El Gobierno de Javier Milei concedió beneficios impositivos por 51 millones de dólares a Mercado Libre en el primer semestre de 2025, generando un intenso debate sobre prioridades presupuestarias en un contexto de restricciones económicas.

La administración de Javier Milei otorgó a Mercado Libre, liderada por Marcos Galperin, exenciones fiscales por un total de 51 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2025. Estos beneficios incluyen 37 millones de dólares en exenciones de Impuesto a las Ganancias y 14 millones de dólares en contribuciones patronales. La empresa se beneficia de la Ley de Economía del Conocimiento, que busca incentivar actividades económicas con alto contenido tecnológico.

Mientras el Ejecutivo argumenta limitaciones presupuestarias para sectores como jubilados, educación y salud, la asignación de estos beneficios a Mercado Libre generó cuestionamientos sobre las prioridades gubernamentales.

El empresario Marcos Galperin, cuya fortuna asciende a unos 8.000 millones de dólares, defendió los beneficios en redes sociales, subrayando la importancia de fomentar el desarrollo económico a través de la reducción del peso estatal.

Algunos sectores critican la concesión de estos beneficios a una de las empresas más prominentes del comercio electrónico en la región, especialmente considerando la postura del Gobierno sobre la austeridad en otras áreas.

En medio de un escenario marcado por anuncios de grandes inversiones y el renovado interés internacional en los recursos estratégicos de Argentina, la minería vuelve a ser foco de debate en San Juan. Marcelo Mena, secretario general nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (Asijemin), advirtió sobre la creciente preocupación por la contratación de trabajadores extranjeros, especialmente chilenos, en proyectos de relevancia para la provincia.

“Somos mineros, queremos que la actividad crezca, pero también queremos que ese desarrollo se traduzca en beneficios concretos para las comunidades locales”, sostuvo Mena en diálogo con Mundo Laboral SJ. El dirigente remarcó que, si bien las inversiones extranjeras son necesarias, el verdadero impacto positivo de la minería solo se logrará si genera empleo genuino para los habitantes de la región y fortalece la cadena productiva nacional.

El refente de Asijemin insistió en que la minería no puede limitarse a ser “solo un negocio”, sino que debe integrarse con un modelo de desarrollo que incluya mano de obra calificada, interacción con universidades, transferencia tecnológica, participación de pymes locales y articulación con los municipios y la provincia. “Si todo se reduce a traer capitales de afuera, tercerizar con empresas extranjeras y desplazar a trabajadores argentinos, no hay un verdadero progreso, solo una extracción de riqueza”, advirtió.

El sindicalista denunció que en los últimos meses se han intensificado las contrataciones de personal chileno en proyectos como José María y Filo del Sol, ubicados en el distrito minero Vicuña. Estos emprendimientos, de alcance binacional, comenzaron bajo protocolos que habilitaban el tránsito de trabajadores y recursos entre Argentina y Chile. Sin embargo, para Mena esa flexibilización no puede convertirse en una puerta abierta para reemplazar sistemáticamente a la mano de obra local.

“Defender lo nuestro”

El dirigente fue contundente: “No importa que enfrente tengamos a una multinacional de las más grandes del mundo; nuestra responsabilidad es defender los recursos, la moneda, pero sobre todo el desarrollo de nuestras comunidades. No podemos resignar la soberanía laboral ni dejar que los beneficios se escurran fuera del país”.

En este sentido, celebró que tanto cámaras empresariales como sectores productivos locales se hayan pronunciado en la misma línea, reclamando prioridad para trabajadores sanjuaninos y argentinos. “Es una causa justa, y aunque no siempre las causas justas son escuchadas, hoy hemos logrado que el reclamo tenga eco”, destacó.

Consultado sobre el rol que puede tener la Argentina en el contexto de la transición energética global, Mena fue optimista pero también planteó condiciones. Recordó que el país tiene un enorme potencial en litio y cobre, minerales clave para la electromovilidad y las energías limpias. No obstante, advirtió que este escenario solo será beneficioso si se acompaña con una planificación industrial seria.

“Queremos un país competitivo, con industria, con trabajo privado de calidad y con un Estado que controle y haga cumplir lo que se acuerda. No alcanza con exportar minerales en bruto; necesitamos generar valor agregado, promover proveedores locales, impulsar pymes y construir una estructura industrial que nos coloque en el siglo XXI en condiciones de igualdad con las potencias que ya hicieron este camino”, afirmó.

El líder de Asijemin dejó en claro que la defensa del trabajo local será una bandera irrenunciable del gremio. “La minería debe ser motor de desarrollo, no una fuente de desigualdad. Apostamos a inversiones, sí, pero con reglas claras: empleo argentino, proveedores nacionales y respeto al marco laboral y ambiental. Ese es el camino hacia una minería sostenible y soberana”, concluyó.

Organizaciones del sector salud y familiares de víctimas de la crisis del fentanilo contaminado y la demora en la entrega de medicamentos oncológicos exigen la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, tras 157 muertes consideradas evitables.

En medio de dos graves tragedias sanitarias en Argentina, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y familiares de víctimas demandan la renuncia inmediata del ministro de Salud, Mario Lugones.

La primera crisis involucra el fentanilo contaminado producido por el laboratorio HLB Pharma Group, propiedad de Ariel García Furfaro, un empresario con antecedentes penales por intento de homicidio. Este episodio habría causado al menos 97 muertes, constituyendo uno de los incidentes más graves relacionados con medicamentos en la historia del país.

La segunda crisis se refiere a la demora en la entrega de fármacos oncológicos por parte de la disuelta Dirección de Ayudas Especiales (DADSE), lo que habría provocado más de 60 fallecimientos según denuncias de familiares.

Desde la cartera de Salud no se emitieron declaraciones oficiales sobre la crisis del fentanilo. En cambio, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, atribuyó la responsabilidad a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), proponiendo su disolución. Esta medida es cuestionada por especialistas, ya que implicaría eliminar el único organismo con capacidad de prevención en el área.

Fesprosa sostiene que el ministro Lugones, junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, priorizaron recortes y despidos en hospitales en detrimento de la atención de los pacientes. «Lugones ha acumulado destrucción y muerte sin que se le mueva un pelo. Debe dar un paso al costado», señalaron desde Fesprosa.

La exigencia de renuncia del ministro Lugones se acompaña del pedido de conformación de una comisión investigadora parlamentaria para establecer responsabilidades políticas y penales en ambos episodios. El Congreso aprobó un pedido de informes, pero los impulsores del reclamo sostienen que se necesita una comisión especial para esclarecer los hechos. La crisis sanitaria pone de relieve la tensión entre el Gobierno y el sector salud respecto a la gestión de la crisis y las políticas de desregulación propuestas.