Trabajadores de distintas provincias denuncian incumplimientos de la escala acordada, liquidaciones con alta proporción de sumas no remunerativas y pérdida de puestos laborales. También cuestionan la falta de respuestas de la conducción nacional de la UTA.

La crisis del transporte de pasajeros de larga distancia comenzó a reflejarse con mayor intensidad en los recibos de sueldo, las dotaciones de personal y la continuidad de los servicios. En distintas provincias, los choferes denuncian que las empresas no aplican los valores establecidos en la escala salarial acordada con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mientras se multiplican los despidos, las reducciones de recorridos y los mecanismos que alteran la composición de los ingresos.

Los reclamos alcanzan también a la conducción nacional del gremio, encabezada por Roberto Fernández. Los trabajadores cuestionan la falta de respuestas frente a conflictos que, aunque presentan características diferentes según cada territorio, tienen un denominador común: pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre laboral y deterioro de las condiciones de contratación.

Una escala salarial que no se refleja en todos los recibos

El acuerdo para el personal de larga distancia fijó un básico conformado de $1.445.658,25 para abril de 2026, acompañado por una suma no remunerativa de $100.000. Para mayo, el básico ascendió a $1.471.610,50; en junio se estableció en $1.498.416,25; en julio llegó a $1.598.099,50 y para agosto se fijó en $1.685.958.

La pauta también contempló viáticos y reintegros por comidas y alojamiento. Para julio, por ejemplo, se establecieron $8.000 para desayuno o merienda, $20.000 para almuerzo o cena y $30.000 por cama, con un total de $86.000.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que en varias jurisdicciones esos valores no se trasladan de manera íntegra a las liquidaciones. En algunos casos, además, aparecen esquemas basados en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con una elevada proporción de sumas no remunerativas.

Despidos y reducción de servicios

En Comodoro Rivadavia, uno de los episodios más graves se produjo tras la licitación del servicio que prestaba la empresa Patagonia. De una plantilla de 343 trabajadores, la firma Sol Bus absorbió a 269, mientras que 74 empleados quedaron sin puesto.

El caso expone una de las principales preocupaciones de los choferes: la continuidad de una prestación no garantiza necesariamente la conservación de toda la dotación laboral.

En Formosa, la salida de la empresa Cruceros del Sur habría dejado a 350 trabajadores fuera de sus puestos. Según los reclamos relevados, la firma que asumió posteriormente, Fermosa, liquida parte de los ingresos bajo una modalidad en la que los trabajadores figurarían como monotributistas. También se menciona la participación de una cooperativa en la reorganización de los servicios provinciales.

Diferencias salariales en varias provincias

En Chaco, trabajadores de las empresas ATACO NAVARRO UTE, ERSA TCM y San Bernardo Urbano denuncian percibir $1.033.362,25, con una liquidación integrada en un 88% por conceptos no remunerativos y en un 12% por componentes remunerativos. En los recibos, esa composición aparece vinculada con un “Acuerdo UTA” y se adiciona un aporte de $9.620,25 destinado al fondo de salud pública.

En San Juan, los empleados de La Marina, La Positiva, Empresa Mayo, El Triunfo, Albardón, Altos de Sierra, Nuevo Sur y El Libertador mantienen, según la información relevada, un sueldo de $1.370.000 desde noviembre de 2025. Durante abril, mayo, junio y julio de 2026 se incorporó una suma no remunerativa de $175.278,25, con lo que el ingreso alcanzó $1.545.278,25, aunque los trabajadores advierten que parte de esa diferencia no se incorporó al básico.

En Corrientes, los choferes señalan que desde marzo cobran $1.425.533,45, sin actualización acorde con los valores posteriores. Para abril, la referencia salarial habría ascendido a $1.545.278,25. A esa diferencia se suma la situación de la empresa ERSA, que atraviesa un procedimiento preventivo de crisis, según consta en documentación vinculada con los trabajadores.

En Jujuy, los recibos reflejarían un ingreso de $1.545.278,25 desde abril, con una composición similar a la denunciada en Chaco: 88% no remunerativo y 12% remunerativo, bajo la aplicación del artículo 223 bis.

El caso Crucero del Norte

A este mapa de reclamos se suma la crisis de Crucero del Norte SRL, una de las empresas históricas del transporte de pasajeros del país. Los trabajadores aseguran que la compañía pasó de contar con unos 1.200 empleados a comienzos de año a menos de 400 en la actualidad.

También denuncian la paralización o reducción de recorridos de Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Sur, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay.

Medios del norte argentino atribuyen parte de la crisis a diferencias de criterio dentro de la familia propietaria, integrada por los hermanos Julio y Hugo Koropeski y su madre, Beatriz. Esa versión requiere, no obstante, confirmación formal por parte de la empresa y de los organismos que intervienen en su situación.

La acumulación de despidos, suspensiones, atrasos salariales, modificaciones en las liquidaciones y reducción de servicios coloca a los trabajadores ante una disputa que ya no se limita a la actualización de los haberes. También están en juego la estabilidad laboral, la regularidad de los recorridos y el reconocimiento efectivo de los derechos establecidos en los acuerdos colectivos.

