acceso Mundo Gremial, los trabajadores apuntan contra el Grupo Beltram, propietario de Dánica Llavallol, por despedir de “manera injusta” y “perseguir” a empleados por ejercer el derecho de representación sindical.

“Fuimos despedidos por segunda vez, en menos de tres meses, nuevamente de manera injusta, sin ningún motivo que justifique nuestros despidos y haciendo caso omiso tanto del decreto presidencial como de la “paz social” firmada con el sindicato unas semanas antes, solo podemos decir que a la empresa les molestamos, por el simple hecho de reclamar por nuestros derechos y el todos ustedes”, expresaron en la carta.

La paz social fue celebrada entre Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (Soeia) y las autoridades de la empresa en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20 y sus respectivas extensiones, dictado por el gobierno nacional que prohibe los despidos sin causa justa.

Pero en Dánica Llavallol no se cumplió, según denunciaron los trabajadores. “Esto que hace la empresa no es nuevo, cada uno de ustedes recuerdan los 63 despidos, las rebajas salariales que sufrimos este último año y medio, y los “retiros voluntarios” que no son otra cosa que despidos encubiertos, algo que la empresa hizo desde el principio acá en LLavallol.

Suárez y Fiorini hacen referencia al conflicto suscitada en abril de 2019 con el despido de 63 trabajadores de Dánica; 33 en Llavallol y otros 30 en Villa Mercedes San Luis.

“Hoy compañeros nos toca a nosotros, que al igual que muchos de ustedes tenemos una familia a la cual llevarle el plato de comida, tenemos que pagar el alquiler y tantas otras cosas y la empresa sin importarle absolutamente nada quiere dejarnos sin ese sustento, que para nosotros al igual que para ustedes es lo único que tenemos”, señalaron en la carta.

En ese marco, piden el apoyo “para ser escuchados, para golpear más fuerte y para revertir esta situación”, pero aclaran: “necesitamos de todos ustedes”

“Hoy somos nosotros dos pero mañana puede ser cualquiera de ustedes, por eso no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a seguir peleando para ser reincorporados a nuestros puestos de trabajo, porque mientras hay un decreto presidencial que prohíbe los despidos, la empresa viola sin empacho la prohibición de despedir”.

El próximo lunes 3 de agosto habrá una tercera audiencia en el ministerio de Trabajo, donde los trabajadores exigirán la reincorporación, “ya que nuestros despidos son por muchos factores totalmente ilegales”, concluyeron.

Fuente:Lunes 3 de agosto 2020 Mundo Gremial

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Multitudinaria marcha de la CGT en rechazo del brutal ajuste de Milei

En el Día del Trabajador, la central obrera, las CTA y la UTEP rechazaron de manera contundente el brutal ajuste de Milei y reclamaron a los senadores que no aprueben los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal que tienen media sanción de la Cámara de Diputados. 

El secretario general de la central obrera, Héctor Daer, ratificó el paro del próximo 9 de mayo al afirmar que la Argentina “estaba mal y ahora está peor”.

“Tenemos una agenda de reclamos muy claros, que tienen que ver con la situación social, con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos meses de gobierno. Decisiones que tuvieron que ver con un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables”.

Daer destacó que la CGT no negoció “ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción” de reforma laboral con la Casa Rosada. “Vamos a seguir adelante con el plan de lucha que venimos desarrollando porque no vamos a resignar ni un ápice de todos los derechos que tenemos conquistados a lo largo de la historia”.

Por su parte, el dirigente del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que no se reunirá “con ningún gobernador de Juntos por el Cambio” y aseguró que “los 33 senadores peronistas van a votar en contra de la Ley Bases” y que «hay que ir a buscar a los que no pertenecen a Unión por la Patria”.

Moyano sostuvo que “hoy es un día horrible, triste y amargo. No se dan cuenta del daño que le están haciendo al pueblo argentino a través de lo que se votó ayer. “No hay un solo beneficio para los trabajadores en la Ley Bases, todo es para los empresarios”. Agregó que “para que el Senado la apruebe, el gobierno está extorsionando a los gobernadores a través de las obras públicas”.

Las columnas de los gremios nucleados en la CGT marcharon desde Independencia y 9 de Julio hasta el Monumento al Trabajo, en Paseo Colón, donde se leyó el documento «En defensa de los derechos Laborales, Sociales, Previsionales y del Modelo Sindical«, pero donde no hubo discursos ni escenario.

