La secretaria general de Luz y Fuerza de San Juan, Lilia Martín, advirtió en diálogo con Mundo Laboral SJ que la estructura operativa de Naturgy San Juan “está reducida a la mitad” y que la empresa “ha tercerizado funciones esenciales con personal sin la capacitación adecuada”, lo que —según los datos oficiales que presentó ante el EPRE— explica el aumento de interrupciones, errores de facturación, reclamos sin respuesta y accidentes graves.

En plena Revisión Tarifaria Ordinaria 2026–2031, el Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan llevó al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) una presentación técnica y política con un diagnóstico severo sobre el estado del servicio. La exposición, respaldada por estadísticas oficiales de la propia distribuidora, delineó un deterioro progresivo que, según la secretaria general Lilia Martín, se profundizó a partir de la reestructuración empresarial de los últimos años.

“Los sanjuaninos venimos observando un deterioro de la calidad del servicio y la información técnica lo confirma”, sostuvo Martín en la entrevista con Mundo Laboral, subrayando que los cortes ya se producen “sin viento y sin eventos climáticos” y que el crecimiento de reclamos y sanciones es “vertiginoso”.

El eje central del planteo gremial —y uno de los puntos más conflictivos con la empresa— es la reducción del personal propio idóneo y la tercerización masiva de tareas que, por normativa, deberían ser ejecutadas exclusivamente por trabajadores electrificadores formados bajo el Convenio de Luz y Fuerza.

Una estructura operativa recortada: de 220 empleados necesarios a menos de 120 en actividad

La referente sindical explicó que, según los estándares históricos del servicio y las referencias sectoriales, la distribuidora no debería operar con menos de 220 trabajadores propios entre técnicos, administrativos y personal de operación. Sin embargo, hoy la empresa no alcanza las 120 personas, cifra que incluye únicamente personal directo, dejando numerosas áreas “en manos de contratistas”.

Esa brecha no solo recarga al personal existente sino que, en palabras de la dirigente, “convierte al jefe de turno —habilitado por CAMMESA para operar el sistema— en un mero supervisor, porque prácticamente todas las maniobras en baja, media y alta tensión están ejecutadas por empresas externas”.

La pérdida de cuadros experimentados también impacta en la atención al usuario. “Un gran consumidor debe ser atendido por personal que conozca de memoria el régimen de suministro. Hoy eso casi no ocurre”, advirtió.

Tercerización en puestos críticos: un riesgo operativo y humano

Uno de los puntos más sensibles señalados por el sindicato es la incorporación de trabajadores contratados bajo convenios no eléctricos, especialmente UOCRA, para tareas que requieren certificaciones específicas y experiencia acumulada.

“El trabajador eléctrico necesita meses de formación para subirse a una escalera y tocar una línea. Esto no se aprende en un día”, sostuvo Martín.
La falta de idoneidad —suma— explica el aumento de incidentes y accidentes graves, como el ocurrido en avenida Rioja y Libertador, donde una falla en una cámara subterránea dejó a un operario hospitalizado en terapia intensiva.

Para el gremio, estos episodios no solo comprometen la integridad de los trabajadores sino también la seguridad pública: “Ese fogonazo podría haber alcanzado a cualquier peatón”.

Datos oficiales que preocupan: más cortes, más reclamos, más sanciones

La presentación gremial ante el EPRE se basó únicamente en información oficial, incluida en los anuarios, informes técnicos y reclamos validados por el ente regulador.
De ese análisis surgieron tendencias claras:

Aumento sostenido de los tiempos de interrupción y mayor cantidad de cortes no programados.

Incremento de artefactos dañados, con fuertes discrepancias entre lo que reconoce la empresa y lo que finalmente valida el EPRE.

Reclamos comerciales en alza, principalmente por errores de facturación desde la reestructuración de 2023.

Demoras prolongadas en nuevas conexiones, con casos que exceden los 200 días hábiles.

Crecimiento importante de sanciones aplicadas a la distribuidora entre 2021 y 2024.

