Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.

El Sindicato de Empleados de Comercio denunció 29 despidos en el Hiper Libertad de San Juan y alertó sobre malos tratos persistentes, falta de información oficial y versiones no confirmadas de una posible venta. El conflicto expone la fragilidad laboral del sector en un entorno de caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.

La situación laboral en el Hiper Libertad en la provincia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la apertura del establecimiento. A los despidos ya concretados se suma un clima interno marcado por la incertidumbre, la falta de información clara y denuncias de maltrato hacia los trabajadores, en un escenario que mantiene en vilo a decenas de familias.

Según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, un total de 29 trabajadores fueron desvinculados de la empresa entre el año pasado y lo que va de 2026. Durante 2024, 27 empleados dejaron la firma bajo distintos mecanismos, mientras que en las primeras semanas del nuevo año se produjeron dos despidos más. Ambos corresponden a trabajadores con 26 años de antigüedad, que formaron parte del plantel original desde la inauguración del hipermercado en la provincia.

“Los conflictos internos no son nuevos. El maltrato y la falta de respeto hacia los empleados vienen ocurriendo desde hace meses”, señaló Moral, quien cuestionó con dureza la gestión local del establecimiento. Para la dirigente gremial, las prácticas denunciadas configuran un deterioro sostenido de las condiciones laborales que no puede naturalizarse bajo ningún argumento.

La preocupación se profundiza ante la ausencia de definiciones oficiales sobre el futuro de la empresa. En este sentido a los despidos, comenzaron a circular con fuerza versiones sobre una posible venta del supermercado, aunque desde el sindicato aclaran que no existe confirmación formal. “El rumor surge desde la sede central en Córdoba, pero no hay comunicación oficial ni información sobre eventuales compradores”, explicó Moral.

En ese marco, el gremio reclama la apertura de canales de diálogo efectivos con interlocutores que cuenten con capacidad real de decisión. Según indicaron, el gerente local no tendría autoridad suficiente para resolver los conflictos planteados. Por ese motivo, en las audiencias realizadas en la Subsecretaría de Trabajo exigen la presencia de representantes empresariales que puedan asumir compromisos concretos y garantizar su cumplimiento.

El conflicto en Hiper Libertad se inscribe, además, en un sentido más amplio de crisis en el sector comercial. Moral advirtió sobre la fuerte caída del consumo y explicó que, si bien diciembre suele mostrar un repunte estacional, enero históricamente se presenta como un mes complejo, condicionado por las vacaciones y el elevado uso de tarjetas de crédito. A ello se suma la pérdida sostenida del poder adquisitivo, que empuja a gran parte de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza y modifica de manera drástica los hábitos de compra y alimentación.

El caso de Hiper Libertad San Juan refleja con crudeza las tensiones que atraviesan hoy al empleo en el comercio: despidos sin explicaciones claras, deterioro del clima laboral y una empresa que guarda silencio frente a los reclamos. Mientras los rumores de venta se multiplican y las definiciones no llegan, la incertidumbre se convierte en una carga diaria para los trabajadores. En un marco económico adverso, la falta de diálogo y de responsabilidad empresarial profundiza un escenario que exige respuestas urgentes para preservar el empleo y la dignidad laboral.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, decidió adelantar los tiempos y empujar una agenda de confrontación directa frente al Gobierno y al empresariado. La falta de homologación salarial y el avance de la reforma laboral lo colocan en tensión abierta con los sectores moderados de la CGT.

La interna sindical volvió a ganar centralidad en un escenario de alta conflictividad social. Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), resolvió desmarcarse de la estrategia gradualista que predomina en la conducción de la CGT y reclamar un paro nacional como respuesta a la combinación de paritarias incumplidas y el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Congreso.

Para el dirigente metalúrgico, el margen para la espera se agotó. “El tiempo de los diagnósticos terminó”, repiten en su entorno, convencidos de que la ofensiva oficial sobre el mundo del trabajo exige una reacción inmediata y de alto impacto. La reforma laboral, sumada al bloqueo de acuerdos salariales ya firmados, funciona como catalizador de una escalada que busca interpelar tanto al Gobierno como a la propia central obrera.

Furlán, identificado con el sindicalismo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, construye su perfil sobre una lógica de acción directa. La falta de homologación de los últimos acuerdos paritarios y lo que define como un “boicot” empresario —con cámaras que se niegan a liquidar los aumentos correspondientes a enero— llevó a la UOM a activar un esquema de asambleas permanentes en plantas metalúrgicas de todo el país. La medida apunta a sostener la presión desde las bases y preparar el terreno para una conflictividad mayor.

El punto de máxima tensión será la movilización que el gremio proyecta para el día en que el Senado trate la reforma laboral. “No vamos a ser espectadores de cómo despojan de derechos a los trabajadores”, advirtió Furlán, dejando en claro que la UOM no se limitará a acompañar decisiones ajenas. La convocatoria fue lanzada por fuera de la mesa chica de la CGT y sin aval explícito del triunvirato de la calle Azopardo, un gesto que expuso el primer cortocircuito del año dentro de la central.

En los sectores más dialoguistas de la CGT, la jugada fue leída con recelo. La “autonomía” combativa del metalúrgico tensiona una conducción que busca dosificar los tiempos y preservar canales de negociación abiertos con el Gobierno. Sin embargo, la ofensiva de Furlán también refleja una presión creciente desde las bases sindicales, que perciben un deterioro sostenido de los ingresos y una amenaza directa sobre las conquistas laborales.

En lo inmediato, la UOM concentrará su foco en el conflicto con el grupo Techint, controlado por Paolo Rocca. El holding empresario se resiste a cerrar paritarias con el gremio, lo que abre la puerta a nuevas asambleas y eventuales paros sectoriales. La disputa con uno de los conglomerados industriales más poderosos del país no es casual: busca amplificar el conflicto y elevarlo a una escala política nacional.

La decisión de Abel Furlán de avanzar sin esperar el consenso de la CGT marca un punto de inflexión en el mapa sindical. Frente a un Gobierno que impulsa una reforma laboral regresiva y a un empresariado que incumple acuerdos salariales, la UOM apuesta a la confrontación abierta como estrategia de presión. El desafío no es menor: forzar a la central obrera a definir si acompaña el endurecimiento o mantiene una línea moderada que, para sectores crecientes del sindicalismo, ya resulta insuficiente. En ese cruce de caminos se juega no solo el rumbo de la protesta, sino el liderazgo del movimiento obrero en una etapa de ajuste profundo.