Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para modificar la Ley de Empleo y establecer que ningún trabajador de jornada completa cobre menos que la Canasta Básica Total del INDEC para una familia de cuatro integrantes. La iniciativa reabre el debate sobre el deterioro del salario mínimo y el aumento del endeudamiento de los hogares.

La iniciativa, impulsada por la legisladora pampeana Varinia Lis Marín, propone modificar el artículo 140 de la Ley 24.013 para que ningún trabajador de jornada completa perciba un ingreso inferior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el INDEC para un hogar de cuatro integrantes.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo y busca recuperar, según sus fundamentos, la función del salario mínimo como herramienta para garantizar condiciones de vida dignas. La propuesta toma como referencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el derecho a una retribución justa y al salario mínimo, vital y móvil.

Una brecha de casi $1,2 millones

La distancia entre ambos valores expone la magnitud del cambio que implicaría la reforma. El salario mínimo vigente en agosto asciende a $376.600 mensuales, mientras que la última CBT oficial disponible, correspondiente a junio, alcanzó los $1.531.472,91 para una familia de cuatro integrantes.

De aprobarse el proyecto en los términos planteados, el piso salarial debería multiplicarse por más de cuatro para alcanzar ese parámetro.

La iniciativa sostiene que resulta necesario vincular el ingreso mínimo con los indicadores de pobreza e indigencia del INDEC para evitar que trabajadores registrados permanezcan por debajo de esos umbrales.

El debate coincide con una creciente preocupación sindical por la pérdida del poder adquisitivo. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) planteó esta semana un salario mínimo de $3.065.161, mientras que desde la Mesa Sindical reclaman además una recomposición general del 30% para recuperar parte del poder de compra perdido desde diciembre de 2023.

Rubén Ruiz, titular de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas y referente del FreSU, consideró que cualquier iniciativa orientada a elevar el piso salarial resulta relevante, aunque advirtió sobre la necesidad de construir acuerdos amplios dentro del movimiento obrero.

El Consejo del Salario, en el centro de la disputa

El salario mínimo es determinado por el Consejo del Salario, integrado por representantes sindicales, empresarios y el Estado. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, las centrales obreras reclamaron incrementos superiores a los finalmente acordados, mientras que ante la falta de consenso el Gobierno terminó fijando los valores mediante resoluciones de la Secretaría de Trabajo.

Los autores del proyecto cuestionan precisamente ese mecanismo y sostienen que las mayorías exigidas para alcanzar acuerdos en el Consejo dificultaron la actualización del ingreso mínimo.

El diagnóstico gremial también encuentra respaldo en informes de CIFRA, que estimó que el poder de compra del salario mínimo acumula una caída superior al 40% respecto de los niveles previos al cambio de Gobierno. Según el mismo informe, el deterioro alcanza el 60% frente a 2015.

Un estudio de la Federación del Personal de Vialidad Nacional registró 29 fallecidos y más de 20 heridos en 22 siniestros ocurridos entre junio y julio. El informe vincula los hechos con deficiencias de infraestructura y advierte sobre el fuerte recorte presupuestario aplicado a la Dirección Nacional de Vialidad.

La concentración de los hechos resulta particularmente significativa: 23 de las 29 víctimas murieron entre el 1° y el 16 de julio. El relevamiento abarcó tramos de las rutas nacionales 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 33, 34, 35, 38, 40, 188 y 226.

FEPEVINA aclara que los accidentes viales tienen múltiples causas y que el estado del camino no puede atribuirse como responsable exclusivo de cada tragedia. Sin embargo, sostiene que una infraestructura deteriorada reduce la capacidad de los conductores para corregir errores y puede agravar las consecuencias de un impacto.

Entre las deficiencias relevadas aparecen baches, ahuellamientos, banquinas deterioradas, iluminación insuficiente, alcantarillas colapsadas, falta de señalización y ausencia de mantenimiento invernal.

Pavimentos deteriorados y menor capacidad de respuesta

El documento cruzó los siniestros con indicadores técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad. De los 17 tramos sobre los que existía información acerca del Índice de Estado, 11 estaban calificados como malos.

Uno de los casos señalados corresponde a la Ruta Nacional 12, cerca de San Roque, Corrientes, donde se detectó un ahuellamiento de 35 milímetros. Según el documento, deformaciones superiores a 10 o 12 milímetros pueden favorecer la acumulación de agua y aumentar el riesgo de hidroplaneo.

En la Ruta Nacional 11 se registraron deformaciones de hasta 21 milímetros, además de baches que obligan a los vehículos a desplazarse hacia las banquinas.

