La negociación entre la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) llegó a una fase de ruptura. La organización sindical denunció que el sector empresario se negó a formalizar un entendimiento alcanzado durante las conversaciones paritarias y anunció un plan de acción con asambleas, protestas y quites de colaboración en distintos puntos del país.

La discusión salarial de los vigiladores privados quedó envuelta en un escenario de fuerte incertidumbre luego de que las negociaciones entre FATRASEP y la CAESI se interrumpieran sin la firma del acuerdo que, según la representación gremial, había sido consensuado verbalmente para recomponer los ingresos durante el segundo semestre de 2026.

Desde la federación sostienen que el entendimiento contemplaba elevar el salario conformado del Vigilador General a $2.000.050, cifra destinada a recuperar parte del deterioro sufrido por los ingresos del sector frente al avance del costo de vida. Sin embargo, aseguran que la representación empresaria desistió posteriormente de formalizar ese compromiso, reabriendo un conflicto que amenaza con extenderse a escala nacional.

Las conversaciones fueron encabezadas por el secretario general de FATRASEP, Julio Gutiérrez, acompañado por el secretario adjunto Gustavo Pedrocca, el secretario de Organización Jorge Rojas y el responsable de Asuntos Gremiales Leandro Nazarre, quienes participaron de las reuniones mantenidas con autoridades de la cámara empresaria.

De acuerdo con la versión sindical, la CAESI condicionó cualquier definición salarial a la apertura de una negociación sobre un nuevo convenio colectivo de trabajo. FATRASEP rechazó ese planteo al sostener que el convenio vigente conserva plena validez hasta el 31 de diciembre y que la actualización de los salarios debe resolverse dentro de ese marco convencional, sin incorporar modificaciones sobre derechos ya reconocidos.

La cámara empresaria es presidida por Fernando Pesce, de Watchman Seguridad SA, acompañado por Eduardo Mirayes (Prosegur SA) como vicepresidente; Sebastián Cruzado (Green Armor SA) como secretario; Fernando Rossotti (Entheus SRL) como prosecretario; y Claudio Rodríguez (Seguvip Argentina SA) en la tesorería.

Un reclamo que excede la actualización salarial

Para FATRASEP, la controversia ya no se limita al porcentaje de incremento. La federación sostiene que las propuestas presentadas por las empresas no sólo resultan insuficientes para recomponer el poder adquisitivo, sino que además pretenden vincular la discusión económica con modificaciones convencionales que afectarían condiciones laborales consolidadas.

Ese diagnóstico llevó a la conducción nacional a ratificar el estado de alerta y movilización permanente declarado el 29 de junio. En el comunicado difundido entonces, la organización acusó a la representación empresaria de evitar una propuesta que permita alcanzar una remuneración acorde con la realidad económica y reiteró que el objetivo continúa siendo superar el umbral de los $2 millones para el salario conformado del Vigilador General.

Comienza un plan de acción en todo el país

Frente a la falta de avances, FATRASEP resolvió poner en marcha un esquema progresivo de medidas gremiales que incluirá asambleas informativas en los lugares de trabajo, movilizaciones, quites de colaboración y tareas pasivas en empresas cuyos directivos integran la conducción de la CAESI.

Las primeras acciones alcanzarán establecimientos donde prestan servicios compañías como G4S, Prosegur, Watchman, Segar, Securion y Entheus, aunque la federación anticipó que el plan podrá extenderse a otras firmas mediante la participación de los sindicatos adheridos en las distintas provincias.

En este aspecto, la entidad confirmó que impulsará una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo para denunciar la negativa empresarial a concluir la negociación colectiva en los términos planteados por la organización sindical.

El antecedente que profundiza la disputa

La actual confrontación contrasta con el entendimiento alcanzado a fines de 2025, cuando FATRASEP y la CAESI suscribieron la paritaria correspondiente al primer semestre de 2026. Aquel acuerdo permitió elevar el salario conformado del Vigilador General hasta $1.644.650 en junio y posteriormente fue replicado por la UPSRA dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

Precisamente ese antecedente es utilizado por la federación para sostener que existían condiciones para alcanzar un nuevo consenso y que la falta de formalización del compromiso verbal representa un cambio de postura por parte del sector empresario.

La Cámara de Servicios Mineros planteó ante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado la necesidad de reducir la carga tributaria que soportan las empresas proveedoras y de introducir modificaciones en la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. El objetivo es fortalecer la competitividad de las firmas locales frente al ciclo de expansión que proyecta la industria del cobre.

