La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado en el que alertó que la libertad de expresión está en riesgo en Argentina, luego de que la Justicia dictara una medida cautelar que prohíbe a los medios de comunicación difundir audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

La medida cautelar, dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5, prohíbe la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei a través de cualquier medio de comunicación. La CGT considera que esta decisión es un «acto de censura previa» que contradice el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La central obrera expresó su «profunda preocupación» ante el «grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información» ejecutado por el Gobierno Nacional. También recordó que este avance se enmarca en un contexto de hostigamiento a la prensa y de agresiones contra periodistas, y mencionó el caso de un trabajador de prensa que resultó gravemente herido mientras cubría un acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

La Importancia de la Libertad de Expresión:

La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier democracia. Permite a los ciudadanos acceder a la información, expresar sus opiniones y participar en el debate público. La censura, por otro lado, puede tener un impacto devastador en la democracia, ya que limita la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar en el proceso político.

El Decreto Contra los Canillitas:

La CGT también aprovechó la ocasión para rechazar el Decreto 629/2025, firmado esta semana por el Poder Ejecutivo. La central obrera considera que la medida «tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas». Los gremios recuerdan que los trabajadores de prensa y los canillitas cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de la democracia, ya que garantizan la circulación de información, la libertad de prensa y el pensamiento crítico.

En una coyuntura de fuerte deterioro salarial, los principales sindicatos que representan a los trabajadores del PAMI lograron un histórico acuerdo para coordinar acciones conjuntas en defensa de las condiciones laborales y en reclamo de una recomposición salarial. La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones.

La seccional CABA del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI (SUTEPA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI) declararon el estado de alerta y movilización permanente en reclamo de una recomposición salarial digna. Los empleados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no reciben incrementos desde hace diez meses, mientras la inflación interanual supera el 120%.

«La situación es insostenible», remarcaron desde los gremios. «No pedimos ganar más, pedimos dejar de perder». La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones, que buscan exigir la apertura de paritarias y establecer un plan de lucha común.

 La acción mancomunada incluirá medidas a coordinar en los próximos días. Los gremios están decididos a dar batalla por una recomposición salarial digna y a defender los derechos laborales de los trabajadores del PAMI.

En diálogo con Mundo Laboral, la referente sindical de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió que los salarios docentes han perdido el equivalente a seis sueldos completos en 17 meses y denunció el vaciamiento presupuestario del sistema universitario. El conflicto se profundiza ante la amenaza de un veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en el Congreso.

El paro de 48 horas que formara parte de una serie de medidas de lucha que culminó este martes 2 de septiembre, volvió a evidenciar la solidez del frente universitario en San Juan. La estrategia, enmarcada en el plan de lucha impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), alcanzó un altísimo nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con un 90% en los colegios preuniversitarios y cifras cercanas al 70% en varias facultades. Las mesas de exámenes y actividades académicas debieron ser reprogramadas, un dato que revela la contundencia de la protesta.

Edith Liquitay, del gremio ADICUS, sostuvo que “en 17 meses hemos perdido seis salarios completos”, subrayando que el 70% de la docencia universitaria en la provincia percibe ingresos que van de 180 mil a 700 mil pesos, montos que se evaporan en los primeros diez días del mes frente a una inflación implacable. Según la dirigente, muchos docentes renuncian a cargos o reducen dedicaciones para buscar ingresos fuera de la universidad, mientras que quienes permanecen lo hacen por compromiso con la defensa de la educación pública.

La dirigente sindical también remarcó la gravedad del recorte presupuestario: “Así como en nuestras casas pagamos la luz, también la universidad debe hacerlo, y sin presupuesto actualizado se hace imposible sostener la actividad académica con normalidad”.

En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo histórico de la comunidad académica que garantiza la actualización de recursos conforme a la inflación, la ampliación de becas estudiantiles y fondos para investigación y extensión. No obstante, la amenaza de un veto presidencial encendió alarmas en todo el sector y aceleró la coordinación de una nueva marcha federal.

Liquitay consideró que la sanción de la ley es “un triunfo de la unidad, construido desde las bases y discutido con cada legislador para demostrar la necesidad de sostener la universidad pública”. Sin embargo, advirtió que el posible veto del Ejecutivo sería un golpe directo a esa conquista y que el movimiento universitario prepara una respuesta de alcance nacional.

La próxima acción de fuerza será la tercera marcha federal, aún sin fecha confirmada, que se prevé contundente y articulada con otros sectores sociales: trabajadores de la salud, jubilados, organizaciones de discapacidad y movimientos estudiantiles. “La lucha es una sola —resaltó Liquitay—, porque todos los sectores afectados por el ajuste tienen raíz en las universidades públicas que hoy se ven vaciadas”.

El conflicto universitario dejó de ser una disputa sectorial para transformarse en un símbolo de resistencia social frente a las políticas de ajuste. En San Juan, como en todo el país, la comunidad docente y estudiantil mantiene firme la convicción de que sin presupuesto no hay universidad posible.

La próxima marcha federal, lejos de ser un hecho aislado, se proyecta como un nuevo capítulo en la convergencia de luchas que buscan frenar el avance de un gobierno decidido a recortar los pilares de la educación superior pública.