El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario obliga al Gobierno nacional a reabrir de inmediato la negociación salarial. Advirtió que la recomposición aún pendiente supera el 25%, denunció el deterioro de la investigación y anticipó que, si no hay cumplimiento, los gremios fortalecerán las medidas de fuerza.

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario modificó el tablero de la negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Con ese nuevo antecedente judicial, los gremios docentes sostienen que la administración nacional ya no tiene margen para postergar la discusión salarial y reclaman una convocatoria inmediata a la mesa paritaria.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Barcelona, recordó que el último acuerdo firmado el 11 de junio estableció como fecha límite el 10 de septiembre para una nueva reunión salarial. Sin embargo, aclaró que ese compromiso fue asumido antes del pronunciamiento definitivo de la Corte, por lo que consideró que las condiciones cambiaron y la negociación debería adelantarse.

El dirigente explicó que la recomposición que hoy se reclama responde a la deuda acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Recordó que, tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo otorgó una actualización salarial del 21,33% para docentes y no docentes, además de incrementar la garantía salarial, actualizar los gastos de funcionamiento y elevar en un 50% las becas Manuel Belgrano. No obstante, afirmó que esas mejoras quedaron lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Según detalló, durante este período los salarios universitarios acumularon un atraso superior al 100% frente a la inflación. En ese sentido, precisó que la recomposición cercana al 25% que hoy calculan rectores y sindicatos corresponde principalmente a montos pendientes de 2024, ya que, de acuerdo con el análisis gremial, ese año sólo se recuperó alrededor del 7% del deterioro salarial. A esa diferencia, añadió, deberá incorporarse la actualización correspondiente al índice de precios de los próximos meses.

Barcelona evitó anticipar cuál será la modalidad de pago que propondrá el Gobierno. Señaló que la discusión pasará por determinar si la deuda salarial será cancelada en una sola cuota o mediante un esquema escalonado, aunque remarcó que el punto central es que la administración nacional cumpla con las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario.

El referente de ADICUS consideró que el fallo judicial modifica también la relación de fuerzas entre las partes. A su entender, la resolución de la Corte coloca a los sindicatos en una posición más sólida para sostener futuras medidas de protesta en caso de incumplimiento. De todos modos, manifestó que la prioridad continúa siendo alcanzar una solución mediante la negociación y evitar una profundización del conflicto.

Más allá del debate salarial, Barcelona describió el impacto que el ajuste presupuestario produjo en la Universidad Nacional de San Juan. Indicó que numerosos proyectos de investigación permanecen paralizados, que las obras de infraestructura quedaron limitadas a intervenciones mínimas y que las becas estudiantiles continúan congeladas, con montos que perdieron capacidad de respuesta frente al aumento del costo de vida.

También alertó sobre un fenómeno que comienza a sentirse en las aulas: la salida de docentes hacia otros ámbitos laborales. Explicó que muchos profesores solicitaron licencias en sus cargos universitarios para incorporarse al sistema educativo provincial o al ámbito privado en busca de mejores ingresos, una dinámica que amenaza con afectar la calidad académica y la continuidad de diversas cátedras.

En el tramo final de la entrevista, el dirigente amplió la mirada hacia el resto del sistema científico nacional y expresó la solidaridad de ADICUS con los trabajadores de Vialidad Nacional, CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismos que atraviesan procesos de ajuste y reducción de recursos. Consideró que la defensa de la universidad pública forma parte de un reclamo más amplio en favor del sistema científico y tecnológico argentino.

Con la cautelar ya firme, la discusión universitaria ingresó en una nueva etapa. Mientras el Gobierno dispone hasta el 10 de septiembre para reabrir formalmente la negociación, rectores y gremios consideran que la decisión de la Corte elimina cualquier argumento para seguir postergando la recomposición salarial. La respuesta oficial en las próximas semanas será determinante para definir si el conflicto encuentra una salida negociada o vuelve a trasladarse a las calles y a las aulas.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que cerca del 70% de la red vial presenta un estado entre regular y malo como consecuencia de la paralización de la obra pública. El gremio también cuestionó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional y denunció que favorece a empresas privadas con financiamiento estatal y escasas obligaciones de inversión.