La agenda del desarrollo minero comenzó a trasladarse con mayor intensidad al plano de las políticas públicas nacionales. En ese marco, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Juan Pablo Delgado, mantuvo una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para exponer las principales demandas de las empresas proveedoras que operan en torno a la actividad extractiva.

El encuentro, del que también participó el senador nacional Bruno Olivera, permitió abrir un canal de diálogo con el Gobierno nacional sobre uno de los temas que mayor preocupación genera entre las compañías del sector: la elevada presión tributaria y su impacto sobre la competitividad de las firmas argentinas frente a un escenario de fuerte expansión de las inversiones mineras.

Delgado explicó que la estructura fiscal vigente representa uno de los principales condicionantes para el crecimiento de los proveedores. A la carga de tributos nacionales, como el Impuesto a las Ganancias y el IVA, se suman gravámenes provinciales y municipales que, según sostuvo, conforman un esquema de alta complejidad administrativa y elevados costos operativos para las empresas.

Durante la reunión también se analizaron las medidas de desregulación que impulsa la administración nacional para facilitar las importaciones de bienes de capital e insumos. Desde Casemi consideran que una reducción de los costos vinculados a la adquisición de equipamiento contribuiría a mejorar la eficiencia del sector y ampliar su capacidad de respuesta frente a la demanda que generarán los grandes proyectos cupríferos.

Según Delgado, Sturzenegger recibió los planteos con predisposición y adelantó que tanto su cartera como el Ministerio de Economía trabajan en iniciativas orientadas a simplificar procedimientos y revisar aspectos del esquema tributario. En ese contexto, el dirigente empresarial confirmó que ya inició gestiones para concretar una reunión con el ministro Luis Caputo, con el propósito de profundizar el análisis de las medidas fiscales que reclama la actividad.

Otro de los puntos del encuentro estuvo vinculado con la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. Casemi solicitó agilizar los procesos de inscripción de los proveedores y revisar los criterios utilizados para acceder a los beneficios previstos por la normativa. El planteo apunta especialmente a que el régimen incorpore variables vinculadas con los planes de inversión y el potencial de crecimiento de las empresas, en lugar de considerar exclusivamente los niveles históricos de facturación.

Desde la entidad sostienen que esa modificación permitiría preparar con mayor anticipación al entramado empresarial sanjuanino para abastecer la demanda que generarán emprendimientos de gran escala como Vicuña y Los Azules, proyectos que concentran buena parte de las expectativas de crecimiento de la minería argentina durante la próxima década.

Consultado sobre las proyecciones realizadas semanas atrás por Federico Sturzenegger, quien estimó que provincias como San Juan podrían experimentar un fuerte incremento poblacional impulsado por el desarrollo minero, Delgado coincidió en que la provincia atraviesa un proceso de expansión con perspectivas favorables, aunque llamó a interpretar ese escenario con prudencia.

El titular de Casemi señaló que existen avances concretos en distintos proyectos y destacó los recientes indicadores que ubican a San Juan entre las jurisdicciones con mejor desempeño en materia de empleo. Sin embargo, advirtió que la consolidación de ese crecimiento dependerá de la ejecución efectiva de las inversiones y de la construcción de un marco de previsibilidad que permita fortalecer el desarrollo de los proveedores locales, considerados un eslabón decisivo para transformar el potencial minero en generación sostenida de empleo y actividad económica.

El último informe del INDEC confirmó que la dotación del Sector Público Nacional volvió a contraerse durante mayo. Desde el inicio de la actual gestión se eliminaron más de 70.000 puestos de trabajo, mientras la reducción alcanza ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y sociedades estatales, consolidando una transformación estructural de la administración nacional.

La reducción del aparato estatal continúa avanzando a un ritmo sostenido y ya constituye uno de los ejes más profundos de la política de reorganización impulsada por el Gobierno nacional. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que, al cierre de mayo de 2026, el Sector Público Nacional empleaba a 273.365 personas, una cifra que representa una disminución del 22% respecto de noviembre de 2023, cuando la administración de Javier Milei inició su mandato con una planta cercana a los 343.000 trabajadores.

La magnitud del proceso permite dimensionar el alcance de la denominada «motosierra» sobre la estructura estatal. En apenas un año se perdieron más de 17.000 empleos y, desde el cambio de gobierno, las desvinculaciones ya superan las 70.000, entre despidos, retiros, jubilaciones no reemplazadas y contratos que dejaron de renovarse.

