Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.

El Frente de Sindicatos Unidos sostuvo que el Salario Mínimo Vital y Móvil debería alcanzar $3.116.298 para cubrir las nueve necesidades previstas por la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. El monto supera ampliamente el piso salarial vigente y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida del poder adquisitivo.

La estimación, correspondiente a julio, ubica el ingreso necesario en $3.116.298, un monto que multiplica varias veces el salario mínimo oficial vigente. Para los gremios que integran el frente, la diferencia expone la distancia entre el piso salarial fijado por el Estado y el costo efectivo de sostener una vida digna.

El cálculo contempla nueve rubros previstos en la legislación laboral: alimentación adecuada, vivienda, educación y cultura, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social. Entre los principales componentes figuran $664.499 para alimentación, $624.473 para vivienda, $381.127 para salud, $676.295 para transporte, vacaciones y esparcimiento y $342.793 para previsión social.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Unión Obrera Molinera, en Buenos Aires, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, sostuvo que ese valor representa el ingreso que los trabajadores deberían alcanzar para cubrir sus necesidades y vinculó esa meta con la capacidad de movilización de las organizaciones sindicales.

En la misma presentación, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, cuestionó que el salario mínimo pueda considerarse suficiente con un monto sustancialmente inferior al costo calculado por los sindicatos. Según planteó, la cifra estimada por el FreSU contempla únicamente las necesidades enumeradas por la normativa y no incorpora capacidad de ahorro ni acceso a un crédito hipotecario.

El planteo gremial se inscribe en un deterioro más amplio de los ingresos laborales. De acuerdo con las cifras difundidas por el FreSU, desde noviembre de 2023 los salarios reales del empleo público acumularon una caída del 9%, mientras que los del ámbito privado registraron un retroceso del 22% en términos de poder de compra.

El frente sindical también calculó una pérdida acumulada superior a $69,3 billones en los ingresos mensuales de los trabajadores. En promedio, estimó que cada asalariado privado dejó de percibir el equivalente a $3.011.131, mientras que para los empleados estatales la pérdida promedio alcanzaría $15.465.594.

A ese deterioro se suma el mayor endeudamiento de los hogares. Según los datos presentados por las organizaciones, las familias acumularon unos $46 billones adicionales de deuda desde el inicio de la actual gestión y la morosidad se multiplicó en el último año. Para el FreSU, el recurso al crédito pasó de ser una herramienta complementaria a convertirse en una vía para afrontar gastos corrientes.

La referencia al salario mínimo también recupera una definición establecida por la propia legislación. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza un salario mínimo vital y móvil, mientras que el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que debe asegurar al trabajador una jornada legal de trabajo y la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales.

El FreSU reúne sindicatos pertenecientes a las tres centrales obreras, entre ellos la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, organizaciones aeronáuticas, marítimas, fluviales, molineras, papeleras y viales. En su primer plenario de delegados, realizado el 1° de mayo, las organizaciones incorporaron la recuperación del salario mínimo entre sus principales reivindicaciones.

El reclamo coloca nuevamente al SMVyM en el centro de la discusión sobre ingresos, costo de vida y relaciones laborales. La brecha entre el piso legal y el monto que los sindicatos calculan como necesario constituye uno de los principales argumentos del frente para exigir una recomposición salarial y una revisión de los criterios con los que se determina el ingreso mínimo de los trabajadores.

Trabajadores de distintas provincias denuncian incumplimientos de la escala acordada, liquidaciones con alta proporción de sumas no remunerativas y pérdida de puestos laborales. También cuestionan la falta de respuestas de la conducción nacional de la UTA.

La crisis del transporte de pasajeros de larga distancia comenzó a reflejarse con mayor intensidad en los recibos de sueldo, las dotaciones de personal y la continuidad de los servicios. En distintas provincias, los choferes denuncian que las empresas no aplican los valores establecidos en la escala salarial acordada con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mientras se multiplican los despidos, las reducciones de recorridos y los mecanismos que alteran la composición de los ingresos.

Los reclamos alcanzan también a la conducción nacional del gremio, encabezada por Roberto Fernández. Los trabajadores cuestionan la falta de respuestas frente a conflictos que, aunque presentan características diferentes según cada territorio, tienen un denominador común: pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre laboral y deterioro de las condiciones de contratación.

