La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud anunció una jornada federal de protesta para este miércoles, con paro y movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes millonarios, faltantes de medicamentos, debilitamiento de programas esenciales y un retroceso creciente en el acceso a la atención sanitaria.

La conflictividad en el sistema sanitario nacional sumará este miércoles 20 de mayo un nuevo episodio de fuerte voltaje político y social. Gremios, profesionales y organizaciones vinculadas a la salud pública realizarán una jornada federal de lucha para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre hospitales, programas de asistencia, cobertura de medicamentos y políticas de prevención.

La protesta fue convocada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud bajo la consigna “La salud no puede esperar” e incluirá un paro nacional, movilizaciones en distintas provincias y una marcha central hacia Plaza de Mayo. La concentración comenzará a las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, desde donde las columnas avanzarán hacia la Casa Rosada.

Desde el sector sanitario advierten que el deterioro dejó de percibirse únicamente en términos administrativos o presupuestarios y ya empieza a expresarse de manera directa en la atención cotidiana. La reducción de partidas para medicamentos, la discontinuidad de programas y las dificultades para sostener prestaciones básicas configuran un cuadro que sindicatos y entidades médicas describen como “crítico”.

Durante la presentación de la medida de fuerza, referentes de FESINTRAS denunciaron que el Gobierno “avanza en la destrucción de la salud como derecho” mediante recortes que afectan áreas sensibles del sistema público. Entre las principales objeciones aparecen la reducción en la entrega de vacunas, el debilitamiento del PAMI, el ajuste sobre programas nacionales y las limitaciones crecientes para acceder a tratamientos de alto costo.

Uno de los puntos más cuestionados es la situación del programa Remediar, históricamente destinado a garantizar medicamentos esenciales en centros de atención primaria. Desde el Foro por el Derecho a la Salud alertaron sobre el desfinanciamiento y la interrupción de herramientas que permitían sostener cobertura gratuita para miles de pacientes en todo el país.

La protesta también buscará mostrar el impacto del recorte presupuestario aplicado sobre el área sanitaria. Según denunciaron las organizaciones gremiales, el Gobierno redujo en 63 mil millones de pesos las partidas destinadas al sistema de salud, con un fuerte impacto sobre programas de acceso a medicamentos e insumos médicos. Parte de esos recursos financiaban el Banco de Drogas Oncológicas, la asistencia a pacientes trasplantados y la provisión de tratamientos otorgados por vía judicial.

Lejos de tratarse de un recorte aislado, los trabajadores sostienen que la poda presupuestaria se profundizó a lo largo de los últimos meses. De acuerdo con datos oficiales citados por las entidades sindicales, el Ministerio de Salud acumula una reducción superior a los 741 mil millones de pesos respecto de las partidas originalmente previstas para 2026.

El malestar también alcanza a otros segmentos sensibles del sistema sanitario. Las organizaciones denunciaron el “desguace” del Programa Nacional de Inmunizaciones, las restricciones en políticas de salud mental, los problemas de financiamiento en discapacidad y las deudas acumuladas con prestadores y profesionales.

En este sentido, el conflicto vuelve a exponer una preocupación que crece dentro del sector: la sobrecarga sobre hospitales públicos ante la pérdida de cobertura de miles de familias. Según advirtieron desde el Foro por el Derecho a la Salud, cada vez más pacientes dependen exclusivamente del sistema estatal mientras se reducen recursos, personal e infraestructura.

“El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, sostuvo Manuel Fonseca, uno de los referentes de la organización convocante, al advertir sobre el impacto social de las medidas económicas aplicadas sobre el área sanitaria.

La jornada de protesta de este miércoles buscará además instalar el debate sanitario en el centro de la discusión pública en un presente de fuerte presión sobre el gasto estatal. Mientras el Gobierno defiende el recorte como parte de su programa de equilibrio fiscal, gremios y profesionales sostienen que el deterioro de la salud pública ya atraviesa un límite delicado y amenaza con profundizar desigualdades en el acceso a la atención médica en todo el país.

La política de infraestructura escolar volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno provincial. En un presente marcado por el retiro del financiamiento nacional para obras educativas, San Juan decidió sostener con recursos propios la construcción de nuevos establecimientos destinados a ampliar el acceso a la educación pública y acompañar el crecimiento demográfico de distintos departamentos.

En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la inauguración de la nueva Escuela Primaria y de la ENI N° 90 del Barrio 7 de Septiembre, en el departamento Chimbas. Las obras forman parte de un programa que contempla ocho nuevos edificios escolares entre 2024 y 2026, distribuidos en Capital, Sarmiento, Pocito, Caucete, 25 de Mayo, Ullum y el propio Chimbas.

Durante el acto, el mandatario provincial puso el foco en el valor estructural de la educación pública y en la necesidad de sostener políticas de largo plazo aun en tiempos de dificultades económicas.

“La educación es fundamental y requiere infraestructura, servicios y docentes comprometidos. En San Juan pensamos en las generaciones futuras y trabajamos para resolver los problemas, incluso en tiempos difíciles”, sostuvo Orrego. Además, vinculó la inauguración con su propia experiencia personal y remarcó el papel de la escuela pública como herramienta de movilidad social y construcción de oportunidades.

La actividad contó también con la presencia de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, además de autoridades escolares y funcionarios provinciales.

