La reciente promoción por parte del presidente Javier Milei de la criptomoneda $Libra ha desencadenado una serie de reacciones y cuestionamientos, especialmente de la CGT, que denunció una «grave irresponsabilidad institucional». En un contexto donde el fenómeno de las criptomonedas sigue siendo un terreno incierto para muchos, la implicancia de este episodio podría ir más allá de un simple error de comunicación.

En la última semana, el mandatario argentino Javier Milei se vio envuelto en una controversia tras la promoción de una criptomoneda, $Libra, en sus redes sociales. Un activo digital que fue inicialmente presentado como una herramienta prometedora para incentivar el crecimiento económico de la Argentina.

Sin embargo, la realidad de este supuesto «instrumento de desarrollo» pronto se reveló como una de las estafas más sonadas en el ámbito de las criptomonedas. Especialistas del sector, tanto locales como internacionales, no tardaron en calificar a $Libra como una «shitcoin», un término despectivo utilizado para describir criptomonedas sin valor o sustancia alguna, diseñadas solo para el enriquecimiento de unos pocos. Los informes iniciales revelaron que el activo digital no contaba con el respaldo adecuado, y resultó ser una maniobra financiera que dejó a miles de inversores en la ruina.

La CGT no tardó en manifestarse, acusando al presidente de «grave irresponsabilidad institucional», al considerar que el respaldo de Milei a una criptomoneda que rápidamente se transformó en una estafa pone en riesgo la confianza de los ciudadanos, especialmente en un país que atraviesa una crisis económica constante.

El comunicado de la central sindical enfatizó que, aunque el presidente pidió disculpas públicamente tras el escándalo, estas disculpas no son suficientes para el nivel de impacto económico y político que este incidente podría acarrear. El respaldo de una figura de su jerarquía a una inversión tan cuestionable pone en evidencia una falta de rigor y responsabilidad institucional, más aún en un contexto donde la economía argentina se encuentra en una encrucijada peligrosa. La crítica de la CGT va más allá de la simple gestión del error, buscando un análisis exhaustivo sobre los motivos que llevaron a Milei a difundir y apoyar la criptomoneda en primer lugar.

La CGT exige, por tanto, un «esclarecimiento total» sobre los hechos, considerando que la acción de promover una criptomoneda sin un sustento real, especialmente por parte del presidente, podría generar efectos económicos nocivos a largo plazo, minando la confianza tanto de los inversores nacionales como internacionales. La reacción sindical no solo hace hincapié en la implicancia ética de respaldar una moneda sin valor, sino también en los posibles efectos sobre la política económica de un gobierno que ya se enfrenta a una situación compleja.

Este episodio no puede ser analizado únicamente como un tropiezo en la comunicación de un mandatario. La involucración de una figura de tan alto perfil en la promoción de una criptomoneda, que rápidamente pasó de ser una promesa de crecimiento económico a una estafa multimillonaria, refleja una serie de falencias dentro de la gestión política del presidente Javier Milei. En primer lugar, la falta de asesoramiento adecuado o de un filtro riguroso que verifique la viabilidad y legalidad de los proyectos que se promueven desde el Ejecutivo es alarmante. Por otro lado, el impacto que este episodio podría tener en la credibilidad del presidente y, por extensión, en la confianza del mercado en su capacidad para gestionar políticas económicas serias y coherentes, es un riesgo considerable.

En un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad, el sector bancario logró un acuerdo salarial que busca garantizar la estabilidad económica de los trabajadores. Este pacto, fruto de las negociaciones entre el gremio bancario y las cámaras empresarias, establece un aumento salarial del 2,2% para enero, en línea con el IPC difundido por el INDEC.

Este incremento, que se reflejará en los sueldos de febrero, se aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta suba, el salario mínimo para trabajadores bancarios asciende a 1.605.028,28 pesos, sumado 79.744,94 por Participación Ganancias (ROE), lo cual determina un monto total de 1.684.773,23 pesos. La actualización correspondiente a enero se pagará junto a los salarios de febrero.

Además, se confirmó que las negociaciones continuarán en el mes de marzo, cuando las partes se reúnan nuevamente para evaluar otras actualizaciones salariales y decidir si mantienen este esquema de ajustes vinculados a la inflación. Este mecanismo de actualización, acordado en octubre pasado, ha estado vigente desde entonces, con aumentos mensuales que se ajustan a los índices de inflación registrados.

Más de 36 sindicatos de la CGT y la CTA denuncian que los números del IPC no coinciden con el impacto en los bolsillos de los trabajadores y exigen una actualización de la metodología de medición.

La inflación oficial es un punto que ha despertado una gran polémica en los últimos meses. Los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) han sido cuestionados por diferentes actores de la política y la economía. Ahora, 36 sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se suman a la crítica, denunciando que los números oficiales no reflejan la realidad.

Según los gremios, el 2,2% de inflación en enero y su acumulado anual difundido por el gobierno nacional tienen un desfasaje cercano al 15% respecto de los salarios reales. Esto significa que la inflación oficial no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontan los trabajadores todos los meses.

La declaración gremial asegura que los números de la inflación del gobierno nacional, «no refleja lo que afrontamos mes a mes» y que «los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos». Por ello, los gremios exigen una actualización de la metodología de medición del IPC, ya que «hace muchos años que no se realiza una modificación integral».

También sostuvieron que ese “método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50 por ciento en los últimos años”, e indica que esa pérdida apenas fue mitigada por las paritarias. Los sindicatos aseguran que la contracara del índice de inflación oficial mensual e interanual es que “la mayoría de los trabajadores/as cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, que en la actualidad es de 297 mil pesos y que es menos de un tercio de lo que una familia tipo necesita para no ser pobre.

Para cubrir los gastos mínimos que a finales de 2024 necesita una familia para vivir, un trabajador “debía percibir un ingreso bruto mínimo de 1.900.000 pesos mensuales”, puntualizó el comunicado que, además, calificó de “dibujo” a los números oficiales.