La cadena ChangoMás inició una nueva ola de despidos que ya impactó en varias provincias y podría extenderse a todo el país. El plan de ajuste, en un entorno de fuerte retracción del consumo, se suma a otras señales de crisis en el sector supermercadista, donde varias empresas reducen estructuras, cierran locales o avanzan con recortes de personal.

La reciente decisión de la cadena ChangoMás de avanzar con despidos en distintas sucursales del país reactivó las alertas dentro del sector mercantil, en un clima marcado por la caída sostenida del consumo y el creciente deterioro del empleo en el comercio minorista.

El episodio más reciente se produjo en San Juan, donde 11 trabajadores fueron notificados de su desvinculación a última hora del viernes pasado. Según relataron empleados afectados a medios locales, las cesantías forman parte de un nuevo plan de reestructuración de personal impulsado por la compañía.

La empresa pertenece a Dorinka, controlada por el empresario Francisco de Narváez, quien adquirió en 2020 la operación local de Walmart con la promesa de impulsar un ambicioso plan de inversión. Sin embargo, a cinco años de aquella operación, el escenario parece haber cambiado drásticamente.

Un ajuste que podría extenderse a todo el país

Las desvinculaciones registradas en San Juan no constituyen un hecho aislado. Situaciones similares se detectaron en La Pampa, donde también fueron afectados trabajadores y algunos cargos jerárquicos. En ambos casos, los gremios mercantiles comenzaron a intervenir para verificar las condiciones en las que se realizaron los despidos y el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

Desde el ámbito sindical sostienen que la reestructuración podría ampliarse rápidamente. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 200 despidos en todo el país, mientras que otras fuentes elevan el número a cerca de 300 cesantías, lo que configuraría uno de los ajustes laborales más significativos en la cadena desde 2024.

“La información que manejamos es que el recorte alcanzará a sucursales de todo el país. Es una medida muy dura, similar a la que se aplicó el año pasado”, señaló un dirigente mercantil que sigue de cerca el conflicto.

De acuerdo con las primeras evaluaciones gremiales, en muchos casos los trabajadores desvinculados pertenecen a las líneas de caja o a puestos con menor antigüedad, un perfil que suele ser el primero en ser afectado cuando las empresas deciden reducir estructuras.

Antecedentes recientes y promesas incumplidas

El nuevo plan de ajuste revive un antecedente cercano. En mayo de 2024, la empresa había despedido al menos a 152 empleados en ocho sucursales del país, una medida que en aquel momento generó protestas y conflictos sindicales.

La compañía justificó aquella decisión en la caída de las ventas y el contexto económico general, argumentos que vuelven a aparecer ahora como fundamento de la nueva reducción de personal.

Actualmente, ChangoMás cuenta con 93 sucursales en Argentina y alrededor de 8.600 trabajadores, lo que dimensiona el impacto potencial de un proceso de achicamiento que podría alterar el funcionamiento de varios locales.

Según advierten desde el sector sindical, en algunos casos el recorte de personal podría derivar incluso en cierres de sucursales o en operaciones con plantillas mínimas, una estrategia cada vez más frecuente en el rubro para sostener la rentabilidad en escenarios de baja demanda.

Retiros voluntarios y advertencias sindicales

Tras los despidos iniciales, la empresa comenzó además a ofrecer retiros voluntarios a empleados con más de diez años de antigüedad, una modalidad que el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan observa con cautela.

La información fue confirmada por Mirna Moral, secretaria general del gremio, quien advirtió que los ofrecimientos suelen ubicarse por debajo de la indemnización que correspondería por ley.

“Cuando un trabajador firma un retiro voluntario pierde automáticamente el subsidio por desempleo. También queda sin cobertura de obra social para su familia y, en el caso de los mayores de 40 años, pierde la extensión automática del beneficio durante seis meses”, explicó la dirigente gremial.

Según Moral, desde el sindicato se asesora a cada trabajador antes de tomar una decisión para que evalúe con precisión las implicancias legales y económicas de aceptar estas propuestas.

