Dánica violó el decreto “antidespidos” y echó a dos trabajadores
El hecho Sucedió en la planta Llavallol. Los despedidos denuncian “causas inventadas” y persecución gremial.

Lucas Suárez y Hugo Fiorini son trabajadores despedidos de la planta Llavallón de Lomas de Zamora de la empresa Dánica en plena pandemia y a pesar de la vigencia del decreto que prohíbe los despidos.
Los empleados relataron la situación en una carta dirigida a sus compañeros para solicitar apoyo en el reclamo de reincoporación ante las autoridades de la empresa.
El hecho tiene una particularidad: Suárez y Fiorini ya habían sido despedidos en abril pasado por no aceptar realizar horas extras. Tras la lucha colectiva los reincorporaron, y hoy están otra vez en la calle por “causas inventadas”.
En el escrito, al que tuvo acceso Mundo Gremial, los trabajadores apuntan contra el Grupo Beltram, propietario de Dánica Llavallol, por despedir de “manera injusta” y “perseguir” a empleados por ejercer el derecho de representación sindical.
“Fuimos despedidos por segunda vez, en menos de tres meses, nuevamente de manera injusta, sin ningún motivo que justifique nuestros despidos y haciendo caso omiso tanto del decreto presidencial como de la “paz social” firmada con el sindicato unas semanas antes, solo podemos decir que a la empresa les molestamos, por el simple hecho de reclamar por nuestros derechos y el todos ustedes”, expresaron en la carta.
La paz social fue celebrada entre Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (Soeia) y las autoridades de la empresa en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20 y sus respectivas extensiones, dictado por el gobierno nacional que prohibe los despidos sin causa justa.
Pero en Dánica Llavallol no se cumplió, según denunciaron los trabajadores. “Esto que hace la empresa no es nuevo, cada uno de ustedes recuerdan los 63 despidos, las rebajas salariales que sufrimos este último año y medio, y los “retiros voluntarios” que no son otra cosa que despidos encubiertos, algo que la empresa hizo desde el principio acá en LLavallol.
Suárez y Fiorini hacen referencia al conflicto suscitada en abril de 2019 con el despido de 63 trabajadores de Dánica; 33 en Llavallol y otros 30 en Villa Mercedes San Luis.
“Hoy compañeros nos toca a nosotros, que al igual que muchos de ustedes tenemos una familia a la cual llevarle el plato de comida, tenemos que pagar el alquiler y tantas otras cosas y la empresa sin importarle absolutamente nada quiere dejarnos sin ese sustento, que para nosotros al igual que para ustedes es lo único que tenemos”, señalaron en la carta.
En ese marco, piden el apoyo “para ser escuchados, para golpear más fuerte y para revertir esta situación”, pero aclaran: “necesitamos de todos ustedes”
“Hoy somos nosotros dos pero mañana puede ser cualquiera de ustedes, por eso no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a seguir peleando para ser reincorporados a nuestros puestos de trabajo, porque mientras hay un decreto presidencial que prohíbe los despidos, la empresa viola sin empacho la prohibición de despedir”.
El próximo lunes 3 de agosto habrá una tercera audiencia en el ministerio de Trabajo, donde los trabajadores exigirán la reincorporación, “ya que nuestros despidos son por muchos factores totalmente ilegales”, concluyeron.
Fuente:Lunes 3 de agosto 2020 Mundo Gremial
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Casi el 60% de los argentinos dice que su economía está empeorando
Una encuesta de Jorge Giacobbe registró un 58,9% de respuestas negativas sobre la evolución de la economía personal, cuatro puntos más que en la medición anterior. Además, el 47,8% considera equivocado el programa económico de Javier Milei.
La percepción de los argentinos sobre su economía personal volvió a deteriorarse en agosto. Según la última encuesta del consultor Jorge Giacobbe, el 58,9% de los consultados considera que su situación económica está empeorando, cuatro puntos más que el 54% registrado en la medición anterior, realizada entre fines de mayo y comienzos de julio.
El dato adquiere mayor relevancia al observar la intensidad de ese deterioro. El 48,9% afirmó que está sufriendo personalmente el retroceso, mientras que otro 9,5% reconoció que su economía empeora, aunque aseguró que todavía no tiene un impacto directo en su vida cotidiana.
En el extremo contrario, el 35,8% percibe una evolución favorable. Dentro de ese grupo, el 28,5% sostiene que la economía está mejorando y que ya siente ese cambio, mientras que el 7,3% considera que existe una mejora, aunque todavía no llegó a sus ingresos o condiciones de vida.
Un 5,3% definió el panorama como estancado. De esta manera, si se suman quienes perciben un deterioro con quienes no advierten avances, alrededor de dos tercios de los encuestados no identifica una mejora económica.
