Dánica violó el decreto “antidespidos” y echó a dos trabajadores
El hecho Sucedió en la planta Llavallol. Los despedidos denuncian “causas inventadas” y persecución gremial.

Lucas Suárez y Hugo Fiorini son trabajadores despedidos de la planta Llavallón de Lomas de Zamora de la empresa Dánica en plena pandemia y a pesar de la vigencia del decreto que prohíbe los despidos.
Los empleados relataron la situación en una carta dirigida a sus compañeros para solicitar apoyo en el reclamo de reincoporación ante las autoridades de la empresa.
El hecho tiene una particularidad: Suárez y Fiorini ya habían sido despedidos en abril pasado por no aceptar realizar horas extras. Tras la lucha colectiva los reincorporaron, y hoy están otra vez en la calle por “causas inventadas”.
En el escrito, al que tuvo acceso Mundo Gremial, los trabajadores apuntan contra el Grupo Beltram, propietario de Dánica Llavallol, por despedir de “manera injusta” y “perseguir” a empleados por ejercer el derecho de representación sindical.
“Fuimos despedidos por segunda vez, en menos de tres meses, nuevamente de manera injusta, sin ningún motivo que justifique nuestros despidos y haciendo caso omiso tanto del decreto presidencial como de la “paz social” firmada con el sindicato unas semanas antes, solo podemos decir que a la empresa les molestamos, por el simple hecho de reclamar por nuestros derechos y el todos ustedes”, expresaron en la carta.
La paz social fue celebrada entre Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (Soeia) y las autoridades de la empresa en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20 y sus respectivas extensiones, dictado por el gobierno nacional que prohibe los despidos sin causa justa.
Pero en Dánica Llavallol no se cumplió, según denunciaron los trabajadores. “Esto que hace la empresa no es nuevo, cada uno de ustedes recuerdan los 63 despidos, las rebajas salariales que sufrimos este último año y medio, y los “retiros voluntarios” que no son otra cosa que despidos encubiertos, algo que la empresa hizo desde el principio acá en LLavallol.
Suárez y Fiorini hacen referencia al conflicto suscitada en abril de 2019 con el despido de 63 trabajadores de Dánica; 33 en Llavallol y otros 30 en Villa Mercedes San Luis.
“Hoy compañeros nos toca a nosotros, que al igual que muchos de ustedes tenemos una familia a la cual llevarle el plato de comida, tenemos que pagar el alquiler y tantas otras cosas y la empresa sin importarle absolutamente nada quiere dejarnos sin ese sustento, que para nosotros al igual que para ustedes es lo único que tenemos”, señalaron en la carta.
En ese marco, piden el apoyo “para ser escuchados, para golpear más fuerte y para revertir esta situación”, pero aclaran: “necesitamos de todos ustedes”
“Hoy somos nosotros dos pero mañana puede ser cualquiera de ustedes, por eso no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a seguir peleando para ser reincorporados a nuestros puestos de trabajo, porque mientras hay un decreto presidencial que prohíbe los despidos, la empresa viola sin empacho la prohibición de despedir”.
El próximo lunes 3 de agosto habrá una tercera audiencia en el ministerio de Trabajo, donde los trabajadores exigirán la reincorporación, “ya que nuestros despidos son por muchos factores totalmente ilegales”, concluyeron.
Fuente:Lunes 3 de agosto 2020 Mundo Gremial
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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global
San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.
El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.
El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.
Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.
Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.
En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.
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El Sindicato de Comercio ratificó a Cavalieri al frente de la conducción
Armando Cavalieri renovó su mandato al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) y continuará acompañado por Carlos Pérez. La Lista Azul fue ratificada en las elecciones internas luego de que más de 16.200 afiliados concurrieran a las urnas.
La elección quedó reducida a una única nómina habilitada después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la oficialización de la Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes.
La decisión judicial se produjo luego de peritajes caligráficos que detectaron irregularidades en 1.238 firmas presentadas para respaldar la candidatura opositora. Según lo determinado en el expediente, esas anomalías impidieron que la lista alcanzara los requisitos reglamentarios establecidos para participar de la convocatoria.
Con la continuidad de Cavalieri, la conducción oficialista conservará además la dirección de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), una de las organizaciones gremiales con mayor representación del país.
Tras conocerse el resultado, Cavalieri destacó la participación de los afiliados y vinculó la ratificación electoral con la capacidad de representación de la organización. “La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio”, sostuvo.
El dirigente afirmó que el nuevo mandato estará marcado por la defensa de los ingresos y los derechos laborales frente a las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, aseguró que la organización buscará “defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil”.
La renovación consolida así el liderazgo de Cavalieri en la estructura mercantil porteña y extiende su influencia sobre FAECYS, entre reclamos salariales y la reforma laboral del Ejecutivo, los gremios de comercio enfrentan un panorama de profunda reconfiguración.
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San Juan y Mendoza avanzan con un centro unificado de controles sobre la Ruta 40
Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.
Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.
El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.
El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.
El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.
La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.
El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.
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