Un sector que enfrenta dificultades estructurales

El caso de ChangoMás no es el único que muestra conflictos dentro del sector supermercadista. Otras cadenas también atraviesan dificultades operativas y financieras, en un mercado cada vez más condicionado por la retracción del consumo.

Uno de los ejemplos más visibles es La Anónima, empresa con fuerte presencia en la Patagonia. La firma reconoció ante autoridades laborales una caída cercana al 25% en sus ventas, lo que la llevó a reducir personal en los últimos años.

Su gerente general, Nicolás Braun, fue explícito al describir el escenario que enfrentan las grandes cadenas.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Trabajar en la formalidad en Argentina se volvió extremadamente difícil”, sostuvo en una reciente entrevista periodística.

A estas dificultades se suma otro problema financiero relevante: la morosidad de su tarjeta de crédito propia, que pasó de 2.000 millones a 17.000 millones de pesos, multiplicándose por siete en un corto período.

Un mapa comercial en transformación

La problemática no se limitan a dos compañías. En distintas regiones del país, cadenas como Vea, Easy, Libertad o Yaguar también comenzaron a revisar sus estructuras.

La empresa chilena Cencosud, propietaria de Vea y Easy en Argentina, avanzó en los últimos meses con el cierre de varias sucursales en diferentes provincias, además de aplicar recortes de personal en distintas plazas del interior.

En consecuencia, otros supermercados optan por operar con dotaciones mínimas, reducir superficies de venta o concentrarse en formatos comerciales más pequeños, estrategias que buscan sostener la actividad en un ámbito de menor circulación de clientes.

Incluso en San Juan ya se perciben señales de esta reconfiguración. Días atrás dejó de funcionar el tradicional patio de comidas de un hipermercado Vea, una decisión que implicó la pérdida de alrededor de 20 puestos de trabajo directos.

El nuevo ajuste en ChangoMás vuelve a exponer la fragilidad laboral que atraviesa el sector del comercio en un escenario económico marcado por la contracción del consumo. Entre despidos, retiros voluntarios y reestructuraciones empresariales, el mapa supermercadista argentino parece ingresar en una etapa de redefinición profunda.

Para los gremios, el desafío inmediato consiste en garantizar el respeto de los derechos laborales y evitar que los costos de la crisis recaigan exclusivamente sobre los trabajadores.

Para las empresas, en cambio, la prioridad pasa por sostener la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo y con márgenes cada vez más estrechos.

En ese delicado equilibrio entre actividad económica y protección del empleo se juega hoy una parte central del futuro del comercio minorista en la Argentina. Mientras el consumo no recupere dinamismo, todo indica que la tensión entre empresas y trabajadores seguirá ocupando un lugar central en la agenda del sector.

A través de una resolución oficial, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 1,5% para febrero y otro porcentaje igual para marzo en las remuneraciones del personal de casas particulares. La medida incluye además el pago de un bono extraordinario que oscilará entre $8.000 y $20.000 según la carga horaria, en un intento por sostener el poder adquisitivo de un sector históricamente vulnerable a la inflación.

La normativa fija un aumento del 1,5% a partir de febrero, que se aplicará sobre las remuneraciones mínimas vigentes en enero de 2026. A este ajuste se sumará un nuevo incremento del mismo porcentaje en marzo, calculado sobre la base de los valores ya actualizados del mes anterior.

El esquema fue confirmado por Sara Gatti, presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo tripartito que reúne a representantes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Desde ese ámbito se definió la necesidad de introducir una actualización que, si bien moderada, permita acompañar el deterioro del ingreso real frente a la dinámica inflacionaria.

Bonos para complementar la recomposición

Además de la suba porcentual, el acuerdo contempla el pago de bonos extraordinarios, que serán abonados junto a los salarios correspondientes a febrero y marzo. El monto variará según la carga horaria semanal, con el objetivo de contemplar la heterogeneidad de un sector caracterizado por una amplia diversidad de modalidades laborales.