El deterioro de las rutas nacionales volvió a encender las alarmas. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el desfinanciamiento del organismo y la suspensión de las tareas de conservación están acelerando el desgaste de la infraestructura vial, con consecuencias directas sobre la seguridad de millones de usuarios.

El secretario Gremial y de Prensa de la organización, Fabián Catanzaro, aseguró que el organismo atraviesa el momento más crítico desde su creación hace casi 94 años. Según precisó, alrededor del 70% de la red vial nacional se encuentra en condiciones entre regulares y malas, una realidad que atribuyó a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, incluyendo las intervenciones de mantenimiento que establece la legislación vigente.

El dirigente explicó que la falta de conservación tiene un impacto acumulativo sobre los pavimentos. De acuerdo con estimaciones técnicas de Vialidad Nacional, cada año sin mantenimiento reduce entre tres y cinco años la vida útil de una ruta, lo que acelera el deterioro y multiplica el costo de futuras reparaciones.

La organización también vinculó ese proceso con el incremento de la siniestralidad vial. Catanzaro indicó que relevamientos internos muestran un aumento cercano al 20% en los siniestros registrados desde el año pasado y afirmó que las víctimas fatales continúan en niveles preocupantes, con alrededor de 7.000 fallecidos anuales en las rutas nacionales. A su juicio, el estado de la infraestructura condiciona muchas de las maniobras que luego son atribuidas exclusivamente al error humano.

Denuncian un «apagón estadístico»

FEPEVINA cuestionó además la reducción de la información pública vinculada a la seguridad vial. Según el gremio, el proceso de ajuste que atraviesa la Agencia Nacional de Seguridad Vial también repercutió sobre la producción de estadísticas oficiales.

Catanzaro sostuvo que actualmente existe un «apagón estadístico» respecto de los siniestros y las muertes en las rutas nacionales debido al desmantelamiento de áreas técnicas encargadas de elaborar esos registros. En ese sentido, advirtió que la ausencia de datos dificulta dimensionar con precisión la evolución del problema y limita la elaboración de políticas preventivas.

Críticas al nuevo esquema de concesiones

Otro de los cuestionamientos apuntó al proceso de privatización de corredores viales impulsado por el Ejecutivo. Desde FEPEVINA señalaron que el nuevo modelo ampliará significativamente la extensión de rutas concesionadas, que pasaría de 6.500 a 9.500 kilómetros, al tiempo que se multiplicará la cantidad de estaciones de peaje, con una cabina aproximadamente cada 80 kilómetros.

El sindicato advirtió que las licitaciones se desarrollarán bajo las modificaciones incorporadas por la Ley Bases al régimen de concesiones y cuestionó el rol del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya Carta Orgánica fue modificada para financiar estos proyectos.

Según Catanzaro, las empresas adjudicatarias accederán a créditos con tasas preferenciales, períodos de gracia y la posibilidad de percibir ingresos por peajes desde el inicio de la concesión, sin ejecutar inicialmente obras de gran magnitud. Para la organización, ese esquema reproduce experiencias similares aplicadas durante la década de 1990, donde —afirman— predominó la rentabilidad de las concesionarias por encima de la inversión en infraestructura.

El impacto en San Juan

La advertencia también alcanza a provincias como San Juan, donde las rutas nacionales constituyen corredores estratégicos para la minería, la producción agrícola, el turismo y el transporte de cargas. El deterioro de estas vías no sólo incrementa los riesgos para quienes las transitan diariamente, sino que también eleva los costos logísticos y afecta la competitividad de las economías regionales.

