El Sindicato de Luz y Fuerza cuestionó con dureza el anuncio del Gobierno nacional sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Según la organización, la medida implica un retroceso en soberanía energética y tecnológica, encarece el servicio eléctrico y responde a intereses económicos y políticos externos.

El Gobierno nacional confirmó que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida contempla la venta del 44% de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y, con ello, el control de la compañía. El esquema incluye además un Programa de Propiedad Participada para que los trabajadores accedan hasta al 5% de las acciones.

El anuncio desató una inmediata reacción sindical. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, con representación en las centrales nucleares, expresaron un rechazo categórico. “Nucleoeléctrica es una empresa de interés estratégico para la Argentina, construida con el esfuerzo del pueblo. Significa soberanía energética, científica y tecnológica, pilares fundamentales del desarrollo industrial y productivo”, afirmaron.

Para el gremio, la decisión del Ejecutivo es un “claro guiño a intereses económicos y políticos externos” y forma parte de un plan para “desmantelar el Plan Nuclear Argentino”. En un comunicado, la organización advirtió que la privatización pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y la seguridad operativa de las plantas, al tiempo que “transforma un derecho esencial en un negocio más, encareciendo el servicio eléctrico, degradando su calidad y beneficiando a privados que solo buscan maximizar sus ganancias”.

El sindicato también apeló a la memoria histórica al recordar las consecuencias de las privatizaciones de la década del 90: pérdida de soberanía, flexibilización laboral y deterioro de servicios públicos. “No olvidamos la complicidad de sectores del sindicalismo empresarial que facilitaron la entrega del país y fueron los únicos beneficiarios de esas políticas”, subrayaron.

Finalmente, Luz y Fuerza concluyó con un mensaje enfático: “La soberanía no se negocia. Lo público es de todos y debemos defenderlo por el bien de toda la Nación”.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un frente de conflicto político y sindical que promete intensificarse. Mientras el Gobierno argumenta que busca atraer inversiones y modernizar el sector, Luz y Fuerza denuncia un intento de convertir un servicio esencial en un negocio privado, con impacto directo en tarifas, calidad del suministro y soberanía nacional. La disputa anticipa un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo y el movimiento obrero frente al rumbo de la política energética argentina.

La Federación de Remiseros (FAREM) respaldó el proyecto de ley impulsado por el diputado provincial y secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, que busca reforzar la regulación de taxis y remises frente al avance de plataformas como Uber, Didi y Cabify. Sindicatos y empresarios cuestionan la iniciativa oficial por habilitar la precarización laboral y la competencia desleal.

La Legislatura de San Juan se convirtió en escenario de un fuerte debate luego de la presentación de un proyecto de ley oficial para “modernizar y transparentar” el transporte de pasajeros. La iniciativa, que abre la puerta a la llegada de plataformas internacionales como Uber, Didi o Cabify, fue duramente rechazada por gremios y empresarios del sector, que advierten sobre la amenaza a miles de puestos de trabajo y el riesgo de consolidar un esquema de competencia desigual.

En este contexto, el diputado provincial y secretario general de la CGT regional, Eduardo Cabello, presentó un proyecto alternativo que, según explicó, busca proteger la actividad tradicional de taxis y remises, garantizando condiciones laborales y reglas claras. “Es una ley hecha a espaldas de los trabajadores y empresarios. El problema no es normativo, ya tenemos la Ley 814-A que regula el transporte, sino de control. Lo que hace falta es que el Estado aplique lo que ya existe”, sostuvo Cabello.

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta oficial es la habilitación de aplicaciones internacionales para operar en San Juan. Cabello cuestionó que, mientras taxis y remises cumplen con seguros, revisiones técnicas e impuestos, las plataformas “trabajan sin controles ni obligaciones”, lo que genera “precarización laboral y competencia desleal”, además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

El legislador también alertó que el texto “borra del mapa” a las agencias de remises con décadas de trayectoria en la provincia y omite regular fenómenos ya existentes, como el transporte en moto. Además, señaló que la iniciativa abre la puerta a la concentración del negocio en pocas manos y otorga al Ejecutivo una discrecionalidad excesiva en la reglamentación de artículos clave.