El esquema quedó establecido de la siguiente manera:

$20.000 para quienes trabajen 16 horas semanales o más.
$11.500 para jornadas de entre 12 y 15 horas semanales.
$8.000 para quienes cumplan menos de 12 horas semanales.

Este beneficio fue acordado durante la sesión plenaria realizada el 24 de febrero en el seno de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, instancia en la que participaron representantes sindicales, delegados de empleadores y funcionarios del Gobierno.

Nuevos valores salariales

Con la actualización correspondiente a febrero, los salarios mínimos mensuales del sector se ubicaron en un rango que oscila entre $448.000 y $547.000, según la categoría laboral y la modalidad de trabajo.

Para marzo, con la aplicación del nuevo incremento del 1,5%, las remuneraciones volverán a ajustarse. En el caso del personal dedicado a tareas generales, la hora trabajada pasará a abonarse $3.348,33 con retiro y $3.599,87 sin retiro.

Las categorías superiores también reflejarán esta actualización. Por ejemplo, el personal que se desempeña como supervisor o supervisora podrá alcanzar remuneraciones mensuales que rondarán los $556.024,77 en la modalidad sin retiro, consolidando el techo salarial del sector.

Un sector clave y aún vulnerable

El trabajo en casas particulares constituye uno de los segmentos más amplios del empleo registrado en la economía doméstica, aunque también convive con elevados niveles de informalidad. En ese marco, cada negociación salarial adquiere una relevancia particular, ya que impacta directamente en los ingresos de miles de hogares.

Sin embargo, las subas graduales acordadas reflejan también las limitaciones de un esquema paritario condicionado por la situación macroeconómica. Mientras los incrementos buscan evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo, el debate sobre la suficiencia de estas actualizaciones continúa abierto tanto entre los representantes de los trabajadores como entre especialistas en empleo y políticas sociales.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el sector universitario atraviesa una situación “crítica” marcada por la pérdida de poder adquisitivo, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la ley de financiamiento. Las federaciones docentes y no docentes preparan un plan de lucha con paros progresivos y una nueva marcha universitaria federal.

El conflicto salarial en las universidades públicas vuelve a escalar y amenaza con intensificarse durante las próximas semanas. Frente a la ausencia de negociaciones paritarias y a lo que consideran un incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, gremios docentes y no docentes anunciaron un plan de lucha que incluirá paros progresivos, clases públicas y una nueva movilización federal en defensa del sistema universitario.

En ese contexto, Barcelona describió un contexto de fricción progresiva  entre el sector universitario y el Gobierno nacional. Según explicó, la decisión de avanzar con medidas de fuerza responde a la falta de respuestas oficiales frente a un deterioro salarial que, aseguran, se profundiza mes a mes.

“El principal problema que tenemos hoy es que el Gobierno no está aplicando la ley de financiamiento universitario ni convoca a paritarias. Lo único que propone es un aumento del 12,3% pagado en cuotas, lo que está muy lejos de compensar la pérdida salarial acumulada”, sostuvo el dirigente.

Paros escalonados y presión sindical

El plan de lucha acordado por las federaciones universitarias contempla una estrategia de presión progresiva. Según adelantó Barcelona, se realizarán semanas de paro a partir del 16 de marzo, con nuevas medidas previstas para la primera y la tercera semana de abril.

A la par de estas acciones, las organizaciones sindicales impulsarán actividades de visibilización —como clases públicas— y participarán en la organización de una nueva marcha universitaria federal, en línea con las movilizaciones que el sector ya protagonizó en los últimos meses.

El objetivo, explican los gremios, es forzar al Gobierno a abrir una mesa de negociación que permita recomponer los salarios y garantizar el financiamiento del sistema universitario.
“Las medidas buscan generar la presión necesaria para que el Gobierno convoque a paritarias y cumpla con la ley. No estamos reclamando algo extraordinario, sino la aplicación de una norma que fue aprobada por el Congreso”, afirmó Barcelona.

