La organización metalúrgica presentó un recurso extraordinario para dejar sin efecto la intervención por 180 días dictada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El gremio denunció afectación de la autonomía sindical, irregularidades procesales y un desconocimiento de los mecanismos internos previstos en su estatuto.

La disputa institucional que atraviesa a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM) ingresó en una nueva fase de alta tensión judicial. La conducción del sindicato presentó un recurso de reposición “in extremis” ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con el objetivo de revertir la intervención judicial por 180 días dispuesta la semana pasada y cuestionó con dureza la actuación de los magistrados que impulsaron la medida.

La presentación fue encabezada por Daniel Daporta, delegado administrador designado por el Consejo Directivo del gremio, órgano que sesionó el pasado 26 de mayo para adoptar una serie de resoluciones orientadas a encauzar la situación institucional de la organización en el marco de las facultades contempladas por el estatuto sindical.

En el escrito, la UOM solicitó que se declaren nulos los puntos centrales de la sentencia firmada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, particularmente aquellos vinculados con la intervención del sindicato y la designación de un interventor judicial.

La Institución sostuvo que el fallo incurre en una interpretación arbitraria al desconocer los mecanismos internos previstos en el estatuto gremial para resolver eventuales situaciones de acefalía o reordenamiento institucional. Según argumentó el sindicato, la Ley de Asociaciones Sindicales únicamente habilita la designación de funcionarios normalizadores cuando la entidad carece de herramientas estatutarias propias para resolver ese tipo de contingencias.

Desde la conducción metalúrgica remarcaron que los artículos 21 y 22 del estatuto facultan expresamente al Consejo Directivo Nacional para designar delegados administradores tanto en seccionales como en el propio Secretariado Nacional cuando las circunstancias así lo requieran.

Para la UOM, la sentencia omitió deliberadamente considerar esas disposiciones internas y avanzó sobre facultades propias de la organización sindical, configurando —según señalaron— un “error manifiesto” que justifica el planteo excepcional presentado ante la Cámara.

El gremio también enfatizó que el mecanismo estatutario ya se encuentra en funcionamiento. El Consejo Directivo Nacional, integrado por representantes de las seccionales de todo el país, aprobó la Resolución N.º 5/2026 mediante la cual designó delegados administradores para conducir el proceso de normalización institucional.

En ese contexto, la conducción metalúrgica sostiene que la intervención judicial carece de sustento jurídico debido a que el órgano competente del sindicato nunca fue desplazado ni intervenido formalmente, y continúa ejerciendo plenamente sus atribuciones estatutarias.

La ofensiva judicial de la UOM no se limitó únicamente al pedido de nulidad. El sindicato además presentó un planteo de inconstitucionalidad sobre lo actuado por la Cámara laboral y reclamó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para revisar el procedimiento llevado adelante por los magistrados cuestionados.

Dentro de los argumentos expuestos, la organización sindical afirmó que la resolución contradice jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de autonomía sindical.

Como antecedente central, el escrito cita el fallo “García” de 2023, donde el máximo tribunal sostuvo un criterio restrictivo respecto de las facultades estatales y judiciales para intervenir organizaciones gremiales, reafirmando la protección establecida por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La UOM también cuestionó la legitimidad procesal de la sentencia y denunció presuntas irregularidades vinculadas al trámite de recusaciones presentadas contra integrantes de la Sala VIII.

Según expuso el sindicato, al momento de dictarse el fallo todavía no se encontraba firme el rechazo de las recusaciones planteadas contra dos magistrados del tribunal, situación que —a criterio de la organización— afectó garantías elementales del debido proceso y del principio del juez natural.

En este sentido, la conducción dejó planteada la reserva del caso federal y anticipó que agotará todas las instancias recursivas disponibles para intentar revertir la intervención.

