La CGT reunió a dirigentes sindicales y especialistas en Seguridad Social para analizar el presente y el futuro del régimen previsional. Durante el encuentro cuestionaron el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, reclamaron solidaridad y sostenibilidad y advirtieron sobre cambios que, según plantearon, podrían debilitar la protección estatal.

La seguridad social volvió a ocupar un lugar central en la agenda sindical con la realización de un Foro Federal sobre el Sistema Previsional en la sede de la CGT, donde dirigentes gremiales y especialistas analizaron el funcionamiento del régimen jubilatorio y plantearon la necesidad de preservar los derechos de los adultos mayores.

El encuentro reunió a representantes del movimiento obrero y abogados especializados en Seguridad Social, en una discusión que tuvo como principales ejes la sostenibilidad del sistema, el papel del Estado y las condiciones de vida de quienes acceden a una jubilación.

«Durante el encuentro, se remarcó la importancia de incluir a los jubilados en el debate previsional y se alertó sobre iniciativas que puedan vulnerar sus derechos».

La discusión también incorporó una dimensión laboral. Para los dirigentes sindicales, el funcionamiento del régimen previsional no puede analizarse separado de la evolución del empleo registrado, los niveles salariales y el financiamiento de la Seguridad Social.

Reclamo por solidaridad y sostenibilidad

Fabián Montaño, secretario general de APOPS, uno de los sindicatos que representan a trabajadores de ANSES, pidió combinar solidaridad y sostenibilidad para garantizar la continuidad del sistema previsional.

El dirigente sostuvo que esa discusión resulta indispensable para preservar el futuro de la previsión social y vinculó el reclamo con una concepción más amplia de soberanía y justicia social.

En la misma jornada, los secretarios generales de la CGT Octavio Argüello y Cristian Jerónimo remarcaron la importancia de incorporar una mirada política al debate sobre la Seguridad Social.

Argüello planteó la necesidad de construir un camino que permita recuperar expectativas para los argentinos, mientras que Jerónimo cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que existe una transferencia de recursos desde los sectores de menores ingresos hacia los grupos de mayor poder económico.

Las afirmaciones corresponden a la posición expresada por los dirigentes durante el foro y forman parte del debate sindical sobre las prioridades de la política económica y social.

El papel del Estado, bajo discusión

Los especialistas convocados incorporaron una mirada jurídica y estructural sobre el régimen previsional.

El abogado Gabriel Yamuni, especialista en Seguridad Social, señaló que el sistema atraviesa una etapa de vulnerabilidad y reclamó recuperar su función como instrumento estatal orientado a la distribución de ingresos. En su exposición cuestionó además políticas que, según su interpretación, reproducen lineamientos asociados a organismos financieros internacionales.

A su turno, la abogada Adriana Micale vinculó las dificultades previsionales con la transformación del mercado laboral y el crecimiento del empleo informal. Su planteo apuntó a una de las cuestiones estructurales del financiamiento previsional: cuanto menor es el nivel de registración laboral, menor resulta la base de aportes sobre la que se sostiene el sistema contributivo.

La vida cotidiana de los jubilados

Uno de los planteos más fuertes estuvo relacionado con el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El especialista Dr. Bustos puso el foco en las decisiones que deben afrontar diariamente muchos jubilados y sostuvo que cuando una persona debe optar entre comprar alimentos o medicamentos, su libertad efectiva queda severamente condicionada. También aludió a situaciones extremas de angustia vinculadas con la imposibilidad de sostener los gastos familiares.

La exposición trasladó la discusión desde las variables financieras del sistema hacia sus efectos concretos: medicamentos, alimentación, vivienda y otros gastos esenciales que inciden de manera directa sobre los ingresos de los adultos mayores.

El Foro Federal dejó planteada, de ese modo, una discusión que continuará atravesando al movimiento sindical: cómo garantizar un régimen previsional sostenible sin convertir el equilibrio financiero en el único criterio para definir el nivel de protección de quienes llegan a la vejez.

La petrolera aplicó desde las 0 de este sábado un incremento promedio del 1% en todo el país. En San Juan, la nafta súper quedó en $2.169 por litro, la Infinia en $2.365, el diésel en $2.319 y el Infinia Diesel en $2.469. La actualización llegó después de aumentos de hasta 5% en otras compañías.

Con la nueva modificación, los valores por litro en las estaciones YPF de San Juan quedaron establecidos de la siguiente manera:

Combustible
Precio por litro

Nafta Súper
$2.169
Infinia Nafta
$2.365
Diesel
$2.319
Infinia Diesel
$2.469

Los nuevos importes comenzaron a regir este sábado 26 de septiembre y representan un nuevo incremento en el costo de movilidad para los conductores sanjuaninos. Los precios pueden presentar diferencias puntuales entre estaciones debido al sistema de precios diferenciados que aplica la compañía.

