La distribuidora informó que la interrupción del suministro se originó por una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Chimbas y Rivadavia concentraron la mayor cantidad de usuarios afectados y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva durante la noche.

Miles de usuarios del Gran San Juan permanecieron durante varias horas sin suministro eléctrico este sábado como consecuencia de una falla registrada en la Estación Transformadora (ET) Punta de Rieles, según confirmó Naturgy mediante un comunicado oficial. La interrupción impactó principalmente en los departamentos de Chimbas y Rivadavia, donde se multiplicaron los reclamos por la falta de energía.

La empresa precisó que el desperfecto se produjo en una instalación estratégica para la distribución eléctrica de esa área, lo que obligó a desplegar cuadrillas técnicas para reparar la avería y ejecutar las maniobras necesarias para restituir el servicio.

Mientras avanzaban los trabajos, la compañia informó que sus equipos operaban de manera ininterrumpida para recuperar el abastecimiento «a la mayor brevedad posible», al tiempo que mantuvo el seguimiento de la evolución del sistema.

Después de las 20.15 del sábado comenzó la restitución gradual de la energía en los barrios alcanzados por el corte. La normalización se realizó de forma progresiva para garantizar la estabilidad de la red y evitar nuevas interrupciones durante las maniobras de recuperación.

Naturgy indicó que continuará informando sobre la recuperación total del servicio a través de sus canales oficiales y recordó que los usuarios pueden realizar consultas, reclamos o denuncias mediante la Oficina Virtual o comunicándose a la línea gratuita 0800-666-3637.

El episodio volvió a poner de relieve el impacto que generan las fallas en la infraestructura eléctrica sobre miles de hogares y comercios del Gran San Juan, especialmente cuando afectan instalaciones de alta importancia para la distribución del suministro en la provincia.

La Federación de Comercio y Servicios acordó con las cámaras empresarias un incremento remunerativo del 5,7% sobre los salarios de junio, distribuido en tres cuotas del 1,9%, además de un bono extraordinario de $50.000 y la continuidad del cronograma de incorporación de la suma fija de $120.000 al básico.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo entendimiento paritario con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), mediante el cual estableció una actualización salarial del 5,7% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El pacto fija un incremento remunerativo y no acumulativo que se calculará sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026, incorporando además las sumas no remunerativas existentes a esa fecha como base de cálculo. La mejora se distribuirá en tres cuotas iguales del 1,9%: la primera con los salarios de julio, la segunda en agosto y la tercera en septiembre.

El convenio también ratificó el mecanismo de incorporación gradual de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales. Ese proceso comenzará en diciembre de 2026 con una incorporación mensual de $20.000 y continuará de manera consecutiva hasta mayo de 2027, completando así su integración al salario remunerativo.

Asimismo, las partes acordaron que las sumas no remunerativas que permanezcan pendientes de incorporación serán liquidadas conforme a lo previsto en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026, garantizando la continuidad del cronograma previamente establecido.

Como complemento de la recomposición salarial, el acuerdo contempla el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y no acumulativa de $50.000. El beneficio se abonará en dos cuotas de $25.000: la primera junto con los haberes de julio y la segunda con los salarios correspondientes a agosto.

La vigencia del nuevo convenio rige desde el 1° de julio de 2026. Además, las partes establecieron una nueva instancia de revisión durante octubre para analizar la evolución de las principales variables económicas y determinar si resulta necesario introducir nuevas adecuaciones salariales.

El acuerdo también aclara que las condiciones pactadas no serán de aplicación obligatoria para las negociaciones colectivas que se desarrollen en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. No obstante, una vez homologado, el incremento fijará el piso salarial convencional para la actividad en el resto del país.

La actualización alcanza a uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores registrados de la Argentina, por lo que su impacto se extenderá a cientos de miles de empleados de comercio, incluidos los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, que percibirán las mejoras conforme al cronograma acordado una vez cumplido el proceso de homologación correspondiente.

Organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización federal para el 6 de agosto, cuando el Senado retomará el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que elimina las principales restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volverá al Senado el próximo 6 de agosto y ya genera una fuerte reacción de organizaciones de todo el país. Tras la postergación de su tratamiento, la iniciativa oficial quedó en el centro de una amplia convocatoria que reunirá frente al Congreso a movimientos sociales, gremios, cooperativas, entidades rurales, organizaciones religiosas y partidos políticos, que sostienen que la propuesta compromete la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales.

El proyecto, promovido por el Gobierno nacional junto a los gobernadores del Consejo de Mayo, modifica de manera sustancial el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales. En los hechos, deja sin efecto las limitaciones establecidas por la Ley 26.737, aprobada en 2011, que fijó un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada jurisdicción, prohibió la adquisición de inmuebles con grandes cuerpos de agua y estableció un límite de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas de mayor productividad para un mismo titular extranjero.

Aunque esa legislación fue derogada mediante el DNU 70/2023, la medida permanece suspendida por una resolución judicial obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La nueva iniciativa mantiene restricciones únicamente para Estados extranjeros, pero elimina los límites para personas físicas y empresas privadas del exterior.

La discusión parlamentaria también expuso diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó modificaciones incorporadas durante el debate que habilitaban regímenes diferenciados por provincias, al considerar que podrían vulnerar principios constitucionales. En este sentido, gobernadores y legisladores del PRO y de la UCR reclamaron preservar restricciones para la venta de tierras con recursos estratégicos y ubicadas en zonas de frontera.

A las diferencias políticas se sumó el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que esta última acusara a la funcionaria de divulgar una conversación privada mantenida antes de la sesión en la Cámara alta.

Mientras avanza la discusión legislativa, se multiplican las expresiones de rechazo. Integran la convocatoria entidades como Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes, el Llamamiento Argentino-Judío, cooperativas, organizaciones campesinas, colectivos sociales, agrupaciones científicas y centrales sindicales, además de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.

Como antesala de la protesta central, entre fines de julio se desarrollarán jornadas federales bajo la consigna «Argentina no se vende», con radios abiertas, charlas, talleres y banderazos en distintas provincias. Los convocantes sostienen que la eliminación de las restricciones a la compra de tierras, sumada a las modificaciones impulsadas sobre otras normas vinculadas con los recursos naturales, facilitaría el desembarco de grandes emprendimientos extractivos y de infraestructura tecnológica en regiones consideradas estratégicas por su disponibilidad de agua, energía y minerales.

En provincias con fuerte perfil productivo y minero como San Juan, donde confluyen importantes proyectos vinculados al cobre, al oro y al desarrollo energético, el debate adquiere una dimensión adicional. Diversas organizaciones consideran que cualquier modificación al régimen de propiedad de la tierra podría tener implicancias sobre futuras inversiones y sobre la administración de recursos considerados estratégicos.

La movilización del 6 de agosto formará parte de una agenda de protestas más amplia. La CGT ya confirmó nuevas acciones para las semanas siguientes, entre ellas una participación en la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto, una convocatoria cuando el Gobierno reúna al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y otra manifestación frente al Ministerio de Economía durante la tercera semana del mes, en rechazo a la política económica nacional.