El informe oficial también evidencia que la tendencia no muestra señales de desaceleración. Solo durante mayo la dotación volvió a reducirse un 0,5% respecto del mes anterior, mientras que la comparación interanual refleja un retroceso del 6,1%, confirmando que el achicamiento continúa extendiéndose sobre prácticamente toda la estructura estatal.

Ministerios con menos personal

Dentro de la administración centralizada, que actualmente reúne a 38.452 trabajadores, el ajuste presentó comportamientos diferenciados según cada cartera, aunque predominó una reducción prácticamente generalizada.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezó la disminución mensual con una baja del 2,9%, seguido por la Jefatura de Gabinete, que redujo su plantilla un 2,2%, y el Ministerio de Justicia, con una caída del 1,3%.

Las áreas de mayor dimensión también continuaron disminuyendo su personal. El Ministerio de Economía redujo un 0,8% su dotación y quedó con 7.853 agentes, mientras que Capital Humano registró una merma del 0,6%, alcanzando los 7.919 trabajadores.

Las únicas excepciones fueron los ministerios de Defensa e Interior, que exhibieron incrementos marginales, insuficientes para modificar la tendencia descendente del conjunto de la administración nacional.

Organismos estratégicos bajo revisión

El mayor volumen de empleo continúa concentrándose en la administración descentralizada, integrada por 112.112 trabajadores. Sin embargo, también allí el proceso de reducción mantiene un ritmo significativo, con una caída interanual del 7,1%.

Uno de los casos más relevantes corresponde a la ANSES. El organismo previsional registró una reducción mensual del 7,5%, operando actualmente con 11.228 empleados, una contracción que vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad operativa de una de las dependencias con mayor volumen de atención al público.

El ajuste también alcanzó a organismos técnicos y científicos.

El Servicio Meteorológico Nacional sufrió una disminución del 13,3% en apenas un mes, constituyéndose en uno de los organismos más afectados del período.

El Instituto Nacional de Semillas redujo su estructura un 2,5%, mientras que el CONICET logró sostener sin cambios su planta durante mayo, aunque continúa condicionado por la virtual paralización del ingreso de nuevos investigadores y personal especializado, una situación que el sistema científico viene señalando desde hace meses como uno de los principales desafíos para el desarrollo del sector.

Empresas públicas: menos personal y avance de las liquidaciones

La política de racionalización también alcanzó al universo empresarial del Estado.
Actualmente las empresas y sociedades con participación estatal reúnen 87.867 trabajadores, lo que representa una disminución interanual del 4,8%. Aunque Aerolíneas Argentinas mantuvo estable su dotación durante mayo, otras compañías continuaron reduciendo personal.

BICE Fideicomisos encabezó las bajas del sector con una contracción mensual del 10,1%, seguida por Nación Bursátil (-6,3%) y Nación Reaseguros (-5,9%).

La Operadora Ferroviaria S.E., la empresa pública con mayor cantidad de empleados del país, también redujo su plantilla un 0,5%, quedando con 19.725 trabajadores.

Paralelamente, el informe oficial refleja que la reorganización estatal ya no se limita a la reducción de personal sino que avanza sobre la propia arquitectura del sector público empresarial.

Durante mayo desapareció del relevamiento el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), cuya disolución redujo de 123 a 122 el número de empresas relevadas por el INDEC. A ello se suma la incorporación formal de la Administración General de Puertos S.A.U. al listado de sociedades en proceso de liquidación, una señal de que la estrategia oficial continúa orientada a disminuir la participación estatal en actividades empresariales.

Una transformación de fondo

Las cifras del INDEC consolidan una de las modificaciones más profundas registradas en la administración pública nacional durante las últimas décadas. La reducción de personal dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una política transversal que alcanza ministerios, organismos descentralizados, institutos científicos y empresas estatales.

Mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es reducir el gasto público, mejorar la eficiencia administrativa y equilibrar las cuentas fiscales, las organizaciones sindicales advierten que la continuidad de los recortes compromete la capacidad operativa del Estado, deteriora áreas estratégicas y limita la prestación de servicios esenciales.

Con más de 70.000 puestos eliminados desde diciembre de 2023 y un proceso que aún permanece activo, la reconfiguración del empleo público se consolida como uno de los cambios estructurales más significativos de la actual gestión y uno de los principales focos de disputa entre la administración nacional y los gremios estatales.