Con un documento de fuerte contenido político difundido en la antesala del Día de la Independencia, la CGT rechazó el proyecto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales.

La central sindical sostiene que la iniciativa trasciende una discusión patrimonial y plantea un debate de fondo sobre el control de los recursos estratégicos, la defensa del territorio y el modelo de desarrollo que la Argentina pretende construir en las próximas décadas.

A pocos días del 9 de Julio y cuando el Senado se prepara para retomar el tratamiento de una de las reformas más sensibles impulsadas por el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo decidió ingresar de lleno en una discusión que considera decisiva para el futuro del país.

Bajo el título «La tierra no es una mercancía», el Consejo Directivo Nacional de la central obrera difundió un pronunciamiento en el que exhorta a los senadores a rechazar el proyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que propone eliminar el límite vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras.

Para la conducción cegetista, la iniciativa no constituye una simple modificación normativa sino un cambio estructural en la concepción jurídica y política del territorio nacional. En ese marco, advierte que la eventual flexibilización de las restricciones favorecería un proceso de concentración patrimonial sobre activos considerados estratégicos para el desarrollo económico y la seguridad nacional.

El documento ubica la discusión en un escenario internacional caracterizado por la presión sobre las cadenas de suministro de alimentos., agua dulce, minerales críticos, fuentes energéticas y superficies productivas. Según sostiene la CGT, ese fenómeno exige fortalecer los mecanismos de protección territorial en lugar de liberalizar el acceso a recursos cuya disponibilidad adquiere un valor geopolítico cada vez mayor.

Como ejemplo de los riesgos que, a su criterio, implicaría la reforma, la central sindical vuelve sobre el conflicto generado en torno al Lago Escondido y menciona el caso del empresario británico Joe Lewis, convertido desde hace años en uno de los símbolos del debate sobre el acceso público a bienes naturales y la propiedad extranjera de extensas superficies rurales.

La declaración incorpora además otro eje de confrontación con la administración libertaria: la concesión de la Vía Navegable Troncal del sistema Paraguay-Paraná. Para la CGT, ambos procesos responden a una misma lógica de cesión sobre infraestructuras y recursos considerados esenciales para la soberanía económica del país.

La iniciativa oficial no se limita únicamente a modificar el régimen de titularidad de las tierras. También contempla la derogación de la histórica Ley de Zonas de Frontera, vigente desde 1944, que establece restricciones específicas para preservar el dominio nacional sobre áreas consideradas estratégicas, y elimina las limitaciones que actualmente impiden comercializar terrenos afectados por incendios durante largos períodos, una protección concebida para desalentar maniobras especulativas posteriores a los siniestros forestales.

El comunicado sindical incorpora, además, argumentos elaborados por especialistas del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, quienes advierten que varias jurisdicciones del país ya superan los límites previstos por la legislación vigente respecto de la participación extranjera en la propiedad rural. Según esos estudios, una eventual apertura irrestricta del mercado podría incrementar el valor de la tierra, dificultando aún más el acceso para productores nacionales y comunidades locales.

Sobre esa base, la CGT sostiene que la reforma representa un cambio de paradigma en la política territorial argentina y cuestiona que la lógica de mercado sea el único criterio para definir el destino de bienes considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

La central obrera enmarca su posición dentro de una tradición histórica vinculada a la defensa del patrimonio público, la producción y el trabajo. En su declaración afirma que numerosos países mantienen regulaciones destinadas a proteger recursos naturales y territorios sensibles, por lo que considera que la propuesta oficial se aparta de las tendencias internacionales en materia de resguardo soberano.

Lejos de circunscribir el debate al plano jurídico, el documento establece una relación directa entre la propiedad del territorio y las posibilidades de construir un proyecto económico con autonomía productiva. Desde esa perspectiva, sostiene que la disponibilidad de tierras, agua, energía y minerales constituye un componente esencial para garantizar empleo, inversión nacional y desarrollo industrial.

La declaración concluye sintetizando esa mirada en una definición que busca condensar el posicionamiento político de la organización: la defensa de la soberanía territorial aparece inseparable de la defensa del trabajo, mientras que la preservación del trabajo es presentada como una condición indispensable para asegurar el futuro económico y social del país.

Con el tratamiento legislativo nuevamente en el centro de la agenda parlamentaria, el Senado deberá resolver una iniciativa que excede ampliamente el debate sobre la propiedad privada. Lo que comenzará a discutirse en el recinto será, en definitiva, el alcance del control estatal sobre recursos estratégicos y el modelo de inserción que la Argentina pretende asumir en un escenario internacional donde la tierra, el agua, la energía y los minerales se han convertido en algunos de los activos más disputados del siglo XXI.

El principal gremio docente de San Juan rechazó por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo al considerar que resulta insuficiente. La negociación continuará este viernes, en una jornada clave para definir si el Gobierno modifica su oferta y logra encaminar un acuerdo para el segundo semestre.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes sumó su primer obstáculo formal. El Plenario de Delegados Escolares de UDAP resolvió rechazar por unanimidad la propuesta presentada por el Ejecutivo durante la reunión paritaria del 30 de junio, al entender que el incremento ofrecido no responde a las expectativas del sector.

La decisión fue comunicada oficialmente por la organización sindical y deja abierta una nueva instancia de negociación prevista para este viernes, cuando volverán a reunirse los representantes del Gobierno con UDAP, UDA y AMET en busca de una salida consensuada.

