Los gremios universitarios ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, luego de que la Justicia ordenara al Gobierno nacional cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial no modificó la convocatoria y las organizaciones sindicales sostienen que la movilización sigue siendo necesaria ante la falta de certezas sobre la aplicación efectiva de la norma.

El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en el tramo que había suspendido la ejecución de la Ley 27.795. La resolución hizo lugar a presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para implementar la legislación.

Sin embargo, el Gobierno volvió a apelar la decisión, por lo que la controversia judicial continúa. Para las organizaciones gremiales, la presentación oficial refuerza la necesidad de sostener las medidas de fuerza hasta que se concrete la recomposición salarial y presupuestaria reclamada.

El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, confirmó que la marcha se realizará. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, ratificó la continuidad de su plan de lucha, con paros escalonados en distintas casas de estudio.

La disputa por los fondos y los salarios

La protesta surge de la brecha entre los compromisos estatales que exigen los gremios y los montos ya abonados. De acuerdo con los datos sindicales, solo se ha liquidado el 21,3% de la deuda total. Del porcentaje restante, un 33,4% corresponde a sueldos atrasados y un 20% a becas y partidas presupuestarias pendientes.

La negociación salarial tampoco logró acercar posiciones. En septiembre, la propuesta oficial contempló aumentos del 3% para ese mes y otro 3% para octubre, frente a un reclamo sindical de recomposición del 33,4%.

Garantizar la Ley de Financiamiento Universitario, actualizar los sueldos del sector y recuperar los fondos de funcionamiento operativo serán los ejes de la marcha del 15 de octubre.El conflicto se agudiza por la falta de acuerdos paritarios y un fallo judicial recurrido. Así, el frente universitario da pelea en dos terrenos: el cumplimiento formal de una ley nacional y el reclamo histórico de las federaciones por ingresos que saquen a la actividad académica de la crisis.

La UTA, las empresas nucleadas en ATAP y funcionarios provinciales acordaron el restablecimiento inmediato de los servicios de corta y media distancia tras una audiencia que se extendió durante más de siete horas. La decisión se produjo el mismo día en que la Justicia había ordenado levantar la medida de fuerza.

Los colectivos de corta y media distancia volverán a circular de inmediato en San Juan, luego de una extensa reunión entre dirigentes de la UTA, empresarios nucleados en ATAP y funcionarios provinciales que se prolongó durante más de siete horas en la Subsecretaría de Trabajo.

El restablecimiento fue confirmado al término del encuentro por Ricardo Salvá, representante de ATAP, quien señaló que las partes acordaron priorizar la recuperación del servicio para los usuarios de toda la provincia.

La definición llegó después de una jornada marcada por la intervención de la Justicia. Cerca de las 13, el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó levantar la medida de fuerza que mantenían los choferes.

La resolución judicial dispuso la restitución del transporte público, aunque su cumplimiento efectivo quedó condicionado a las notificaciones correspondientes y a las instancias de negociación que se desarrollaban en paralelo. Finalmente, el acuerdo alcanzado en Trabajo permitió concretar el regreso de las unidades a las calles.

El conflicto se había iniciado durante las primeras horas del miércoles, cuando la UTA dispuso retenciones de servicio en reclamo por el cumplimiento de las condiciones salariales acordadas con anterioridad. La medida afectó tanto recorridos urbanos como servicios interurbanos y dejó a miles de usuarios sin una prestación regular durante más de un día.

La intervención de la Subsecretaría de Trabajo permitió concentrar la negociación entre las partes involucradas, mientras las autoridades provinciales procuraban garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el traslado cotidiano de trabajadores, estudiantes y usuarios.

“Se priorizó que el servicio vuelva a funcionar de manera normal para todos los sanjuaninos”, sostuvo Salvá al confirmar el resultado de la audiencia.

Con la decisión adoptada en la mesa laboral, la protesta queda formalmente superada y el transporte comienza a recuperar su funcionamiento habitual. El reclamo salarial que originó la medida, sin embargo, permanece vinculado a las negociaciones entre los trabajadores y las empresas, que deberán continuar por los canales institucionales correspondientes.

El desenlace pone fin a una interrupción que alteró durante más de 30 horas la movilidad provincial y que obligó a la intervención sucesiva de Trabajo, la Justicia, la UTA y las empresas concesionarias. El objetivo inmediato pasa ahora por recuperar la regularidad de las frecuencias y normalizar progresivamente el servicio en toda la RedTulum.

La CGT movilizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en una nueva demostración de fuerza de la central obrera. La marcha tuvo como destino el edificio del ex Ministerio de Industria y concluyó con los discursos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con la industria y las pequeñas y medianas empresas como principales destinatarias del reclamo sindical. La CGT sostiene que la combinación de caída del consumo, menor inversión y dificultades para las empresas está repercutiendo sobre el empleo y los ingresos.

El diagnóstico quedó plasmado también en un documento difundido por el Consejo Directivo Nacional. La central acusó al Gobierno de estar llevando adelante una política económica “monitoreada” por el Fondo Monetario Internacional, orientada —según su interpretación— hacia intereses que no coinciden con los de la economía nacional.

En el texto, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo, con especial impacto sobre las pymes. Enumeró entre los factores que, a su juicio, explican ese retroceso el aumento del desempleo, la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales, la caída del consumo interno, la recesión, la presión impositiva, el retroceso de la inversión, la falta de financiamiento y los costos de los servicios públicos.

La central sinical también vinculó la situación de las empresas con el funcionamiento de las economías regionales y las cadenas de proveedores. Para la CGT, la pérdida de establecimientos industriales no se limita al cierre de una empresa, sino que repercute sobre trabajadores, proveedores y circuitos comerciales asociados a la producción.