La organización metalúrgica presentó un recurso extraordinario para dejar sin efecto la intervención por 180 días dictada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El gremio denunció afectación de la autonomía sindical, irregularidades procesales y un desconocimiento de los mecanismos internos previstos en su estatuto.

La disputa institucional que atraviesa a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM) ingresó en una nueva fase de alta tensión judicial. La conducción del sindicato presentó un recurso de reposición “in extremis” ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con el objetivo de revertir la intervención judicial por 180 días dispuesta la semana pasada y cuestionó con dureza la actuación de los magistrados que impulsaron la medida.

La presentación fue encabezada por Daniel Daporta, delegado administrador designado por el Consejo Directivo del gremio, órgano que sesionó el pasado 26 de mayo para adoptar una serie de resoluciones orientadas a encauzar la situación institucional de la organización en el marco de las facultades contempladas por el estatuto sindical.

En el escrito, la UOM solicitó que se declaren nulos los puntos centrales de la sentencia firmada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, particularmente aquellos vinculados con la intervención del sindicato y la designación de un interventor judicial.

La Institución sostuvo que el fallo incurre en una interpretación arbitraria al desconocer los mecanismos internos previstos en el estatuto gremial para resolver eventuales situaciones de acefalía o reordenamiento institucional. Según argumentó el sindicato, la Ley de Asociaciones Sindicales únicamente habilita la designación de funcionarios normalizadores cuando la entidad carece de herramientas estatutarias propias para resolver ese tipo de contingencias.

Desde la conducción metalúrgica remarcaron que los artículos 21 y 22 del estatuto facultan expresamente al Consejo Directivo Nacional para designar delegados administradores tanto en seccionales como en el propio Secretariado Nacional cuando las circunstancias así lo requieran.

Para la UOM, la sentencia omitió deliberadamente considerar esas disposiciones internas y avanzó sobre facultades propias de la organización sindical, configurando —según señalaron— un “error manifiesto” que justifica el planteo excepcional presentado ante la Cámara.

El gremio también enfatizó que el mecanismo estatutario ya se encuentra en funcionamiento. El Consejo Directivo Nacional, integrado por representantes de las seccionales de todo el país, aprobó la Resolución N.º 5/2026 mediante la cual designó delegados administradores para conducir el proceso de normalización institucional.

En ese contexto, la conducción metalúrgica sostiene que la intervención judicial carece de sustento jurídico debido a que el órgano competente del sindicato nunca fue desplazado ni intervenido formalmente, y continúa ejerciendo plenamente sus atribuciones estatutarias.

La ofensiva judicial de la UOM no se limitó únicamente al pedido de nulidad. El sindicato además presentó un planteo de inconstitucionalidad sobre lo actuado por la Cámara laboral y reclamó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para revisar el procedimiento llevado adelante por los magistrados cuestionados.

Dentro de los argumentos expuestos, la organización sindical afirmó que la resolución contradice jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de autonomía sindical.

Como antecedente central, el escrito cita el fallo “García” de 2023, donde el máximo tribunal sostuvo un criterio restrictivo respecto de las facultades estatales y judiciales para intervenir organizaciones gremiales, reafirmando la protección establecida por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La UOM también cuestionó la legitimidad procesal de la sentencia y denunció presuntas irregularidades vinculadas al trámite de recusaciones presentadas contra integrantes de la Sala VIII.

Según expuso el sindicato, al momento de dictarse el fallo todavía no se encontraba firme el rechazo de las recusaciones planteadas contra dos magistrados del tribunal, situación que —a criterio de la organización— afectó garantías elementales del debido proceso y del principio del juez natural.

En este sentido, la conducción dejó planteada la reserva del caso federal y anticipó que agotará todas las instancias recursivas disponibles para intentar revertir la intervención.

El conflicto adquiere una dimensión política y sindical de alto impacto dentro del movimiento obrero. La UOM no solo representa uno de los gremios industriales más influyentes del país, sino que además se convirtió en uno de los principales focos de resistencia contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Por eso, la decisión de la Cámara laboral y la posterior reacción del sindicato exceden el plano estrictamente jurídico. Detrás de la disputa subyace una discusión de fondo sobre los límites de la intervención judicial en la vida interna de las organizaciones sindicales, la autonomía gremial y el alcance de las reformas institucionales promovidas en el nuevo escenario político argentino.

