Trabajadores de distintas provincias denuncian incumplimientos de la escala acordada, liquidaciones con alta proporción de sumas no remunerativas y pérdida de puestos laborales. También cuestionan la falta de respuestas de la conducción nacional de la UTA.

La crisis del transporte de pasajeros de larga distancia comenzó a reflejarse con mayor intensidad en los recibos de sueldo, las dotaciones de personal y la continuidad de los servicios. En distintas provincias, los choferes denuncian que las empresas no aplican los valores establecidos en la escala salarial acordada con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mientras se multiplican los despidos, las reducciones de recorridos y los mecanismos que alteran la composición de los ingresos.

Los reclamos alcanzan también a la conducción nacional del gremio, encabezada por Roberto Fernández. Los trabajadores cuestionan la falta de respuestas frente a conflictos que, aunque presentan características diferentes según cada territorio, tienen un denominador común: pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre laboral y deterioro de las condiciones de contratación.

Una escala salarial que no se refleja en todos los recibos

El acuerdo para el personal de larga distancia fijó un básico conformado de $1.445.658,25 para abril de 2026, acompañado por una suma no remunerativa de $100.000. Para mayo, el básico ascendió a $1.471.610,50; en junio se estableció en $1.498.416,25; en julio llegó a $1.598.099,50 y para agosto se fijó en $1.685.958.

La pauta también contempló viáticos y reintegros por comidas y alojamiento. Para julio, por ejemplo, se establecieron $8.000 para desayuno o merienda, $20.000 para almuerzo o cena y $30.000 por cama, con un total de $86.000.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que en varias jurisdicciones esos valores no se trasladan de manera íntegra a las liquidaciones. En algunos casos, además, aparecen esquemas basados en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con una elevada proporción de sumas no remunerativas.

Despidos y reducción de servicios

En Comodoro Rivadavia, uno de los episodios más graves se produjo tras la licitación del servicio que prestaba la empresa Patagonia. De una plantilla de 343 trabajadores, la firma Sol Bus absorbió a 269, mientras que 74 empleados quedaron sin puesto.

El caso expone una de las principales preocupaciones de los choferes: la continuidad de una prestación no garantiza necesariamente la conservación de toda la dotación laboral.

En Formosa, la salida de la empresa Cruceros del Sur habría dejado a 350 trabajadores fuera de sus puestos. Según los reclamos relevados, la firma que asumió posteriormente, Fermosa, liquida parte de los ingresos bajo una modalidad en la que los trabajadores figurarían como monotributistas. También se menciona la participación de una cooperativa en la reorganización de los servicios provinciales.

Diferencias salariales en varias provincias

En Chaco, trabajadores de las empresas ATACO NAVARRO UTE, ERSA TCM y San Bernardo Urbano denuncian percibir $1.033.362,25, con una liquidación integrada en un 88% por conceptos no remunerativos y en un 12% por componentes remunerativos. En los recibos, esa composición aparece vinculada con un “Acuerdo UTA” y se adiciona un aporte de $9.620,25 destinado al fondo de salud pública.

En San Juan, los empleados de La Marina, La Positiva, Empresa Mayo, El Triunfo, Albardón, Altos de Sierra, Nuevo Sur y El Libertador mantienen, según la información relevada, un sueldo de $1.370.000 desde noviembre de 2025. Durante abril, mayo, junio y julio de 2026 se incorporó una suma no remunerativa de $175.278,25, con lo que el ingreso alcanzó $1.545.278,25, aunque los trabajadores advierten que parte de esa diferencia no se incorporó al básico.

En Corrientes, los choferes señalan que desde marzo cobran $1.425.533,45, sin actualización acorde con los valores posteriores. Para abril, la referencia salarial habría ascendido a $1.545.278,25. A esa diferencia se suma la situación de la empresa ERSA, que atraviesa un procedimiento preventivo de crisis, según consta en documentación vinculada con los trabajadores.

En Jujuy, los recibos reflejarían un ingreso de $1.545.278,25 desde abril, con una composición similar a la denunciada en Chaco: 88% no remunerativo y 12% remunerativo, bajo la aplicación del artículo 223 bis.

El caso Crucero del Norte

A este mapa de reclamos se suma la crisis de Crucero del Norte SRL, una de las empresas históricas del transporte de pasajeros del país. Los trabajadores aseguran que la compañía pasó de contar con unos 1.200 empleados a comienzos de año a menos de 400 en la actualidad.

También denuncian la paralización o reducción de recorridos de Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Sur, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay.

Medios del norte argentino atribuyen parte de la crisis a diferencias de criterio dentro de la familia propietaria, integrada por los hermanos Julio y Hugo Koropeski y su madre, Beatriz. Esa versión requiere, no obstante, confirmación formal por parte de la empresa y de los organismos que intervienen en su situación.

La acumulación de despidos, suspensiones, atrasos salariales, modificaciones en las liquidaciones y reducción de servicios coloca a los trabajadores ante una disputa que ya no se limita a la actualización de los haberes. También están en juego la estabilidad laboral, la regularidad de los recorridos y el reconocimiento efectivo de los derechos establecidos en los acuerdos colectivos.