Los gremialistas se mostraron sorprendidos por la afluencia de manifestantes. Los organizadores informaron que en la movilización hubo más de 300.000 personas. En el documento, la CGT reiteró sus críticas al ajuste del gobierno. “No lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, señaló la proclama del consejo directivo.

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Alerta máxima en Correo Argentino por despidos de 500 trabajadores

La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones alertó por la ola de despidos en el Correo Argentino, que alcanza a 500 trabajadores cesanteados.

La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) manifestó su preocupación por los despidos en el Correo Argentino que alcanzaron a 500 empleados que recibieron sus telegramas en el último tiempo.

El secretario general de FOECYT, Alberto Cejas, apuntó a la gestión gubernamental del Correo y señaló que los despidos son parte de “un patrón más amplio de desmantelamiento de recursos humanos en empresas estatales” y explicó que los despidos son resultado de una gestión ineficiente que llevó a la firma a una situación precaria en materia económica.

A su vez, advirtió que están ocurriendo cierres de oficinas en áreas rurales, que impactan de forma negativa en las comunidades que dependen del servicio postal para el acceso a servicios básicos.

Cejas advirtió además que la situación forma parte de una preparación del gobierno nacional para crear las condiciones para privatizar la empresa, que se encuentra dentro de las firmas estatales “sujetas a privatización” en el proyecto de Ley de Bases que se debate hoy en el Congreso de la Nación por iniciativa del gobierno de Javier Milei.

Desde FOECYT remarcaron que la empresa alegó “cuestiones de reestructuración y de reorganización interna” para definir los despidos, por lo que la Federación solicitó “rever esta medida ya que la consideramos absolutamente injusta. No son, ni jamás deberán ser los trabajadores las variables de ajuste, sobre todo tratándose de sujetos que cumplieron una función esencial durante la reciente pandemia”, esgrimió la entidad en una carta dirigida al director general del Correo, Camilo Baldini.

Finalmente, la organización gremial pidió “discutir las transformaciones que posibiliten garantizar el fortalecimiento del Correo para el bien común”, exigió FOECYT.

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Presentan proyecto para establecer una jubilación diferenciada para mineros

La iniciativa busca establecer un régimen diferenciado para los trabajadores mineros. Propone que puedan jubilarse a los 50 años los hombres y a los 47 las mujeres. Tiene apoyo sindical y el respaldo de la bancada de los diputados de extracción gremial.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), junto con un grupo de diputados nacionales encabezados por Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Pablo Carro, Eduardo Toniolli y Carlos Castagneto, presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre “jubilación minera”.

La iniciativa busca establecer “un régimen de jubilación diferenciada para los trabajadores mineros de Argentina, reconociendo las difíciles y peligrosas condiciones de trabajo en este sector”. Asimismo, tiene como objetivo principal “brindar una jubilación digna y justa para los hombres y las mujeres que trabajan en la minería”.

De aprobarse, la normativa regirá en todo el territorio nacional y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).

Además, establece edades de jubilación ordinaria más bajas, de modo que la mínima sería de 55 años para los hombres y de 52 para las mujeres que trabajan en minas a cielo abierto, canteras y cementeras; mientras, la edad mínima será de 50 años para los hombres y de 47 para las mujeres que desempeñen tareas en minas subterráneas.

En paralelo a las edades diferenciadas, el proyecto busca establecer requisitos específicos vinculados con los años de servicio y las contribuciones adicionales tanto para empleadores como para trabajadores.

Aquellas personas que cumplan funciones en minas a cielo abierto, canteras y cementeras deberán acreditar 15 años de trabajo continuo o 20 años de labor discontinua, en tanto que para quienes se desempeñen en minas subterráneas se requerirán 20 años de trabajo continuo o 25 años de labor discontinua.

También hay medidas especiales para los trabajadores en las diferentes etapas hacia la jubilación. Aquellos que alcancen la edad jubilatoria y no cuenten con los años suficientes de aportes podrán acordar con su empresa una moratoria; mientras que aquellos que hayan cumplido la mitad de los requisitos tendrán derecho al 100% de los beneficios y los que no alcancen el 50% podrán optar por una moratoria con su empresa para completar los aportes requeridos.

En lo referido a las jubilaciones por invalidez, enfermedad laboral o enfermedad terminal, el proyecto buscar establecer que los trabajadores que sufran un accidente laboral que los deje imposibilitados para continuar trabajando, que padezcan una enfermedad que les impida realizar sus tareas habituales o que se les diagnostique una enfermedad terminal podrán jubilarse de inmediato, independientemente de los años de aportes y de trabajo en la actividad.

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