Críticas al programa de Milei
La valoración del programa económico también muestra un nivel elevado de disconformidad. El 47,8% considera que el rumbo adoptado por el Gobierno está equivocado y que el esfuerzo exigido a la sociedad carece de sentido.
Las respuestas restantes exhiben una sociedad dividida frente al ajuste. El 16,8% entiende que la reducción del gasto no es excesiva y que el país avanza en la dirección correcta. Otro 22,4% admite que hay que soportar el esfuerzo actual con la expectativa de una mejora futura.
A su vez, el 3,6% considera que el ajuste tiene sentido, aunque expresa dudas sobre cuánto puede resistir la población. Un 8,7% manifestó no comprender el programa económico y apenas un 0,7% se mostró indeciso.
Los resultados reflejan una brecha entre la evaluación que una parte de la población realiza sobre las políticas económicas y la percepción concreta de sus ingresos y condiciones de vida. Mientras el Gobierno sostiene su programa de estabilización y reducción del gasto, una mayoría de los consultados todavía no traduce ese proceso en una mejora concreta a nivel personal.
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San Juan tratará el lunes una ley provisoria para aplicar el Régimen Penal Juvenil
El Gobierno provincial ingresó a la Legislatura un proyecto que adapta de manera transitoria las reglas procesales al nuevo régimen nacional, vigente desde el 5 de septiembre. Diputados lo debatirá en una sesión especial mientras avanza la elaboración de un Código Procesal Penal Juvenil definitivo.
La Cámara de Diputados de San Juan tratará el próximo lunes, en una sesión especial, el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para regular transitoriamente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa busca evitar un vacío procesal después de la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo régimen nacional. Como la provincia todavía no dispone de un Código Procesal Penal Juvenil propio, la propuesta establece las reglas que deberán utilizarse durante el período de transición.
El proyecto tendrá tratamiento directo en el recinto y contempla modificaciones a las normas procesales vigentes para determinar cómo deberán tramitarse las causas penales que involucren a adolescentes. La solución finalmente adoptada será legislativa, después de que la Corte de Justicia evaluara inicialmente la posibilidad de establecer las pautas mediante una acordada.
El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, había explicado que una de las alternativas consistía precisamente en utilizar una acordada de la Corte con fuerza transitoria a través de una posterior intervención de la Legislatura. Sin embargo, el análisis jurídico derivó en la decisión de remitir formalmente la propuesta a Diputados.
Una solución provisoria
La norma que se discutirá el lunes no constituye el Código Procesal Penal Juvenil definitivo. Su finalidad es ordenar la transición entre las reglas provinciales actualmente vigentes y el nuevo régimen nacional.
Uno de los principales desafíos consiste en compatibilizar las disposiciones locales con un modelo de carácter acusatorio, que redefine las funciones de jueces, fiscales y defensores y establece nuevas pautas para la investigación y resolución de las causas.
La adecuación también demandará ajustes en la organización judicial y en la intervención de los distintos organismos vinculados con adolescentes. La legislación transitoria deberá establecer cómo funcionará el procedimiento hasta que San Juan complete una regulación específica.
El Código definitivo, todavía pendiente
La sanción de esta ley no cerrará la reforma. En este sentido, la provincia deberá elaborar un Código Procesal Penal Juvenil propio, con reglas permanentes para el funcionamiento del fuero.
Ese proceso deberá contemplar la estructura especializada necesaria para atender las causas de adolescentes, delimitar las competencias de los distintos operadores judiciales y definir la articulación con los organismos provinciales vinculados con niñez y reinserción.
La sesión especial del próximo lunes será, de ese modo, el primer paso legislativo para acompañar la implementación del nuevo régimen nacional y garantizar una transición ordenada hasta la aprobación de una normativa provincial definitiva.
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El Día del Empleado de Comercio tendrá carácter de feriado el 28 de septiembre
La FAECyS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración prevista por la Ley 26.541 al lunes 28 de septiembre. La jornada tendrá el tratamiento legal correspondiente a un feriado nacional y no podrá utilizarse como franco compensatorio.
La fecha original establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero el entendimiento entre las partes dispuso trasladar la conmemoración al lunes siguiente para garantizar a los trabajadores los derechos laborales asociados a la jornada.
La circular difundida por la FAECyS el 7 de septiembre precisó que la fecha trasladada conservará todos los alcances previstos por la legislación. En materia salarial, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas complementarias, con el tratamiento correspondiente a los feriados nacionales.
Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el lunes 28 no podrá ser utilizado como franco compensatorio del descanso semanal. De esta manera, la jornada mantiene su carácter especial y no puede ser absorbida por otro día de descanso que correspondiera al trabajador.
El entendimiento fue remitido para su homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que permitirá formalizar el acuerdo alcanzado entre la representación gremial y las cámaras empresarias.
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