La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, expresó un contundente rechazo al Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. La entidad denunció que el plan oficial “consolida un ajuste estructural” que impactará de lleno en la educación, la ciencia y la tecnología, sectores que consideró “estratégicos para el desarrollo soberano del país”.

El eje central de las críticas radica en la reducción del financiamiento en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Según CTERA, el presupuesto prevé una baja progresiva que pasó del 1,44% en 2023 al 0,86% en 2024, con una proyección de apenas 0,75% para 2026.
“Este retroceso implica un golpe severo a la escuela pública, a las universidades y a la investigación científica”, advirtió la central docente, que agrupa a más de veinte sindicatos de todo el país.

Además, el artículo 30 del proyecto plantea la derogación de marcos legales claves que garantizan la inversión educativa y científica. Entre ellos, el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), que establece un mínimo del 6% del PBI para el sector; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 27.614, que regulan el financiamiento de la ciencia y la tecnología; y la continuidad del Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional. También se propone frenar el aumento progresivo del Fondo de Defensa Nacional (FONDEF).

El gremio docente también cuestionó las previsiones macroeconómicas incluidas en el texto. El Gobierno estima una inflación del 24,5% para diciembre de 2025 y del 10,1% para 2026. Sin embargo, la central recordó que hasta agosto de 2025 la inflación acumulada ya llegaba al 19,5% con un piso mensual del 2%, lo que proyecta un cierre de año en torno al 28-30%.
En la misma línea, calificó como “poco serias” las previsiones de crecimiento económico (+5,4% para 2025 y +5% para 2026), en un contexto de caída sostenida de la actividad.

Un “estado de alerta” en defensa de la escuela pública

En un comunicado oficial, la conducción nacional expresó: “Este presupuesto no solo consolida el ajuste, sino que representa un ataque directo a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología. De aprobarse, desarticularía de manera permanente el esquema de financiamiento educativo, científico y tecnológico en la Argentina”.

Ante este panorama, la confederación resolvió declararse en “estado de alerta y movilización”. En los próximos días, convocará a una reunión de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir y eventuales medidas de fuerza.

Para CTERA, el debate no es meramente fiscal sino político: se trata de la definición del rol que el Estado debe cumplir en la garantía del derecho social a la educación. El presupuesto, según la mirada sindical, “desconoce el mandato constitucional y las leyes sancionadas democráticamente”, a la vez que “debilita la posibilidad de un modelo inclusivo y soberano”.

Con este posicionamiento, CTERA se suma al conjunto de organizaciones sindicales, universitarias y científicas que ya anticiparon su rechazo al proyecto oficial, en lo que promete ser un nuevo capítulo de conflicto social y político en torno al rumbo del país.

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche, mediante un discurso grabado transmitido en cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, lejos de aportar certezas, el plan económico encendió nuevas alarmas en el sistema universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de universidades públicas de todo el país, advirtió que las partidas previstas “no alcanzan para cubrir los gastos básicos de funcionamiento” y consolidan el ajuste ya aplicado en 2025.

Según el cálculo del CIN, el sistema requiere más de 7 billones de pesos para garantizar el normal funcionamiento en 2026. No obstante, el proyecto enviado por el Ejecutivo contempla apenas 4,8 billones de pesos.

“Los 4,8 billones anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar lo percibido a diciembre de 2025. Esto queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios. En otras palabras, es prácticamente el mismo presupuesto que para 2025, un año que vivimos en peligro”, señaló el organismo en un comunicado.

La conclusión de los rectores es clara: se trata de un proyecto que “consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

El conflicto por el financiamiento educativo

El rechazo de las universidades se suma al escenario de tensión abierto por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que el Congreso sancionó a finales de agosto. La norma, redactada por el propio CIN, elevaba al 1% del PBI el presupuesto destinado a las universidades y establecía mecanismos de actualización periódica de salarios y partidas.

El texto también contemplaba la recomposición salarial de docentes y no docentes en base a la inflación informada por el INDEC, la actualización de fondos para hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión, y la obligación de la Auditoría General de la Nación de fiscalizar el uso de los recursos.

El veto presidencial, que será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados, reactivó la confrontación entre el Gobierno y el sistema universitario, que desde principios de año viene advirtiendo sobre la crítica situación de financiamiento.

Universidades en alerta

La respuesta del CIN no se limita a un comunicado técnico: detrás del planteo económico subyace una defensa política y social del sistema universitario público como pilar de inclusión, desarrollo científico y movilidad social.

Los rectores consideran que el proyecto del Ejecutivo, lejos de dar respuesta a la emergencia, “ratifica un camino de desfinanciamiento” que podría comprometer no solo el funcionamiento cotidiano, sino también la capacidad del país de sostener la producción científica y tecnológica.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes sumarse a la movilización prevista para el próximo miércoles frente al Congreso, en rechazo a los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la norma de financiamiento universitario. La decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera, en la que participaron más de 20 dirigentes sindicales.

El encuentro estuvo encabezado por referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (Trenes), entre otros.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez al término de la reunión. Y agregó: “Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos entendieron o fracasó la instancia”.

La presión para que la CGT adoptara una medida concreta venía creciendo en los últimos días. Desde el hospital Garrahan, trabajadores y representantes gremiales reclamaban un paro general en defensa de la emergencia pediátrica. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”, había planteado Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

En la misma línea, el camillero Esteban Argañaraz pidió “unidad del movimiento obrero en los reclamos por la educación y la salud”. El llamado se sumó a la voz de los universitarios, que ya habían exigido una movilización nacional en defensa de la educación pública, similar a la realizada meses atrás con amplio respaldo social.

Con este pronunciamiento, la CGT busca consolidar la protesta de este miércoles en un clima político marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores sociales tras la sucesión de vetos presidenciales.