El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña obtuvo despacho favorable en las comisiones y quedó habilitado para ser tratado este miércoles. El Bloque Justicialista no acompañó el dictamen, aunque algunos de sus integrantes podrían votar a favor en el recinto.

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Obras y Servicios de la Cámara de Diputados otorgaron este martes despacho favorable al proyecto, que será tratado este miércoles en la sesión especial convocada por la Legislatura.

La definición tuvo una particularidad política: el Bloque Justicialista no suscribió el dictamen. Sin embargo, esa decisión no anticipa necesariamente una votación unificada en contra. Algunos legisladores peronistas podrían acompañar el convenio durante el debate, entre ellos Eduardo Cabello, Jorge Castañeda y Leopoldo Soler. También firmó en conformidad Franco Aranda, del Frente Renovador.

La resolución de las comisiones se produjo después del cuarto intermedio dispuesto el viernes, cuando los diputados habían solicitado ampliar el análisis de la documentación. En aquella reunión participaron el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Minería Juan Pablo Perea, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quienes respondieron las consultas formuladas por los legisladores.

Uno de los puntos centrales del convenio es el aporte único y no reembolsable de US$250 millones que Vicuña realizará a favor de San Juan. El acuerdo forma parte de las negociaciones vinculadas al desarrollo del proyecto minero y establece compromisos con impacto directo sobre las finanzas y las obras que la Provincia deberá ejecutar.

La discusión legislativa estará marcada, por lo tanto, no solo por el contenido técnico del convenio sino también por la composición de los apoyos en el recinto. El despacho favorable garantiza que el proyecto pueda ser debatido, pero será la votación de este miércoles la que determine su aprobación definitiva.

En la misma jornada, las comisiones dieron despacho favorable al convenio suscripto entre San Juan y Vialidad Nacional. El acuerdo contempla que la Provincia financie y ejecute tareas de conservación, mantenimiento y mejoramiento sobre las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de obras en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Ambos expedientes quedaron así incorporados al tramo decisivo de su recorrido legislativo. La sesión especial de este miércoles permitirá conocer el respaldo efectivo que reúnen los convenios y, en el caso de Vicuña, si la división de posiciones dentro de la oposición resulta determinante para su aprobación.

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.

La empresa ampliará su operación en la provincia mediante un nuevo centro de distribución que incorporará unos 70 trabajadores y podría elevar a más de 200 los operadores vinculados a la última milla. El proyecto también busca facilitar la comercialización de productos sanjuaninos a través del comercio electrónico.

La expansión de Mercado Libre en San Juan sumará empleo, capacidad logística y nuevas alternativas comerciales para las empresas de la provincia. La compañía avanza con la instalación de un nuevo centro de distribución, cuya puesta en marcha comenzará durante septiembre mediante un operador logístico que ya fue seleccionado para desarrollar la operación local.

El secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martin, confirmó que el Gobierno provincial acompaña el proyecto desde hace varios meses y destacó el impacto que puede generar sobre la contratación de mano de obra y la distribución de mercaderías. Actualmente, la empresa cuenta con unas 20 personas vinculadas de manera directa e indirecta, mientras que la nueva estructura incorporaría alrededor de 70 trabajadores, con prioridad para perfiles locales.

La ampliación también podría multiplicar los puestos relacionados con la denominada última milla, es decir, la entrega de los productos hasta el consumidor. En San Juan ya existen unos 72 repartidores vinculados a la plataforma, una cifra que podría crecer hasta 200 o 210 operadores diarios con el incremento de los envíos.

El emplazamiento elegido responde además a condiciones de infraestructura que favorecen el movimiento de cargas. El predio fue sometido previamente a estudios de factibilidad y cuenta con proximidad al aeropuerto y a una ruta nacional, dos conexiones relevantes para agilizar el traslado de mercaderías dentro y fuera de la provincia.

El nuevo nodo no estará destinado únicamente a acelerar las compras realizadas por los consumidores sanjuaninos. También puede convertirse en una vía de acceso para productores y empresas locales que busquen ampliar sus ventas mediante el comercio electrónico. Martin señaló como ejemplo al sector vitivinícola y destacó que todavía existe una presencia reducida de vinos sanjuaninos en la plataforma.

La oportunidad adquiere relevancia en un mercado donde el comercio electrónico representa actualmente entre el 24% y el 25% de las ventas, mientras que aproximadamente tres cuartas partes de las operaciones continúan realizándose de manera presencial. Para el funcionario, ambas modalidades pueden coexistir y ampliar las posibilidades de comercialización.

La incorporación de infraestructura logística se vincula además con el crecimiento de otras inversiones y con la necesidad de mejorar la conectividad provincial. Martin mencionó, entre otros casos, la ampliación del grupo Avium, que contempla US$60 millones de inversión y más de 150 nuevos puestos de trabajo.

La llegada de una operación de mayor escala de Mercado Libre coloca a San Juan ante una nueva oportunidad para integrar producción, transporte y comercio digital. El desafío será que esa infraestructura no solo agilice las entregas dentro de la provincia, sino que también permita que más productos sanjuaninos encuentren compradores en otros mercados.