La propuesta oficial contempla aumentos del 2% sobre el salario básico en agosto, octubre y diciembre, además de una cláusula de revisión destinada a monitorear la evolución de la inflación durante el segundo semestre.

Al presentar la oferta, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que la administración de Marcelo Orrego mantiene el compromiso de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, aunque remarcó que la provincia enfrenta un escenario financiero condicionado por la caída de la coparticipación federal, principal fuente de ingresos del Estado sanjuanino.

Mientras UDAP formalizó su rechazo, la definición de UDA también apunta en la misma dirección. Su secretaria general, Karina Navarro, adelantó que los primeros relevamientos entre los afiliados reflejan una valoración negativa de la propuesta oficial, aunque la consulta interna concluirá este viernes antes de la reanudación de la mesa paritaria.

Con ese panorama, el Ejecutivo afrontará una negociación compleja. La posibilidad de alcanzar un acuerdo dependerá de que presente una alternativa capaz de reducir la distancia con las demandas sindicales, en un contexto donde la presión inflacionaria convive con las restricciones presupuestarias que plantea la administración provincial.

La reunión prevista para este viernes será determinante para establecer si las partes logran acercar posiciones o si la discusión salarial ingresa en una etapa de mayor tirantez.

La negociación entre la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) llegó a una fase de ruptura. La organización sindical denunció que el sector empresario se negó a formalizar un entendimiento alcanzado durante las conversaciones paritarias y anunció un plan de acción con asambleas, protestas y quites de colaboración en distintos puntos del país.

La discusión salarial de los vigiladores privados quedó envuelta en un escenario de fuerte incertidumbre luego de que las negociaciones entre FATRASEP y la CAESI se interrumpieran sin la firma del acuerdo que, según la representación gremial, había sido consensuado verbalmente para recomponer los ingresos durante el segundo semestre de 2026.

Desde la federación sostienen que el entendimiento contemplaba elevar el salario conformado del Vigilador General a $2.000.050, cifra destinada a recuperar parte del deterioro sufrido por los ingresos del sector frente al avance del costo de vida. Sin embargo, aseguran que la representación empresaria desistió posteriormente de formalizar ese compromiso, reabriendo un conflicto que amenaza con extenderse a escala nacional.

Las conversaciones fueron encabezadas por el secretario general de FATRASEP, Julio Gutiérrez, acompañado por el secretario adjunto Gustavo Pedrocca, el secretario de Organización Jorge Rojas y el responsable de Asuntos Gremiales Leandro Nazarre, quienes participaron de las reuniones mantenidas con autoridades de la cámara empresaria.

De acuerdo con la versión sindical, la CAESI condicionó cualquier definición salarial a la apertura de una negociación sobre un nuevo convenio colectivo de trabajo. FATRASEP rechazó ese planteo al sostener que el convenio vigente conserva plena validez hasta el 31 de diciembre y que la actualización de los salarios debe resolverse dentro de ese marco convencional, sin incorporar modificaciones sobre derechos ya reconocidos.

La cámara empresaria es presidida por Fernando Pesce, de Watchman Seguridad SA, acompañado por Eduardo Mirayes (Prosegur SA) como vicepresidente; Sebastián Cruzado (Green Armor SA) como secretario; Fernando Rossotti (Entheus SRL) como prosecretario; y Claudio Rodríguez (Seguvip Argentina SA) en la tesorería.

Un reclamo que excede la actualización salarial

Para FATRASEP, la controversia ya no se limita al porcentaje de incremento. La federación sostiene que las propuestas presentadas por las empresas no sólo resultan insuficientes para recomponer el poder adquisitivo, sino que además pretenden vincular la discusión económica con modificaciones convencionales que afectarían condiciones laborales consolidadas.

Ese diagnóstico llevó a la conducción nacional a ratificar el estado de alerta y movilización permanente declarado el 29 de junio. En el comunicado difundido entonces, la organización acusó a la representación empresaria de evitar una propuesta que permita alcanzar una remuneración acorde con la realidad económica y reiteró que el objetivo continúa siendo superar el umbral de los $2 millones para el salario conformado del Vigilador General.

Comienza un plan de acción en todo el país

Frente a la falta de avances, FATRASEP resolvió poner en marcha un esquema progresivo de medidas gremiales que incluirá asambleas informativas en los lugares de trabajo, movilizaciones, quites de colaboración y tareas pasivas en empresas cuyos directivos integran la conducción de la CAESI.

Las primeras acciones alcanzarán establecimientos donde prestan servicios compañías como G4S, Prosegur, Watchman, Segar, Securion y Entheus, aunque la federación anticipó que el plan podrá extenderse a otras firmas mediante la participación de los sindicatos adheridos en las distintas provincias.

En este aspecto, la entidad confirmó que impulsará una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo para denunciar la negativa empresarial a concluir la negociación colectiva en los términos planteados por la organización sindical.

El antecedente que profundiza la disputa

La actual confrontación contrasta con el entendimiento alcanzado a fines de 2025, cuando FATRASEP y la CAESI suscribieron la paritaria correspondiente al primer semestre de 2026. Aquel acuerdo permitió elevar el salario conformado del Vigilador General hasta $1.644.650 en junio y posteriormente fue replicado por la UPSRA dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

Precisamente ese antecedente es utilizado por la federación para sostener que existían condiciones para alcanzar un nuevo consenso y que la falta de formalización del compromiso verbal representa un cambio de postura por parte del sector empresario.