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La Asociación de Empleados de Farmacia, y el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, se pronunciaron en favor de la provisión gratuita de remedios para los jubilados.


El gremio de empleados de Farmacia que lidera Víctor Carricarte, rechazó «la mercantilización de la salud» y respaldó la posibilidad de que el próximo gobierno sancione una ley que exima a jubilados y pensionados del pago de los medicamentos.

Carricarte, que milita en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) del bancario Sergio Palazzo, respaldó de esa forma la promesa de campaña realizada por el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien sostuvo en un acto que su gobierno impulsará una ley para que los jubilados no paguen los remedios y que el Estado subsidie.

«Los empleados de farmacia son testigos selectos de la tragedia por la que atraviesan los jubilados y pensionados. Duele presenciar la imposibilidad de compra de remedios, que hasta hace algunos años obtenían de forma gratuita en su obra social. Hoy no tienen cobertura y no pueden adquirirlos a precio de mercado», señaló en un comunicado.

Por su parte Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, precisó que «el presupuesto anual de Pami es de unos 8000 millones de dólares, de los cuales 2500 millones de dólares corresponde a inversión en medicamentos, para atender a 5 millones de adultos mayores».

Para Peretta eso generaría «una reactivación del mercado interno, ya que los laboratorios beneficiados con la licitación recibirán el dinero anticipadamente, que les permitirá producir más y contratar más personal, lo que conducirá a relanzar un sector que hoy produce menos y que se achica con procedimientos preventivos de crisis».

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«El aumento salarial que no alcanza: la realidad de los encargados de edificio»

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) alcanzó un nuevo acuerdo de incremento salarial del 3,5% para el mes de noviembre, en el marco de la paritaria de los encargados de edificios agrupados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 589/10 y 590/10. 

El acuerdo establece un incremento en los haberes del 3,5% a partir de noviembre y llevará el salario básico de un encargado permanente con vivienda de categoría 1 a $755.697, mientras que los encargados categoría 1 sin vivienda pasarán a $911.754. Asimismo, se actualizarán los valores de los ítems plus, retiro de residuos y de las jornadas de suplencia.

¿Esta suba, es suficiente para mejorar sus condiciones laborales y salariales? La respuesta es un rotundo no.

La reciente negociación resulta en un aumento salarial por debajo de lo esperado. Sin embargo, este aumento es solo una medida paliativa que no aborda las causas profundas de la precariedad laboral en el sector.

La inflación y la pérdida del poder adquisitivo han afectado significativamente la calidad de vida de los encargados de edificio. En este contexto, el aumento salarial es insuficiente para compensar la pérdida de valor del dinero.

Además, la negociación no abordó otros aspectos fundamentales, como la estabilidad laboral, la seguridad en el trabajo y la protección de los derechos laborales.

En conclusión, el incremento salarial para encargados de edificio es solo un paso mínimo hacia la mejora de las condiciones laborales en el sector. Es fundamental que se aborden las causas profundas de la precariedad laboral y se implementen medidas más efectivas para proteger los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

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Trabajadores del Correo rechazan la propuesta salarial del gobierno

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), que representa a una parte de los trabajadores de la empresa estatal de correos, desestimó la propuesta económica del gobierno y la calificó como ‘caprichosa y dictatorial’. La oferta otorgaba un aumento salarial del 5% para los trabajadores del Correo.

Según los representantes sindicales, lo ofrecido no refleja la realidad económica del país y no cubre la inflación. Además, criticaron la forma en que se presentó la propuesta, calificándola de ‘impositiva’ y ‘no negociada’.

Los trabajadores del Correo exigen una nueva oferta que refleje la realidad económica del país y que se negocie de manera transparente y democrática.

El rechazo de la oferta económica del gobierno por parte de los trabajadores telepostales es un claro ejemplo de la tensión entre el gobierno y los sindicatos en Argentina. La disputa salarial es solo una parte de un conflicto más amplio sobre la política económica y la distribución de la riqueza en el país.

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La evaluación que genera polémica: 40 mil empleados públicos en la mira»

El gobierno avanza con la evaluación de competencia para 40 mil funcionarios, pese a la oposición de las organizaciones gremiales.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte polémica en el sector público. Las organizaciones laborales han expresado su oposición a la medida, argumentando que se trata de un intento de despedir a trabajadores sin justa causa.

La medida forma parte de un plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, las organizaciones sindicales argumentan que la medida es injusta y que no se ha realizado un análisis adecuado de las necesidades del sector.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte reacción en el sector público. Los gremios anticipan que seguirán luchando para defender los derechos de los trabajadores y evitar que se produzcan despidos injustos. La situación sigue siendo tensa y se espera que haya nuevas movilizaciones en los próximos días.

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