YPF se sumó después de las petroleras privadas

La actualización de YPF llegó después de los movimientos registrados durante la semana en otras marcas. Shell, Axion y Puma habían aplicado incrementos de entre 2% y 5%, con diferencias según el tipo de combustible y la estación.

La petrolera que concentra alrededor del 55% del mercado minorista de combustibles, optó por una corrección menor, aunque finalmente también trasladó parte de la presión generada por la evolución del petróleo internacional.

El ajuste se produce mientras el Brent, referencia internacional para el mercado argentino, se mantiene por encima de los US$100 por barril, una variable que impacta sobre la estructura de costos de las petroleras.

El “buffer” y el micropricing

YPF explicó que la modificación forma parte del denominado “buffer de precios”, mecanismo que la compañia implementa desde abril para amortiguar las variaciones internacionales del crudo y evitar trasladarlas de manera inmediata a los consumidores.

La empresa señaló que el esquema continúa vigente debido a la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre el precio internacional del petróleo. La firma había mantenido sus valores generales sin cambios mientras otras compañías avanzaban con incrementos mayores.

Al mismo tiempo, YPF mantiene su sistema de micropricing, que permite realizar ajustes específicos de acuerdo con variables como oferta y demanda, competencia, corredores viales, ubicación geográfica y franjas horarias. Por esa razón, pueden existir diferencias entre los precios de distintas estaciones de una misma provincia.

La nueva actualización llega, además, en un mercado que atraviesa varios meses de retroceso en las ventas. En agosto, el expendio de combustibles al público registró una caída interanual del 2,19%, con lo que acumuló siete meses consecutivos de bajas.

El movimiento de los precios agrega así otro factor a la evolución del gasto de los hogares y las empresas. En San Juan, desde este sábado, cargar un tanque completo requiere un desembolso mayor, mientras las petroleras continúan ajustando sus pizarras entre la evolución del crudo internacional, la competencia local y el comportamiento de la demanda.

Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con datos del Banco Central, registró 5,6 millones de personas con al menos una línea de crédito atrasada en julio. De ese universo, 3,4 millones acumulaban más de un año de incumplimiento. San Juan, con una tasa de mora del 22,1%, quedó entre las provincias con mayores niveles del país.

El endeudamiento familiar profundizó su deterioro durante 2026 y ya alcanza una magnitud que trasciende los atrasos circunstanciales. En julio había 20,6 millones de personas endeudadas, de las cuales 5,6 millones tenían al menos una línea de crédito en mora, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado con información del Banco Central.

El dato más severo aparece al observar la duración de los incumplimientos: 3,4 millones de deudores, el 16,8% del total, acumulaban atrasos de un año o más y quedaron comprendidos en la categoría que el BCRA identifica como “irrecuperable”. Ese grupo aumentó cerca de 60% en doce meses, con casi 1,3 millones de personas incorporadas a la categoría.

La dimensión del problema no está asociada necesariamente a grandes préstamos. El informe señala que la mitad de los deudores considerados irrecuperables acumula obligaciones por $77.900 o menos, un dato que modifica la lectura tradicional del sobreendeudamiento: el deterioro se concentra también en pequeños compromisos que los hogares dejaron de poder cancelar.

La mora tampoco se distribuye de manera uniforme entre los canales de financiamiento. Las entidades financieras tradicionales concentran el 56,2% de las líneas de crédito otorgadas, pero representan el 86% del monto prestado a personas. Las fintech, emisoras de tarjetas y otros prestamistas tienen una participación menor en el volumen monetario, aunque alcanzan a una cantidad significativa de personas mediante créditos de menor cuantía.

Los comercios especializados exhiben algunos de los registros más elevados. En las casas de electrodomésticos, la tasa por atraso llega al 54%, mientras que en otras cadenas comerciales alcanza el 28,7%, de acuerdo con el relevamiento.

San Juan se ubica entre las provincias con mayor índice de morosidad

El mapa territorial también muestra diferencias importantes. San Juan registró una tasa de morosidad del 22,1% en julio, por encima del promedio nacional y entre los valores más elevados del país. La Rioja encabezó la medición con 26%, seguida por Santa Cruz, con 23,8%, y San Luis, con 23,1%; Catamarca compartió con San Juan el 22,1%.

La evolución también afecta con especial intensidad a los jóvenes. El 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años tenía al menos un compromiso en mora, la proporción más elevada entre los grupos etarios relevados. El indicador desciende progresivamente con la edad.

La caída va de la mano con la falta de financiamiento. El Banco Central informó que la irregularidad del crédito destinado a las familias llegó al 12,9% en julio, frente al 5,6% de un año atrás, mientras los préstamos para consumo disminuyeron 2,3% en términos reales durante ese mes.

Para el IAG, la evolución de la mora depende directamente de los ingresos familiares. El informe sostiene que la capacidad de repago depende de una recuperación de los salarios y relaciona el deterioro con la evolución del empleo, particularmente en ramas intensivas en mano de obra, además de mencionar la política salarial, las tasas de interés y la evolución del salario mínimo.