La administración de Javier Milei avanza en un nuevo plan de retiros voluntarios en la Televisión Pública y Radio Nacional, con el objetivo de reducir la planta de trabajadores y reconfigurar el sistema estatal de medios. El proceso estará encabezado por Javier Lanari, reciente secretario de Medios, y se enmarca en un proyecto de vaciamiento, fusión institucional y futura privatización.

La medida alcanzará a los 2400 empleados que componen las dotaciones de la Televisión Pública —con unos 1300 trabajadores— y de Radio Nacional, que suma otros 1100. La intención oficial es que el proceso esté encaminado antes de fin de año, para luego realizar una nueva evaluación interna y definir el destino futuro de las áreas que permanezcan en actividad.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas en la decisión, “la idea es abrir el retiro voluntario, evaluar el nivel de adhesión y, sobre esa base, establecer la escala de indemnizaciones correspondientes”. El Gobierno sostiene que los montos serán “razonables” y proporcionales a la antigüedad y el rango de cada trabajador.

El operativo político-administrativo estará conducido por Javier Lanari, ahora secretario de Medios y Comunicación, quien se convirtió en el principal ejecutor de la política de ajuste en este sector. Su desembarco se produjo luego de que Manuel Adorni asumiera funciones ampliadas como ministro coordinador.

En paralelo, la subsecretaria de Medios, Bárbara Pintelos, fue incorporada meses atrás para supervisar la coordinación general de las políticas sobre los Medios Públicos, convirtiéndose en una pieza clave en el diseño de la reestructuración.

Fusiones y privatización: el horizonte

Más allá del achique de personal, dentro del Gobierno ya se deja trascender la posibilidad de fusionar RTA (Radio y Televisión Argentina) con Contenidos Artísticos e Informativos, con el argumento de que la estructura actual es costosa, desarticulada y poco eficiente.

El oficialismo plantea además una renovación total de la imagen de la Televisión Pública, con cambios en colores, tipografías, identidad visual y una reconfiguración de la grilla de programación, como parte del proceso que consideran un paso previo a la futura privatización del sistema.

Tensión con los gremios

Los sindicatos del sector se encuentran en estado de alerta, denunciando que el vaciamiento estructural ya está en marcha y advirtiendo que el retiro voluntario podría transformarse en un mecanismo encubierto de presión hacia los trabajadores. El Gobierno, en cambio, insiste en que la decisión responde a un criterio de eficiencia y sustentabilidad fiscal.

La nueva ofensiva del Gobierno sobre los Medios Públicos confirma una orientación clara: reducir planteles, fusionar estructuras y preparar el terreno para la privatización. Con Javier Lanari como ejecutor, la administración de Milei avanza con una política de recorte que promete tensiones con los gremios y una profunda transformación del sistema estatal de comunicación, cuyo futuro queda atado a la aceptación de los retiros y al margen de negociación que se abra en los próximos meses.

La Confederación de Trabajadores de la Educación alertó que el Gobierno nacional impulsa un ajuste sin precedentes en el sistema educativo: reducción drástica del presupuesto, eliminación del FONID, desfinanciamiento de programas clave y una deuda millonaria con la docencia. Según su Instituto Marina Vilte, la inversión educativa proyectada para 2026 será la más baja de las últimas décadas y profundizará desigualdades estructurales en todo el país.

CTERA difundió un informe en el que analiza el impacto del Presupuesto 2026 sobre la educación pública y concluye que la reducción de recursos coloca al sistema en una situación de extrema vulnerabilidad. Según el Instituto Marina Vilte, el Gobierno propone que la inversión nacional en Educación y Cultura caiga al 0,75% del PBI, muy por debajo de los niveles recientes: 1,41% en 2023 y 1,66% en 2015.

La estimación del REM-BCRA es todavía más alarmante: 0,68% del PBI, lo que representaría el piso más bajo del que se tenga registro. Para la entidad gremial, esta caída “profundiza desigualdades, limita la capacidad de las provincias para sostener políticas clave y afecta directamente las condiciones de enseñanza y aprendizaje”.

El recorte compromete infraestructura, programas pedagógicos, iniciativas de inclusión digital y la educación técnico-profesional. Para CTERA, se trata de un proceso de desmantelamiento progresivo que amenaza la estructura misma del sistema educativo.

Eliminación del FONID: un golpe histórico al salario docente

Uno de los puntos más críticos del ajuste es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial creado en 1998 que complementa el ingreso de maestras y maestros de todo el país.

Según las placas difundidas por el gremio, el presupuesto 2026 contempla una caída real del 98% en términos interanuales respecto de 2016, consolidando un desfinanciamiento que comenzó en 2024 y terminó por dejar sin efecto un instrumento clave para asegurar pisos salariales y sostener a las provincias de menor capacidad presupuestaria.

CTERA recordó además que el Gobierno mantiene una deuda millonaria con la docencia por este concepto. De acuerdo con los cálculos ajustados por IPC, el valor actualizado del FONID debería ubicarse en $124.500 por docente a octubre de 2025, mientras que el último pago percibido fue el correspondiente a septiembre de 2023: $28.700. “El FONID es un derecho conquistado y no puede eliminarse por decreto”, reiteró la organización.