Mientras los conflictos se extienden por distintas provincias, crece el malestar con la conducción de la UTA. Los choferes reclaman una intervención gremial más firme y respuestas concretas frente a empresas que, según denuncian, trasladan el deterioro de sus cuentas a los salarios y al empleo.

La crisis de las pequeñas y medianas empresas metalmecánicas profundizó su impacto sobre el empleo y el entramado productivo. En abril, último dato disponible para el mercado laboral, el rubro ocupaba a 234.100 trabajadores, 15.200 menos que un año antes. La cantidad de empresas también continuó descendiendo: quedaron 11.983 firmas activas, 957 por debajo del máximo registrado en noviembre de 2023.

El deterioro productivo acompaña esa contracción. Entre enero y julio de 2026, la producción metalmecánica pyme acumuló una disminución interanual del 10,9%, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). La magnitud de la caída supera ampliamente la registrada por el conjunto de la industria manufacturera, que retrocedió 2,6% durante el mismo período.

Los datos de julio muestran, además, que la retracción todavía no encontró un piso: la producción se ubicó 16,4% por debajo del mismo mes de 2025 y descendió 0,5% frente a junio.

El retroceso fue especialmente pronunciado en algunas ramas. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 30,5% interanual y los aparatos de uso doméstico disminuyeron 27,8%. La fundición de metales retrocedió 14,3%, mientras también registraron bajas los equipos eléctricos, las autopartes y distintos segmentos vinculados con la fabricación de maquinaria.

Hubo excepciones. Los envases metálicos aumentaron 11,7%, las carrocerías y remolques crecieron 2,5% y los productos metálicos estructurales avanzaron 1,6%. Esos desempeños, sin embargo, no lograron compensar la pérdida acumulada en las ramas de mayor incidencia.

La contracción también alcanzó los ingresos de los trabajadores. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el salario medio real de la metalmecánica disminuyó 1,6%, mientras que el promedio de la industria manufacturera registró una mejora real del 2,8%, según CAMIMA.

En el frente externo apareció una señal diferente. Las exportaciones metalmecánicas crecieron 2,7% durante el primer semestre, aunque las importaciones se redujeron 10,2%. La cámara vinculó esta última disminución con el menor nivel de producción, inversión y consumo doméstico.

El intercambio comercial continúa, de todos modos, marcado por una brecha considerable. En los doce meses acumulados, las compras externas alcanzaron los US$22.255 millones, frente a exportaciones por US$2.140 millones. El resultado fue un déficit de US$20.115 millones.

José Luis Ammaturo, secretario general de CAMIMA, consideró que el incremento de las ventas al exterior constituye uno de los pocos datos favorables del relevamiento, aunque planteó que esa mejora necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna y de la producción para que pueda traducirse en una recomposición más amplia de las empresas.

Los números describen una cadena de deterioro que excede la evolución mensual de las fábricas: menos producción, menor cantidad de firmas y pérdida de puestos de trabajo, acompañadas por una caída del salario real. La recuperación exportadora aporta un contrapunto, pero por ahora no alcanza para revertir la contracción que atraviesa buena parte de la pequeña y mediana metalmecánica argentina.

La jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, hizo lugar al reclamo de AMPUNSJ contra Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. y ordenó completar el parcelamiento e inscripción de los terrenos del Loteo Valle Encantado. La empresa deberá cumplir en seis meses y pagar $15.369.487 más intereses.

La Justicia de San Juan condenó a Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. (P.R.Y.C.S.A.) a completar la regularización parcelaria del emprendimiento inmobiliario Valle Encantado y estableció una reparación económica a favor de la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (AMPUNSJ).

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió la demanda interpuesta por la mutual, originada en la inobservancia de las obligaciones de un contrato suscrito el 15 de enero de 2021.

El fallo establece que la empresa deberá concretar el parcelamiento e inscripción parcelaria de los lotes comprendidos en el emprendimiento. Para hacerlo, dispone un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas si la orden judicial no es cumplida.

Además de la obligación de regularizar los terrenos, la magistrada fijó una indemnización de $15.369.487 por daños y perjuicios, suma que deberá actualizarse mediante los intereses correspondientes hasta su efectivo pago.

El veredicto también alcanza a 87 asociados de AMPUNSJ individualizados en el expediente. La determinación de cuánto corresponde a cada uno deberá efectuarse durante la etapa de ejecución de sentencia, por lo que todavía resta definir la distribución concreta de esos montos y la modalidad mediante la cual se harán efectivos.

El expediente tuvo una instancia de conciliación el 9 de abril de 2026, con participación de representantes de la mutual y de la empresa. El encuentro concluyó sin acuerdo, por lo que el juzgado dispuso continuar con la producción de prueba hasta arribar a la resolución ahora conocida.

El fallo corresponde a la primera instancia y, por lo tanto, la empresa tiene la posibilidad de recurrir ante la Cámara Contencioso Administrativa. Una eventual apelación abrirá una nueva instancia de revisión sobre la resolución, mientras que la ejecución de las obligaciones y los derechos económicos reconocidos en el proceso quedarán sujetos a las decisiones que adopte la Justicia.