La Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar 446 acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802. La revisión alcanza cláusulas sindicales y reglas de negociación, mientras los cuestionamientos judiciales y las limitaciones operativas del organismo añaden incertidumbre al proceso.

El Gobierno nacional puso en marcha la revisión de 446 convenios colectivos de trabajo, una de las medidas de mayor alcance de la reforma laboral. Las primeras notificaciones enviadas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo convocan a sindicatos y cámaras empresarias a discutir la adecuación de sus acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802 y al decreto 407/2026.

La iniciativa había sido anticipada por el Ministerio de Capital Humano el 11 de junio. Ahora, con las convocatorias formales, comienza una etapa de negociación que puede modificar reglas históricas de las relaciones laborales, desde la vigencia de determinadas cláusulas hasta la estructura de los acuerdos salariales.

Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de las cláusulas obligacionales, entre ellas las cuotas solidarias que financian a organizaciones sindicales. La reforma modifica el régimen de ultraactividad, que permite mantener vigentes determinadas disposiciones de un convenio una vez vencido. En cambio, las cláusulas normativas —como salarios básicos, jornadas y licencias— tienen un tratamiento diferenciado durante la transición prevista por la ley.

La nueva legislación también promueve la negociación colectiva por empresa frente a los acuerdos por actividad y habilita mecanismos de remuneración vinculados con la productividad. Para los gremios, la revisión abre una discusión sobre la capacidad de negociación conjunta, el financiamiento sindical y la preservación de derechos laborales adquiridos.

La CGT convocó al movimiento obrero a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre, en una nueva jornada de reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.

El llamado fue difundido por la central obrera durante la movilización en defensa de la industria nacional. La decisión amplía el respaldo sindical a una protesta que busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, familias y organizaciones sociales en todo el país.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebró la convocatoria con un mensaje centrado en la unidad de los trabajadores frente al ajuste. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que conduce Walter Merkis, llamó a volver a llenar las calles en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.

“Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro”, señalaron desde FATUN al respaldar la movilización.

La convocatoria se produce mientras continúa la controversia judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir la medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles. Tras la apelación del Gobierno, la Justicia concedió un nuevo plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas por incumplimiento.

Los gremios universitarios sostienen que la falta de aplicación de la norma prolonga el deterioro salarial y presupuestario. Por eso, la marcha combinará el reclamo por recursos para las instituciones con la exigencia de recuperar ingresos y garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza.

La jornada coincidirá, además, con una sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados a las 14, con un temario que incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

La huelga nacional convocada por APPAMIA se extenderá hasta el viernes. Mientras un grupo de profesionales reprogramará consultas no urgentes y garantizará guardias y recetas, la Asociación de Médicos de Cabecera provincial resolvió mantener la atención habitual. El reclamo apunta a recuperar ingresos tras el cambio en el sistema de pagos aplicado en abril.

El paro nacional de 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI abrió una división entre los profesionales de San Juan. Mientras prestadores adheridos a la medida reprogramarán turnos no urgentes hasta el viernes 16 de octubre, la Asociación de Médicos de Cabecera de la provincia resolvió no sumarse a la huelga y mantener las consultas habituales para jubilados y pensionados.

La protesta, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), reclama una actualización de los honorarios y cuestiona el cambio en la modalidad de pago aplicado en abril. Sandra Brizuela, delegada sindical en San Juan, afirmó que la modificación redujo más del 50% los ingresos que percibían algunos profesionales. En los consultorios que adhieran, se garantizarán las urgencias y la emisión de recetas.

Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera provincial, calificó el reclamo como «totalmente justo», pero explicó que la entidad decidió preservar la atención para evitar que los jubilados vuelvan a sufrir interrupciones. Aclaró que los pacientes podrán concurrir con normalidad, salvo ausencias particulares de los profesionales.

La principal disputa gira en torno al pago fijo por afiliado. Los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 por paciente y reclaman elevar la cápita a entre $4.000 y $4.500. Brizuela sostuvo que un profesional con 500 afiliados puede percibir alrededor de $1,4 millones mensuales, frente a los $2,8 millones que, según su comparación, cobraba antes de la modificación.

Los odontólogos también exigen una recomposición por los costos de los insumos y el funcionamiento de sus consultorios. Los montos reclamados varían según las entidades y las prestaciones contempladas: APPAMIA exige elevar los valores por afiliado y denuncia una fuerte pérdida de ingresos reales desde abril.

Coria reveló, además, que diez médicos de cabecera renunciaron en San Juan desde el cambio en el sistema de pagos. La asociación considera que la discusión debe concentrarse en una actualización que permita sostener los consultorios sin trasladar el costo a los pacientes.

Desde PAMI a nivel nacional, en tanto, señalaron que mantienen abiertas las instancias de diálogo y que revisarán los valores dentro de sus posibilidades presupuestarias. También defendieron la unificación de las cápitas como una medida destinada a simplificar el sistema, y recordaron que existen pagos adicionales por determinadas prestaciones.