Mientras los conflictos se extienden por distintas provincias, crece el malestar con la conducción de la UTA. Los choferes reclaman una intervención gremial más firme y respuestas concretas frente a empresas que, según denuncian, trasladan el deterioro de sus cuentas a los salarios y al empleo.

La universidad y el sindicato suscribieron un convenio de cooperación académica, científica, tecnológica y cultural. Los afiliados accederán además a un 20% de descuento en carreras de posgrado y diplomaturas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) acordaron profundizar la cooperación en materia de formación, investigación y transferencia de conocimiento, con una iniciativa que incorpora además un beneficio directo para los trabajadores vinculados con la minería.

El entendimiento quedó formalizado mediante un Convenio Marco de colaboración y un acuerdo específico con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo.

La articulación permitirá desarrollar proyectos conjuntos de carácter académico, científico, tecnológico, social y cultural, orientados a las necesidades del ámbito minero y su entorno productivo.

Uno de los puntos de mayor impacto para los afiliados de ASIJEMIN será el acceso a un 20% de descuento sobre el valor total de las carreras de posgrado y diplomaturas dictadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La medida apunta a facilitar la actualización profesional y la incorporación de nuevas herramientas de gestión y conocimiento especializado.

La firma contó con la participación de la secretaria adjunta nacional de ASIJEMIN, Carla Costabile, y del vocal titular y director Regional Centro, Humberto Coria. Por la UCCuyo estuvieron la rectora María Laura Simonassi; la decana de Ciencias Económicas y Empresariales, María Alejandra Segovia; el secretario de Extensión, Julio Bastias; y la directora de la carrera de Contador Público, Graciela Balderramo.

El convenio establece una modalidad de trabajo conjunto que contempla tanto iniciativas de investigación como acciones de extensión universitaria. La intención es que el vínculo entre ambas instituciones trascienda la capacitación individual y permita generar conocimiento aplicado a las necesidades profesionales y productivas de la minería.

Para ASIJEMIN, el vínculo con una institución académica representa una oportunidad clave para potenciar la formación avanzada de sus afiliados. Esto responde a la actual reconversión minera, la cual requiere competencias profesionales cada vez más técnicas y delimitadas.

La crisis de las pequeñas y medianas empresas metalmecánicas profundizó su impacto sobre el empleo y el entramado productivo. En abril, último dato disponible para el mercado laboral, el rubro ocupaba a 234.100 trabajadores, 15.200 menos que un año antes. La cantidad de empresas también continuó descendiendo: quedaron 11.983 firmas activas, 957 por debajo del máximo registrado en noviembre de 2023.

El deterioro productivo acompaña esa contracción. Entre enero y julio de 2026, la producción metalmecánica pyme acumuló una disminución interanual del 10,9%, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). La magnitud de la caída supera ampliamente la registrada por el conjunto de la industria manufacturera, que retrocedió 2,6% durante el mismo período.

Los datos de julio muestran, además, que la retracción todavía no encontró un piso: la producción se ubicó 16,4% por debajo del mismo mes de 2025 y descendió 0,5% frente a junio.

El retroceso fue especialmente pronunciado en algunas ramas. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 30,5% interanual y los aparatos de uso doméstico disminuyeron 27,8%. La fundición de metales retrocedió 14,3%, mientras también registraron bajas los equipos eléctricos, las autopartes y distintos segmentos vinculados con la fabricación de maquinaria.

Hubo excepciones. Los envases metálicos aumentaron 11,7%, las carrocerías y remolques crecieron 2,5% y los productos metálicos estructurales avanzaron 1,6%. Esos desempeños, sin embargo, no lograron compensar la pérdida acumulada en las ramas de mayor incidencia.

La contracción también alcanzó los ingresos de los trabajadores. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el salario medio real de la metalmecánica disminuyó 1,6%, mientras que el promedio de la industria manufacturera registró una mejora real del 2,8%, según CAMIMA.

En el frente externo apareció una señal diferente. Las exportaciones metalmecánicas crecieron 2,7% durante el primer semestre, aunque las importaciones se redujeron 10,2%. La cámara vinculó esta última disminución con el menor nivel de producción, inversión y consumo doméstico.

El intercambio comercial continúa, de todos modos, marcado por una brecha considerable. En los doce meses acumulados, las compras externas alcanzaron los US$22.255 millones, frente a exportaciones por US$2.140 millones. El resultado fue un déficit de US$20.115 millones.

José Luis Ammaturo, secretario general de CAMIMA, consideró que el incremento de las ventas al exterior constituye uno de los pocos datos favorables del relevamiento, aunque planteó que esa mejora necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna y de la producción para que pueda traducirse en una recomposición más amplia de las empresas.

Los números describen una cadena de deterioro que excede la evolución mensual de las fábricas: menos producción, menor cantidad de firmas y pérdida de puestos de trabajo, acompañadas por una caída del salario real. La recuperación exportadora aporta un contrapunto, pero por ahora no alcanza para revertir la contracción que atraviesa buena parte de la pequeña y mediana metalmecánica argentina.