Desde nuestra organización sindical, nos dirigimos a cada uno de los compañeros y compañeras, a sus familias y a la comunidad de Perito Moreno, con el firme propósito de llevar absoluta tranquilidad en este momento mientras las autoridades de aplicación laboral, ambiental y fuerzas de seguridad llevan adelante un operativo en el Proyecto Cerro Negro.

Como representantes de los trabajadores, reafirmamos que nuestra prioridad absoluta es, y será siempre, velar por la seguridad, la salud y la dignidad laboral de quienes hacen grande a la minería. En este camino, hacemos un llamado genuino a la paz social y a la urgente reconstrucción del diálogo social.

Nuestra provincia cuenta con un liderazgo y una trayectoria minera indiscutibles. Ese estatus histórico y productivo no es casualidad; se ha consolidado gracias al esfuerzo diario y la alta calificación de cada trabajador, proveedor minero y de las Comunidades anfitrionas que confiaron en esta industria. Ese prestigio es el que hoy debe primar. Cuidar y sostener la actividad de forma responsable, es cuidar el sustento de miles de familias santacruceñas, y para lograrlo debemos actuar con la seriedad, responsabilidad y la firmeza que el contexto social y económico actual nos demanda.

La historia de Santa Cruz nos ha enseñado que, cuando los canales entre el Estado y el sector empresarial se desarticulan, se generan tensiones donde los trabajadores y las comunidades anfitrionas terminan quedando como rehenes de la incertidumbre, por ello no podemos permitir que las descoordinaciones institucionales afecten a quienes día a día sostienen la producción.

Por eso, en esta coyuntura, desde ASIJEMIN consideramos que la atención inmediata debe centrarse de manera urgente en dos focos prioritarios:

En primer lugar, la situación de los compañeros que hoy se encuentran trabajando y conviviendo en el campamento. Estamos y seguiremos estando en el territorio, acompañando de cerca las inspecciones y exigiendo de forma irrestricta como siempre se lo ha hecho que las condiciones laborales, de habitabilidad y de salud cumplan estrictamente con lo que dictan nuestros convenios colectivos. No daremos nunca un solo paso atrás en el cuidado de la integridad de nuestra gente en los yacimientos.

En segundo lugar, manifestamos nuestro profundo respeto y acompañamiento a la comunidad de Perito Moreno. Somos plenamente conscientes de que es la comunidad la que, con una enorme madurez, brinda la licencia social indispensable para operar, otorgando su voto de confianza tanto al Estado como a las empresas. Esa licencia social debe respetarse y reverse a través de acciones responsables: garantizando el desarrollo local, el cuidado ambiental y una convivencia armónica donde el progreso de la mina se traduzca de forma real en el progreso del pueblo.

El futuro de la minería se defiende con trabajo, seguridad y propuestas claras. Invitamos a las autoridades de la provincia y a los sectores inversores y empresariales a consolidar un espacio de diálogo abierto y constructivo, manteniendo la paz social que nos permita seguir proyectando una actividad minera modelo y con justicia social.

Oscar Romillo
Director Regional Sur – Delegación Regional Sur
ASIJEMIN (Asociación Sindical de Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina)

Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez representaron a la CGT en una audiencia con León XIV en el Vaticano, donde expusieron su diagnóstico sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del empleo y el endeudamiento de los hogares. El encuentro también abordó el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo y se produjo antes de la visita del Papa a la Argentina, prevista para noviembre.

La crisis social argentina llegó al Vaticano. El cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo y el secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, fueron recibidos por el papa León XIV y aprovecharon la audiencia para transmitirle su preocupación por el deterioro de las condiciones laborales y sociales durante la gestión de Javier Milei.

El encuentro se desarrolló en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, una instancia que reunió a representantes de distintos ámbitos y permitió incorporar a la discusión las transformaciones económicas y tecnológicas que atraviesan al mundo del trabajo.

La delegación argentina describió ante el pontífice un cuadro caracterizado, según su diagnóstico, por la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, el crecimiento de la precarización, el endeudamiento de las familias y las dificultades para generar puestos de trabajo estables y protegidos por derechos laborales.

Martínez había anticipado el tono del planteo al advertir que León XIV encontrará una Argentina atravesada por “mucha tristeza”, que atribuyó a la magnitud del ajuste aplicado por el Gobierno nacional. La expresión sintetizó la preocupación sindical por el impacto de las políticas económicas sobre los ingresos y las condiciones de vida.

