El nuevo integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, analizó los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que los cambios propuestos afectan salarios, financiamiento sindical y negociación colectiva. Según sostuvo, el proyecto avanza hacia un modelo de relaciones individuales que deja al trabajador en una posición de mayor vulnerabilidad frente al empleador.

La reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Congreso sigue generando un fuerte rechazo en el movimiento sindical. En ese marco, el secretario general del Sindicato del Seguro y flamante cotitular de la CGT, Jorge Sola, planteó una advertencia directa: los cambios propuestos no solo modifican reglas administrativas, sino que alteran principios estructurales del derecho del trabajo y del sistema de representación gremial.

“Este proyecto ataca principios básicos de protección y deja al trabajador mucho más indefenso”, afirmó Sola, al analizar el impacto que la iniciativa tendría sobre la negociación colectiva, los salarios y el rol histórico de los sindicatos como contrapeso del poder empresarial.

Uno de los ejes centrales del debate es la cuestión de la cuota sindical y el mecanismo de afiliación. En ese punto, Sola buscó aclarar conceptos que —según señaló— suelen ser distorsionados en la discusión pública. Recordó que la afiliación gremial es una opción constitucional del trabajador y que el descuento de la cuota solo se realiza cuando existe una manifestación expresa de voluntad. “Si el trabajador no firma su ficha de afiliación, no se le descuenta nada. No es un aporte automático ni uniforme”, subrayó.

Actualmente, las empresas cumplen el rol de agentes de retención de esa cuota, que financia la actividad sindical, desde la negociación paritaria hasta los servicios sociales y de asistencia. Sola diferenció este mecanismo de las contribuciones solidarias acordadas en algunas paritarias, aclarando que no se aplican en todos los gremios ni de manera generalizada. “Son figuras distintas y hay que entenderlas como tales”, remarcó.

Análisis: el trasfondo del financiamiento y la negociación colectiva

Según explicó el dirigente, la cuota sindical suele representar entre el 1% y el 2% del salario, y permite sostener no solo la representación gremial, sino también una red de prestaciones que, en muchos casos, alcanza incluso a trabajadores no afiliados: turismo social, subsidios escolares, cobertura de salud y beneficios sociales.

En ese punto, Sola cuestionó el uso del concepto de free rider —frecuente en los argumentos oficiales— para justificar la eliminación o restricción de las contribuciones. “Se plantea que hay quienes pagan y quienes reciben los mismos beneficios sin aportar, pero ese razonamiento no refleja la diversidad de situaciones reales ni el funcionamiento del sistema sindical argentino”, sostuvo.

Uno de los cambios más sensibles del proyecto es que las empresas “podrán” retener las cuotas sindicales, en lugar de hacerlo de manera obligatoria cuando existe afiliación. Para Sola, esa modificación introduce una desregulación que afecta la previsibilidad financiera de los gremios. “La empresa queda liberada a decidir si retiene o no, siempre con aval del trabajador. Eso altera el sistema solidario y debilita la estructura de financiamiento sindical”, advirtió.

Desde su mirada, la reforma rompe con dos pilares del derecho laboral: el principio protector y la progresividad de los derechos. En lugar de fortalecer la negociación colectiva, el proyecto promueve acuerdos individuales entre trabajador y empleador. “Se fomenta una relación mano a mano que, en un contexto de desigualdad, siempre deja al trabajador en desventaja”, afirmó.

Sola también alertó sobre la intención de fortalecer sindicatos por empresa en detrimento de los sindicatos por actividad, un esquema que, según señaló, fragmenta la representación y debilita el poder de negociación. “Es una lógica que va a la baja del reconocimiento del trabajo y del rol colectivo de los laburantes”, sintetizó.

Para el dirigente de la CGT, la reforma laboral no puede analizarse solo como un conjunto de cambios técnicos. Detrás del proyecto —advirtió— existe una redefinición profunda del modelo de relaciones laborales en la Argentina. “No se trata únicamente de salarios o aportes, sino de qué tipo de protección va a tener el trabajador y qué lugar van a ocupar los sindicatos en la defensa de esos derechos”, concluyó.

