Docentes y nodocentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro de 24 horas tras rechazar la última propuesta del Gobierno. Reclaman una recomposición del 31,2%, la restitución del FONID, mejoras para el personal nodocente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanza a las entidades representadas por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA, por lo que la protesta comprende tanto el dictado de clases como las tareas administrativas, técnicas y de servicios.

El paro fue ratificado luego de la reunión paritaria del 1° de septiembre, cuando el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y sostuvo otro 3% para octubre. Las organizaciones rechazaron la propuesta al considerar que no contempla el deterioro acumulado de los salarios frente a la inflación. Además, señalaron que el tramo correspondiente a octubre ya había sido acordado en junio.

El reclamo gremial contempla una recomposición del 31,2% acumulada hasta julio, a la que deberán incorporarse la inflación de agosto y los montos pendientes de actualización. También se exige un mecanismo de revisión periódica vinculado al índice de precios del INDEC para evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo.

A la agenda salarial se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), respuestas para las escuelas preuniversitarias y una mejora de las condiciones del personal nodocente. FATUN reclama, además, el blanqueo de sumas no remunerativas y una actualización de la garantía salarial.

El conflicto incorpora una disputa presupuestaria. Los gremios reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación permanece demorada por decisión del Poder Ejecutivo y constituye uno de los principales puntos de desacuerdo.

Los dirigentes sindicales advierten que la pérdida de ingresos ya repercute sobre la permanencia de docentes, investigadores y estudiantes. Ricardo Mozzi, de FAGDUT, sostuvo que el deterioro salarial genera “éxodo y deserción”, mientras que Sergio Romero, titular de UDA, cuestionó la demora oficial en aplicar la legislación de financiamiento.

La protesta tendrá continuidad durante septiembre. El martes 15 se realizarán clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, coincidiendo con una nueva convocatoria paritaria.

El intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, firmaron un acuerdo para promover cursos, talleres y diplomados destinados a fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada con la minería.

La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron avanzar en una agenda de formación orientada a acompañar el crecimiento de la minería y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos interesados en incorporarse a la industria.

El entendimiento quedó formalizado mediante un acta suscripta por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz.

La propuesta contempla el diseño de cursos, talleres, diplomados y otras instancias educativas destinadas a incorporar conocimientos técnicos y profesionales requeridos por la minería. La iniciativa procura, además, fortalecer la preparación de trabajadores que ya se desempeñan en la industria y facilitar el acceso a herramientas de formación para personas que buscan ingresar a ella.

Durante el encuentro también participaron Roberto Velázquez, de la Delegación Regional NOA; Humberto Coria, director de la Delegación Regional Centro; y Roque Balmaceda, secretario de Acción Social y Turismo de ASIJEMIN.

La Secretaría Técnico-Profesional y de Formación, encabezada por Fabián Gasco, tendrá un papel central en el desarrollo de las futuras propuestas, con el objetivo de orientar los contenidos hacia las necesidades profesionales y técnicas que demanda la minería.

El acuerdo adquiere relevancia en una provincia integrada a uno de los corredores mineros del NOA, donde la expansión de proyectos extractivos requiere perfiles con formación específica en áreas técnicas, profesionales y operativas.

Para ASIJEMIN, la capacitación constituye además una herramienta para mejorar las competencias de los trabajadores y ampliar las posibilidades de incorporación de nuevos recursos humanos. La apertura de propuestas educativas hacia la comunidad busca vincular la formación laboral con las oportunidades que genera el desarrollo minero.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, cuestionó en Mundo Laboral San Juan la propuesta salarial del Gobierno nacional y sostuvo que el incremento del 3% para septiembre no permite recuperar el poder adquisitivo perdido. El dirigente denunció además el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldó el paro del 8 de septiembre y anticipó nuevas acciones gremiales, incluida una nueva Marcha Federal Universitaria.

El conflicto vuelve a profundizarse después del fracaso de la última negociación salarial entre el Gobierno nacional y las organizaciones gremiales.