Una ley aprobada, vetada y judicializada

El núcleo del conflicto gira en torno a la ley de financiamiento universitario, una norma que fue aprobada por el Congreso pero que luego atravesó una compleja disputa política y judicial.

De acuerdo con el dirigente de ADICUS, la legislación fue inicialmente vetada por el Poder Ejecutivo, aunque el Congreso rechazó posteriormente esa decisión. A partir de entonces, el tema ingresó en el terreno judicial, donde se dictaron resoluciones vinculadas a su implementación. “Estamos ante una situación muy particular: una ley votada por el Congreso, con decisiones judiciales que respaldan su aplicación, pero que el Gobierno sigue sin cumplir”, señaló Barcelona.

El dirigente también cuestionó que el Ejecutivo pretenda enviar un nuevo proyecto al Congreso con modificaciones que, según el sector sindical, reducen sustancialmente los recursos previstos para las universidades.

El impacto en los salarios

Más allá del debate institucional, el deterioro del poder adquisitivo aparece como el eje más sensible del conflicto. Barcelona aseguró que el desfase entre salarios e inflación supera el 100% en términos de evolución nominal, lo que se traduce en una pérdida real del 53% del poder de compra. “El problema es que seguimos teniendo aumentos por decreto que no alcanzan a cubrir la inflación mensual. Incluso los incrementos que se otorgaron este año quedaron por debajo del índice de precios”, deslizó.

Las cifras que describen la situación salarial reflejan la magnitud del problema. Según detalló el referente gremial, un docente universitario con dedicación simple —equivalente a diez horas semanales— percibe actualmente entre 300.000 y 400.000 pesos, dependiendo de la categoría y los descuentos aplicados.

Incluso en los cargos más altos del escalafón académico, los ingresos han quedado rezagados. “Hay profesores titulares con dedicación exclusiva, con doctorado y muchos años de trayectoria que cobran menos de dos millones de pesos”, indicó.

A ese escenario se suma el impacto del impuesto a las ganancias, que en algunos casos reduce aún más el salario de bolsillo de los docentes con mayores niveles de antigüedad.

Financiamiento y sistema científico

El reclamo sindical no se limita al aspecto salarial. Barcelona explicó que la ley de financiamiento también contempla partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, a las becas estudiantiles y al sostenimiento de actividades científicas.

Según detalló, esos recursos resultan fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza e investigación en el sistema universitario público.
“La ley establece recomposición para gastos de funcionamiento, para becas y para servicios básicos de las universidades, además de la actualización salarial vinculada a la evolución del índice de precios desde diciembre de 2023”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que la falta de actualización presupuestaria no solo afecta a los trabajadores, sino que también compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones académicas.

Tensiones en la negociación

Barcelona también reveló que el único contacto reciente entre el Gobierno y representantes sindicales se produjo a través de una comunicación informal con la federación de trabajadores no docentes.

Según relató, en ese encuentro el Ejecutivo habría planteado la posibilidad de impulsar una nueva ley que modifique el esquema actual de financiamiento universitario.
“Más que una negociación fue una presión para que aceptaran la propuesta del 12,3%. Básicamente se les dijo que el Gobierno tiene los votos en el Congreso para cambiar la ley”, sostuvo.

Para el sindicalista, ese escenario confirma la necesidad de profundizar el plan de lucha anunciado por las federaciones universitarias.

La disputa entre el Gobierno y el sistema universitario vuelve a instalarse en el centro del debate público. Con paros escalonados, movilizaciones y actividades de visibilización en todo el país, el sector docente busca colocar en la agenda la crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.

El desenlace del conflicto dependerá, en gran medida, de la capacidad de las partes para reabrir un canal de negociación que permita recomponer ingresos y garantizar el financiamiento del sistema. Mientras tanto, el plan de lucha avanza y anticipa semanas de creciente tensión en uno de los pilares históricos de la educación pública argentina.