El rechazo al proyecto oficial encontró eco inmediato en la Federación de Remiseros (FAREM). Su secretario general, Alejandro Poli, destacó que la organización acompañará la propuesta de Cabello: “Es una ley que nos permitiría defender la actividad de los remiseros en su conjunto y que fue presentada mucho antes que la del gobierno”. Poli advirtió que “las aplicaciones son, en la práctica, una forma de agencia de remis y deben cumplir con los mismos requisitos: habilitar un local, registrar a sus trabajadores bajo convenio, estar dentro de la seguridad social y respetar las leyes de transporte de San Juan”.

El arco de oposición incluye a taxistas, remiseros, agencias, camioneros, combis escolares, peones de taxi, CAPE, ATAP y la propia CGT Regional San Juan, todos alineados en rechazar la propuesta oficial por considerarla un aval a la informalidad y un retroceso en derechos laborales.

“Lo que el Gobierno llama modernización, en realidad es un aval a la informalidad”, concluyó Cabello, advirtiendo que gremios y organizaciones del transporte intensificarán sus reclamos para frenar la iniciativa en el recinto legislativo.

El proyecto alternativo de Eduardo Cabello, respaldado por la FAREM y una amplia red sindical y empresarial, refleja el rechazo al avance de las aplicaciones internacionales en el transporte de pasajeros en San Juan. Para los actores del sector, la regulación vigente debe cumplirse y no reemplazarse por una norma que habilite mayor precarización y competencia desleal. El debate recién comienza, pero la correlación de fuerzas anticipa que el oficialismo tendrá un camino complejo si pretende imponer su iniciativa.

La Cámara de Diputados reunió los dos tercios necesarios para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, desoyendo el veto del presidente Javier Milei. Con 174 votos afirmativos, la oposición alcanzó la mayoría especial de dos tercios y le propinó un nuevo revés al Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión social y presupuestaria.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, celebró el resultado y lo calificó como un “día histórico”. En un comunicado, el gremio remarcó que la decisión de los legisladores reflejó la voluntad popular expresada en la “marcha federal multitudinaria” en defensa de la educación pública realizada días atrás.

“El financiamiento universitario es clave no solo para garantizar el funcionamiento de las instituciones, que hoy atraviesan un ajuste inconmensurable, sino también para recomponer los salarios de sus trabajadores”, sostuvo la entidad.

Ricci, expresó que el triunfo en Diputados representa un paso fundamental, aunque advirtió que el proceso legislativo aún no terminó: “La lucha continúa. Ahora esperamos que el Senado insista con la Ley y rechace definitivamente el veto presidencial”.

El proyecto, impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), ya había sido aprobado por el Congreso, pero vetado por el Poder Ejecutivo. La decisión de Diputados no solo recompone las expectativas del sistema universitario, sino que también marca un quiebre en la agenda del Gobierno, que esta misma semana presentó el Presupuesto 2026 con fuertes recortes en educación y salud.

En paralelo, la ley de emergencia pediátrica también obtuvo la insistencia de la Cámara Baja, lo que extiende la pulseada política al Senado. Allí se definirá si los vetos de Milei son rechazados en forma definitiva, consolidando un triunfo opositor de amplio alcance.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados se transformó en un símbolo de resistencia frente al ajuste impulsado por Javier Milei. Para el movimiento universitario, la media sanción de insistencia no solo representa una conquista coyuntural, sino un respaldo social y político que trasciende las aulas. El Senado será el escenario decisivo, pero el mensaje ya quedó claro: la educación pública cuenta con una defensa activa que une a docentes, estudiantes y legisladores frente a los intentos de desfinanciarla.