El Frente Sindical Universitario convocó a un paro nacional de 24 horas para este martes 8 de septiembre, luego de rechazar la propuesta oficial de incrementar un 3% los salarios en septiembre. La oferta fue considerada insuficiente por las federaciones, que reclaman una recomposición mucho mayor para comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Jaime Barcelona explicó que el rechazo no responde solamente al porcentaje ofrecido, sino también a la forma en que el Gobierno presenta ese incremento dentro del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El dirigente de ADICUS remarcó que el otro 3% correspondiente a octubre ya formaba parte de un entendimiento anterior. Por eso, desde la perspectiva sindical, no se trata de un nuevo aumento acumulado del 6%, sino de una mejora efectiva del 3% para septiembre.

“Ese 3% es totalmente insuficiente”, sostuvo Barcelona, quien advirtió que la propuesta no modifica sustancialmente el deterioro salarial acumulado por los docentes y nodocentes universitarios.

La diferencia entre la interpretación oficial y la sindical constituye uno de los principales puntos de conflicto. Mientras el Gobierno presenta los incrementos como parte de una actualización trimestral, los gremios sostienen que una parte de ese porcentaje ya estaba acordada y que, por lo tanto, no representa una nueva recomposición.

La discusión salarial está directamente vinculada con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025. La norma establece mecanismos para recomponer salarios y garantizar recursos para las universidades públicas.

De acuerdo con las declaraciones del referente de ADICUS, los gremios de la universidad aguardaban un planteamiento firme por parte del Gobierno central para cumplir con las obligaciones fijadas por la legislación. No obstante, recibieron a cambio una propuesta de ajuste salarial diferente que, a juicio de los sindicatos, resulta insuficiente para solucionar la crisis de raíz.

El dirigente cuestionó que el Ejecutivo pretenda presentar los aumentos ya acordados como parte del cumplimiento de la legislación, cuando —según señaló— las resoluciones judiciales establecieron que aquel acuerdo no implicaba por sí mismo la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento.

“Esperábamos una propuesta concreta, real, para pagarnos lo adeudado”, resumió Barcelona.
De este modo, el problema cobró una relevancia que trasciende el debate paritario. El enfrentamiento actual sumó la participación del Poder Legislativo, el Gobierno, el marco judicial y los gremios que agrupan al personal docente y no docente de las universidades.

La pérdida salarial y la comparación con otros estatales

Uno de los argumentos centrales de ADICUS es la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.

Barcelona sostuvo que la propuesta oficial no permite recomponer los salarios y recordó que otros trabajadores estatales recibieron ofertas superiores.

Desde el sindicalismo universitario, distintas federaciones vienen planteando recomposiciones superiores al 30% para comenzar a recuperar lo perdido frente a la inflación. La discusión, por lo tanto, ya no gira exclusivamente alrededor de la inflación mensual, sino sobre una pérdida acumulada que los gremios consideran estructural.

El nuevo plan de lucha nacional incluye esta misma exigencia. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA) plantea como uno de sus objetivos recuperar mediante la negociación salarial lo perdido frente a la inflación y exige, junto con la aplicación de la ley, un presupuesto universitario suficiente.

Paro, clases públicas y movilización

El paro del 8 de septiembre será el próximo capítulo de una escalada que las organizaciones universitarias vienen profundizando desde hace meses.

El cronograma anunciado por el Frente Sindical Universitario incluye, además, una jornada nacional de clases públicas el 15 de septiembre y una movilización frente al Palacio Pizzurno el 17, coincidiendo con la convocatoria a la próxima paritaria docente y nodocente.

Barcelona planteó durante la entrevista que el 17 de septiembre puede convertirse en otra jornada de fuerte visibilización del conflicto y no descartó una movilización hacia el ámbito donde se desarrolle la negociación.

Para ADICUS, la próxima reunión paritaria será una instancia decisiva. La expectativa sindical está puesta en que el Gobierno presente una propuesta diferente que permita avanzar tanto en la recomposición salarial como en la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Hacia una nueva Marcha Federal Universitaria

La disputa también comienza a trasladarse nuevamente a las calles.
El movimiento universitario ya trabaja en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que en las últimas horas comenzó a tomar forma como una quinta movilización nacional de este tipo.

El Frente Sindical Universitario confirmó que busca realizarla durante la primera semana de octubre, mientras que otras expresiones del sistema universitario habían planteado inicialmente la posibilidad de concretarla entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La movilización sería la continuidad de una secuencia de grandes protestas iniciada en 2024 y sostenida durante 2025 y 2026. El propio Consejo Interuniversitario Nacional participó de las anteriores convocatorias y ha mantenido un reclamo sostenido por el financiamiento de las universidades públicas.