La CGT, las dos CTA y la UTEP se movilizarán este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento de las deudas familiares. Denuncian que millones de hogares recurren al crédito para cubrir gastos esenciales y anticipan nuevas marchas. La concentración comenzará a las 14 en Paseo Colón e Independencia.

La protesta fue anunciada este miércoles en la sede de la CGT y tendrá como principal reclamo la necesidad de que el Gobierno adopte medidas frente a un fenómeno que las organizaciones vinculan directamente con la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos recientes del Banco Central, 5,8 millones de personas registraron créditos impagos o atrasos graves durante el último año. A su vez, un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito en ese período y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas.

Las centrales sostienen que una parte importante de esos préstamos no se destina a consumos extraordinarios, sino a cubrir alquiler, alimentos, electricidad y gas. Para la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, se trata de una deuda que excede las decisiones individuales: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva”.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, vinculó el endeudamiento con el deterioro de los ingresos y denunció la destrucción de unos 340.000 empleos formales y el cierre de cerca de 30.000 empresas, según sus estimaciones.

Desde la CGT, Cristian Jerónimo cuestionó la postura del Gobierno, que considera el endeudamiento una cuestión entre particulares. “Cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno”, afirmó.

La movilización se inscribe en una sucesión de protestas sindicales y sociales que incluyó la marcha de San Cayetano y el acompañamiento a los reclamos de jubilados frente al Congreso. Jerónimo anticipó que la jornada del jueves no será el cierre de las medidas y advirtió que el movimiento obrero continuará con su plan de lucha.

El reclamo sindical coincidirá además con una movilización de entidades pyme frente a la Casa Rosada, convocada desde las 9 para reclamar una ley de emergencia productiva. El jueves concentrará así dos reclamos vinculados por un mismo problema: familias con menor capacidad de compra y empresas que enfrentan un mercado interno debilitado.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales una actualización correspondiente a julio. El ingreso inicial, incluida la participación en las ganancias, quedó en $2.534.977,22 y la recomposición acumulada desde diciembre alcanza el 19,3%.

Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio, en el marco del mecanismo acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Con este incremento, el salario inicial de la actividad quedó por encima de los $2,5 millones cuando se incorpora el concepto de participación en las ganancias.

El sueldo básico inicial para julio fue establecido en $2.463.354,74, mientras que a ese monto se sumaron $71.219,54 correspondientes a la participación en las ganancias. De esta manera, el ingreso inicial total alcanzó los $2.534.977,22.

La actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza los adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio bancario.

Con el nuevo ajuste, la organización conducida por Sergio Palazzo informó que los salarios acumularon una recomposición del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025.

El esquema continuará durante agosto bajo las mismas condiciones acordadas hasta ahora. La discusión paritaria formal se retomará en la segunda quincena de septiembre, cuando las partes volverán a evaluar la evolución de los salarios y los precios.

Desde La Bancaria destacaron que el mecanismo de actualización busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de la inflación. “Garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio al comunicar el nuevo acuerdo.

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.