El conflicto adquiere una dimensión política y sindical de alto impacto dentro del movimiento obrero. La UOM no solo representa uno de los gremios industriales más influyentes del país, sino que además se convirtió en uno de los principales focos de resistencia contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Por eso, la decisión de la Cámara laboral y la posterior reacción del sindicato exceden el plano estrictamente jurídico. Detrás de la disputa subyace una discusión de fondo sobre los límites de la intervención judicial en la vida interna de las organizaciones sindicales, la autonomía gremial y el alcance de las reformas institucionales promovidas en el nuevo escenario político argentino.

Mientras la batalla judicial continúa escalando, la conducción metalúrgica apuesta a transformar el expediente en un caso testigo sobre la defensa de la autonomía sindical frente al avance de decisiones judiciales que considera incompatibles con la legislación vigente y con los principios históricos del derecho colectivo del trabajo.

El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtió sobre su eventual judicialización y denunció el deterioro de los salarios frente al avance del costo de vida. En diálogo con Mundo Laboral SJ, también analizó el impacto de la falta de homologación paritaria y describió el complejo panorama económico que atraviesan los trabajadores.

La demora en la reglamentación de la reforma laboral volvió a encender señales de incertidumbre dentro del movimiento sindical. Mientras el Gobierno nacional posterga definiciones clave sobre la implementación plena de la normativa, distintos sectores gremiales comienzan a advertir sobre las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podría generar su aplicación.

En este sentido, Menéndez, sostuvo que la ley aprobada por el Congreso “nació viciada de inconstitucionalidad” y anticipó que, una vez reglamentada, podría abrir un escenario de fuerte conflictividad judicial.

“La reforma fue diseñada para beneficiar exclusivamente a los grandes grupos empresarios. Hay artículos que inevitablemente van a terminar en amparos y cautelares porque lesionan derechos laborales históricos”, afirmó .

El dirigente consideró que la Casa Rosada demora deliberadamente la reglamentación debido a la fragilidad jurídica de varios puntos incluidos en la norma. “El Gobierno sabe que habrá una catarata de juicios. Por eso todavía no termina de avanzar”, remarcó.

La mirada sindical no se limita únicamente al plano jurídico. Menéndez también vinculó el debate laboral con la pérdida acelerada del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores desde el inicio de la actual gestión económica.

Según explicó, el deterioro salarial ya supera ampliamente el 30 por ciento en términos reales, producto de una inflación que —a su entender— no refleja el verdadero comportamiento de los precios en la economía cotidiana.

“Las estadísticas oficiales no coinciden con lo que vive cualquier familia cuando va al supermercado, a la carnicería o paga una boleta de servicios. El salario quedó muy retrasado frente a la suba real del costo de vida”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó las restricciones informales que, según denunció, el Ejecutivo impone sobre las negociaciones salariales mediante la demora en la homologación de acuerdos. “Hay gremios que alcanzan consensos con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo no los homologa porque pretende fijar aumentos por debajo de la inflación”, indicó.

Para el dirigente sindical, esa política termina profundizando el deterioro del ingreso de los asalariados y limita la capacidad de recuperación económica de los distintos sectores productivos.“La situación es cada vez más difícil para los trabajadores. No se trata solamente del salario; también hay incertidumbre sobre el empleo, cierres de pymes y caída del consumo”, aseveró.

Paritarias bajo presión e incertidumbre en el sector

Dentro de ese panorama, Menéndez confirmó que el gremio de estaciones de servicio ya inició conversaciones con cámaras empresarias de la región para discutir actualizaciones salariales correspondientes a los próximos meses.

El dirigente explicó que, pese al contexto adverso, existe una relación de diálogo madura con el sector empresario local, particularmente en la región de Cuyo, donde históricamente predominó una convivencia negociadora menos confrontativa que en otros puntos del país.

“Las cámaras conocen perfectamente la realidad económica porque también forman parte de ella. Saben cuánto aumentaron los alimentos, los servicios y el costo operativo diario”, expresó.