La nueva ENI N° 90 fue ejecutada íntegramente con financiamiento provincial y busca ampliar la cobertura educativa para la primera infancia en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional del departamento. El edificio cuenta con tres salas completamente equipadas, sanitarios adaptados, SUM-ludoteca, cocina, patios recreativos y espacios de juego especialmente diseñados para niños y niñas. Además, incorpora sistemas de climatización y medidas de seguridad orientadas a garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

En paralelo, la nueva escuela primaria fue concebida para absorber la demanda educativa actual y futura del sector. El establecimiento posee casi mil metros cuadrados cubiertos e incluye aulas equipadas, laboratorio, SUM, áreas administrativas, playón deportivo y espacios recreativos. También dispone de red contra incendios, aire acondicionado y equipamiento industrial para cocina, en línea con los estándares de infraestructura escolar que busca consolidar la provincia.
Más allá de la inauguración puntual, la obra se inscribe dentro de una estrategia política que intenta sostener la inversión pública en educación como uno de los ejes de gestión. En la Casa de Gobierno consideran que el crecimiento urbano y la expansión demográfica de varios departamentos obligan a acelerar la construcción de escuelas y jardines para evitar problemas de sobrepoblación y déficit de vacantes en los próximos años.

Con este nuevo complejo educativo en el Barrio 7 de Septiembre, la administración provincial busca enviar además una señal política en medio del ajuste nacional sobre la obra pública: mantener activa la inversión en infraestructura social y reforzar la presencia del Estado en áreas sensibles como educación, salud y servicios básicos.

La inauguración en Chimbas no solo amplía la capacidad educativa de la zona, sino que también consolida una línea de gestión que apuesta a sostener la obra pública con financiamiento provincial, aun en un contexto económico adverso y con fuertes restricciones presupuestarias a nivel nacional.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, lanzó un duro diagnóstico sobre la crisis industrial, cuestionó las restricciones salariales y reclamó una reacción más firme del movimiento obrero frente al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

La tirantez dentro del sindicalismo volvió a escalar con fuerza tras las declaraciones de Abel Furlán, quien reclamó avanzar hacia un paro general y cuestionó la respuesta de la dirigencia gremial frente al deterioro económico y social. El titular de la UOM sostuvo que la crisis industrial alcanzó un punto “dramático y agobiante” y advirtió que el modelo económico impulsado por el Gobierno está provocando una destrucción acelerada del entramado productivo nacional.

El dirigente metalúrgico formuló sus críticas en medio de una situación marcada por cierres de empresas, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo. Según afirmó, durante la actual gestión ya cerraron 25.000 empresas y la actividad metalúrgica perdió alrededor de 24.000 puestos de trabajo registrados.

“No son trabajadores cualquiera. Son trabajadores calificados, con oficio, con formación. Eso es lo que están destruyendo”, sostuvo Furlán en declaraciones radiales, al describir el impacto que atraviesa uno de los sectores históricamente más ligados a la industria nacional.

Las declaraciones también dejaron al descubierto el conflicto latente dentro de sectores sindicales que reclaman una postura más confrontativa de la CGT frente a las políticas económicas oficiales. En ese marco, Furlán insistió en que el movimiento obrero debe abandonar una posición defensiva y avanzar hacia medidas de mayor contundencia.

“¿Qué más tiene que pasar para convocar a un paro general?”, lanzó el dirigente, en una frase que rápidamente empezó a resonar dentro del universo gremial.

El secretario general de la UOM vinculó la crisis industrial con la apertura económica y cuestionó la política comercial del oficialismo. A su entender, el esquema impulsado por la administración libertaria reproduce experiencias anteriores que terminaron debilitando la producción nacional.

“Están haciendo el mismo cuento de la reconversión que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri”, afirmó, al advertir sobre las consecuencias de una economía más abierta sobre las pequeñas y medianas empresas industriales.

Furlán sostuvo además que, sin un cambio profundo de orientación económica y una recomposición urgente de ingresos, será imposible sostener el aparato productivo. “Si no hay un cambio drástico de política y un aumento salarial urgente para los trabajadores, no habrá posibilidad de mantener el entramado industrial ni de construir un círculo virtuoso para la economía”, planteó.

Uno de los puntos más duros de su intervención estuvo dirigido al esquema de negociación salarial. El dirigente denunció fuertes limitaciones para discutir paritarias y aseguró que las pautas salariales impulsadas desde el Gobierno quedaron completamente desacopladas de la inflación real que enfrentan los trabajadores.

“No se pueden seguir sosteniendo salarios que apenas alcanzan para cubrir diez días de comida”, afirmó.

También cuestionó el rol de la Secretaría de Trabajo y denunció presiones para aceptar acuerdos por debajo de la evolución de precios. Según sostuvo, las negociaciones salariales se desarrollan bajo parámetros que “no tienen nada que ver con la realidad de la góndola y los servicios”.

En este aspecto, Furlán endureció su discurso político y llamó al sindicalismo a recuperar capacidad de movilización. “Hay que salir a luchar, pelear y plantarse”, expresó, al reclamar una reacción más activa frente al ajuste, el deterioro de las obras sociales y la pérdida de derechos laborales.

Las declaraciones del dirigente metalúrgico se producen además en un momento de progresivo debate interno dentro del movimiento obrero sobre la estrategia frente al Gobierno. Mientras algunos sectores privilegian mantener canales de negociación abiertos, otros empiezan a reclamar medidas de fuerza más amplias ante el agravamiento de la situación económica.

En este conntexto, Furlán dejó planteado un interrogante que atraviesa a buena parte del sindicalismo: hasta dónde puede sostenerse la pasividad gremial en un escenario de caída salarial, retroceso industrial y conflictividad social que avanza día a día.

“El salario no alcanza, no te dejan discutir paritarias, las obras sociales están explotadas y están destruyendo el sistema de salud”, concluyó el dirigente, al insistir en que el movimiento obrero debe discutir una nueva huelga general de alcance nacional.