ATEPSA anunció un paro progresivo a partir del 18 de diciembre en reclamo de mejoras salariales y por presuntos incumplimientos paritarios por parte de EANA. El conflicto podría escalar e impactar en vuelos nacionales e internacionales en pleno comienzo de la temporada alta.

La tranquilidad previa a las fiestas de fin de año quedó en suspenso tras el anuncio de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio adelantó un plan de lucha progresivo que comenzará el miércoles 18 de diciembre y que amenaza con interrumpir o demorar vuelos en todos los aeropuertos del país.

El detonante del conflicto está en los reclamos salariales y en lo que los trabajadores denuncian como incumplimientos paritarios por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). También señalan el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la “falta de diálogo” y la ausencia de respuestas a los planteos elevados en los últimos meses.

La medida se definió en una asamblea en la sede central de EANA, donde los controladores expresaron su “repudio a la falta de negociación” y ratificaron que retomarán un plan de acción iniciado el 3 de noviembre y que había quedado en suspenso por la conciliación obligatoria dictada en agosto.

Aumenta la tensión: paros progresivos y la posibilidad de escalar a vuelos internacionales

ATEPSA informó que el cese de actividades comenzará afectando a los vuelos nacionales, pero advirtió que, de persistir el conflicto, las medidas podrían extenderse a los vuelos internacionales, complicando uno de los períodos de mayor demanda de todo el año.

Aunque el gremio todavía no difundió el cronograma detallado, anticipó que durante los próximos días realizará asambleas nacionales para definir horarios, modalidades y alcances de cada instancia del plan de lucha. “Meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo desconocido”, argumentaron desde el sindicato.

Desde la empresa, en cambio, aseguran que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales, una postura que profundizó el malestar entre los controladores.

Un conflicto que se agrava por el deterioro del diálogo

La reactivación de la protesta refleja la falta de avances en las negociaciones. El gremio acusa a EANA de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos meses, mientras que la empresa sostiene su posición y niega irregularidades. La distancia entre ambas partes llevó a un nuevo foco de tensión que amenaza con expandirse durante la temporada alta.

“Instamos a EANA a dar respuestas. Sin diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, advirtió ATEPSA. Para este viernes está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo que buscará acercar posiciones y evitar una paralización que podría afectar a miles de pasajeros.

Desde EANA afirmaron que “el paro aún no está confirmado”, aunque no mostraron señales de flexibilizar la postura que originó el conflicto. Así, la principal expectativa para desactivar las medidas parece quedar en manos de la Secretaría de Trabajo, que podría dictar una nueva conciliación obligatoria, como ya ocurrió en reclamos anteriores.

Sin embargo, incluso esa alternativa sólo patearía la disputa hacia enero, otro mes de alto movimiento turístico, sin resolver de fondo la discusión salarial ni las diferencias sobre el convenio colectivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, titular del sindicato de Estaciones de Servicio, delineó un panorama crudo sobre la situación económica, la caída del salario real, el avance de la recesión y la creciente migración laboral hacia países limítrofes. Además, analizó la estrategia de la CGT ante la reforma laboral y anticipó el escenario paritario que enfrenta su sector de cara al 2026.

La conversación con Víctor Menéndez deja en claro que la crisis económica dejó de ser un diagnóstico para convertirse en una condición estructural. La inflación que se desacelera a fuerza de recesión, el derrumbe del poder adquisitivo y el estancamiento productivo se entrecruzan en un escenario en el que —según los datos que cita— casi un 80% de los argentinos no logra llegar a fin de mes.

“Estamos viviendo un momento muy delicado. Los trabajadores están realmente apaleados, con salarios bajos y sin expectativas de mejora”, advierte. Su descripción abarca tanto a los asalariados activos como a los jubilados, cuyas prestaciones —recuerda— fueron históricamente referencia regional y hoy se encuentran entre las más deterioradas.

Menéndez remarca un punto que se repite en todos los sectores gremiales: la recesión como única vía para desacelerar los precios. No se trata de un dato menor: detrás de cada punto de inflación menos aparecen cierres de fábricas, suspensiones, despidos y un tejido productivo cada vez más debilitado. “No hay perspectiva de industrializar, de volver a producir. Se están cerrando industrias todos los días”, resume.