Programas paralizados, infraestructura comprometida y más desigualdad

El informe también expone el impacto del desfinanciamiento sobre políticas centrales: obras y mantenimiento escolar, programas socioeducativos, iniciativas de formación docente, acompañamiento pedagógico y el histórico Conectar Igualdad, hoy interrumpido o severamente recortado.

Para CTERA, estas decisiones no solo deterioran el funcionamiento cotidiano de las escuelas sino que profundizan brechas entre provincias y regiones, agravando la desigualdad educativa y limitando oportunidades para los sectores más vulnerables.

Un llamado urgente al Gobierno: “Basta de ajuste a la educación”

La entidad docente exigió al Gobierno nacional que revierta el recorte y convoque a instancias de diálogo para restituir los fondos eliminados. “La educación pública atraviesa su nivel de inversión más crítico, afectando el derecho de millones de estudiantes”, advirtió CTERA.

Con un presupuesto en caída libre, salarios pulverizados, programas paralizados y una deuda sin saldar, la organización confirmó que continuará visibilizando la situación y reclamando medidas para evitar —según sus palabras— un “desmantelamiento silencioso pero sistemático” del sistema educativo.

En una reunión de su Consejo Directivo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ratificó un rechazo absoluto a la reforma laboral que prepara el Gobierno y planteó, en cambio, la necesidad de avanzar en una profunda reforma tributaria. Con Hugo Moyano (h) como enlace parlamentario, la entidad trazó su estrategia legislativa y llamó a la unidad del movimiento obrero.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a los principales sindicatos del sector —con la única excepción de la UTA—, dejó en claro que no habrá margen para negociar la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende enviar al Congreso en diciembre.

El cónclave, realizado en la sede central de la entidad en el barrio porteño de San Cristóbal, reunió a los referentes de la organización bajo un diagnóstico común: la iniciativa oficial constituye una “propuesta regresiva y perjudicial para los trabajadores del sector”, motivo por el cual la Confederación adoptará una “postura firme y unitaria” para enfrentarla.

El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que el camino para impulsar el empleo no pasa por el “ajuste laboral”, sino por una reforma tributaria integral que dé condiciones reales para la inversión y la generación de puestos de trabajo. “Una reforma laboral que retrotrae derechos esenciales evoca épocas de explotación y desprotección que no podemos permitir”, remarcó.

En sintonía, el secretario gremial, Juan Pablo Brey, afirmó que cualquier transformación del mercado laboral debe estar basada en la dignidad de los trabajadores y el respeto irrestricto de los convenios colectivos, pilares históricos del movimiento obrero argentino.

Por su parte, el secretario adjunto de la Confederación, Omar Pérez, dirigente de Camioneros y hombre de confianza de la familia Moyano, destacó la necesidad de defender en bloque los derechos conquistados, advirtiendo que el sindicalismo del transporte será un actor central en la resistencia a las medidas oficiales.

Estrategia parlamentaria: el rol clave de Hugo Moyano (h)

La presencia del secretario de Relaciones Institucionales de la CATT, Hugo Moyano (h), recientemente electo diputado nacional, dotó a la reunión de un componente estratégico adicional. El Consejo Directivo analizó junto a él la futura disputa parlamentaria, previendo que la reforma ingresará a la Cámara de Diputados alrededor del 15 de diciembre, en el marco de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.

El flamante legislador —abogado laboralista y figura emergente en la interlocución del sindicalismo con el Congreso— planteó la necesidad de articular esfuerzos con distintos bloques opositores para bloquear el avance del proyecto. “Debemos garantizar que el Congreso no sea una escribanía del poder ejecutivo en materia laboral”, coincidieron los dirigentes.

Con esta definición, la CATT se alinea con otras organizaciones como las CTA, ATE y los sectores mayoritarios de la CGT, todas coincidentes en que la propuesta gubernamental de flexibilización laboral no es negociable.

Un movimiento obrero que reorganiza sus fuerzas

El encuentro dejó un mensaje claro: el transporte, uno de los sectores con mayor capacidad de presión y organización, se posiciona como un actor central en la disputa política que se viene. La CATT no solo anticipó su rechazo a la reforma laboral, sino que también se comprometió a diseñar una agenda propositiva que contemple la modernización del sistema de transporte, la defensa del empleo y la mejora de las condiciones laborales.

El documento final de la reunión expresó un respaldo unánime a esta hoja de ruta, dejando en claro que el gremialismo del sector afrontará la discusión desde un lugar de unidad, firmeza y convicción.

La CATT se suma así a un frente sindical cada vez más articulado y dispuesto a resistir los cambios que propone el Gobierno nacional. Con una conducción cohesionada, presencia legislativa y un discurso que combina defensa de derechos con propuestas de fondo —como la reforma tributaria—, los gremios del transporte buscan convertirse en uno de los principales contrapesos al proyecto de flexibilización laboral. El escenario político que se abre hacia diciembre será decisivo para medir la fuerza de esta estrategia.