Mientras la batalla judicial continúa escalando, la conducción metalúrgica apuesta a transformar el expediente en un caso testigo sobre la defensa de la autonomía sindical frente al avance de decisiones judiciales que considera incompatibles con la legislación vigente y con los principios históricos del derecho colectivo del trabajo.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) para el segundo tramo de la negociación paritaria correspondiente al período abril 2026-marzo 2027. El entendimiento contempla incrementos escalonados, pagos extraordinarios y nuevos aportes destinados al sostenimiento de la actividad gremial y de la obra social.

El convenio, rubricado el pasado 19 de mayo, tendrá vigencia hasta el 31 de agosto y establece una actualización acumulativa del 6,1% sobre los salarios básicos del sector. Las partes volverán a reunirse el próximo 20 de julio para discutir la pauta salarial que comenzará a regir desde septiembre.

El esquema acordado prevé una suba del 2,1% para junio calculada sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo, incorporando además la absorción parcial de la suma no remunerativa abonada durante ese mes. En julio se aplicará un incremento adicional del 2% sobre los haberes actualizados de junio, mientras que en agosto se añadirá otro 1,9% sobre las escalas vigentes al 31 de julio, junto con la absorción correspondiente de los pagos extraordinarios liquidados previamente.

A su vez, el acta salarial contempla sumas fijas no remunerativas diferenciadas según las categorías laborales, cuyos montos oscilan entre $50.000 y $72.900. Estos adicionales serán abonados en dos cuotas quincenales y estarán sujetos a aportes y contribuciones destinados a la obra social del sector.

El acuerdo también ratificó la continuidad de mecanismos de financiamiento sindical y empresarial vinculados a la actividad. En ese marco, los empleadores deberán retener un aporte solidario equivalente al 2% mensual de los salarios sujetos a aportes legales durante junio, julio y agosto. Ese fondo será destinado al sostenimiento de la negociación colectiva, acción social y funcionamiento de equipos técnicos y gremiales de la organización sindical. Los trabajadores afiliados a UOCRA quedarán exceptuados de esa retención debido a que el aporte se encuentra absorbido por la cuota sindical.

Simultaneamente, las empresas deberán efectuar una contribución patronal adicional del 2% mensual calculada sobre las remuneraciones alcanzadas por aportes previsionales, medida que también regirá durante el segundo tramo del entendimiento salarial.

Aunque el entendimiento todavía aguarda la homologación formal por parte de la Secretaría de Trabajo, desde el ámbito gremial consideran que la actualización permitirá sostener parcialmente los ingresos frente al persistente encarecimiento del costo de vida y la presión inflacionaria que continúa afectando a los salarios registrados.

El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtió sobre su eventual judicialización y denunció el deterioro de los salarios frente al avance del costo de vida. En diálogo con Mundo Laboral SJ, también analizó el impacto de la falta de homologación paritaria y describió el complejo panorama económico que atraviesan los trabajadores.

La demora en la reglamentación de la reforma laboral volvió a encender señales de incertidumbre dentro del movimiento sindical. Mientras el Gobierno nacional posterga definiciones clave sobre la implementación plena de la normativa, distintos sectores gremiales comienzan a advertir sobre las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podría generar su aplicación.

En este sentido, Menéndez, sostuvo que la ley aprobada por el Congreso “nació viciada de inconstitucionalidad” y anticipó que, una vez reglamentada, podría abrir un escenario de fuerte conflictividad judicial.

“La reforma fue diseñada para beneficiar exclusivamente a los grandes grupos empresarios. Hay artículos que inevitablemente van a terminar en amparos y cautelares porque lesionan derechos laborales históricos”, afirmó .

El dirigente consideró que la Casa Rosada demora deliberadamente la reglamentación debido a la fragilidad jurídica de varios puntos incluidos en la norma. “El Gobierno sabe que habrá una catarata de juicios. Por eso todavía no termina de avanzar”, remarcó.