No obstante, reconoció que el escenario nacional condiciona cualquier discusión salarial de fondo, especialmente por la falta de previsibilidad macroeconómica y la intervención oficial sobre las homologaciones.

Aun así, destacó que el sector mantiene cierto dinamismo económico en San Juan y valoró las inversiones privadas que continúan generando empleo en medio de un presente complejo.

Mencionó, entre otros proyectos, nuevas estaciones de servicio en construcción y ampliaciones vinculadas al desarrollo del GNC, un rubro que comienza a expandirse nuevamente por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

“Que empresarios sigan invirtiendo y generando puestos de trabajo en este contexto es una señal importante. Son decisiones que ayudan a sostener actividad y empleo”, afirmó.

Una reforma cuestionada desde múltiples frentes

Las críticas de Menéndez se suman a las manifestaciones de rechazo que distintos gremios vienen expresando desde la aprobación parlamentaria de la reforma laboral. El eje principal de las objeciones gira alrededor de la flexibilización de condiciones de contratación, los cambios en materia indemnizatoria y las nuevas modalidades de negociación laboral.

Para el sindicalismo, el proyecto no apunta a generar empleo genuino sino a reducir costos laborales y debilitar la capacidad de organización de los trabajadores.

“Todo está pensado para darle mayor libertad al empleador a la hora de despedir o precarizar condiciones laborales”, sostuvo el dirigente sanjuanino.

Además, cuestionó el discurso oficial sobre la desaceleración inflacionaria y aseguró que la economía real continúa mostrando aumentos sostenidos en bienes esenciales.

“El trabajador percibe otra realidad completamente distinta a la que muestran los números oficiales. Esa diferencia termina golpeando directamente en la mesa familiar”, planteó.

Desde San Juan, Víctor Menéndez sintetizó esa inquietud con una advertencia que atraviesa hoy buena parte del universo sindical: “No se puede construir estabilidad económica debilitando a los trabajadores. Cuando el salario pierde poder adquisitivo, se resiente el consumo, la producción y toda la economía”.

La discusión sobre la reforma laboral, lejos de agotarse en el Congreso, parece haber ingresado en una nueva etapa donde la conflictividad judicial, la presión gremial y la presión social comenzarán a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

Con una amplia convocatoria sindical y respaldo político, la Unión Obrera Metalúrgica realizó en San Juan un abrazo simbólico en defensa de la conducción nacional del gremio. En diálogo con Mundo Laboral SJ, el secretario adjunto Rubén Ortiz calificó la intervención judicial como “arbitraria y maliciosa”, advirtió sobre sus consecuencias en las negociaciones salariales y sostuvo que detrás del fallo existe un intento de disciplinamiento contra el movimiento obrero organizado.

La intervención judicial de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica volvió a colocar al movimiento sindical en estado de alerta. En San Juan, la reacción no tardó en materializarse: dirigentes gremiales, organizaciones sociales y referentes políticos participaron de un abrazo simbólico frente a la sede local del sindicato, en una demostración de respaldo a la conducción encabezada a nivel nacional por Abel Furlán.

La movilización se realizó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo dispusiera la intervención del gremio y anulara el proceso electoral que había ratificado a Furlán al frente de la organización metalúrgica. El fallo, que generó un fuerte rechazo en distintos sectores sindicales, fue interpretado por la dirigencia como parte de una avanzada política y judicial contra las estructuras gremiales.

En ese contexto, el secretario adjunto de la UOM San Juan, Rubén Ortiz, sostuvo que la resolución judicial “busca debilitar a los sindicatos y condicionar la capacidad de defensa de los trabajadores”.

La actividad realizada en la capital sanjuanina exhibió una postal poco habitual en tiempos de fragmentación sindical:gremios de distintos espacios, centrales obreras y organizaciones sociales confluyeron en una misma convocatoria.

