El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encontró fuerte adhesión en el sector universitario. Los gremios académicos denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo y la parálisis de las negociaciones salariales desde septiembre del año pasado. La falta de actualización del financiamiento universitario y el incumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) agravan un conflicto que amenaza con prolongarse.

La educación argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos. Este martes, escuelas y universidades de todo el país se paralizan en el marco de una huelga nacional docente que, más allá de las cifras y consignas, expresa un profundo malestar estructural. El detonante es la caída sostenida del salario real y la ausencia de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos docentes.

La medida de fuerza, impulsada por la CTERA, encontró eco inmediato en el frente universitario. En San Juan, el gremio ADICUS —que representa a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan— confirmó su adhesión total. Su secretario general, Jaime Barcelona, fue claro: “Hace más de un año que el Ministerio no convoca a paritarias. Las universidades están funcionando con presupuestos reconducidos y sueldos licuados por la inflación”.

El reclamo excede la cuestión salarial inmediata. Los sindicatos docentes universitarios advierten que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) permanece congelado y que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está afectando no solo los salarios sino también las condiciones mínimas de funcionamiento. En algunos casos, las universidades enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, mantenimiento edilicio o programas de extensión.

En lo económico, la pérdida de poder adquisitivo de los docentes ronda el 40% interanual, según estimaciones gremiales y estudios independientes. La inflación acumulada en el último año superó el 180%, mientras que los incrementos salariales apenas alcanzaron la mitad. “Estamos frente a un proceso de deterioro que no solo empobrece a los docentes, sino que desmantela la universidad pública como espacio de conocimiento y movilidad social”, sostuvo el dirigente de Adicus.

El conflicto también tiene una dimensión simbólica: la universidad pública, históricamente reconocida por su excelencia y gratuidad, se ve hoy tensionada por políticas de ajuste que contradicen la tradición de inversión en educación superior. La falta de convocatoria a diálogo por parte del Gobierno nacional acentúa la confrontación. La comunidad universitaria denuncia un retroceso en derechos adquiridos y un desinterés estatal que pone en riesgo la continuidad de proyectos científicos y académicos.

En San Juan, al igual que en otras provincias, se espera un alto acatamiento al paro. No habrá clases en las facultades, y las actividades de investigación y extensión también se verán suspendidas. Desde los gremios docentes destacan que el conflicto “no es solo salarial, sino de supervivencia del sistema universitario público”.

El paro nacional docente reabre un debate profundo sobre el lugar que ocupa la educación —y en particular la universidad pública— en la agenda de prioridades del Estado. Más allá de la coyuntura salarial, la discusión interpela el modelo de país: uno que concibe la educación como gasto o como inversión estratégica.

Si el Gobierno persiste en la inacción, el conflicto tenderá a prolongarse y radicalizarse. La docencia universitaria, que durante décadas fue símbolo de excelencia y compromiso público, enfrenta hoy la disyuntiva entre resistir o desintegrarse en la precariedad. La respuesta oficial a esta huelga marcará no solo el rumbo de la negociación paritaria, sino el futuro inmediato del sistema educativo argentino.

La CTERA convocó para este martes 14 de octubre a un paro y movilización federal en defensa del financiamiento educativo, los salarios y la restitución del FONID

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso, anunció un paro nacional docente para el martes 14 de octubre de 2025, acompañado por una movilización al Congreso de la Nación desde las 10 de la mañana.
La medida, que tendrá alcance en todo el país, busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación pública por los recortes del Gobierno nacional, el congelamiento de partidas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según la conducción sindical, el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Ejecutivo “representa un ataque directo a la educación pública”, al reducir drásticamente los fondos destinados a infraestructura escolar, capacitación y salarios. “Sin financiamiento, la escuela pública no tiene futuro”, advirtió Alesso al confirmar la medida.

Entre los reclamos centrales figuran la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución inmediata del FONID, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo, la mejora de las condiciones salariales y laborales y la defensa de los derechos previsionales y jubilatorios del sector.

Amplia adhesión en todo el país

La jornada de protesta contará con la participación de todos los gremios de base de CTERA, lo que asegura una paralización casi total del sistema educativo público. Confirmaron su adhesión:

ADEP (Jujuy)

ADOSAC (Santa Cruz)

AGMER (Entre Ríos)

ASDE (San Luis)

ATECh (Chubut)

AMP (La Rioja)

AMSAFE (Santa Fe)

ATEN (Neuquén)

ATEP (Tucumán)

SUTE (Mendoza)

SUTEBA (Buenos Aires)

SUTEF (Tierra del Fuego)

UDAP (San Juan)

UDPM (Misiones)

UEPC (Córdoba)

UNTER (Río Negro)

UTE (Ciudad de Buenos Aires)

UTELPA (La Pampa)

UTRE (Chaco)

SUTECO (Corrientes)

ADF (Formosa)

ATECA (Catamarca)

ADP (Salta)

SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)

A su vez, en la provincia de Buenos Aires el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, AMET, FEB, SADOP y UDOCBA— se sumará de manera unificada al paro y la movilización. Estas organizaciones denunciaron “el deterioro constante del salario docente y el abandono del Estado nacional de sus responsabilidades de financiamiento”.

