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Los trabajadores realizarán un acampe en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Denuncian que el Gobierno presiona para avanzar con distintos fallos a favor de la gestión de Hernán Lombardi.


Los trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam decidieron montar desde hoy un acampe frente a la Cámara Nacional de apelaciones del Trabajo. Allí habrá actividades públicas todos los días para exigir justicia en el reclamo de la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos por la secretaría de Medios Públicos que comanda Hernán Lombardi.

La denuncia de la Comisión Interna se centra en una maniobra que comenzó en la Justicia en el mes de febrero donde se avanzó con el sorteo de los expedientes que en principio habían caído en una misma sala, pero fueron diseminados en jueces amigos para lograr un fallo contra los trabajadores fue avanzando.

Los jueces del Trabajo dilatan una solución para los despedidos de Télam. La presión del gobierno motivó que el miércoles, contra los reglamentos de la Justicia Nacional, fragmentara en numerosas partes el expediente de los trabajadores de la agencia y lo diseminara en múltiples juzgados ?que no tienen competencia legal para resolver- como modo de impedir que se repitieran las sentencias dictadas el año pasado y que ordenaron reinstalaciones», manifestó la Comisión Gremial Interna en un comunicado que reprodujo el portal Política Argentina.
La demanda de los trabajadores de Télam que expuso el vaciamiento en los medios públicos llevado adelante por el Gobierno logró adhesiones de legisladores, candidatos presidenciales, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y referentes del periodismo que ya se han solidarizado con el conflicto.

La Justicia Nacional del Trabajo consideró que el plan de despidos era ilegal, por incumplir el Procedimiento Preventivo de Crisis, pero luego, tras múltiples presiones del gobierno (juicio político a los magistrados, remoción de jueces, nombramiento de otros nuevos), logró implosionar el expediente judicial para intentar evitar nuevas sentencias condenatorias.

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Gremios universitarios anuncian tres días de paro

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) llevó a cabo el pasado martes una reunión del Consejo Directivo y del Plenario de Secretarios Generales, donde resolvió que ante la “agudización” de la grave situación salarial» se llevará a cabo un paro nacional de 72 horas cuya fecha quedará definida en el marco del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

El Plenario facultó a la Mesa Ejecutiva del gremio para resolver la continuidad del plan de lucha de los no docentes de las universidades nacionales, quedando resueltas las acciones a llevar adelante en las próximas semanas.

A través de una resolución, el gremio que conduce Walter Merkis, definió 5 líneas de acción, dentro de las cuales se encuentra ratificar la decisión del Congreso Nacional ordinario para facultar a la Mesa Ejecutiva para convocar al paro nacional por 72 horas.

Por otra parte, se estableció que la medida de fuerza, así como los próximos pasos del Plan de Acción, sean definidas “en unidad con el Frente de Sindicatos de las Universidades Nacionales».

A su vez, FATUN desarrollará “medidas de visibilización” de las demandas del sector en unidad “con la comunidad universitaria que confirmen el compromiso de todos los sectores”, subraya la resolución.

La entidad gremial que nuclea a los no docentes también exigirá que los Consejos Superiores de las Universidades se expidan sobre la situación salarial de los trabajadores del sector y la continuidad de las becas para los estudiantes.

Finalmente, FATUN rechazó la “política represiva” del gobierno nacional, así como la criminalización de la protesta y remarcó “el pedido de liberación y reparación de las víctimas” detenidas durante la represión del miércoles pasado en el marco de la marcha contra la aprobación de la Ley de Bases.

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La CGT alertó por la represión del Gobierno y exigió la liberación de los detenidos

La central obrera CGT repudió las detenciones realizadas al voleo en la manifestación que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación el pasado 12 de junio con motivo del tratamiento de la Ley llamada ¨Bases¨. En un comunicado firmado por el Consejo Directivo, expresaron su repudio por las detenciones y reivindicaron el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional (derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades, art 14bis) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos y promovemos su ejercicio de forma pacífica y ordenada, señalaron.

El miércoles pasado distintas organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, estudiantiles, sociales marcharon a la Plaza de los Dos Congresos para expresar su rechazo a la Ley ómnibus llamada Bases y el paquete fiscal que incluye el regreso del impuesto a las Ganancias a los salarios. Por la tarde, muchos manifestantes autoconvocados recibieron la represión de distintas fuerzas de seguridad y la jornada terminó con 33 detenidos acusados de delitos gravísimos como sedición, traición a la patria, entre otros. A los dos días excarcelaron a 17 de ellos entre los que había estudiantes, vendedores de empanadas, vendedores de choripanes y simples peatones. El fiscal Stornelli pidió que los vuelvan a encerrar.

Desde la CGT agregaron: Repudiamos el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes.

Y reclamaron la libertad de todos los encarcelados, además de la debida investigación por los incendios de autos y bicicletas realizados por «personal profesional infiltrado: En función de ello solicitamos la inmediata liberación de los detenidos. Confiamos en que la Justicia no se dejará manipular y requerimos a la misma que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa.

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La CTERA rechaza el proyecto de ley que limita el derecho a huelga en el sector docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) alertó sobre un proyecto de ley del diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, que busca impedir el derecho a huelga de ese sector en un contexto de ajuste presupuestario y salarial.

La iniciativa para restringir la protesta de docentes obtuvo dictamen en la Comisión de Educación, con apoyo de los bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la CC. Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo y reclamaron mayor financiamiento para la educación pública.

“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”, denunció CTERA en un comunicado.

El proyecto declara a la educación como servicio esencial, lo que justifica la restricción de las medidas de fuerza. Los gremios denuncian que lo que busca el oficialismo es coartar el derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y ajuste en los salarios docentes.

El sindicato que conduce Sonia Alesso advirtió que el proyecto no recibió el giro a otras comisiones para proseguir su tratamiento y remarcó que apunta a modificaciones en el articulado de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.

“Son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria nacional”, cargó el gremio.

El sindicato que integra la CTA agregó que el oficialismo “nada dice de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”.

Y prosiguió: “No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.

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