Las elecciones nacionales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstas para el 7 y 8 de octubre, fueron suspendidas por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de listas y avales y fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre.

La resolución, firmada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, cuestionó distintos aspectos del proceso electoral. Entre ellos aparecen inconsistencias en el padrón, la distribución de los electores en las mesas y la oficialización de candidaturas. El tribunal concluyó que, bajo esas condiciones, los comicios no podían celebrarse válidamente en las fechas originalmente previstas.

Uno de los principales puntos observados fue el padrón. La Justicia identificó 2.870 exclusiones realizadas entre junio y agosto bajo la causal genérica de “cese laboral”, sin consignar la fecha concreta de finalización de la relación. También dispuso controles adicionales sobre altas y bajas de afiliados y ordenó verificar documentación antes de resolver futuras impugnaciones.

La Cámara también revisó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas. Para la nueva elección estableció un máximo de 600 votantes por mesa, además de contemplar una urna complementaria para determinados votos observados y mecanismos de verificación de información ante organismos como RENAPER y ARCA.

El nuevo proceso tendrá, además, fiscalización judicial permanente. El abogado laboralista Matías Cremonte fue designado veedor y podrá acceder a registros, bases de datos y documentación vinculada con la organización de los comicios. La Junta Electoral Central y las juntas locales continuarán en funciones, aunque bajo ese control.

La causa se inició a partir de una presentación de la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, contra la UTA y su Junta Electoral. El fallo también permitirá revisar la situación de listas opositoras que habían quedado excluidas en distintas seccionales.

La postergación modifica el calendario de una elección atravesada por una fuerte disputa interna. El oficialismo, representado por la Lista Celeste y Blanca, impulsa nuevamente a Roberto Fernández, mientras que entre los espacios opositores aparecen la Lista Negra de Escriba, la Lista Marrón de Alberto Patiño y la Lista Bordó de Claudio Gómez.

Desde la conducción de la UTA manifestaron su respeto por la resolución judicial, aunque cuestionaron su contenido y atribuyeron la postergación a una estrategia de judicialización de la disputa interna. Esas acusaciones forman parte de la posición del oficialismo y no constituyen una conclusión establecida por el tribunal.

Según el nuevo cronograma, las listas definitivas deberán oficializarse antes del 30 de octubre y las mesas quedarán definidas el 1° de diciembre. En tanto, el escrutinio definitivo y la proclamación de autoridades tendrán que completarse antes del 29 de diciembre.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) ratificó el paro de 72 horas que comienzó este miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en adhesión a la medida nacional convocada por CONADU y CONADU Histórica. La huelga alcanzará el dictado de clases en las facultades y en los colegios preuniversitarios de la UNSJ.

El reclamo combina dos puntos centrales: la recuperación de los salarios docentes y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La norma establece mecanismos de actualización para los haberes docentes y nodocentes y dispone la recomposición de programas destinados a estudiantes.

En medio de la escalada judicial, el juez Martín Cormick —titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11— ratificó este miércoles la intimación al Gobierno nacional para que acate la cautelar universitaria en un lapso de cinco días. El magistrado consideró insuficientes los argumentos del Ejecutivo y advirtió que mantendrá las multas diarias en caso de persistir el incumplimiento.

La resolución se produjo después de que el Gobierno apelara la primera intimación y sostuviera ante la Justicia que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. La controversia judicial se concentra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a salarios universitarios y programas de becas.

En San Juan, además, ADICUS cuestionó la presentación judicial impulsada por familias de estudiantes de los colegios preuniversitarios que procuran evitar nuevas interrupciones de clases. La secretaria gremial Edith Liquitay sostuvo que ni el sindicato ni la UNSJ habían recibido una notificación formal del planteo y defendió la continuidad de las medidas mientras persista el reclamo salarial.

La dirigente también anticipó que dentro del gremio se analizan alternativas de mayor alcance para el próximo ciclo académico. Entre ellas aparecen la suspensión de las mesas de exámenes finales y la posibilidad de no iniciar las clases de 2027, aunque ADICUS aclaró que ninguna de esas medidas constituye por ahora una decisión adoptada.

El conflicto sumará una nueva convocatoria el 15 de octubre con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldada por agrupaciones de docentes, nodocentes y estudiantes. La protesta exigirá el acatamiento de la normativa vigente, una actualización de los salarios y un mayor presupuesto para las casas de altos estudios públicas

La huelga de esta semana y el nuevo requerimiento judicial al Ejecutivo nacional trasladan la crisis universitaria a tres dimensiones simultaneamente: la puja salarial, la ejecución de la ley sancionada y el litigio en tribunales. En la órbita local, ADICUS continúa con la protesta en la UNSJ y analiza nuevas medidas que dependerán estrictamente de la evolución del escenario general.

El juez Martín Cormick rechazó el planteo del Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y volvió a otorgarle cinco días para cumplir con la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795. La resolución alcanza la actualización de salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.

El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El magistrado rechazó el planteo presentado por el Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y fijó nuevamente un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento.

La resolución establece que el Estado deberá avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y con la recomposición de los programas de becas estudiantiles. En caso de persistir la demora, Cormick advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.

El nuevo pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno cuestionara la intimación dictada el 22 de septiembre y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. El Ejecutivo acompañó documentación para respaldar esa posición y pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones.

Cormick mantuvo, sin embargo, el criterio de que el cumplimiento acreditado hasta ahora no resulta integral. La cautelar original había sido dictada en diciembre de 2025 a partir de una presentación impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. El recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema tampoco modificó su vigencia.

El conflicto judicial se concentra particularmente en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Mientras el primero establece mecanismos de actualización para los ingresos del personal docente y no docente, el segundo contempla la recomposición de los programas de asistencia estudiantil. El reclamo universitario también incluye la recuperación del poder adquisitivo perdido por los salarios desde diciembre de 2023.

El debate coincide con el litigio salarial entre las universidades nacionales y los gremios. Mientras el Ejecutivo afirma haber respondido a los reclamos y cuestiona el fallo judicial que ve insuficiente su postura, la disputa sigue abierta y bajo un nuevo límite de tiempo impuesto por la Justicia.