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La empresa producía en Eldorado desde el 2007 y en 2010 llegaron a tener 700 empleados, pero luego ese número se fue disminuyendo.


Los despidos anunciados por la compañía de capitales argentinos y brasileños desataron un conflicto laboral en la planta de producción de zapatillas y calzados deportivos, por lo que el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria por quince días.

Según informaron fuentes gremiales, los empresarios argumentaron que no pueden seguir pagando los salarios debido a que se les desplomó la demanda por la depresión del mercado interno.

En una reunión realizada el martes en oficinas del ministerio de Producción y Trabajo los representantes de la firma Dass Argentina se limitaron a presentar documentaciones que demostrarían la crítica situación financiera de la empresa.

El 6 de junio pasado la compañía -que opera como subsidiaria de la multinacional Nike en la Argentina- anunció a la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra) que planeaba despedir a 60 operarios del turno mañana y 30 del turno tarde, lo cual fue confirmado este martes.

Los representantes del gremio y de la empresa volverán a reunirse el 2 de julio a las 10:00 en la sede local de la dependencia nacional para intentar un acuerdo que evite los despidos, dijeron las fuentes consultadas, aunque estimaron que será «muy difícil» salvar los empleos.

Este grupo desarrolla desde hace 55 años soluciones industriales y mercadológicas para marcas deportivas y de calzado propias como Umbro y Fila y para clientes como Nike, Converse, Adidas, Under Armour, Asics y Reebok.

Dass Argentina abrió su centro industrial en Eldorado en agosto de 2007 con 70 empleados y tras inversiones que superaron los 20 millones de dólares, la fábrica llegó a tener 700 operarios en el 2010.

La planta misionera llegó a producir 150.000 pares de calzados deportivos al mes en un área de 13.600 metros cuadrados.

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El gobierno anunció la desregulación completa del correo

El Gobierno nacional publicó el decreto que desregula el servicio postal en Argentina y le quita preponderancia a la compañía estatal Correo Argentino.

Este lunes quedó publicado en el Boletín Oficial el decreto con las firmas de Milei; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En diálogo con Mundo Laboral SJ el secretario general de Ajeproc San Juan, Carlos Maldonado, advirtió sobre los efectos devastadores que esto podría tener sobre para los trabajadores del Correo de bandera. En este sentido Maldonado expresó. El Decreto 1005/24 emitido por el gobierno de Milei establece nuevas regulaciones para la actividad postal, permitiendo que cualquier persona pueda iniciar un servicio de correo sin requisitos documentales.

Esta normativa plantea una posible desaparición del sistema de correos en su forma actual, generando preocupaciones sobre la privatización del sector o una concesión de la actividad.

La situación es delicada, ya que podría afectar gravemente a numerosos trabajadores del sector postal, dejándolos sin empleo.

El sindicalista manifestó también que, en los años 90 la empresa de Correo Argentino atravesó una etapa difícil tras su privatización bajo la gestión de Franco Macri, lo que generó inseguridad laboral, con reducciones de sueldos, despidos masivos y una afectación general en las condiciones laborales. La situación mejoró durante el gobierno de Néstor Kirchner, quien recuperó el correo para el Estado, trayendo cierta estabilidad. Sin embargo, el correo Ofical ha enfrentado una administración problemática a lo largo de varias gestiones, acumulando deudas y recortes de personal. Aunque las cuentas actualmente están más equilibradas, cabe señalar que la empresa sigue operando con una significativa reducción en el número de empleados, completó.












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Este martes se lleva a cabo la tercera marcha federal universitaria

La Asociación Gremial Docente (AGD) convocó a una nueva marcha nacional universitaria en defensa de la educación pública, que se llevará a cabo el martes 12 de noviembre. La manifestación en la Ciudad de Buenos Aires partirá desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo a las 17:00, en el marco de un paro de actividades que comenzará a las 16:00.

La movilización busca visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades públicas y la necesidad urgente de mejorar el financiamiento y las condiciones salariales de los docentes universitarios, tras la confirmación por el Congreso del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

La marcha de este martes está consensuada entre todos los estudiantes de las universidades y facultades que se mantienen tomadas en el país, aunque desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por otro lado, han puesto en agenda el 22 de Noviembre, también como marcha nacional. Ellos de esta manera quieren coincidir con la celebración de los 75 años de la gratuidad de la universidad pública. Esta opción, aunque se concrete, no tiene el apoyo de la mayoría de los alumnos, quienes como adelantaron a La Unión, la consideran «contraproducente», dado que en esas fechas hay mesas de exámenes previstas y finales de cursadas. 

Además de la marcha en Buenos Aires, se difundió en redes una convocatoria a un «flashmob federal» a las 18:00 en distintas ciudades del país, como Posadas, Córdoba, Rosario, Paraná, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén y General Roca, entre otras.

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Procesaron a Carlos Acuña por supuesta coacción en el marco de una protesta

La Cámara Nacional de Apelaciones revocó el sobreseimiento de Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, y sentó un precedente para criminalizar la protesta al delimitar el alcance del derecho a la huelga, señalando que no debe perjudicar los derechos de terceros. La Cámara se amparó en las reformas legales recientes en Argentina.

La reciente decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina en contra de Carlos Acuña, secretario general del SOESGyPE y uno de los líderes de la CGT, puede marcar un hito en el tratamiento judicial de las protestas sindicales. La resolución del 8 de noviembre de 2024 revocó el sobreseimiento previo de Acuña y lo somete a procesamiento bajo el cargo de coacción, estableciendo que los límites del derecho a la protesta deben respetar los derechos de terceros, como el libre acceso a establecimientos comerciales.

El conflicto se originó en una manifestación del 21 de diciembre de 2021, en la cual los trabajadores habrían obstaculizado la entrada a una estación de servicio en Buenos Aires. Según la denuncia, la protesta fue organizada no por un conflicto laboral directo con el establecimiento afectado, sino como una táctica de presión durante la negociación salarial de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA).

Inicialmente, en septiembre de 2022, Acuña había sido sobreseído por un juez de primera instancia que consideró que la manifestación formaba parte de los derechos a la protesta y a la huelga. Sin embargo, en una apelación posterior, la Cámara revocó el sobreseimiento al sostener que el bloqueo excedía los límites del derecho a huelga, al implicar una obstrucción física de un lugar de trabajo y causar un perjuicio económico. El objetivo de las huelgas es precisamente cortar el proceso productivo como protesta por bajos salarios o demandas laborales pero la Cámara ahora tiene otro marco.

La resolución de la Cámara establece un precedente serio al precisar que, aunque el derecho a la huelga está protegido constitucionalmente, su ejercicio no puede derivar en acciones intimidatorias o restrictivas que afecten a terceros. Además, la Cámara se refirió a reformas legales recientes en Argentina que penalizan el bloqueo de establecimientos y la obstrucción del tránsito como infracciones graves.

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