El pronunciamiento de FEPEVINA vuelve a colocar en el centro del debate el estado de la infraestructura vial argentina y el rumbo de la política de obra pública. Mientras el Gobierno avanza con un esquema de mayor participación privada en la administración de los corredores nacionales, el gremio insiste en que la falta de mantenimiento, la reducción presupuestaria y la disminución de los controles conforman una combinación que compromete tanto la conservación del patrimonio vial como la seguridad de quienes circulan por las rutas del país.

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo criterio para calcular las indemnizaciones por despido sin causa. Desde ahora solo se computarán el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales, mientras que quedarán excluidos conceptos como bonos, premios, horas extras, aguinaldo y otros adicionales. Especialistas anticipan un fuerte debate judicial por el alcance de la medida.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva modificación de la reforma laboral al redefinir la base salarial utilizada para calcular las indemnizaciones por despido sin causa. La reglamentación introduce un criterio más restrictivo sobre los conceptos que podrán integrar la compensación por antigüedad, una decisión que reducirá el monto que percibirán numerosos asalariados y que ya genera cuestionamientos entre abogados laboralistas y organizaciones sindicales.

La indemnización continuará equivaliendo, en términos generales, a un salario por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, aunque cambia de manera sustancial la forma de determinar cuál es la remuneración que servirá como referencia para ese cálculo.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, únicamente se considerarán el salario básico previsto en el convenio colectivo y las sumas remunerativas de percepción normal, habitual y mensual. En consecuencia, dejarán de formar parte de la base indemnizatoria los premios, bonos, horas extras, sueldo anual complementario (SAC), participación en las ganancias, plus vacacional, conceptos no remunerativos, pagos extraordinarios y cualquier otro ingreso que no reúna esas características.

La reglamentación incorpora además una cláusula de alcance amplio al establecer que también permanecerán excluidos todos aquellos conceptos que, cualquiera sea su denominación u origen jurídico, no se liquiden con carácter regular y permanente.

El impacto económico variará según la composición del salario de cada trabajador. Quienes perciban exclusivamente una remuneración fija mensual difícilmente observen diferencias relevantes. En cambio, aquellos cuyos ingresos dependan en buena medida de adicionales variables podrían recibir compensaciones considerablemente inferiores en caso de un despido sin causa.

Diversos especialistas en derecho del trabajo advirtieron que numerosas actividades incorporan de manera habitual bonos por productividad, premios, horas suplementarias o incentivos convencionales que representan una porción significativa del ingreso mensual. Al quedar excluidos del cálculo, la indemnización final podría disminuir de manera apreciable.

Desde la administración nacional sostienen que la modificación procura otorgar mayor previsibilidad a los empleadores, unificar criterios interpretativos y reducir la litigiosidad derivada de los reclamos indemnizatorios. Según la visión oficial, una definición más precisa de la base salarial contribuirá a disminuir los conflictos judiciales y favorecerá la contratación de personal al reducir la incertidumbre sobre los costos derivados de una eventual desvinculación.

La respuesta del movimiento obrero y de los laboralistas fue inmediata. Consideran que la reglamentación restringe el alcance de un derecho históricamente reconocido por la legislación argentina y disminuye el resarcimiento económico de quienes pierdan su fuente laboral. A su entender, la modificación se suma al conjunto de reformas promovidas por la Casa Rosada con el propósito de flexibilizar las relaciones laborales y reducir los costos asociados al empleo formal.

El alcance definitivo de la medida probablemente quede sujeto al análisis de los tribunales. Uno de los principales puntos de discusión será determinar qué conceptos reúnen efectivamente las condiciones de normalidad, habitualidad y periodicidad mensual, una cuestión que podría variar de acuerdo con cada convenio colectivo y con las particularidades de cada actividad.

Ese margen interpretativo anticipa una nueva etapa de controversias judiciales. Mientras el Ejecutivo presenta la reglamentación como una herramienta para aportar previsibilidad al sistema laboral, sindicatos y especialistas sostienen que su aplicación reducirá el costo de los despidos y reabrirá uno de los debates más sensibles del derecho del trabajo argentino: el alcance de la protección económica frente a la pérdida del empleo.