Ortiz destacó la presencia de referentes de la CGT, las CTA, organizaciones territoriales y dirigentes políticos provinciales, entre ellos el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja, quien participó de la actividad “como un vecino y compañero”, según relató el dirigente metalúrgico.

“La respuesta fue muy importante. Esto no afecta solamente a la UOM, sino al conjunto del movimiento obrero”, afirmó Ortiz.

La lectura compartida entre los asistentes apuntó a un diagnóstico común: la intervención judicial no constituye un episodio aislado, sino parte de un escenario más amplio de confrontación entre el Gobierno, sectores del Poder Judicial y las organizaciones sindicales.

“Quieren sindicatos débiles”

El núcleo del rechazo gremial se centra en lo que consideran una intromisión directa sobre la autonomía sindical. Para la conducción sanjuanina de la UOM, la intervención vulnera principios básicos de representación democrática dentro de las organizaciones obreras.

Ortiz fue contundente al describir el fallo: “Es una decisión insólita, arbitraria y maliciosa. La vida interna de los sindicatos debe resolverla exclusivamente el voto de los trabajadores”.
El dirigente remarcó además que la resolución judicial fue firmada por magistrados que previamente habían tenido intervención en causas vinculadas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, lo que alimentó las sospechas de una articulación política detrás de la medida. “Son jueces abiertamente antisindicales. Esto forma parte de una maniobra de disciplinamiento”, señaló.

El impacto sobre las paritarias

Más allá de la dimensión política, la intervención abre interrogantes concretos sobre el funcionamiento cotidiano del gremio y las negociaciones salariales en curso.
Ortiz advirtió que la situación afecta directamente la capacidad de discusión paritaria de la organización, debido a que las negociaciones salariales de la actividad metalúrgica se desarrollan a nivel nacional.

“Hoy tenemos una incertidumbre enorme. Hay seis meses en los que no podríamos discutir paritarias normales, salvo acuerdos parciales con empresas a cuenta de futuros aumentos”, explicó.

La preocupación no es menor en un sector golpeado por la caída del poder adquisitivo y la desaceleración industrial. En ese sentido, la posibilidad de paralizar las discusiones salariales genera inquietud entre trabajadores y delegados de base.

La reacción sindical y las próximas medidas

Mientras la conducción nacional prepara la apelación judicial contra el fallo, las seccionales del interior aguardan definiciones sobre el plan de acción que seguirá el gremio en las próximas semanas.

Ortiz confirmó que el secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, viajó a Buenos Aires para participar de reuniones con la conducción nacional y recibir directivas sobre los pasos a seguir.

La organización no descarta avanzar con medidas gremiales y profundizar la conflictividad sindical si la intervención no es revertida.

Aun así, el dirigente dejó en claro que la legitimidad de Furlán continúa intacta para la estructura sindical metalúrgica. Recordó que el actual secretario general obtuvo un respaldo contundente en las elecciones internas, tanto en Campana como a nivel nacional.

“Nosotros reconocemos a Abel Furlán como el secretario general legítimo de todos los metalúrgicos del país. Fue elegido democráticamente por los trabajadores y eso no puede desconocerse”, sostuvo.

El abrazo simbólico realizado en San Juan dejó algo más que una imagen de solidaridad sindical. Expuso, en realidad, la profundidad de un conflicto que combina disputa judicial, tensión política y pelea por el control de las relaciones laborales.

Mientras la UOM prepara su estrategia legal y gremial, el movimiento obrero observa con preocupación un presente donde las decisiones de los tribunales comienzan a incidir directamente sobre la vida interna de las organizaciones sindicales.

La discusión ya no pasa únicamente por la continuidad de una conducción. Lo que emerge detrás de este episodio es una puja más amplia sobre el futuro del sindicalismo, el alcance de las paritarias y el lugar que ocuparán los trabajadores organizados en la nueva arquitectura laboral que intenta imponerse en el país.