En un día de gran convocatoria, las Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y movimientos sociales se reunieron en Plaza de Mayo para reclamar mejores condiciones laborales y sociales.

La movilización, que comenzó en la mañana, se extendió por varias horas y contó con la participación de líderes gremiales, políticos y sociales. Los manifestantes reclamaron mejores condiciones laborales, aumento de salarios y una política económica que beneficie a los sectores más vulnerables de la sociedad.

«Estamos aquí para reclamar una política económica que nos incluya a todos», dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA. «No podemos seguir viviendo en un país donde la desigualdad y la pobreza son cada vez más grandes».

La movilización también contó con la participación de movimientos sociales, que reclamaron derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad. «Estamos aquí para reclamar derechos para los trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes y para los ancianos», dijo Mónica Macha, líder del movimiento social «Barrios de Pie».

Además, el líder de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, también se dirigió a los manifestantes y dijo: «La unidad en la diversidad es el camino hacia un futuro mejor. Debemos seguir luchando por nuestros derechos y por una sociedad más justa y equitativa».

La unidad en la diversidad fue el lema de la jornada, y los manifestantes lo demostraron con su presencia y su participación activa en la movilización. La Plaza de Mayo se convirtió en un espacio de encuentro y de lucha, donde las diferentes organizaciones y movimientos sociales se unieron para reclamar un país más justo y equitativo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) destacó el alto nivel de acatamiento al paro nacional convocado este miércoles en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Según Rodolfo Aguiar, líder del gremio, la adhesión en todo el país superó el 90%, lo que demuestra un fuerte rechazo a las medidas del gobierno.

“Si quienes gobiernan les arruinaron las fiestas a los trabajadores, jubilados y sus familias, también se las tenemos que arruinar a ellos. Debemos evaluar una nueva medida para la semana que viene”, señaló Aguiar.

Hace casi un año nos declaraban la guerra a los estatales y hoy están muy lejos de ganarla. Se equivocaron los gurúes que decían que no había clima para paro. La adhesión en todo el país supera el 90%”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y agregó: “Nos tienen que devolver el 40% de nuestros sueldos que nos robaron y tirar los exámenes de idoneidad a la basura”.

El dirigente estatal evaluó que el plan de acción del sindicato podría continuar en los próximos días: “Puede ser que esta no sea la última medida del año. No descartamos anunciar otra para la próxima semana. Si quienes gobiernan les arruinaron las fiestas a los trabajadores, jubilados y sus familias, también se las tenemos que arruinar a ellos”.

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional y aceptado por el otro gremio participante de la paritaria nacional (UPCN) fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz ni medio tanque de combustible.

Reclamos del sindicato:

• Reincorporación inmediata de trabajadores despedidos ilegalmente: ATE exige la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente de la Administración Pública Nacional.
• Rechazo a los exámenes de idoneidad: El sindicato considera que los exámenes de idoneidad son inconstitucionales y no están diseñados para evaluar la capacidad de los trabajadores.
• Aumento salarial: ATE rechazó el último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional, que fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000, considerando que es insuficiente para cubrir la inflación prevista.
• Rechazo a la privatización de empresas públicas: El sindicato se opone al intento de desguace y privatización de las empresas públicas, considerando que es un ataque a los derechos de los trabajadores y a la soberanía nacional.

“El largo plan de lucha que llevamos adelante durante el 2024 impidió el despido de 150.000 empleados públicos que había planificado el Gobierno, el cierre de numerosos organismos y la privatización de varias empresas estatales. Tenemos que seguir movilizados como única posibilidad de salvar al Estado”, concluyó Aguiar.

La medida del gobierno de permitir el autoservicio en las estaciones de servicio ha generado un debate intenso. ¿Qué implica esta medida para la economía y la seguridad de los usuarios?»

La implementación del autoservicio en las estaciones de servicio es una medida que ha generado opiniones divididas. Por un lado, algunos ven en esta medida una oportunidad para aumentar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, otros la consideran una amenaza para los empleos y la seguridad.

Los gremios han rechazado la medida, argumentando que puede traer la destrucción de puestos de trabajo. Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), expuso su total oposición a la medida, alegando que «cerca de 70 mil trabajadores podrían perder sus puestos» a raíz del autodespacho.

Por otro lado, los propietarios de estaciones de servicio sostienen que la modalidad es segura y eficiente, y que ya funciona en otros países como Estados Unidos. El ministro Federico Sturzenegger adelantó que el oficialismo desregulará al expendio de combustibles mediante un decreto que habilitará la modalidad de «self-service» que rige en varios países del mundo.

La implementación del autodespacho en las estaciones de servicio es una medida que requiere un análisis cuidadoso de sus implicaciones. Si bien puede traer beneficios en términos de eficiencia y reducción de costos, también puede generar pérdidas de empleos y riesgos para la seguridad.