La migración laboral, un síntoma inesperado del deterioro

Uno de los fenómenos que más inquieta al dirigente es el crecimiento de la migración laboral hacia países vecinos. Una postal que invierte décadas de historia.

“Hoy los argentinos salen a buscar trabajo a Brasil y Paraguay. Eso no ocurría desde hace muchísimo tiempo”, afirma.

El dato implica una ruptura cultural y económica: en un país que durante años recibió trabajadores de la región, ver a sus propios ciudadanos cruzar la frontera por necesidad es, en términos simbólicos, un indicador profundo de retroceso.

El referente gremial vincula este proceso con lo que considera un cambio de prioridades por parte del Gobierno nacional, al que acusa de “combatir jubilados, trabajadores y pymes” mientras se alinea con sectores de fuerte poder económico. Ese vínculo político-económico, sostiene, alimenta un clima social que percibe como “oscuro” y sin horizonte claro.

CGT, unidad y reformas: un movimiento obrero en alerta máxima

La salida de la CGT del Consejo de Mayo y la inminente discusión de la reforma laboral abrieron una nueva etapa de tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. Menéndez, que participó de la última reunión de secretarios generales en San Juan, describe un encuentro marcado por preocupación, diagnósticos críticos y relatos de despidos y cierres en múltiples actividades.

“La situación es grave y nos obliga a estar unidos. Se vienen tiempos muy difíciles”, asegura.

De cara al 2026, anticipa que la unidad será el eje central de la renovación de autoridades de la central obrera:
“Habrá que elegir los mejores cuadros, pero siempre desde la unidad. Y también dar lugar a la generación joven que tiene ganas de participar”.

A la par, destaca un punto clave: el problema de un sindicato es el problema de todos. La lógica solidaria vuelve a tomar protagonismo en un contexto en el que, dice, cualquier organización puede ser la próxima en enfrentar conflictos.

Paritarias en el sector: salarios atrasados y una negociación que define 2025–2026

En materia salarial, Menéndez confirma que el gremio debe recomponer un tramo del acuerdo vigente, superado ampliamente por la inflación. La discusión incluye dos alternativas: recuperar lo perdido mediante un porcentaje adicional o a través de un bono compensatorio.

El representante sindical también anticipa que deberá cerrarse el tramo final de la paritaria 2025 —diciembre a marzo— para luego iniciar en abril la negociación 2026.

“La variable de ajuste no puede ser el salario”, subraya. Y añade:
“Los compañeros necesitan una recuperación real. No se puede vivir llegando al día 15 del mes”.

Sobre el proceso de homologación, recuerda que la Secretaría de Trabajo dispone de un plazo de 45 días y que, en caso de desacuerdo extremo, puede intervenir mediante un laudo arbitral. Sin embargo, aclara que en su actividad “nunca fue necesario llegar a ese punto”.

Reforma laboral: modernización sí, retrocesos no

De cara a las próximas semanas, Menéndez anticipa que la CGT convocará a los equipos jurídicos de todos los sindicatos para analizar el proyecto final de reforma laboral. La preocupación no se centra en la idea de modernizar aspectos vinculados a la tecnología o automatización, sino en la posible pérdida de derechos históricos.

“No nos oponemos a la modernización. Pero no podemos resignar conquistas que costaron décadas de lucha, salud y hasta sangre”, asegura.

La central obrera, afirma, buscará incidir mediante diálogo con diputados, senadores, gobernadores y todos los actores políticos involucrados. “En todas las provincias hay trabajadores, nadie puede mirar para otro lado”.

La entrevista con Víctor Menéndez dibuja un país donde la crisis económica opera como eje de todas las discusiones: salarios que no alcanzan, producción paralizada, migración creciente y un clima laboral en permanente tensión. En ese marco, la CGT se reorganiza, busca fortalecer su unidad y prepara una estrategia legislativa y territorial para enfrentar los cambios que el Gobierno proyecta.

El dirigente sintetiza su visión con una mezcla de preocupación y responsabilidad: la necesidad de defender el trabajo, fortalecer la unidad y asegurar que ninguna reforma implique un retroceso histórico.
En tiempos de incertidumbre, insiste, la organización sindical vuelve a ser el principal refugio de los trabajadores.