La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales una actualización correspondiente a julio. El ingreso inicial, incluida la participación en las ganancias, quedó en $2.534.977,22 y la recomposición acumulada desde diciembre alcanza el 19,3%.

Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio, en el marco del mecanismo acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Con este incremento, el salario inicial de la actividad quedó por encima de los $2,5 millones cuando se incorpora el concepto de participación en las ganancias.

El sueldo básico inicial para julio fue establecido en $2.463.354,74, mientras que a ese monto se sumaron $71.219,54 correspondientes a la participación en las ganancias. De esta manera, el ingreso inicial total alcanzó los $2.534.977,22.

La actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza los adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio bancario.

Con el nuevo ajuste, la organización conducida por Sergio Palazzo informó que los salarios acumularon una recomposición del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025.

El esquema continuará durante agosto bajo las mismas condiciones acordadas hasta ahora. La discusión paritaria formal se retomará en la segunda quincena de septiembre, cuando las partes volverán a evaluar la evolución de los salarios y los precios.

Desde La Bancaria destacaron que el mecanismo de actualización busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de la inflación. “Garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio al comunicar el nuevo acuerdo.

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.

La organización, integrada por decenas de sindicatos estatales y privados, cuestionó el 2,1% de inflación registrado en julio y sostuvo que no refleja el impacto sobre los hogares. También denunció pérdida de empleo formal, cierre de empresas y un fuerte aumento del endeudamiento familiar.

La Mesa Sindical volvió a cuestionar la medición oficial de la inflación y reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, al considerar que el índice de 2,1% correspondiente a julio no refleja la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los trabajadores.

El colectivo, integrado por decenas de gremios estatales y privados, sostuvo que el dato difundido por el INDEC resulta insuficiente para representar la evolución de los gastos cotidianos. En su documento mencionó especialmente vivienda, servicios públicos, combustibles, comunicaciones, salud, recreación y alimentos, y afirmó que varios de esos rubros igualaron o superaron el porcentaje general.

La organización acompañó su cuestionamiento con un diagnóstico sobre el empleo. Según las cifras incorporadas al comunicado, desde noviembre de 2023 se perdieron 340.000 puestos de trabajo registrados, principalmente en el ámbito privado, mientras que durante el mismo período cerraron unas 30.000 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas.

Para la Mesa Sindical, la contracción del empleo registrado está acompañada por una expansión del monotributismo y del trabajo no registrado. El fenómeno, según su lectura, implica una mayor precarización de las relaciones laborales y una reducción de los ingresos con protección social.

El endeudamiento de los hogares constituye el tercer componente de su diagnóstico. El colectivo gremial señaló que existen unos 20 millones de deudores con distintos niveles de irregularidad y que alrededor de 6 millones de personas no logran afrontar regularmente sus compromisos.

La organización puso el foco especialmente en quienes recurren a billeteras virtuales y mecanismos de crédito de proximidad para cubrir gastos corrientes. Según planteó, el crecimiento de la morosidad está acompañado por tasas de interés cada vez más elevadas, lo que profundiza las dificultades para cancelar las obligaciones.

Con la consigna “primero nos mienten, después nos endeudan, después nos despiden”, los sindicatos sintetizaron su crítica a la política económica del Gobierno de Javier Milei. En su documento sostuvieron que la evolución de los precios provocó una pérdida salarial que estiman en torno al 30%.

El reclamo quedó condensado en tres propuestas: un aumento del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral para frenar los despidos y una moratoria destinada a las deudas familiares.

El documento lleva la firma de organizaciones de distintas ramas, entre ellas gremios estatales, docentes, de salud, judiciales, energéticos, gráficos y de la actividad privada. La amplitud de las adhesiones refuerza la intención de construir una posición sindical común frente a la evolución de los ingresos, el empleo registrado y el endeudamiento de los hogares.

El planteo instala así tres demandas centrales en la agenda gremial: recuperar poder adquisitivo, preservar los puestos registrados y aliviar las obligaciones financieras de las familias. La respuesta oficial frente a esos reclamos será uno de los factores que marcarán la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales durante los próximos meses.