Pero el dato más preocupante para los especialistas es el ratio Clientes/Personal: Naturgy San Juan opera hoy con cifras que, según Martín, “duplican los promedios de la Asociación de Distribuidoras Eléctricas del país”. Ese desequilibrio, afirma, “es incompatible con un servicio confiable”.

El pedido al EPRE: fijar una dotación mínima y frenar el modelo regresivo

El gremio exige que la Revisión Tarifaria establezca una dotación mínima obligatoria de personal propio, y que el EPRE limite estrictamente la tercerización a tareas no esenciales.
Martín sostiene que la ley es clara: “La empresa debe contar con personal propio idóneo, certificado y en cantidad suficiente para garantizar la continuidad y la calidad del servicio”.

Además, alertó que el “modelo de empresa” presentado por Naturgy para el próximo quinquenio “es aún más regresivo”, porque profundiza la estructura mínima basada en contratistas.

“Si no se corrige la dotación, el sistema va a seguir deteriorándose. Esto ya no es una discusión gremial: es un problema de calidad de servicio y de seguridad pública”, concluyó.

El planteo de Luz y Fuerza llega en un momento clave: la revisión tarifaria que definirá la estructura de costos y funciones para los próximos cinco años.
Mientras los indicadores técnicos muestran un deterioro palpable, el debate sobre quién opera, quién decide y con qué capacidad se ejecutan las tareas esenciales se vuelve central para el futuro energético de la provincia.

El EPRE deberá resolver si convalida el modelo actual o si adopta el reclamo sindical de recomponer la dotación mínima y recuperar la operación directa como columna vertebral del servicio. En cualquiera de los escenarios, el diagnóstico es inequívoco: San Juan enfrenta un punto de inflexión, y de esa decisión dependerá no solo la calidad del servicio eléctrico sino la seguridad de quienes lo hacen posible y de quienes lo reciben.

La CGT denunció que el Gobierno no tiene “voluntad de diálogo” y que pretende avanzar con una reforma laboral “regresiva” sin convocar a ámbitos de negociación. Mientras tanto, la Casa Rosada dejó atrás cualquier intento de consenso y ya distribuyó el borrador definitivo entre sus principales figuras. La apuesta oficial es aprobar la flexibilización laboral entre el 10 y el 31 de diciembre, pese a la resistencia sindical y las dudas de varios gobernadores.

La discusión por la reforma laboral ingresa en una fase de máxima tensión política. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, reafirmó que la central obrera no acompañará ningún proyecto que implique una reducción de derechos y denunció que el Gobierno mostró “falta de voluntad” para habilitar una mesa de negociación real.

“Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con quienes representamos los intereses del mundo del trabajo, no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, sostuvo Jerónimo, también titular del Sindicato del Vidrio (SEIVARA), en diálogo con Radio Rivadavia. Además, desmintió que la CGT oponga resistencia sin conocer el contenido del proyecto: según señaló, la información llega a través de estudios jurídicos vinculados al sector empresarial, ante la ausencia de comunicación oficial.

Mientras la central obrera reclama diálogo, la Casa Rosada avanza en sentido contrario. Altas fuentes del oficialismo confirmaron que el texto final de la reforma —elaborado con la participación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger— ya está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo es claro: aprobar la ley antes de fin de año.

En esta etapa, el Gobierno dejó a un lado la narrativa del consenso que había prometido en el marco del Consejo de Mayo. La última reunión de ese espacio terminó en un choque frontal: Gerardo Martínez, representante de la UOCRA y delegado cegetista, calificó el borrador como un “atentado contra los derechos de los trabajadores”, mientras que Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), también cuestionó el proyecto, pero por el motivo inverso: consideró que “flexibiliza poco” el mercado laboral.

Pese a las críticas de los dos principales actores del mundo laboral, en el oficialismo aseguran que solo un reducido grupo conoce la letra final del documento. Ni sindicatos ni empresarios afirman haber recibido modificaciones respecto de la versión rechazada.