Una escala salarial que no se refleja en todos los recibos

El acuerdo para el personal de larga distancia fijó un básico conformado de $1.445.658,25 para abril de 2026, acompañado por una suma no remunerativa de $100.000. Para mayo, el básico ascendió a $1.471.610,50; en junio se estableció en $1.498.416,25; en julio llegó a $1.598.099,50 y para agosto se fijó en $1.685.958.

La pauta también contempló viáticos y reintegros por comidas y alojamiento. Para julio, por ejemplo, se establecieron $8.000 para desayuno o merienda, $20.000 para almuerzo o cena y $30.000 por cama, con un total de $86.000.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que en varias jurisdicciones esos valores no se trasladan de manera íntegra a las liquidaciones. En algunos casos, además, aparecen esquemas basados en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con una elevada proporción de sumas no remunerativas.

Despidos y reducción de servicios

En Comodoro Rivadavia, uno de los episodios más graves se produjo tras la licitación del servicio que prestaba la empresa Patagonia. De una plantilla de 343 trabajadores, la firma Sol Bus absorbió a 269, mientras que 74 empleados quedaron sin puesto.

El caso expone una de las principales preocupaciones de los choferes: la continuidad de una prestación no garantiza necesariamente la conservación de toda la dotación laboral.

En Formosa, la salida de la empresa Cruceros del Sur habría dejado a 350 trabajadores fuera de sus puestos. Según los reclamos relevados, la firma que asumió posteriormente, Fermosa, liquida parte de los ingresos bajo una modalidad en la que los trabajadores figurarían como monotributistas. También se menciona la participación de una cooperativa en la reorganización de los servicios provinciales.

Diferencias salariales en varias provincias

En Chaco, trabajadores de las empresas ATACO NAVARRO UTE, ERSA TCM y San Bernardo Urbano denuncian percibir $1.033.362,25, con una liquidación integrada en un 88% por conceptos no remunerativos y en un 12% por componentes remunerativos. En los recibos, esa composición aparece vinculada con un “Acuerdo UTA” y se adiciona un aporte de $9.620,25 destinado al fondo de salud pública.

En San Juan, los empleados de La Marina, La Positiva, Empresa Mayo, El Triunfo, Albardón, Altos de Sierra, Nuevo Sur y El Libertador mantienen, según la información relevada, un sueldo de $1.370.000 desde noviembre de 2025. Durante abril, mayo, junio y julio de 2026 se incorporó una suma no remunerativa de $175.278,25, con lo que el ingreso alcanzó $1.545.278,25, aunque los trabajadores advierten que parte de esa diferencia no se incorporó al básico.

En Corrientes, los choferes señalan que desde marzo cobran $1.425.533,45, sin actualización acorde con los valores posteriores. Para abril, la referencia salarial habría ascendido a $1.545.278,25. A esa diferencia se suma la situación de la empresa ERSA, que atraviesa un procedimiento preventivo de crisis, según consta en documentación vinculada con los trabajadores.

En Jujuy, los recibos reflejarían un ingreso de $1.545.278,25 desde abril, con una composición similar a la denunciada en Chaco: 88% no remunerativo y 12% remunerativo, bajo la aplicación del artículo 223 bis.

El caso Crucero del Norte

A este mapa de reclamos se suma la crisis de Crucero del Norte SRL, una de las empresas históricas del transporte de pasajeros del país. Los trabajadores aseguran que la compañía pasó de contar con unos 1.200 empleados a comienzos de año a menos de 400 en la actualidad.

También denuncian la paralización o reducción de recorridos de Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Sur, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay.

Medios del norte argentino atribuyen parte de la crisis a diferencias de criterio dentro de la familia propietaria, integrada por los hermanos Julio y Hugo Koropeski y su madre, Beatriz. Esa versión requiere, no obstante, confirmación formal por parte de la empresa y de los organismos que intervienen en su situación.

La acumulación de despidos, suspensiones, atrasos salariales, modificaciones en las liquidaciones y reducción de servicios coloca a los trabajadores ante una disputa que ya no se limita a la actualización de los haberes. También están en juego la estabilidad laboral, la regularidad de los recorridos y el reconocimiento efectivo de los derechos establecidos en los acuerdos colectivos.

Mientras los conflictos se extienden por distintas provincias, crece el malestar con la conducción de la UTA. Los choferes reclaman una intervención gremial más firme y respuestas concretas frente a empresas que, según denuncian, trasladan el deterioro de sus cuentas a los salarios y al empleo.