La mirada sindical no se limita únicamente al plano jurídico. Menéndez también vinculó el debate laboral con la pérdida acelerada del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores desde el inicio de la actual gestión económica.

Según explicó, el deterioro salarial ya supera ampliamente el 30 por ciento en términos reales, producto de una inflación que —a su entender— no refleja el verdadero comportamiento de los precios en la economía cotidiana.

“Las estadísticas oficiales no coinciden con lo que vive cualquier familia cuando va al supermercado, a la carnicería o paga una boleta de servicios. El salario quedó muy retrasado frente a la suba real del costo de vida”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó las restricciones informales que, según denunció, el Ejecutivo impone sobre las negociaciones salariales mediante la demora en la homologación de acuerdos. “Hay gremios que alcanzan consensos con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo no los homologa porque pretende fijar aumentos por debajo de la inflación”, indicó.

Para el dirigente sindical, esa política termina profundizando el deterioro del ingreso de los asalariados y limita la capacidad de recuperación económica de los distintos sectores productivos.“La situación es cada vez más difícil para los trabajadores. No se trata solamente del salario; también hay incertidumbre sobre el empleo, cierres de pymes y caída del consumo”, aseveró.

Paritarias bajo presión e incertidumbre en el sector

Dentro de ese panorama, Menéndez confirmó que el gremio de estaciones de servicio ya inició conversaciones con cámaras empresarias de la región para discutir actualizaciones salariales correspondientes a los próximos meses.

El dirigente explicó que, pese al contexto adverso, existe una relación de diálogo madura con el sector empresario local, particularmente en la región de Cuyo, donde históricamente predominó una convivencia negociadora menos confrontativa que en otros puntos del país.

“Las cámaras conocen perfectamente la realidad económica porque también forman parte de ella. Saben cuánto aumentaron los alimentos, los servicios y el costo operativo diario”, expresó.

No obstante, reconoció que el escenario nacional condiciona cualquier discusión salarial de fondo, especialmente por la falta de previsibilidad macroeconómica y la intervención oficial sobre las homologaciones.

Aun así, destacó que el sector mantiene cierto dinamismo económico en San Juan y valoró las inversiones privadas que continúan generando empleo en medio de un presente complejo.

Mencionó, entre otros proyectos, nuevas estaciones de servicio en construcción y ampliaciones vinculadas al desarrollo del GNC, un rubro que comienza a expandirse nuevamente por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

“Que empresarios sigan invirtiendo y generando puestos de trabajo en este contexto es una señal importante. Son decisiones que ayudan a sostener actividad y empleo”, afirmó.

Una reforma cuestionada desde múltiples frentes

Las críticas de Menéndez se suman a las manifestaciones de rechazo que distintos gremios vienen expresando desde la aprobación parlamentaria de la reforma laboral. El eje principal de las objeciones gira alrededor de la flexibilización de condiciones de contratación, los cambios en materia indemnizatoria y las nuevas modalidades de negociación laboral.

Para el sindicalismo, el proyecto no apunta a generar empleo genuino sino a reducir costos laborales y debilitar la capacidad de organización de los trabajadores.

“Todo está pensado para darle mayor libertad al empleador a la hora de despedir o precarizar condiciones laborales”, sostuvo el dirigente sanjuanino.

Además, cuestionó el discurso oficial sobre la desaceleración inflacionaria y aseguró que la economía real continúa mostrando aumentos sostenidos en bienes esenciales.

“El trabajador percibe otra realidad completamente distinta a la que muestran los números oficiales. Esa diferencia termina golpeando directamente en la mesa familiar”, planteó.

Desde San Juan, Víctor Menéndez sintetizó esa inquietud con una advertencia que atraviesa hoy buena parte del universo sindical: “No se puede construir estabilidad económica debilitando a los trabajadores. Cuando el salario pierde poder adquisitivo, se resiente el consumo, la producción y toda la economía”.

La discusión sobre la reforma laboral, lejos de agotarse en el Congreso, parece haber ingresado en una nueva etapa donde la conflictividad judicial, la presión gremial y la presión social comenzarán a ocupar un lugar central en la agenda nacional.