El borrador con los puntos centrales del proyecto en circulación incluiría medidas sensibles:

Tope a las indemnizaciones para todos los contratos nuevos.

Nuevos regímenes para empleo joven, con mayor flexibilidad y menos derechos iniciales.

Rediseño de obligaciones laborales que, según el Gobierno, permitirían crear empleo y reducir litigiosidad.

Desde la CGT, los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello adelantaron que resistirán cualquier intento de recorte de derechos en medio de una crisis económica profunda.

El rol de los gobernadores

Con el Congreso como escenario de la próxima disputa, la CGT comenzó a trabajar en su estrategia política. Dirigentes cegetistas mantuvieron reuniones reservadas con gobernadores, quienes —según fuentes sindicales— muestran una predisposición mayor a escuchar las advertencias gremiales que a alinearse automáticamente con el Ejecutivo.

En las provincias hay preocupación: temen que un conflicto social de gran magnitud erosione aún más la frágil situación económica, mientras esperan definiciones sobre el envío de fondos nacionales, un factor clave para inclinar posiciones.

Desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con el compromiso de varios mandatarios para no bloquear la reforma, aunque en los distritos se percibe cautela y un incipiente giro de algunos gobernadores hacia posiciones más cercanas a la CGT.

El clima político se tensiona también desde otros gremios. Armando Cavalieri, titular de Comercio, instó a sus afiliados a permanecer “alertas al más mínimo movimiento” del Gobierno y afirmó que la única reforma laboral que hoy espera la sociedad es “la que recupere el salario hundido”.

La reforma laboral se convirtió en el eje más conflictivo de la agenda legislativa que prepara el oficialismo para diciembre. La combinación de un proyecto de alto impacto social, el apuro por aprobarlo antes de fin de año y la exclusión del diálogo tripartito clásico configuraron un escenario de choque anunciado.

El Gobierno busca un cambio estructural del sistema laboral, mientras que la CGT considera que cualquier flexibilización agrava la precariedad y profundiza la desigualdad en un contexto de ingresos deteriorados. El rol de los gobernadores aparece como el factor que puede inclinar la balanza: sin su apoyo, el oficialismo enfrentará dificultades para aprobar una reforma que requiere acuerdos interbloque y contención territorial.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) selló un entendimiento que establece un incremento acumulativo del 4,55% sobre los básicos y una mejora progresiva de la suma no remunerativa, que llegará a $70.000 en enero.

El acuerdo salarial es de carácter trimestral para el Sector Asistencial que abarca clínicas, sanatorios y establecimientos privados comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75. El convenio, aplicable a los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026, define una pauta escalonada en los básicos y actualiza el monto no remunerativo que venían percibiendo los trabajadores.

La negociación fijó una secuencia de aumentos de 1,5% en noviembre, 1,5% adicional en diciembre —de carácter acumulativo— y otro 1,5% en enero, también acumulativo. El esquema completa un aumento total del 4,55% al finalizar el trimestre, según la proyección informada por el sindicato. Si bien se trata de un ajuste moderado en un contexto de inflación persistente, desde la dirigencia sindical remarcan que su implementación permite “mantener un piso de actualización” mientras continúan las conversaciones con las cámaras empresarias.

El pacto incorpora, además, un incremento en el adicional no remunerativo que percibe el personal del sector. Ese monto, que hasta octubre se situaba en $60.000, se actualizó a $66.000 en noviembre y llegará a $70.000 en enero. Se trata de un componente clave para sostener ingresos en un período en el que persisten tensiones entre costos operativos de las instituciones privadas, caída de prestaciones y retrasos en la actualización de aranceles.

Próximo tramo de la paritaria

La Federación anticipó que las negociaciones se retomarán en febrero, cuando se iniciará la discusión del nuevo período paritario correspondiente a 2026/2027. Allí se evaluará la evolución de la inflación, la situación de las instituciones de salud privadas y la capacidad del sector para sostener incrementos que permitan recomponer el salario real, uno de los temas más sensibles de la actividad.