La crisis económica sigue afectando duramente a las familias argentinas. Según el último informe del Banco Central, la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzó niveles récord en junio, reflejando la creciente dificultad para cubrir gastos básicos.

El coeficiente de mora del crédito a las familias alcanzó el 5,2% en junio, lo que marca un nuevo récord y refleja la creciente dificultad para cubrir gastos básicos. En el caso de las tarjetas de crédito, el incumplimiento trepó del 3,8% en mayo al 4,4% en junio, el segundo nivel más alto desde que comenzó a medirse en 2010.

«Se trató del séptimo incremento consecutivo de la morosidad en este segmento», detalló el Banco Central, que atribuyó el fenómeno al deterioro de los ingresos. En junio de 2024, la mora en plásticos era de apenas 1,9%, menos de la mitad de la actual.

Los préstamos personales también mostraron un fuerte deterioro: pasaron de 5,6% en mayo a 6,4% en junio, el registro más elevado desde noviembre de 2021. El escenario se agrava por las elevadas tasas de interés que, según los bancos, oscilan entre el 70% y el 105% anual.

«El aumento del indicador resultó generalizado entre los grupos de entidades financieras», precisó el Banco Central, subrayando que no se trata de un problema de un banco en particular, sino de todo el sistema.

El informe también advirtió que «el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,9% en junio, 0,3 puntos por encima del registro de mayo». El impacto es aún más significativo si se tiene en cuenta que el uso de tarjetas de crédito sigue en alza.

De acuerdo con un estudio de Payway, en el segundo trimestre de 2025, los pagos con tarjeta representaron el 63,2% del total del volumen operado, 5,4 puntos más que en el mismo período de 2024. Es decir, las familias dependen cada vez más del crédito, aunque al mismo tiempo se ven forzadas a incumplir sus pagos.

La combinación de inflación, ingresos que no alcanzan y tasas por las nubes configura un panorama crítico para los hogares, que encuentran cada vez más difícil cumplir con sus compromisos financieros. «La morosidad en las familias alcanza niveles récord», sintetizó el Banco Central, dejando en claro la magnitud del problema.

La Justicia Federal falló a favor de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y frenó los pases a disponibilidad de casi 300 empleados. El fallo impone una multa diaria de $10.000.000 al gobierno de Javier Milei en caso de incumplimiento.

La decisión judicial se suma a una serie de reveses judiciales que la administración actual viene sufriendo en el ámbito laboral. La resolución del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo n°2 de San Martín ordena al gobierno de Milei a dar marcha atrás con la Resolución 1240, que pretendía dejar en situación de disponibilidad a 300 trabajadores del INTA.

El fallo establece que la medida cautelar no puede ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste y que su resistencia «justifica total o parcialmente su proceder» de acuerdo con el artículo 37 del CPCCN y 804 del CCyCN. Además, el Juzgado dispuso la remisión de copias de todo lo actuado a la Justicia Federal Penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal).

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró efusivamente la victoria judicial y destacó que «ATE frena los pases a disponibilidad» en el INTA. Aguiar también apuntó directamente al presidente Milei, preguntándole si «¿Van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?».

El conflicto se desató tras un intento del gobierno de pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del INTA, a pesar de que la Justicia Federal había dictado una medida cautelar en contra y el Senado ya había rechazado el Decreto 462/25. Los gremios ATE y APINTA denunciaron que la medida ignoraba la división de poderes y la ley, y que además buscaba una «persecución sindical», ya que el listado incluía a delegados sindicales.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, solicitó la citación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para que brinde explicaciones sobre su presunto pedido para reducir la cantidad de pensiones por discapacidad y el cese de personal de auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En una por la transparencia en la gestión de políticas de discapacidad, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita la citación del ministro Federico Sturzenegger para que explique su presunta intervención en la reducción de pensiones por discapacidad y la disminución del personal de auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según audios filtrados correspondientes al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, Sturzenegger habría impulsado estas medidas.

De acuerdo con las declaraciones de Valdés, estas decisiones habrían debilitado los mecanismos de control y podrían haber facilitado maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. «No se trata solo de un hecho de corrupción, sino de un ataque directo a los derechos de las personas con discapacidad», señaló el diputado peronista. Valdés enfatizó la gravedad institucional del asunto y subrayó que «la Cámara de Diputados tiene la obligación de que el ministro rinda cuentas ante la sociedad».

En su proyecto, Valdés plantea varias preguntas específicas dirigidas a Sturzenegger. Entre ellas, se busca determinar si el ministro instruyó al director de la ANDIS para dar de baja la mayor cantidad posible de pensiones por discapacidad. También se pregunta si Sturzenegger se oponía a la revisión médica de los pensionados por discapacidad y si solicitó la baja directa de dichas pensiones. Además, Valdés solicita información sobre el funcionario que Sturzenegger designó en la ANDIS y si la reducción del personal de la Unidad de Auditoría Interna fue por decisión del Ministerio a cargo de Sturzenegger.