“El estado del pavimento rara vez actúa como causa unívoca, sino como un amplificador y desencadenante de errores humanos”, sostiene el informe. Para la federación, la infraestructura dejó de cumplir una función preventiva al no ofrecer condiciones suficientes para absorber las equivocaciones habituales de los conductores.

El ajuste sobre Vialidad

La denuncia gremial se produce mientras FEPEVINA cuestiona el recorte presupuestario aplicado a la Dirección Nacional de Vialidad. Al 31 de julio, el organismo contaba con un presupuesto vigente de $776.756 millones, pero había devengado el 32,6% y pagado el 29,8%, cuando ya había transcurrido el 58,3% del año.

El crédito para bienes de uso descendió de $394.246 millones a $296.294 millones, una reducción cercana a $98.000 millones.

De los 179 proyectos que originalmente tenían recursos asignados, 112 quedaron con crédito cero o de apenas un peso, según el relevamiento. La federación sostiene que la medida afectó obras de seguridad, reparación de puentes, alcantarillas, mantenimiento y distintos trabajos sobre rutas nacionales.

El ajuste también impactó sobre la estructura de Vialidad. FEPEVINA estima que la dotación pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a unos 4.207 actualmente, una reducción cercana a 1.333 agentes. Entre las áreas afectadas menciona ingeniería, laboratorios, topografía, mecánica y conservación.

La recaudación que no llega a las rutas

Otro de los cuestionamientos apunta al destino del impuesto a los combustibles. Según el informe, entre enero y julio el Estado recaudó $3,8 billones, mientras que la ejecución efectiva destinada a obras viales mediante la fuente específica del SISVIAL fue de $99.572 millones.

FEPEVINA calcula que esos recursos representan apenas 2,59 pesos de cada 100 recaudados en los surtidores y estima que la diferencia entre lo previsto y lo ejecutado alcanzó los $449.039 millones.

La organización sostiene que ese monto habría permitido rehabilitar unos 3.000 kilómetros de rutas o realizar tareas de mantenimiento y bacheo en aproximadamente 22.000 kilómetros.

El Gobierno, mientras tanto, avanza con la Red Federal de Concesiones, que contempla transferir a operadores privados la administración de más de 9.400 kilómetros. FEPEVINA advierte que unos 30.000 kilómetros, equivalentes al 75% de la red nacional, quedarían fuera de esas concesiones.

El reporte concluye que el deterioro vial no puede desvincularse de las decisiones presupuestarias adoptadas por el Estado y reclama la recuperación del mantenimiento de la red. Para la federación, la discusión dejó de ser exclusivamente laboral o presupuestaria: involucra directamente la capacidad de las rutas nacionales para preservar la seguridad de quienes las utilizan.

La UTA retoma este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias. La conducción de la UTA busca una mejora para los choferes del interior y la seccional San Juan anticipó que adherirá a un eventual paro nacional si no se alcanza un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reanuda este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias del transporte, en una reunión que puede resultar determinante para definir la continuidad del conflicto por los ingresos de los choferes del interior del país.

El encuentro está previsto entre las 13 y las 15 y tendrá como principal objetivo acercar posiciones sobre una recomposición salarial que permita equiparar las condiciones de los trabajadores provinciales con las mejoras alcanzadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La negociación lleva varias semanas sin una resolución definitiva. Mientras el gremio reclama una actualización acorde con el aumento obtenido por los choferes metropolitanos, las empresas advierten sobre el incremento de los costos operativos y las dificultades financieras que atraviesan los servicios de transporte fuera del AMBA.

En San Juan, la conducción de la UTA sigue las conversaciones nacionales y ya definió su postura ante una eventual medida de fuerza. Si la conducción nacional dispone un paro, la seccional provincial anticipó que acompañará la protesta, lo que podría provocar interrupciones en el servicio de colectivos y afectar a miles de usuarios.

La posibilidad de una huelga no es nueva. La semana pasada, el gremio había advertido sobre la convocatoria a una medida de fuerza, aunque finalmente decidió mantener abierta la negociación y suspendió la protesta mientras continuaban las conversaciones con las empresas.

Ese antecedente mantiene la expectativa sobre el resultado de la reunión en la tarde de este jueves. Un entendimiento permitiría desactivar, al menos por ahora, la amenaza de paro, mientras que la falta de avances podría llevar a la conducción de la UTA a definir una protesta de alcance nacional.

Por el momento, no existe un paro confirmado. La definición dependerá del resultado de la negociación y de la decisión posterior de la conducción nacional del gremio. En San Juan, sin embargo, la adhesión ya fue anticipada en caso de que finalmente se convoque a la medida.