CGT: “toda la responsabilidad del desastre económico es del Gobierno”
Daer y Acuña celebraron el encuentro con Alberto Fernández y aseguraron que será el próximo presidente.
Los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer y Carlos Acuña, celebraron el encuentro de ayer en Tucumán con Alberto Fernández, en el marco de los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), y volvieron a responsabilizar al gobierno de Macri por la crisis económica.
Allí, los referentes de la CGT sostuvieron que “es quizás el primer encuentro de un proceso que nos encontrará en un gran acuerdo social” y criticaron la medida del Gobierno de que las empresas adelanten un bono de 5.000 pesos.
Por su parte, Carlos Acuña garantizó que Fernández será el próximo presidente y ante la pregunta acerca de qué pasaría si el Frente de Todos no gana en octubre afirmó que “¿te imaginas cómo vamos a estar? Fundidos, muertos y sin trabajo”.
Al mismo tiempo, Héctor Daer, espera que “ojalá encontremos rápido el punto de inflexión para volver a crecer, volver a tener consumo y encontrar el rumbo que todos queremos. Para eso, debemos ser un país que deje de basarse sólo en las materias primas y empecemos a pensar una Nación con desarrollo, trabajo, economías regionales y cortando con la bicicleta financiera que erosiona totalmente la producción”.
Respecto de las prioridades del país, Daer afirmó que “hay que cambiar de rumbo. Lo primero que hay que hacer es garantizar la alimentación y la salud de todos los argentinos. La CGT no apoyó a este Gobierno que sistemáticamente vino a quitarnos derechos. Toda la responsabilidad del desastre económico es de este gobierno. Por eso vamos a volver para ser mejores, con Alberto presidente, con Cristina (Fernández) vicepresidenta, con todos los gobernadores y con los trabajadores”.
Por último, en referencia al bono de 5.000 pesos que anunciará el Gobierno nacional para los trabajadores privados, los referentes argumentaron que “será un castigo a las Pymes y un paliativo insuficiente para los empleados” y agregaron que “si no le devolvemos el poder adquisitivo a la gente para que haya consumo, para que las Pymes tengan qué producir y la industria nacional se recupere, no sirve de nada”.
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El ajuste universitario acumuló una pérdida salarial de $4,48 billones en casi tres años
Un informe de FEDUN y el CIICTI cuantificó en $4,48 billones la reducción de la masa salarial de docentes y nodocentes desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según el relevamiento, los ingresos perdieron un 24,3% de poder adquisitivo y necesitarían una recomposición del 32% para recuperar los niveles de noviembre de 2023. La disputa por el financiamiento universitario volverá al centro del debate con el tratamiento del Presupuesto 2027.
La pérdida de ingresos de los trabajadores universitarios se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro que atraviesa la educación superior desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Un nuevo informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) estimó que, entre 2024 y 2026, la reducción acumulada de la masa salarial del sistema alcanzará los $4,48 billones, a valores constantes de este año.
El relevamiento, correspondiente a su decimosexta edición y con datos salariales hasta septiembre de 2026, señala que las remuneraciones de docentes y nodocentes registraron una pérdida real del 24,3% desde noviembre de 2023. Aunque durante el último mes analizado se produjo una mejora del 1% en términos reales, el retroceso acumulado desde junio volvió a profundizarse y los ingresos necesitarían un aumento del 32% para recuperar su capacidad de compra previa al cambio de Gobierno.
La brecha entre precios y salarios explica buena parte de ese deterioro. Según el estudio, mientras la inflación acumulada desde noviembre de 2023 llegó al 344,4%, los haberes universitarios aumentaron un 236,6%. En septiembre, la actualización nominal fue del 3%, frente a una inflación del 1,9%, pero esa mejora puntual no alcanzó para revertir una tendencia que, de acuerdo con el informe, acumuló retrocesos reales en 21 de los últimos 23 meses.
La estimación sobre la masa salarial refleja el impacto económico de esa diferencia. FEDUN y el CIICTI calcularon una pérdida de $1,47 billones durante 2024 y de $1,61 billones en 2025, mientras que para 2026 proyectaron otros $1,39 billones. En conjunto, la contracción alcanzaría los $4,48 billones en tres años. El documento también advierte que el nivel salarial universitario permanece por debajo de los registros de 2002 y acumula una caída de 41 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011.
El financiamiento, otra disputa con el Gobierno
El deterioro de los ingresos se inscribe en una discusión más amplia por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. El informe sostiene que la ejecución presupuestaria proyectada para 2026 mantiene una reducción significativa frente a años anteriores: aunque estima una mejora real del 2,9% respecto del ejercicio previo, el financiamiento todavía se ubicaría un 21,9% por debajo de 2023 y un 32,8% por debajo de 2015.
