El conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales volvió a escalar después de una nueva reunión paritaria sin acuerdo. El Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó la propuesta oficial y resolvió convocar a un paro nacional para el 18 y el 22 de septiembre, además de fijar 23 jornadas de protestas en distintos puntos del país y una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La decisión fue adoptada luego de que el Gobierno volviera a presentar una actualización salarial del 3%, oferta que las organizaciones gremiales ya habían rechazado. Para el Frente Sindical, ese porcentaje no responde al deterioro acumulado de los ingresos y tampoco contempla, según su interpretación, los alcances de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El artículo 5 de la Ley 27.795 establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas tomando como referencia la evolución del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de disponer que los aumentos sean remunerativos y bonificables.

Los gremios sostienen que, a partir de esa referencia y de una medida cautelar judicial, existe un retraso salarial del 33,4% y una deuda acumulada que estiman equivalente a unos cuatro salarios. Esas cifras corresponden al cálculo difundido por las organizaciones sindicales y forman parte de su argumentación para rechazar la propuesta oficial.

El nuevo cronograma tendrá alcance a nivel nacional. Las jornadas de lucha se extenderán durante las próximas semanas y buscarán mantener la discusión sobre salarios, financiamiento y funcionamiento de las universidades hasta la movilización prevista para octubre.

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, será la principal expresión colectiva del nuevo ciclo de medidas. El Frente Sindical vinculó la convocatoria con la defensa de salarios, becas estudiantiles, recursos para docencia, investigación y extensión y financiamiento de los hospitales universitarios.

En San Juan, los gremios docentes y no docentes de la UNSJ se suman al paro nacional previsto para el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

El Frente Sindical reúne a organizaciones docentes y no docentes como FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, que resolvieron sostener una acción conjunta frente a la falta de acuerdo en las negociaciones.

La disputa combina así dos planos que los gremios consideran inseparables: la recomposición de los ingresos del personal universitario y el financiamiento de las instituciones. Con dos nuevas jornadas de paro inmediatas, 23 días de movilización y una Marcha Federal ya fijada, la discusión salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda universitaria nacional.

La Quinta de Olivos quedó en el centro de una profunda reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que confirmó el despido de 12 trabajadores civiles y resolvió transferir a la Casa Militar el control integral de la residencia presidencial. Entre los desvinculados se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente del predio. ATE denunció cesantías sin explicaciones y anticipó posibles medidas de fuerza.

La modificación alcanza también a la estructura administrativa de Olivos. La Administración General de la Residencia Presidencial será disuelta y la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, asumirá las funciones de seguridad y administración. El traspaso de funciones y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La explicación pública del Ejecutivo se concentró en la necesidad de elevar los estándares de seguridad y eficiencia para la protección del Presidente y su entorno. El Gobierno vinculó además la decisión con la visita del papa León XIV a la Argentina y con el movimiento de personal externo que demandarán las obras y tareas de acondicionamiento relacionadas con ese acontecimiento.

Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por medios nacionales señalaron que las cesantías se produjeron luego de una investigación interna relacionada con presuntas filtraciones de información sobre las actividades del Presidente y de su círculo cercano. Esa explicación no fue incluida en los mismos términos en el comunicado oficial que anunció el nuevo esquema de seguridad.

Entre los empleados afectados hay personal de administración, cocina y jardinería. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, sostuvo que algunos trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas y no pudieron ingresar al predio, por lo que fueron enviados a sus domicilios a la espera de los telegramas de despido. También afirmó que no recibieron explicaciones sobre las razones de las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, inicialmente se había informado sobre diez bajas y posibles reubicaciones de otros empleados. La secretaria adjunta del gremio, María Eugenia Trigo, señaló que la reorganización podría alcanzar a un universo mayor de trabajadores civiles, aunque esa cifra no forma parte de la cantidad de despidos confirmada oficialmente.

El sindicato pasó a estado de alerta y anticipó la posibilidad de medidas de fuerza. Su reclamo apunta a revertir las cesantías y cuestiona que trabajadores con años de servicio hayan sido apartados sin una explicación individualizada sobre las razones de la decisión.

El nuevo esquema modifica de manera sustancial el funcionamiento de la residencia presidencial: la Casa Militar no sólo concentrará la custodia del jefe de Estado y su familia, sino que tendrá bajo su órbita la administración del predio. El Gobierno aclaró que ello no significa necesariamente que todas las tareas civiles serán ejecutadas por personal militar, sino que quienes trabajen en áreas vinculadas con el Presidente quedarán bajo esa estructura de conducción.

La reorganización deja abierto, además, el alcance final de la reducción del personal y las condiciones en que se concretarán las reubicaciones. Por ahora, el único número confirmado oficialmente es el de 12 despidos, mientras el traspaso a la Casa Militar deberá completarse durante los próximos dos meses.

Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.