En cada distrito se realizarán asambleas, clases públicas y actos frente a las legislaturas provinciales, mientras las delegaciones de todo el país marcharán hacia el Congreso en Buenos Aires, epicentro de la jornada.

Un conflicto que crece

La protesta de mañana martes 14 de octubre se inscribe en un contexto de fuerte tensión entre los gremios estatales y el Gobierno nacional, tras meses de congelamiento de partidas y una caída del poder adquisitivo que supera el 40% desde diciembre de 2023.
CTERA sostiene que el ajuste “es incompatible con el sostenimiento de la escuela pública”, y advierte que la ausencia de paritaria nacional impide acordar un piso salarial común que garantice igualdad educativa en todas las provincias.

En paralelo, la central docente busca reinstalar en la agenda pública el debate sobre el rol del Estado en la educación y la necesidad de una política federal de financiamiento. “Defendemos la educación pública como derecho, no como gasto”, remarcan desde la organización.

El Gobierno derogó una decisión administrativa de 2004 que garantizaba paridad salarial en la administración pública. La medida habilita diferencias entre empleados del mismo organismo y profundiza la pérdida de poder adquisitivo del sector.

El Gobierno de Javier Milei derogó una norma que, durante más de dos décadas, había garantizado la equiparación salarial entre los trabajadores contratados y los de planta permanente del Estado. La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 26/2025, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El texto oficial anula la Decisión Administrativa N° 3/2004, vigente desde el gobierno de Néstor Kirchner, que establecía que los empleados contratados bajo el régimen del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público debían percibir remuneraciones equivalentes a las de la planta permanente, ajustadas según categoría y carga horaria. La disposición de 2004 había sido una conquista histórica en materia de igualdad laboral dentro del sector público, y su eliminación deja sin referencia salarial a miles de agentes del Estado.

La nueva resolución sostiene que “la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión pública”. No obstante, la norma no presenta un reemplazo ni detalla nuevos criterios para determinar los haberes de los contratados, lo que, en la práctica, habilita discrecionalidad salarial entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones.

Una medida en línea con el ajuste

Aunque el texto oficial invoca razones administrativas, la decisión se inscribe en la lógica de ajuste estructural que caracteriza a la gestión de Milei. Desde su llegada al gobierno, los salarios estatales fueron uno de los ejes del recorte del gasto público: congelamientos, despidos y reestructuraciones impactaron sobre el empleo y el poder adquisitivo del sector.

De acuerdo con estimaciones de ATE Nacional, los trabajadores públicos perdieron 19,4% de su salario real promedio desde diciembre de 2023, aunque la cifra se eleva por encima del 40% si se compara con la evolución de precios de servicios básicos, alquileres y educación. En ese contexto, la derogación de la norma de 2004 aparece como un nuevo paso en la desigualación interna del empleo estatal, al romper la paridad entre quienes están bajo contrato y quienes integran la planta permanente.

Fuentes gremiales consultadas advirtieron que la medida “abre la puerta a una precarización más profunda”, y señalaron que miles de trabajadores contratados —muchos con más de diez años de antigüedad— podrían quedar ahora con ingresos sensiblemente inferiores a los de sus pares estables. “Es el modelo Milei aplicado a la administración pública: desregular, licuar y desarmar derechos”, definió un dirigente de ATE.

Contexto político y proyección

La firma de Federico Sturzenegger en la resolución no pasó inadvertida. Desde su designación como ministro de Desregulación, el economista promovió la eliminación de decenas de resoluciones y decretos históricos que, en su visión, “rigidizan” el funcionamiento del Estado. Entre ellos, medidas vinculadas a la negociación colectiva, las empresas públicas y las estructuras administrativas.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa su ofensiva sobre el empleo estatal, en paralelo con los recortes presupuestarios, los retiros voluntarios y las restricciones salariales en todo el sector público nacional. Para los gremios, se trata de un ataque directo al principio de igualdad de trato que rige en la administración pública y que había sido uno de los pilares del sistema estatal desde comienzos de los 2000.

La derogación de la Decisión Administrativa 3/2004 marca un punto de inflexión en la política laboral del Gobierno: rompe una norma de equilibrio interno y consolida la brecha entre los distintos regímenes de contratación del Estado. Bajo el argumento de la “modernización administrativa”, la medida refuerza el sesgo de ajuste que atraviesa toda la gestión de Javier Milei, mientras el salario estatal continúa rezagado frente a la inflación.
En los hechos, se trata de una decisión que no sólo implica una reducción potencial de ingresos, sino también un retroceso institucional en materia de equidad y derechos laborales en el ámbito público.