De acuerdo con el registro, los recursos universitarios representarían el 0,535% del Producto Bruto Interno durante 2026, frente al 0,712% registrado en 2023. Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en el ejercicio actual, el Gobierno debería ampliar en $1,58 billones el crédito presupuestario vigente, según el cálculo de las entidades autoras.
La discusión se proyecta ahora sobre el Presupuesto 2027. Desde FEDUN advierten que la iniciativa oficial no contempla los recursos que las universidades consideran necesarios para garantizar su funcionamiento y anticipan nuevas acciones gremiales. Su secretario general, Daniel Ricci, confirmó que el sindicato realizará una vigilia frente al Congreso el próximo 25 de noviembre, durante el tratamiento legislativo del proyecto, con el objetivo de reclamar a diputados y senadores que rechacen la propuesta del Ejecutivo.
La convocatoria había sido prevista inicialmente para el 18 de noviembre, pero fue reprogramada. Ricci señaló que existe incertidumbre sobre el contenido definitivo de la iniciativa, debido a que las partidas todavía se encuentran sujetas a negociaciones y no había un dictamen cerrado al momento de sus declaraciones.
Paros y reclamos en las universidades
La protesta sindical también se expresa en medidas de fuerza impulsadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, llevó adelante jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo y anunció nuevas acciones para reclamar recomposición salarial, actualización de los gastos de funcionamiento y cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento.
A esos planteos se suma la exigencia de que se haga efectiva la recomposición salarial contemplada en la normativa y la medida cautelar judicial vinculada con las obligaciones del Estado hacia el personal universitario.
En este clima, las declaraciones del papa León XIV sobre la importancia estratégica de la educación superior y la ciencia también fueron incorporadas por las organizaciones gremiales a sus argumentos. Durante su presentación en el Palacio Libertad, el pontífice advirtió sobre las consecuencias de la emigración de jóvenes que deben abandonar su país para desarrollar sus proyectos profesionales, una reflexión que los sindicatos vincularon con la situación presupuestaria de las universidades y del sistema científico.
La discusión salarial es apenas la superficie de un problema mucho más profundo. Sin fondos suficientes, las universidades enfrentan serias dificultades para sostener sus aulas abiertas, evitar la fuga de talentos y dar continuidad a la investigación científica. A las puertas del debate por el Presupuesto 2027, el reclamo universitario obliga a definir cuál será el verdadero peso de la educación superior en la agenda fiscal del país.
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La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%
El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.
La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.
Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.
Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.
Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.
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UTA acordó con los empresarios y quedó desactivado el paro de colectivos en San Juan
El entendimiento establece el pago de $420.000 por trabajador, distribuidos en dos cuotas de $210.000 que se abonarán el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. El acuerdo contempla diferencias salariales y conceptos adeudados entre mayo y agosto, y garantiza la continuidad del servicio, al menos por este conflicto.
La amenaza de una medida de fuerza en el transporte público sanjuanino quedó desactivada luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector alcanzaran un acuerdo para cancelar parte de las obligaciones salariales pendientes. La propuesta presentada por los empresarios obtuvo el aval de la representación sindical y permitió cerrar, por el momento, una negociación que llevaba varias semanas sin resolución.
El acuerdo establece el pago de dos cuotas iguales de $210.000 para cada trabajador. La primera se hará efectiva el 30 de noviembre y la segunda el 11 de diciembre, hasta completar una suma de $420.000 por empleado. Los desembolsos incluyen diferencias no remunerativas correspondientes a mayo y junio, además de conceptos salariales y viáticos pendientes de julio y agosto.
La deuda acumulada había profundizado el malestar entre los choferes y las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La falta de una propuesta que permitiera regularizar esos conceptos llevó al sindicato a endurecer su posición y a advertir que podía avanzar con medidas de fuerza si no se alcanzaba una respuesta satisfactoria.
La dimensión del reclamo había quedado expuesta horas antes del acuerdo, cuando Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de UTA San Juan, explicó en declaraciones a la prensa que los montos adeudados variaban según la antigüedad y los días trabajados. De acuerdo con su descripción, el reclamo partía de aproximadamente $416.000, aunque en distintos casos podía ubicarse entre $430.000 y $480.000, con situaciones que alcanzaban los $500.000.
Entre los conceptos reclamados figuraba, además, una suma no remunerativa de $120.000.
En medio de las diferencias, la conducción gremial había resuelto ampliar las instancias de negociación y dejar de canalizar las conversaciones exclusivamente a través de ATAP, con la intención de avanzar en entendimientos directos con cada empresa. Ese endurecimiento había elevado la incertidumbre sobre la prestación del servicio, ante la posibilidad de que el conflicto derivara en una interrupción de los recorridos.
La oferta empresarial logró evitar el paro de transporte al definir fechas concretas de pago. Con esta medida, los usuarios mantienen el servicio activo y los choferes podrán recuperar el dinero reclamado, siempre y cuando las empresas respeten los plazos acordados.
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