La conversación no quedó circunscripta a la coyuntura argentina. Uno de los asuntos centrales fue el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, cuyo impacto sobre el empleo comienza a ocupar un lugar cada vez mayor en las discusiones sindicales y empresariales.

Desde la CGT sostuvieron que la transformación tecnológica no debería quedar exclusivamente bajo decisiones empresariales y reclamaron participación de los trabajadores y sus organizaciones en los procesos que puedan modificar puestos, competencias y formas de contratación. El planteo incorpora así una discusión de largo alcance sobre productividad, capacitación y protección laboral.

Junto con los dirigentes de la central obrera participaron de la delegación argentina Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, y Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina, entre otros representantes. La composición del grupo permitió reunir distintas perspectivas del mundo del trabajo y la producción.

El papa León XIV, por su parte, llamó a avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y puso especial énfasis en la protección de quienes enfrentan mayores riesgos de exclusión. Su mensaje se vinculó con uno de los principales reclamos planteados por los representantes argentinos: que la transformación económica no recaiga de manera desproporcionada sobre los trabajadores y los grupos más vulnerables.

La audiencia adquiere además una dimensión política y simbólica por la proximidad de la primera visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El viaje formará parte de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú.

El encuentro en Roma permitió, de ese modo, anticipar ante el pontífice algunos de los principales reclamos que atraviesan hoy al movimiento obrero argentino. Salarios, empleo, deuda familiar y transformación tecnológica quedaron vinculados en una misma discusión: cómo sostener el trabajo y la cohesión social frente a una economía que atraviesa profundas modificaciones.

Para la CGT, el diálogo con León XIV representó además una oportunidad para instalar fuera de las fronteras nacionales su diagnóstico sobre las consecuencias sociales del programa económico de Milei. Para el Papa, el intercambio ofreció una aproximación directa a las demandas de una parte central del movimiento sindical argentino antes de su llegada al país.

La Mesa Sindical cuestionó el 1,7% de inflación informado por el Indec para agosto y sostuvo que los gastos esenciales evolucionan por encima del promedio. Reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral y una moratoria para las deudas de las familias.

Los gremios volvieron a confrontar con el Gobierno de Javier Milei por la distancia que, según exponen, existe entre la inflación oficial y el costo efectivo que enfrentan los hogares argentinos. Tras conocerse el índice de precios de agosto, que registró una suba mensual del 1,7% y llevó el acumulado de 2026 al 21,3%, el colectivo sindical sostuvo que ese promedio no refleja la evolución de los gastos indispensables.

La crítica se concentra especialmente en los rubros que tienen mayor incidencia sobre los ingresos familiares. De acuerdo con el informe del Indec, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,8% durante agosto, mientras que Educación avanzó 2,5%. En el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento llegó al 3,9%.

Para los sindicatos, la diferencia resulta todavía más significativa cuando se observa la evolución de los alimentos y de los bienes y servicios que componen las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. La Mesa Sindical sostuvo que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%, por encima del IPC general.

“Hay una Argentina real y una inventada por el Gobierno”, planteó la organización en un documento difundido después de conocerse la medición oficial. En esa línea, calificó de “insostenible” la lectura de una inflación en descenso cuando los hogares deben afrontar incrementos superiores en bienes y servicios esenciales.

El planteo gremial también incorporó el problema del endeudamiento. La Mesa Sindical afirmó que alrededor de seis millones de argentinos tienen dificultades para cumplir regularmente con sus deudas, en muchos casos vinculadas con gastos básicos como alimentación, medicamentos, útiles escolares o alquileres.

A ese cuadro sumó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Los gremialistas sostuvieron que los salarios continúan rezagados frente al costo de vida y denunciaron que los despidos persisten, mientras crece la morosidad entre quienes deben afrontar gastos comunes de vivienda.

En particular, señalaron que cerca del 30% de los diez millones de personas que pagan expensas en el país tienen dificultades para cumplir con esos compromisos. Para la organización, el fenómeno dejó de estar concentrado en determinadas regiones y se extendió de manera generalizada.

Con ese diagnóstico, la Mesa Sindical solicitó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, junto con la declaración de una emergencia laboral destinada a contener los despidos. También propuso una moratoria para las deudas familiares, como mecanismo para aliviar a los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.