La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una acción judicial para detener el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, calificándolo como ilegal y violatorio de la estabilidad laboral.

La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca facilitar el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el régimen como «manifiestamente ilegal», incluso considerando las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo.

Aguiar destacó que solo gobiernos militares han aplicado medidas similares, afectando el derecho constitucional a la estabilidad laboral. La acción judicial será presentada de manera conjunta por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital, liderados por Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional, y Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos de ATE Capital, junto a Suyai Lutz, integrante del equipo.

El referente de la ATE subrayó la importancia de la unidad política y el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ATE, que han logrado resultados positivos en casos recientes. «La Justicia debe actuar de inmediato para proteger los derechos de los trabajadores de la planta permanente», enfatizó.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.

Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».

En medio de un escenario político y sindical convulsionado, Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan, se mostró firme y contundente. En diálogo con Mundo Laboral SJ, abordó los temas más sensibles que preocupan al movimiento obrero: la inconstitucionalidad del DNU que buscaba limitar el derecho a huelga, la reforma laboral y previsional que impulsa el Gobierno nacional, el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y las consecuencias que eso tendrá para las provincias, los trabajadores y la obra pública.

Cabello no esquivó ninguna pregunta. Con el temple de quien lleva años al frente de la dirigencia sindical, celebró que la justicia haya puesto límites al avance del Poder Ejecutivo, al declarar inválidos los artículos del DNU 340/2025 que pretendían condicionar la posibilidad de hacer huelga, derecho garantizado por la Constitución Nacional. A su entender, se trataba de un intento por imponer una visión autoritaria del mundo del trabajo, sin diálogo ni respeto por la ley. “ Gracias a Dios, nos da tranquilidad que la justicia haya actuado con criterio”, expresó, subrayando que el sindicalismo nunca dejó de actuar dentro del marco legal, incluso en los momentos de mayor tensión.

Para el dirigente, este fallo representa mucho más que una victoria judicial: es una señal de que aún existen contrapesos institucionales que frenan decisiones unilaterales. “Siempre elegimos el camino del consenso, y eso es lo que nos diferencia. El diálogo es la salida, no el atropello”, resumió.

Reforma laboral: el límite es el retroceso

La posibilidad de una reforma laboral y previsional, anunciada recientemente por el presidente Javier Milei, encendió luces de alerta en el sindicalismo. Cabello no ocultó su preocupación. Si bien reconoció que el mundo laboral requiere adaptaciones frente a las nuevas realidades productivas y tecnológicas, fue claro en marcar un límite: no se permitirán retrocesos en materia de derechos ni flexibilizaciones que atenten contra la estabilidad o la dignidad del trabajador.

Advirtió que, detrás de estos anuncios, hay un modelo que no busca mejorar las condiciones laborales, sino eliminar estructuras sindicales y debilitar la representación colectiva. “Algunos quisieran borrar al sindicalismo del mapa. Pero mientras haya trabajadores, va a haber organización, y nosotros vamos a estar ahí”, expresó con convicción.

Cabello señaló que la CGT está dispuesta a discutir, a aportar ideas y a sentarse en una mesa de debate. Pero no desde la imposición ni el recorte. “No le tememos al cambio, pero sí a la injusticia”, resumió.

7 de agosto: se prepara una movilización masiva

La CGT analiza convocar a una gran movilización nacional el próximo 7 de agosto, coincidiendo con la festividad de San Cayetano, tradicional jornada de reclamo por pan, paz y trabajo. Según explicó Cabello, el objetivo es visibilizar el malestar creciente en los distintos sectores sociales y laborales, sin caer en la provocación ni en la violencia.

Insistió en que la movilización debe ser un acto de unidad y de responsabilidad, lejos de la confrontación partidaria. “Queremos mostrar nuestro descontento con respeto, sin que se lo utilice políticamente”, advirtió, al tiempo que remarcó que no se trata de una marcha contra nadie en particular, sino de una expresión legítima del movimiento obrero frente a decisiones que los afectan directamente.

Vialidad Nacional: un golpe a la infraestructura y al federalismo

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. Para Cabello, esta medida —ejecutada por decreto— representa un despropósito institucional, que va más allá de la pérdida de puestos de trabajo. Denunció que el desmantelamiento del organismo no sólo deja a cientos de familias sin sustento, sino que compromete la ejecución y el mantenimiento de rutas claves para la producción y la conectividad en todo el país.

“Las provincias quedamos a la deriva. Ya no se sabe a quién reclamarle una obra, un pago, un crédito. Cerraron oficinas, paralizaron proyectos. El impacto se va a sentir en la economía real, y en poco tiempo”, detalló. También hizo hincapié en la falta de planificación: ni los gobernadores ni los municipios saben cómo continuar con obras ya iniciadas, muchas de las cuales están vinculadas a la actividad de constructoras locales que también podrían quedar en crisis.

En el caso particular de San Juan, explicó que Vialidad Nacional emplea a más de 200 trabajadores distribuidos en toda la provincia. “Estamos hablando de familias enteras, de compañeros con años de servicio, que hoy no saben qué va a pasar con ellos”, lamentó.

Una crítica sin rodeos al Gobierno nacional

En un momento de la entrevista Cabello dejó una de las frases más fuertes. Cuando se le preguntó si creía que estas medidas respondían a una estrategia o a una improvisación, no dudó en criticar con dureza la falta de rumbo del Ejecutivo:

“No sé si están cansados de gobernar, si quieren que los echen para culpar a otros, o si —y perdón la expresión— son tan nabos que no saben lo que están haciendo”.

Con esa frase resumió el desconcierto que, según él, reina entre los trabajadores, las provincias y gran parte de la dirigencia política frente a decisiones que no sólo son impopulares, sino también ineficaces y desordenadas.

Eduardo Cabello dejó en claro que la CGT San Juan está en estado de alerta permanente. No para confrontar por confrontar, sino para defender lo que considera innegociable: el respeto por los derechos laborales, la institucionalidad y la inclusión social. En tiempos donde el ajuste parece ser el único camino planteado desde el poder, el sindicalismo sanjuanino se planta, debate y propone.

Y aunque la incertidumbre reina, una cosa quedó clara: la voz de los trabajadores sigue viva y no piensa callarse, concluyó.